Con 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones se aprobó la ley de “Modernización Laboral”. Fueron cinco horas de debate y todo empezó a media tarde con la presentación del senador libertario Juan Cruz Godoy; la ley fue ratificada luego de la corrección (artículo 44) que sufrió en Diputados. Fueron cerca de 17 oradores en una sesión relativamente corta, y sólo Godoy en el inicio, la senadora Andrea Cristina (del PRO de Chubut) y Patricia Bullrich, en el cierre, defendieron la posición del gobierno. Los restantes expositores fueron del bloque que quedó en minoría en la votación, el peronismo, que rechazó sin fisuras la pretendida modernización.
La nueva ley laboral reduce el cálculo indemnizatorio por despido –y posibilita el pago en hasta 12 cuotas–, fractura el corazón de la ley de Contrato de Trabajo –y sus más de 50 modificaciones– de 1974 posibilitando acuerdos paritarios por empresa, introduce una reforma impositiva de dimensiones al crear el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) destinado a pagar indemnizaciones extraído de aportes laborales (que se le quitan al fondo de jubilaciones), no contempla a los trabajadores de plataformas como trabajadores en relación de dependencia, permite (al empleador) fraccionar las vacaciones anuales en partes y otorgarlas durante el semestre invernal, y entre otros cambios regresivos, crea un “fondo de horas”, un modo de optimizar las necesidades empresariales. El plexo jurídico laboral que rige desde hoy en la Argentina retrocede a las condiciones de vínculos patrón – empleado que regía previo al gobierno de Hipólito Yrigoyen, que estableció el tope horario para la jornada laboral.
Entre otras bondades, la nueva ley disuelve estatutos profesionales, entre ellos el más sonoro, el estatuto del periodista, hiriendo de muerte a toda la legislación de avanzada en materia de libertad de expresión que rige desde hace décadas en la Argentina, y que alcanzó sus mayores niveles durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Patricia Bullrich, la última oradora de la noche por el bloque oficialista, definió la concepción gubernamental de la ley. “Los derechos de los trabajadores, combatir al capital, termina por abandonar a los trabajadores, y juega en tándem con los sindicatos que hacen paros a los gobiernos que no son peronistas”, definió la senadora por CABA. Para Bullrich las leyes laborales impiden la creación de puestos de trabajo. “Queremos un cambio moral, se crea empleo si protegemos a las empresas, si contratar no es una aventura imposible”, agregó la ex jefa del Ministerio de Seguridad. Finalmente definió: “Hoy los argentinos están defendiendo la libertad”.
En contraposición, José Mayans, el titular del bloque peronista, apasionado y con buena oratoria, cargó con fuerza contra la “modernización”. “Esta ley nació mal y termina mal. Violaron el reglamento del Senado, nos sacaron dos senadores de la comisión, violaron la Constitución nacional, vamos derecho a un conflicto judicial. Se trata de una ley repugnantemente gorila, para el beneficio de los gorilas, quita en los hechos el derecho a huelga (obliga a mantener en funcionamiento el 75 por ciento de la producción)”. Mayans denunció que “fueron haciendo cambios todo el tiempo, en los 219 artículos, y no mostraron el dictamen hasta minutos antes del tratamiento”, apuntó el jefe del bloque Justicialista. “Están haciendo una ley para 20 millones de personas, no tienen idea lo que están legislando”.
“Tenemos el salario más bajo de Latinoamérica, con esta ley le estamos robando la vida digna al trabajador, es una ley anti-trabajador, que dejen de mentir”, apuntó el peronista formoseño. “Distrajeron a la sociedad con el artículo 44 (licencias por enfermedad) para meter el FAL, que es abiertamente anticonstitucional”, agregó. Luego advirtió, “que los jubilados se olviden de un salario digno”.
Mariano Recalde, referente principal en el Senado del mundo jurídico laboral, apuntaló la estrategia político-judicial opositora. Especialista en derecho laboral, Recalde describió los aspectos más sensibles de la propuesta modernizadora del oficialismo; en especial, el fin del límite en la jornada laboral diaria de los trabajadores, manteniendo como único tope las 48 horas semanales, que ahora podrán ser distribuidas según conveniencia de la parte patronal. Otro elemento que se mantiene son las 12 horas entre el fin de una jornada diaria y el comienzo de la jornada del día subsiguiente. Podrán ser 12 horas durante cuatro días, sin liquidar horas extras, o incluso más horas diarias, siempre que al día subsiguiente el ingreso sea 12 horas luego de finalizada la jornada del día anterior.
