Durante el año pasado hubo 397 homicidios en Santa Fe. En ocho de cada diez casos se usaron armas de fuego, “continuando una tendencia creciente que se observa desde 2019” según informó el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia. La estadística registró así el impacto de la violencia y uno de sus principales factores: el armamento y las municiones que provee un mercado negro tan consolidado como las bandas criminales pero mucho menos expuesto a las persecuciones del Estado.
“Santa Fe y en particular Rosario tienen dos problemas graves: muchas armas y también muchas municiones en circulación. Y está claro que las armas y las municiones que utilizan las bandas vienen del mercado legal”, dice un investigador. La conexión trazada por la Fiscalía Regional entre la armería Bordoni, de Seguí 1745, y proveedores del mercado negro descubre una ruta conocida pero hasta ahora poco transitada por la Justicia.
“Tenemos a quince personas identificadas como posibles prestanombres e imputadas como proveedoras ilegales de armas de fuego con habitualidad. Entre estas personas hay vinculaciones familiares, de amistad y de empleado y empleador”, dice el fiscal Gastón Ávila, a cargo del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego creado expresamente para abordar el problema.
El último de los imputados se presentó espontáneamente en el Centro de Justicia Penal. Según informó la fiscalía, tiene registradas a su nombre 24 armas de fuego adquiridas entre diciembre de 2020 y octubre de 2024. Como el resto, era un cliente de la armería Bordoni.
¿Los imputados introdujeron por su cuenta las armas en el mercado negro o se las revendieron a otras personas encargadas del tráfico? ¿Quiénes están detrás de estos “compradores de paja”, como se los define? “Fuimos a buscar 230 armas supuestamente en poder de estas personas y encontramos dos. El resto se desvió al mercado ilegal. Ahora tenemos que peritar teléfonos que fueron secuestrados. Queremos saber dónde fueron a parar estas armas y por otro lado si la armería estaba involucrada en el negocio”, responde el fiscal Ávila.
La armería Bordoni tiene 29 años de antigüedad en el rubro. La titular es Susana Bordoni. Su esposo, Egidio Antonio Logiudice, es un comisario mayor retirado que estuvo a cargo de la Armería Central de la policía de Rosario y llegó a la plana mayor de la Unidad Regional II a fines de los años 90 como jefe de la División Logística. El hijo de la pareja es instructor de tiro y el yerno trabaja en la armería y es gestor ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac). La compra irregular de las armas no habría provocado sospechas a este grupo de avezados especialistas en el tema y en las cuestiones de la legislación.
“Hay situaciones muy llamativas, hasta irrisorias: personas que ganaban 500 mil pesos al mes gastaban 25 mil dólares al año en la compra de armas y 10 millones de pesos en municiones. No resiste el menor análisis”, dice Ávila.
No es la primera vez que la armería queda en medio del fuego cruzado entre fiscales y agentes del mercado negro. En julio de 2021 y en el curso de una investigación precursora de la actual se informó que un hombre acusado de abastecer a bandas criminales compró 21 mil balas en el negocio de bulevar Seguí en un solo día de septiembre de 2020, para volver otro día y llevarse 6 mil más. Ayer y hoy los responsables habrían asistido a la situación al parecer impotentes ante las credenciales de legítimos usuarios que esgrimían los clientes de la casa.
La fiscalía todavía no definió en qué condición citará a los responsables de la armería. El fiscal Ávila detalla que “mientras tanto se constataron graves faltas administrativas, en particular usuarios que autorizaban a mano a otras personas para retirar municiones, y por eso entre otras cosas se decidió la inhabilitación provisoria del negocio”.
Otro investigador comenta que la situación “es un ejemplo de cómo funciona el Estado bobo en su máxima expresión” y justifica su opinión:
—La Anmac no tiene ningún tipo de control sobre la venta de municiones, porque no está digitalizada. Las armerías tienen obligación de llevar un registro en un libro que son como los de los amanuenses de la Edad Media, donde se supone que anotan los movimientos.
Con esas limitaciones las irregularidades saltaban también a la vista. “Había gente que compraba cajas de proyectiles 9 milímetros todas las semanas. Una vez que la fiscalía sistematizó los nombres de los compradores le preguntaron a la Afip cuáles eran sus ingresos. Aparecieron personas sin ingresos registrados, con subsidios sociales o subsidios para la garrafa o inquilinos de casas precarias. Es obvio que compran para revender en el mercado negro”, afirma el investigador.
Entre los imputados, Claudio Sancanela agrega el cargo de partícipe necesario en el homicidio de Julieta Gaitán, de 23 años, y Dalma Giuliana García, de 19. Ambas fueron asesinadas el 20 de mayo en barrio Alvear por sicarios que las confundieron con la dueña de la moto en que andaban. Sancanela estaba registrado como propietario de la pistola 9 milímetros con que se perpetró el doble crimen y cuatro horas después de que el hecho trascendiera en los medios denunció que le habían robado el arma de su casa.
El robo no existió, según cree el fiscal Ávila:
—Sancanela denuncia que le roban cinco armas después que se informa el secuestro de la pistola 9 milímetros. Dice que los ladrones provocaron destrozos para entrar a su casa pero en las fotos que tomó la policía del lugar no se aprecian daños. El lugar tampoco parecía una casa: el mobiliario era una mesa y un colchón en el piso, y no había ropa en los placares.
