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Política

Hablar de “acciones de terrorismo de las mafias” sólo agrava el problema de la inseguridad y tapa sus causas

El miedo y la inseguridad en que transcurre la vida cotidiana en Rosario pareció escalar en los últimos días un nuevo nivel sobre la base de las amenazas telefónicas y mensajes de WhatsApp que advirtieron sobre balaceras, crímenes y hasta una especie de asalto sobre el centro de la ciudad: ahora se trata del terror, señalado por sectores políticos y judiciales como una estrategia de “las mafias” y “las organizaciones criminales” para desestabilizar el orden público.

El pánico tiene muchos factores y exige una reflexión. Algunos aspectos del problema son conocidos y se repiten sin mayores variantes: la ausencia del Estado en cuanto a la presencia policial en la calle, para citar el más evidente. Otros todavía no han sido analizados: por ejemplo, el modo en que circula la información sobre hechos de seguridad a través de las redes sociales y las conceptualizaciones que se realizan desde sectores políticos y de los medios de comunicación.

La inseguridad es una situación generalizada en el país, pero en Rosario tiene una intensidad particular. La impresión mayoritaria es que vivimos en peligro, a cualquier hora y en cualquier lugar. Los límites entre las zonas peligrosas y las zonas seguras se volvieron borrosos y la ciudad entera aparece como territorio expuesto a la violencia. Los actos de pillaje de un grupo armado a las familias que paseaban por el parque Scalabrini Ortiz expusieron esa situación: ni siquiera un fin de semana, en una plaza, a la vista de todo el mundo, es posible estar fuera de peligro.

Ese trasfondo es uno de los aspectos que verosimiliza las amenazas telefónicas sobre balaceras y represalias ante acciones judiciales como la detención de Ariel “el Viejo” Cantero. Cualquier llamado en ese sentido parece digno de crédito por lo que se le reconoce al clan del barrio La Granada, por aquello que constituye su marca: la disposición a ejercer una violencia sin límite y la pretensión de plantarse de igual a igual ante el Estado. Pero hay que preguntarse sobre estas representaciones que rodean a los Monos, por el imaginario construido desde el periodismo, la política y la justicia e interrogarse por el poder que este imaginario le concede a la familia Cantero.

Ningún comerciante o familia amenazada puede ponerse a chequear si la amenaza que recibe proviene efectivamente de los Cantero o de la mafia. La Justicia, en cambio, está para eso y los resultados logrados en las investigaciones que se conocen son significativos. En febrero, un hombre se identificó como Rubén Cantero, llamó al 911 y amenazó al jefe de policía con producir atentados explosivos; detenido al día siguiente, se comprobó que no tenía ninguna relación con la familia Cantero y que sus advertencias eran fabulaciones. En setiembre de 2021, durante el último juicio a Ariel “el Guille” Cantero, un joven de 19 años exigió la libertad en otro llamado al 911; registraba antecedentes menores, pero no se comprobó su vinculación con alguna banda.

Las revelaciones, sin embargo, no alcanzaron a atenuar el efecto que produjeron esas amenazas cuando circularon a través de las redes y los medios. La difusión de información policial, en particular en Twitter, tiene un efecto notable y poco señalado en la creación del miedo y del hartazgo ciudadano. El chequeo del origen de la información se vuelve bastante elástico y los tuits presentan una versión parcial, descontextualizada y con frecuencia errónea de los hechos; lo que sedimenta en la sucesión de estas publicaciones es la impresión generalizada de inseguridad, inacción estatal y dominio de “las mafias”. La cifra de los homicidios, por caso, se vuelve una simple cuestión de estadística y de motivo para reavivar la indignación pública, donde solo parece contar el número, mientras se borra la identidad de las víctimas (algunas ni siquiera han sido identificadas por los investigadores) y se pierden de vista las circunstancias de los asesinatos.

En el mismo sentido suele funcionar la difusión indiscriminada de escuchas telefónicas obtenidas en investigaciones judiciales, sin filtros ni mayor edición. Las conversaciones divulgadas de Nelson Aguirre — vinculado con “el Viejo” Cantero— y de Marcos Jeremías MacCaddon —complementadas con una foto donde apunta con un arma, lo que se llamaría “tener para hacer dulce”, en la jerga del oficio— sonaron como música para los oídos de quienes buscan implicancias políticas en el narcomenudeo. Esos audios en crudo son espectaculares, pero poco reveladores (¿qué acreditan, concretamente, sobre una eventual complicidad policial o política?) e incluso refuerzan estereotipos sobre personajes vinculados al delito y pueden ser funcionales a maniobras sospechosas, como la publicidad que rodeó a la declaración del sindicado narco Ramón Alberto Velázquez, en San Lorenzo, citada por el senador Armando Traferri para cuestionar a los fiscales que quieren indagarlo por complicidad con el juego clandestino.

La influencia de esas versiones en Twitter y de esos modos de informar resulta notable, además, en el humor social: la desconfianza consolidada sobre la policía se proyecta ahora en un creciente escepticismo sobre la actuación de las fuerzas federales, vistas hasta hace poco como un último recurso. En esas ocasiones, el periodismo no hace más que machacar sobre una misma noticia.

