“Fijate negro a ver cómo podemos arreglar, una atención o algo, porque esto también es un trabajo para mí y yo te estoy favoreciendo”. El jefe de tercio del Comando Radioeléctrico no pudo ser más claro en su planteo ante el organizador de una banda dedicada al narcomenudeo en el barrio Ludueña. Como complemento, al ser detenido ese mismo oficial y otro policía que participó de la extorsión llevaban dos armas sin papeles.
La detención de los oficiales Jorge César Russe, de 49 años, y Ricardo Páez, de 44, fue la noticia de un día y en pocas horas pasó a segundo plano en la agenda inagotable de la violencia. Sin embargo, la escena tiene un significado que trasciende al hecho puntual y expone en términos de manual un factor básico de la inseguridad y el desorden en Rosario: la corrupción policial.
El escándalo fue relativo: los medios y la opinión pública tienen poco de que asombrarse en una provincia donde los casos de corrupción implican tanto a altos jefes policiales como a agentes recién egresados, a lo largo y a lo ancho del territorio. Pero bastó para que pasaran desapercibidas cuestiones importantes para profundizar la investigación. Por ejemplo, el origen y el destino de los revólveres sin papeles que tenían a mano los policías.
El hecho replantea el problema del tráfico de armas en manos de policías. La auditoría dispuesta por el Ministerio Público de la Acusación sobre el depósito de la sección Balística detectó una práctica de rutina para blanquear la posesión de armas sin papeles: informar un hallazgo casual en la calle. Si bien la pericia está en curso ya se comprobó que no existía un control de la cantidad y del movimiento de las armas secuestradas en procedimientos judiciales y confiadas a la custodia de la policía, un agujero negro todavía por dimensionar en sus contribuciones al poder de fuego de las bandas narco.
En la noche del 18 de agosto Russe y Páez circulaban en el móvil 9286 del Comando Radioeléctrico y detuvieron a Jonatan Almada y su novia, Magalí, en Rubén Darío y Florida. La testigo describió en detalle la extorsión en una llamada telefónica al ex comisario y abogado José Luis Giacometti —defensor del policía retirado Jorge Almada, padre de Jonatan— y distinguió la actitud de los policías. El jefe de tercio era el que apretaba; el otro parecía asustado, “sabiendo que estaban haciendo algo mal”. La figura de autoridad, esa piedra basal de la función policial, era la que ordenaba el acto de corrupción.
También habría que preguntarse qué lleva a un policía a exponer veintidós años de carrera y un título de abogado, como tiene Russe, por diez mil pesos. El jefe de tercio registra antecedentes en causas por violencia institucional, “algunas archivadas, otras en trámite”, según una fuente de la investigación. No pareció tratarse de un impulso del momento sino de una acción que hizo visible un orden clandestino: Russe le preguntó a Jonatan Almada con qué comisaría arreglaba. Se refirió así a la corrupción institucional y si no tuvo que explayarse al respecto es porque estaba ante un interlocutor que sabía de qué le hablaba.
Al mismo tiempo que llamaba a la central para comprobar que el auto Ford Fiesta de Almada estuviera en regla, el oficial del Comando Radioeléctrico chequeaba cuál era su revista en el esquema de corrupción institucional. La intervención de los policías asoció así un requerimiento legal y una práctica clandestina, y ese detalle ilumina una matriz de la corrupción. El “negocio” —como lo llamó Russe— consiste en no aplicar la ley: en estos casos, de un modo calcado a la extorsión mafiosa, la policía vende la protección del poder que ella misma detenta.
Russe exhibió ese poder en reiteradas advertencias hacia Almada: “Mi jefe, si yo lo llamo ahora, quiere tu cabeza”, “mirá que te vamos a seguir molestando”. Lo que propuso según el relato de la testigo fue un arreglo personal, al margen del eventual canon institucional. O como lo definió Giacometti en la conversación telefónica con la testigo: “el negocio de unos vivos”
“Le di 10 mil pesos que tenía, que había trabajado en el día, y lo tenía para pagar el alquiler del local”, dijo la novia de Almada, que atiende un local de estética. Fue la ganancia que se llevaron los policías del Comando al cabo de los quince minutos que insumió cerrar el “negocio”.