El contexto incluye por otra parte un episodio que genera ruido entre los investigadores: el robo de quince armas de puño de la casa del ingeniero mecánico Ricardo Brachetta, quien se desempeñó como perito balístico contratado por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal.
Los ladrones se llevaron las llaves de Brachetta de su camioneta, estacionada en Córdoba entre Moreno y Dorrego. Así ingresaron al domicilio del perito, en Zeballos al 2500, y abrieron la caja de seguridad donde guardaba el armamento. Antes de irse inutilizaron las cámaras de seguridad de la casa.
—Lo tenían marcado. Fue un robo planificado, desde el principio hasta el fin —afirma el investigador.
El agujero negro
El convenio firmado en abril por el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Anmac sería un primer paso contra el Estado bobo en materia de control de armas, ya que ante el secuestro de un arma habilita la consulta automática a la base de datos de la Anmac y permite identificar al dueño y a la armería que la vendió.
Pero si la ruta de un arma de fuego puede ser rastreable porque tiene la impronta del fabricante, el número de serie, el calibre y el modelo, las municiones se pierden en el limbo del mercado negro. “Las municiones no llevan marca ni quedan registradas a nombre de alguien. Las armerías toman nota del comprador pero no de cuántas municiones se llevó. El Código Penal, además, no castiga la entrega de municiones”, explica Ávila.
El fiscal se pone en la situación de un armero:
—Si entrego municiones, la acción no califica como un delito penal en sí mismo. Si hoy le vendo trescientas a una persona y otras trescientas a la misma persona la semana que viene, no hago algo ilegal; pero por lo menos debería resultarme sospechoso.
No sería el caso en la práctica, sin embargo. El problema de las municiones y de sus proveedores a las bandas criminales surgió por otra parte durante los crímenes de trabajadores perpetrados en marzo: los proyectiles que se utilizaron provenían de la policía de Santa Fe y pertenecían a un lote adquirido a la planta de Fray Luis Beltrán de Fabricaciones Militares en 2021.
—Las municiones llevan en el culote la marca del fabricante —explica Ávila—. Las de la policía de Santa Fe dicen “PSF”, entonces se sabe que son provistas para la policía. Pero no se puede saber a qué policía se lo dieron, porque no tienen numeración.
Entre abril de 2018 y junio de 2020 habrían desaparecido 800 mil municiones provistas a la policía de la provincia. La versión subsiste sin ser confirmada ni desestimada, ya que el sumario iniciado por el anterior gobierno fue archivado y el oficialismo ignoró un reciente pedido de informes del diputado Miguel Rabbia. En cambio, la pérdida por extravío o sustracción de 483 armas cortas y 30 armas largas asignadas a policías entre 2015 y 2021 fue acreditada ese año por el Departamento Judiciales de la policía de Santa Fe.
El mercado negro, la participación policial y el circuito que vincula a armerías y proveedores de bandas se relacionan en otros antecedentes notables:
—una causa que surgió en mayo de 2021 con allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Feliciano (Entre Ríos), en la que se imputó al propietario de una armería de Presidente Perón y Avellaneda por venta de municiones al mercado negro y se describió una banda integrada por tres policías; el fiscal Pablo Socca le atribuyó haber registrado ventas falsas a nombre de personas ajenas a la maniobra “para blanquear la salida y/o venta ilegal de municiones”;
—otra causa de agosto de 2021, cuando la fiscal de Casilda Marianela Luna pidió la captura de dos policías de Rosario y los acusó de integrar “una asociación o banda con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos contra la administración pública y contra la propiedad”, entre ellos el robo de 27 armas de fuego, municiones, cartuchería y credenciales guardados en la Policía Científica de Casilda, entre el 17 de diciembre de 2020 y el 15 de abril de 2021;
—la auditoría de la Sección Balística de la policía de Rosario, en 2022, después que un agente de esa sección canjeara un lote de armas por una moto; la sección recibía armas secuestradas en procedimientos “pero no había ningún registro serio, ni siquiera una planilla de Excel”, dijo entonces el fiscal Matías Edery,
—la existencia de perros, como se llama a las armas no registradas en poder de policías que suelen aparecer plantadas en procedimientos fraguados, como fue el caso de tres policías del Comando Radioeléctrico que en febrero quisieron involucrar al allegado de una banda para favorecer a un narco rival, Mauricio Ayala, todavía prófugo.
La conformación del Equipo dedicado al tema fue anunciada por la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, al presentar su informe de gestión del año 2023. “Las causas por tenencia y portación ilegítima de armas de fuego suelen ser tomadas como casos sencillos, en los cuales las armas son el componente principal de un delito de fácil comprobación”, planteó Vranicich; ahora “se pretende que el origen del arma sea también objeto de investigación” de manera que “las investigaciones relacionadas a las armas de fuego deben completarse identificando a los proveedores, las rutas y la dinámica del desvío de armas de fuego y municiones”.
Como explicó Vranicich, “si sólo la tenencia o portación del arma es perseguida y juzgada, los flujos de armas de fuego y municiones permanecerían ocultos y continuarían sus ciclos”. La identificación de los prestanombres es entonces la primera parada en la ruta.
Autor