Mentira y precarización
“No hay que mentirle a la gente, no hay un solo artículo de esta ley que favorezca a los trabajadores, no moderniza, precariza. Venimos de una fuerza política donde capital y trabajo han hecho crecer a la Argentina”, arrancó Marcelo Lewandowski, rosarino del barrio de Tablada y senador por Santa Fe. “Hoy cuando venía para ingresar al Senado tuve que mostrar mi credencial de senador ante el vallado policial que rodea al palacio; cuando se vota una ley que beneficia al pueblo no es necesaria la policía, los argentinos celebran, no fue el caso de hoy”, relató el único de los tres senadores por Santa Fe que habló en el recinto y votó en contra. Los senadores santafesinos por la mayoría, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, apoyaron la reforma, aunque no lo defendieron en el recinto.
El peronismo, con la CGT y demás centrales de trabajadores, que no tuvo – por ahora- la fuerza social y política para revertir la relación de fuerzas en ambas cámaras, optó por concentrar sus fuerzas en una movilización a tribunales el día lunes 2 de marzo, cuando haga una presentación pretendiendo se declare la inconstitucionalidad.
La nueva ley, muy similar a experiencias implementadas durante la dictadura cívico militar del 76, parcialmente durante los años 90 de dominio menemista, y luego durante el gobierno de De la Rúa, no encontró resistencia social explícita –con excepción del artículo retirado, el 44, que quitaba parcialmente el pago de los días no trabajados por razones de enfermedad acreditada–, generalizada por parte de los empleados trabajadores de la Argentina. Tampoco es claro, por la velocidad y período de tratamiento (febrero, sesiones extraordinarias), que cuente con el apoyo popular, y tal vez siquiera, del mismo conocimiento de las nuevas reglas de juegos laborales en el país líder en derechos laborales de Latinoamérica.
Con la nueva ley se abre una gran incógnita que se revelará en los próximos meses: tal como dice el gobierno, ¿se crearán nuevos puestos de trabajo?, por ahora la declinación de la actividad económica continúa, los puestos de trabajo se destruyen, con excepción de la actividad extractivista que avanza a gran velocidad, campo, minería y petróleo, entre muy pocas más.
Penal juvenil: baja de la imputabilidad a 14 años
En la primera disputa de un viernes atípico en el Senado, la Ley Penal Juvenil, el oficialismo se llevó un triunfo amplio: 44 a 27 votos (una abstención, la de Alejandra Vigo). El cierre de un debate de casi siete horas estuvo a cargo de Patricia Bullrich, espada destacada de LLA. La senadora por CABA fue la principal hacedora de una larga batalla cultural ganada por la baja de imputabilidad y el cambio de paradigma penal en la Argentina. El argumento principal reiterado por la senadora ex candidata a presidenta, apunta a “cortar desde el inicio” la trayectoria delictiva de los menores de 14 y 15 años, que a partir de la nueva ley serán imputables, aunque con penas levemente menores que los adultos y alojados en lugares de detención distintos que los mayores de 18 años, y con mayores prerrogativas previas a la instancia de detención respecto de los adultos.
Si bien la baja de imputabilidad a 14 años es coincidente con buena parte de los países de la región y del continente europeo, la nueva ley argentina impone una pena máxima de hasta 15 años para delitos graves (homicidio), triplicando las penas máximas impuestas por la totalidad de los países de la región, que en ningún caso excede los cinco años. Otro elemento clave, señalado por la oposición, es que no se crea un régimen penal juvenil completo, ya que habilita una cifra muy insuficiente de 27 mil millones para la creación de infraestructura y recursos humanos necesaria en todo el país para los institutos encargados de tratar y alojar a los niños adolescentes que hayan cometido delitos de 14 y 15 años.
Por caso, la cárcel de Coronda en Santa Fe, que fuera ampliada y reconstruida durante la última década alcanzando las 400 plazas, tuvo un costo a valores actualizados de más de 50 mil millones. El nuevo sistema delega en las provincias la construcción de nuevos institutos y lugares de encierro, a la vez que regirá desde los próximos días. Ante este señalamiento, Bullrich propuso que las provincias (sobre todo aquellas con bajos índices delictivos) “se agrupen por regiones” para construir cárceles de menores de 14 y 15 años.
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