“Arreglar”, como le dijo el policía a Almada, es el ábrete sésamo de esos pactos. En De ladrones a narcos, un estudio fundamental para comprender la lógica actual de la violencia en Rosario, Eugenia Cozzi señala dos formas consolidadas en la relación del ambiente del delito con la policía: “arreglar” es la modalidad tradicional y refiere al pago de coimas para evitar una detención, aliviar una situación procesal o sabotear alguna evidencia inconveniente; “trabajar con la policía”, práctica moderna, implica un tipo de sociedad con mayores obligaciones mutuas, cierta extensión en el tiempo y un compromiso que excede a los actos individuales como la “atención” que pedía el jefe de tercio, otro término clásico del lenguaje de la corrupción.
Una tesis refutada
El fiscal Pablo Socca imputó a Russe y Páez por concusión, portación ilegal de arma de fuego e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El episodio tiene un antecedente inmediato en el matrimonio de policías que revistaban en el Comando Radioeléctrico y fueron imputados por liberar zonas de la ciudad a cambio de 50 mil pesos, en una causa por extorsión, apremios ilegales e incumplimiento de los deberes del funcionario público que también implicó a otros dos policías.
El contexto histórico es más amplio. En La trama vincular político-policial, su tesis de doctorado en Ciencia Política, Gustavo Javier González examina entre otras cuestiones el problema de la corrupción policial en Santa Fe desde el restablecimiento de la democracia y analiza el discurso negacionista con que la institución desconoce el problema.
González describe como “un típico recurso policial”, la minimización o la negación del fenómeno de la corrupción y lo ejemplifica con declaraciones del comisario general Mariano Savia, ex jefe de policía de la provincia, relativas a “malas actuaciones por falta de conocimiento” y “minorías aisladas” dentro de la institución y al desconocimiento del crecimiento patrimonial injustificado de funcionarios policiales incluso ante evidencias de difusión pública.
En esa perspectiva, “el reutemanismo trató de decodificar e instalar en el imaginario público la idea fuerza según la cual los casos de violencia y corrupción policial respondían más bien a prácticas aisladas, acotadas al desenfreno de sujetos individuales que aprovechándose de su investidura funcional se cruzaban al otro lado del mostrador”, dice González en su tesis, subtitulada “Una exploración de las relaciones de interdependencia entre política y policía en la Provincia de Santa Fe (1995-2015)”.
La célebre tesis de la manzana podrida explica así la corrupción como un problema de malos policías que siempre podrían ser identificados y que ni siquiera exigirían una intervención política o judicial porque se supone que la fuerza se “autodepura” o “genera sus anticuerpos”, según otros términos cristalizados. En rigor, la funcionalidad del argumento consiste en desligar a la institución de las tramas de corrupción con las que se compromete, obstaculizar las investigaciones y finalmente resguardar los sistemas de recaudación clandestinos.
Los casos que rebaten la tesis de la manzana podrida resultan sobreabundantes en la historia reciente. Una de las desmentidas más significativas surgió de las declaraciones del ex comisario Gustavo Pereyra en los juicios contra los Monos y contra la banda de Esteban Alvarado: en su experiencia de final de carrera en la policía de Rosario la recaudación clandestina era una orden que provenía de los superiores, de los puestos más altos de la fuerza. Otro aspecto para analizar qué se añora cuando se propone reconstruir la vieja pirámide de la institución policial.
Desde la política, la cobertura de la corrupción se justifica históricamente como necesaria para que la fuerza no vea en el gobierno un “enemigo”, para comunicar el apoyo a los “buenos policías” y contener el malestar institucional. “En el terreno de la política policial, no existieron grandes innovaciones ni proyectos que estuvieran dirigidos a reformar la institución policial y por lo tanto a introducir cambios sustanciales en las relaciones de interdependencia político-policial heredadas de los gobiernos autoritarios”, analiza González. Los resultados están a la vista.
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