En diciembre de 2020 el caso Traferri era una cuestión urgente. La percepción mayoritaria era que no había justicia porque el Senado provincial, al no autorizar su desafuero, había impuesto una protección corporativa sobre uno de los suyos.
Para entonces se pensaba que ni bien se levantara esa barrera a la acción de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra caerían fuertes pruebas contra el legislador y que podría incluso quedar detenido. Obviamente, no había miras de que la Cámara votara en contra de lo que había dispuesto aquel fin de año. El pedido del Ministerio Público de la Acusación apenas logró cuatro votos sobre diecinueve bancas.
Hoy ya no existen peros para que avance el caso contra el senador reelecto por San Lorenzo, que en septiembre de 2023, tras los comicios provinciales dejó la presidencia del bloque Juan Domingo Perón para poder dedicarse a tiempo completo a su defensa. El 20 de octubre, hace ya un mes, una nueva resolución de sus pares le quitó los fueros para que pueda ser investigado y eventualmente imputado. Sin embargo, hasta ahora, nada.
En términos periodísticos, todas las novedades conocidas en esa causa por supuestas vinculaciones del dirigente justicialista con el juego ilegal provienen de la defensa del sanlorencino y de las decisiones al respecto de la fiscal regional María Eugenia Iribarren. También de las reacciones de la fiscal general María Cecilia Vranicich.
En crisis
Lo que sucede en el MPA de Rosario tiene directa repercusión en el expediente de Traferri. Basta decir que en la Auditoría General interna hay 15 denuncias cruzadas entre fiscales rosarinos. Producto de esas denuncias es la causa penal contra Edery que fue mudada a la Fiscalía Regional de Santa Fe, para quitarla de esas duras internas, justamente en busca de imparcialidad.
Lo que suceda con el expediente judicial sobre uno de los acusadores a Traferri se sigue con atención en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura donde —por cuerda paralela— ocho diputados y cuatro senadores (que en su mayoría responden al próximo gobernador Maximiliano Pullaro) han decidido avanzar con pie de plomo y votaron el avocamiento, pero designaron a una diputada saliente como acusadora. Este jueves 16 pidió que concurran fiscales santafesinos a informar a los legisladores.
En manos de la bicameral más poderosa del Poder Legislativo santafesino está la suerte de un fiscal que para el auditor Leandro Mai está incurso en eventuales faltas cuya gravedad lo exceden. Además, la denuncia penal de sus ex acusadores, que siguen siendo sus pares de una oficina cercana, Pablo Socca y Miguel Moreno, le imputa varias figuras graves del Código Penal. No lo acusan de simples deslices propios de un fiscal apasionado por su trabajo que se embarra en busca de la verdad y la justicia, o imputaciones éticas sobre una relación con la viuda de un capo del juego ilegal de Rafaela: hablan de complicidad y ocultamiento de información sensible en extorsiones cometidas por Los Monos.
En ese contexto de crisis en Rosario, justo en Rosario, avanza el caso de Traferri, solo con planteos de la defensa y respuestas de la fiscal regional.
Uno que sí; otro que no
Cuando se reabrió la causa, porque el Senado levantó parte de los súper fueros de los legisladores santafesinos (con más privilegios que los nacionales por imperio de la Constitución provincial) la autorización a Traferri fue para que enfrente las acusaciones en la justicia. No se permite la eventualidad de una detención y así consta en la resolución de la Cámara alta. Pero desde el MPA nada se ha actuado en esa dirección, al menos hasta ahora.
Lo primero que pidió el legislador a la fiscal regional Iribarren es un cambio de acusadores. Opinó en un escrito de sus abogados defensores que Edery y Schiappa Pietra son parciales. Y de paso les volvió a enrostrar los procedimientos poco o nada transparentes usados para reunir pruebas en su contra, que había expuesto en detalle desde su banca: ahora los esgrime en busca de hacerlos a un lado.
La base de sus argumentos proviene de otra causa en la que Traferri (como otros muchos dirigentes políticos, empresarios, periodistas y editores) fue supuesta víctima de abuso de autoridad por parte del ex ministro de Seguridad y ex director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain. La mal llamada causa de espionaje (en pocas palabras eso era) tiene nexos que llevan a ambos fiscales.
Además, todos los pasos procesales contra Traferri e incluso todas las declaraciones sobre el legislador fueron refrendadas en par, tanto por Edery como por su superior Schiappa Pietra.
Pero Iribarren concedió que solo Edery sea apartado de investigar a Traferri. El segundo sigue en su lugar, lo que ha generado un nuevo recurso de queja ahora ante la fiscal general del órgano de la Acusación, María Cecilia Vranicich.
Tras aquella decisión de Iribarren, Vranicich decidió girar las copias de las acusaciones de los abogados de Traferri a los fiscales santafesinos que investigan a Edery, además de agregarlas a la Auditoría.
