Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sociedad

En Rosario hubo más de una fiesta clandestina por semana desde el inicio de la pandemia

En las puertas de entrada a una segunda ola de coronavirus, y con una duplicación en el número de contagios en Rosario en solo dos semanas, crece la preocupación por las fiestas clandestinas en la ciudad y la región. Según confirmaron desde el Municipio a Suma Política, desde el inicio de las restricciones se desarticularon más de sesenta fiestas, lo que da un promedio de 1,15 por semana. La mayoría se detectan a raíz de denuncias por ruidos molestos al 147, de las que se reciben entre ochenta y cien llamados una noche de fin de semana.

Para Carolina Labayrú, secretaria de Control y Convivencia municipal, no hubo un incremento en la cantidad de fiestas clandestinas en Rosario, pero sí un movimiento demográfico desde el centro hacia los barrios más periféricos de la ciudad. Además evaluó que los “resultados positivos” de los operativos que se dieron durante el confinamiento más estricto generaron que los eventos se trasladen a localidades vecinas que cuentan con mayor número de casas de fin de semana o espacios al aire libre.

“En este último tiempo lo que notamos es que las fiestas clandestinas no se estaban dando en la parte del centro, sino más bien en algunos barrios más complicados, en donde para abordar el tema tenemos que hacerlo en conjunto con la policía”, señaló la funcionaria y agregó: “Nuestros agentes van al lugar solamente con un handy en la mano y con un talonario de actas en la otra. No tenemos armas, son agentes municipales, es un trabajo meramente administrativo”, remarcó.

Sólo por citar algunos de los operativos más recientes, el 20 de marzo el municipio desbarató una fiesta clandestina en el club Argenper (Andrada 1900), en la zona sur de Rosario, de la que participaban más de 350 personas. Por orden de Fiscalía se detuvo a diez personas sindicadas como los organizadores y se secuestraron parlantes, equipos de audio y bebidas. Como sanción, la institución fue clausurada.

De igual manera, el domingo 14 de febrero, desde la Secretaría de Control informaron sobre una reunión ilegal en una vivienda de Gálvez al 1700, donde había doscientas personas, y que terminó con una persona demorada. En tanto, el pasado 18 de enero se realizó un operativo en Tonda al 1900 para desarticular un evento que terminó con 81 personas aprehendidas. Según informaron, el procedimiento se efectivizó tras una investigación por redes sociales.



Mayor resistencia a la autoridad

El domingo 21 de marzo, agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM) fueron recibidos con disparos cuando intentaron intervenir en un domicilio de barrio Azcuénaga, ante la denuncia por una presunta fiesta clandestina. Los patrulleros que llegaron al lugar también fueron atacados a piedrazos. Por el hecho fueron detenidos cinco jóvenes de entre 14 y 26 años y se incautaron dos armas de fuego con municiones. El hecho es sólo un ejemplo entre muchos de la “resistencia” que vienen detectando los inspectores en los diversos operativos que les toca intervenir.  

Según explicó Labayrú, no es la primera vez que los agentes sufren algún tipo de agresión: “Si bien en este caso fueron detonaciones de armas de fuego que fueron al aire, obviamente es una forma intimidatoria de plantarse frente a la autoridad. Pero en otros casos hemos tenido inspectores atropellados porque alguien se dio a la fuga en un operativo de tránsito”.

No obstante, la funcionaria remarcó que todas las reparticiones que están en la calle “han tenido en este último tiempo conflictos en los cuales sufrieron algún tipo de riesgo para su vida”. Por eso, en general se solicita la intervención y el acompañamiento de las fuerzas policiales para llevar adelante las actuaciones.

Cabe destacar que desde el municipio diferenciaron dos tipos de fiestas clandestinas: las que se dan a partir de un encuentro entre amigos, superando el límite de personas permitidas en un ambiente cerrado, de aquellas que suponen algún tipo de actividad comercial, como el cobro de entradas o la venta de bebidas. Si bien las segundas son más fáciles de desarticular “porque están más a la vista”, también es difícil prevenirlas porque utilizan estrategias para permanecer en la clandestinidad, como difundir la dirección del lugar a último momento.

En general, las denuncias ingresan por llamados a la Línea Gratuita de Atención al Ciudadano (147), como reclamos por ruidos molestos: “Bajo ese concepto nos encontramos desde una persona sola que se le ocurrió poner la música alta, hasta una fiesta clandestina masiva. Es en abanico muy grande”. Pero además, la cantidad de llamados que se reciben hace que en muchos casos se deba “priorizar” dónde se destinan los recursos humanos para intervenir.

“No siempre se puede cubrir todo. En muchos casos te encontrás con una fiesta clandestina y el procedimiento puede demorar desde una hasta seis horas. La demora en cada reclamo es la que va a repercutir en el resto de las intervenciones que tengamos que hacer porque no tenemos un número de personal que pueda estar en cada esquina de la ciudad abordando cada reclamo que va ingresando”, detalló.

En la región

Con la llegada del calor y la consecuente baja en el número de casos en todo el país, también se generó un cambio en las locaciones y el tipo de fiestas que se fueron registrando, con eventos en campos o espacios al aire libre, o en casas de fin de semana con las denominadas “pool party”. Desde el municipio de Funes explicaron que durante la temporada de verano el volumen de gente en la ciudad crece exponencialmente: si la población estable se calcula en 60 mil personas, en los meses de calor puede superar las 150 mil.