Hablar de “una acción de terrorismo orquestada por las mafias”, como hizo el intendente Pablo Javkin en Twitter, parece darle al problema una entidad que lo magnifica y abona otro factor que refuerza el miedo y la indefensión en que viven los ciudadanos: el de “las organizaciones criminales”. El sistema se vuelve así todavía más endeble: con esa definición de los hechos basta cualquier llamado telefónico, sea de un narco, de un loco o de un estudiante que quiere zafar de un día de clase, para que se generalice la alarma en la ciudad.

Hablar de “una acción de terrorismo orquestada por las mafias”, como hizo el intendente Pablo Javkin en Twitter, parece darle al problema una entidad que lo magnifica

El incremento de la violencia es incontestable, pero no señala un nivel más alto, más sofisticado y “profesional”, en la organización de las actividades criminales sino más bien lo contrario, su atomización y una disputa que se vuelve caótica por lugares de venta de drogas. En su último informe el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad registra 103 homicidios hasta principios de mes, de los cuales hubo “un componente de planificación” en ocho de cada diez casos; sin embargo, ese rasgo tampoco implica necesariamente un grado más complejo de funcionamiento, porque en el mercado los competidores se conocen y la eliminación física del adversario está consolidada como una regla del juego. El ADN del crimen organizado, muy por el contrario, consiste en mimetizarse con los circuitos de la economía y volverse imperceptible para la mirada de la Justicia.

Lo que se llama “organizaciones criminales” o “mafias” aparece así en la superficie como bandas de composición inestable, en cuya base se encuentran lazos familiares (los Cantero, los Funes, los Camino, los Ungaro, los Romero, los Bay…: son personajes públicos). Pero no se trata de una cuestión de términos sino de observar problemas que quedan opacados cuando se habla de “organizaciones criminales” y que realimentan sin pausa la violencia: por ejemplo, la circulación de armas y la relación con los referentes que están encarcelados. Es decir, no existe un patrón del mal sino problemas crónicos de las fuerzas de seguridad que los sucesivos gobiernos provinciales no han resuelto.

El escándalo reciente de la sección Balística, en ese sentido, no sólo es significativo porque un agente se haya apropiado de armas que estaban en custodia para ponerlas nuevamente a disposición de la violencia callejera. Es notable y debería ser objeto de reflexión que un policía recién egresado reproduzca prácticas corruptas, es decir un saber que parece correr paralelo a la formación de los agentes. Además muestra un descontrol criminal en un área sensible y el menosprecio institucional por las áreas de investigación científica, algo que también tiene consecuencias en el desarrollo de actividades delictivas.

Es notable y debería ser objeto de reflexión que un policía recién egresado reproduzca prácticas corruptas, es decir un saber que parece correr paralelo a la formación de los agentes

En el juicio contra Esteban Alvarado e integrantes de su banda, el ex comisario Gustavo Pereyra aportó entre otros datos un testimonio importante para comprender la corrupción policial. No se trata, explicó, de la acción de efectivos aislados sino de estructuras corruptas que llegan a dirigir la fuerza y que cuentan con el aval de funcionarios políticos. Pereyra lo ejemplificó con el caso de Betina Gobernatori, quien por unas horas llegó a ser jefa de policía de Rosario con la última crisis: se comprobó que había mentido durante la investigación sobre Los Monos, pero fue protegida y recibió un ascenso. En este reino del revés, el policía honesto era presentado como la cara de la corrupción —y así se publicó— mientras los socios de los narcos “recibían oxígeno”, según la expresión que Pereyra le atribuyó a la ex secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione.

Los relatos que atribuyen a los Monos la violencia que padece la ciudad, desde las balaceras hasta el narcomenudeo, parecen explicar esos sucesos cuando en realidad producen un efecto muy distinto: agigantan el mito de los Cantero, empoderan a los oportunistas y dejan en la impunidad los episodios que pretenden describir. Una cosa son las versiones conspirativas y otra muy distinta las imputaciones recientes contra Ariel “el Viejo” Cantero y otras 21 personas, no solo porque permiten develar una trama de actividades ilegales sino porque las reducen a su dimensión.

En su último informe, el Observatorio de Seguridad Pública describe como los barrios más “conflictivos” a los de Tablada, Las Flores y el complejo de Fonavi de Grandoli y Gutiérrez, en la zona sur; Flammarión, en el sudoeste; Villa Banana, Triángulo y Godoy, al oeste; Ludueña, Larrea, Nuevo Alberdi y Empalme Graneros, en el noroeste. La mitad de la ciudad de Rosario. La estadística podría ser proyectada sobre otro mapa: según el censo realizado en 2017 por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y citado por el informe “Un sueño de paz”, del Observatorio de Política Criminal, de 112 barrios carenciados relevados en Rosario, 30 se crearon en la década del 80, mientras que 49 asentamientos se crearon entre 1990 y 2016.

¿Qué influencia tienen la expansión de la pobreza y sus efectos sociales en los problemas de seguridad de Rosario? ¿Cómo actúa el Estado en las llamadas zonas “conflictivas” y sumidas en la pobreza? Son otros interrogantes que también podrían sumarse a la discusión y que parecen mucho más cercanos y concretos que el del “terrorismo orquestado por las mafias”.

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