Un audio nuevo
A esta altura del relato son convenientes algunas aclaraciones. Primero que todas las autoridades actuales del MPA fueron consagradas por unanimidad por la Asamblea Legislativa, sin votos por la negativa. Es un antecedente importante para que pueda enfrentarse la crisis entre los fiscales de Rosario, “divididos en bandos”.
Es evidente que Sain dejó una suerte de grieta. Y que no todos en el MPA fueron parte del esquema en el que la información iba a la Casa Gris presuntamente de manera ilegal. Se habla incluso en las acusaciones a Edery y Schiappa Pietra de labores oficiales en el departamento que usó el ex funcionario de Santa Fe que fue al Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Aníbal Fernández, de donde también fue eyectado y hoy es docente en la Universidad Nacional de Quilmes. La causa contiene un audio del secretario de Justicia que le indica a Sain que había podido “limar” el origen de datos sensibles en su poder.
Para Vranicich, como máxima autoridad de los fiscales, el voto de los diputados y los senadores provinciales fue un aval a su labor anterior como auditora general. Para Iribarren lo mismo, porque debió asumir como fiscal regional a cargo, tras la precipitada renuncia (imputación, prisión y posterior salida en libertad) de Patricio Serjal, su antecesor, en el caso de las coimas que cobró el fiscal expulsado (con igual suerte respecto de las rejas), Gustavo Ponce Asahad.
Ponce Asahad y Serjal fueron comprometidos por la declaración judicial de Leonardo Peiti, un capitalista de las apuestas clandestinas que era extorsionado por Los Monos. Y Edery y Schiappa Pietra probaron el pago de coimas.
Como una serie
Esa declaración fue también el inicio de la causa contra Traferri. Peiti lo mencionó pero de una manera tan confusa en cuanto a las circunstancias de un supuesto encuentro con el senador, asociado a un trámite en un banco y el paso por una casa de cambios, que ese fue un factor clave para que por ejemplo los senadores radicales no acompañaran el pedido de desafuero en 2020. Lo votaron favorablemente solo cuatro justicialistas que luego formarían el bloque Lealtad, encabezado por Alcides Calvo (PJ-Castellanos).
Peor aún, Traferri (en varias oportunidades avalado por colegas radicales) dijo que esa declaración de Peiti se había presentado editada. Y tampoco los fiscales lograron explicar por qué no hubo repreguntas al “arrepentido”, para dejar en claro qué quiso decir. Las comillas responden al vacío legal santafesino sobre una figura prevista a nivel nacional.
En Rafaela
Por estos días a los periodistas les ha llegado una supuesta posterior declaración judicial de Peiti, en forma de audio. Todo indica que fue hecha en Rafaela en la causa por los casinos ilegales de David Perona, fallecido por Covid-19. Allí un quebrado Peiti (que también está libre) dice entre llantos y gritos que los fiscales le ofrecieron completa inmunidad si involucraba a Traferri y que no lo hizo porque no hubo pagos. También ratifica que era extorsionado por personas entre las que se encontraba Mariana Ortigala, justamente la informante de Edery cuyo teléfono celular tanto compromete al fiscal.
Ortigala, hoy detenida, fue luego del fallecimiento de Perona amiga de la joven viuda, Lorena Córdoba. El material que muestran Moreno y Socca que vincula a ambas con Edery es propio de una serie policial que tiene todos los condimentos del género. Sí, también pasiones prohibidas, en un “material que ya no debería existir”, según el reproche del fiscal a Ortigala.
Baclini, ¿acusador o testigo de parte?
Hasta ahora en Santa Fe solo Sain logró mantener un pie en cada Poder, el Ejecutivo y el Judicial, al asumir como ministro de Seguridad y conservar bajo una licencia sin goce de sueldo su cargo como titular de la oficina de Investigaciones del MPA.
En la causa de espionaje se prueba que, en parte, en ese organismo se lo seguía considerando “el jefe”. Y que así fluían datos que iban al ministerio.
Cuando se aceptó ese pedido de licencia, el MPA estaba encabezado por el ex fiscal general Jorge Baclini. Por las dudas, el expediente fue elevado a la Corte de Justicia que prefirió no opinar. Al mismo tiempo, sucedía lo contrario con el hoy fiscal de Estado Rubén Weder: renunciaba a un cargo de relator en la cabeza del Poder Judicial de Santa Fe para poder aceptar el ofrecimiento que le había hecho el gobernador Omar Perotti. Lo usual, claro.
Semanas atrás, cuando Iribarren confirmó a Schiappa Pietra y apartó a Edery en el caso de Traferri también nombró al ex fiscal general Baclini para sumarse a un nuevo equipo acusador. Era una decisión que parecía acudir al prestigio del ex fiscal general (al que debió responderle durante su interinato) para superar la situación.
Pero también el senador reelecto lo ha recusado, no porque lo considere parcial sino porque en su estrategia defensiva se ha pensado en convocar a Baclini como testigo. El escrito elogia al ex fiscal general pero advierte algo que debió ser sopesado antes. Que Baclini ya es testigo en la misma causa ofrecido por Edery y Schiappa Pietra, lo mismo que por la defensa de Serjal.
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