Por eso, en diciembre se puso en marcha el operativo “Verano seguro” y se incrementó la presencia de las fuerzas de seguridad y control en puntos estratégicos de la ciudad. El programa finalizó el 31 de marzo con un resultado sorprendente: en sólo cuatro meses el municipio intervino en 95 fiestas clandestinas, aunque aclararon que muchas de ellas fueron “de tipo familiar” que se pudieron desactivar sin intervención judicial ni administrativa municipal.

Uno de los casos más resonantes ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando las autoridades desbarataron una fiesta en una vivienda de esa localidad, pero organizada por alumnos de tres colegios privados de Rosario que celebraban su «último primer día» de clase. Por el hecho quedaron demorados más de cincuenta menores de edad y nueve adultos fueron puestos a disposición de la Justicia. También se secuestró un colectivo que los jóvenes habían contratado para trasladarse hasta Funes.

Por su parte, desde el municipio de Ibarlucea señalaron que no tienen un “número exacto” de las fiestas clandestinas en esa localidad. Según explicaron, ante los denuncias por posibles eventos ilegales interviene primero la guardia municipal quien luego da aviso a la policía y luego la actuación queda en manos de un fiscal, quien evalúa si efectivamente se cometió algún tipo de infracción. Asimismo aclararon que muchas veces las autoridades son notificadas de reuniones clandestinas una vez terminado el evento, con lo cual no se radica la denuncia oficial. 

No obstante, estiman que hubo entre quince y veinte intervenciones por reuniones no permitidas, de las cuales sólo dos fueron fiestas clandestinas masivas: una organizada para celebrar el año nuevo y otra el pasado 24 de marzo por la madrugada, que contó con la participación del famoso trapero L-Gante. El evento se dio en un campo que se encuentra en la zona rural de Ibarlucea, en el límite con Ricardone, y se calcula que asistieron cerca de mil personas.



En la misma línea, desde el municipio de San Lorenzo señalaron que cuando hay fiestas clandestinas interviene directamente la policía, con lo cual no manejan estadísticas exactas. Aunque a veces las propias fuerzas policiales piden la intervención del Ejecutivo cuando se deben remitir vehículos al corralón local.

Eso ocurrió el pasado 27 de marzo, cuando en una fiesta clandestina en la que participan unas 250 personas se secuestraron 29 vehículos que quedaron a disposición de la Fiscalía de San Lorenzo. El dueño del predio donde se desarrolló la fiesta terminó detenido junto con el organizador del evento por  infracción a las disposiciones nacionales que refieren a las medidas sanitarias para evitar la propagación de la pandemia

Procedimiento y sanciones

En marzo de 2020 la Fiscalía de Rosario puso en marcha una unidad especializada para que se encargue de los delitos vinculados con el coronavirus. En ese entonces, ante una denuncia por fiesta clandestina intervenía algunos de los fiscales abocados a esa unidad. Pero desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que la oficina ya no se encuentra en funcionamiento y hoy las consultas son tomadas directamente por los fiscales de Flagrancia en turno.

Matías Ocáriz, uno de los fiscales que formó parte de esa iniciativa, explicó que cuando se recibe una denuncia por posible reunión ilegal se procede a ir al lugar para corroborar las infracciones correspondientes a la emergencia sanitaria, en el marco de los artículos 205 (Violación de Medidas Antipandémicas) y 239 (Desobediencia a la Autoridad) del Código Penal. Ambos delitos establecen penas que pueden ir desde los 15 días hasta los dos años de prisión.

“En el lugar el fiscal dispone cuáles son la medidas a tomar, que en general son las mismas ante cualquier tipo de conducta de la que se anoticie a un fiscal de Flagrancia: podría ser la detención, la libertad conforme al artículo 18, podría ser una citación imputativa en libertad, o una detención con una imputación ante el juez con solicitud de medida cautelar. Pero eso depende de cada caso en concreto. No se hace siempre lo mismo”, detalló.  

No obstante, Ocáriz también aclaró que las actuaciones dependen de que se pueda corroborar la infracción en el lugar: “Puede haber situaciones en donde llegan denuncias porque hay 100 personas, pero que no se pueda constatar una infracción porque están en un espacio público y al aire libre”.

“Además la decisión del fiscal va a estar vinculada a un montón de otras situaciones que son, por ejemplo, que haya una condena anterior por parte de quien sea aprehendido o la existencia de otras causas en trámites que puedan ser imputadas. Todo depende: eventualmente se puede detener, seguramente se pueda llevar a audiencias para imputar y solicitar una medida cautelar, o eventualmente se puede dejar en libertad si sale imputativa después”, agregó.

Si bien aún no habido juicios orales por infracciones de ese tipo sí ha habido condenas. Pero, en general se terminan acordando salidas alternativas como acuerdos abreviados o “probation”, es decir, la suspensión del proceso con la condición de que la persona cumpla con determinadas reglas de conducta. “Que no se haya llegado a juicio no quiere decir que no haya condenas, hay un montón. Condenas a prisión, generalmente con ejecución condicional, pero penas de prisión”, aseguró.

Ilustración: Patricia Bossicovich

Facebook comentarios

Autor

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

También te puede interesar

Suma Política. Todos los derechos reservados. 2020