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Política

Hernán Flom: “Las fuerzas federales son una política de paños fríos. No soluciona ningún problema de fondo”

Desde la última escalada de violencia narco en Rosario, en los días previos a las elecciones, y con más fuerza a partir del cambio de conducción en el Ministerio de Seguridad de la Nación, el aumento de la presencia de fuerzas federales en la ciudad aparece como la prioridad del gobierno provincial, del municipio, los medios locales y la población en general. Hernán Flom investigó los mercados criminales regionales y la relación entre política y policía en Argentina desde el regreso de la democracia, y sostiene que si bien ese recurso puede reducir en forma temporaria los “niveles de violencia y tranquilizar a la población, no contribuye a solucionar ninguno de los problemas de fondo”. 

Flom se desempeñó en el Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2017 y 2019 en el área de capacitación policial, es doctor por la Universidad de California con especialidad en Política Comparada y Latinoamericana, y profesor de ciencia política en la universidad Trinity College (Connecticut). Su libro Regulación informal de los mercados criminales en América Latina: Policía, políticos, drogas y violencia analiza la conformación de los mercados de la droga en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y en los estados de San Pablo y Río de Janeiro, en Brasil.

En diálogo con Suma Política sostiene que el gobierno político de la policía no garantiza “para nada” que desaparezca la corrupción en la fuerza y cuenta que de las 180 entrevistas que realizó para su investigación 40 se concretaron en la provincia de Santa Fe: “hablé con ex ministros y funcionarios del Ministerio de Seguridad, tanto del gobierno socialista como de los gobiernos peronistas, con miembros de la policía provincial, algunos en carrera y otros retirados, representantes gremiales de la policía, jueces y fiscales provinciales y federales y con representantes de movimientos sociales, sobre todo en Rosario”, adelanta. El libro será publicado el año próximo en inglés por la editorial de la Universidad de Cambridge.

La relación entre la política y la policía es uno de los ejes de tu estudio sobre los mercados del narcotráfico. En ese sentido señalás diferencias en lo que ocurrió en los casos de Buenos Aires y Santa Fe.

—Sí. Analizo el período desde el regreso de la democracia hasta 2015, pero me concentro desde los años 90 en adelante. Lo que encontré para el caso de Santa Fe es un contraste con la situación que existía en un momento donde hubo más control político. Hablo de control político en el sentido de una estrategia que subordina a la policía a un fin específico, que no necesariamente tiene que ser otorgar mayor seguridad, proteger los derechos de la ciudadanía o llevar a cabo un policiamiento de acuerdo con los principios rectores de la democracia. Simplemente puede consistir en aprovechar el control territorial y el contacto de la policía con los mercados ilegales para recaudar y mantener cierto tipo de orden a favor del poder político. A partir del trabajo de campo que hice pude corroborar que ese control existió en la provincia de Santa Fe hasta mediados de los años 90 y que se extendió por más tiempo en la provincia de Buenos Aires. Con idas y venidas, en Buenos Aires hubo un control más férreo con el propósito de utilizar a la fuerza policial para extraer recursos o rentas de actividades ilegales.

—El gobierno político de la policía no garantiza en sí mismo que desaparezca la corrupción policial.

—Para nada. Esa corrupción puede estar centralizada, coordinada, implícita o explícitamente tolerada por el poder político, porque ambos van en el mismo sentido. Puede haber un choque si el poder político intenta cortar la corrupción o imponer una reforma en la policía y en otros casos armonía, cuando al poder político no le interesa hacer una reforma sino, ya que la policía va a mantener su actividad de corrupción y complicidad con actividades ilegales aprovechar esa recaudación. En esos casos el poder político hace uso de su superioridad formal para imponer condiciones a la policía: impunidad para llevar a cabo esos negocios ilegales a cambio de garantizar orden y de repartir parte de la recaudación. Así funciona el arreglo.

—¿Cómo evolucionan esos pactos en la historia reciente?

—Los arreglos son constantemente negociados. En Santa Fe se empezaron a resquebrajar a mediados de los años 90 cuando se inició el ciclo de reformas y contra reformas policiales de sucesivos gobiernos peronistas, la reforma de Jorge Obeid contra la de Carlos Reutemann, y se terminó de caer con la asunción del primer gobierno del Frente Progresista. Hermes Binner asume con la idea de tener otro tipo de relación con la policía, una relación más distante, más profesionalizada, y de jerarquizar a la seguridad como área de gestión y de gobierno. Pero al mismo tiempo que su gobierno no controla suficientemente la relación que tiene la policía con el delito tampoco acompaña a la policía en la coordinación de la corrupción en el sentido de asegurarse que no se escape de las manos y beneficiarse con el proceso. Ahí se da el quiebre fundamental del arreglo.

—¿Esa sería una clave para explicar el aumento de la violencia criminal en Santa Fe?

—Claro. Si bien ciertas condiciones ya se estaban dando para el aumento de la violencia, lo que termina de darle el empujón final es la incapacidad de la policía de regular de una manera coordinada el delito organizado y en particular el narcotráfico. Esa situación genera una dinámica de cada vez mayor fragmentación y cada vez mayor competencia en el narcotráfico en Santa Fe y particularmente en Rosario, donde por los distintos tipos de arreglo que se tienen entre policías y participantes de ese negocio ilegal hay un mayor incentivo para expandirse, que provoca más competencia y mayores ingresos que se reparten con los socios policiales, y a su vez un espiral de violencia que la policía ya no puede contener.

—De la “maldita policía” bonaerense se decía que la corrupción seguía la estructura piramidal de la jerarquía. ¿Cómo habría sido el caso de la santafesina en el período que analizás?

—Hay cierta verticalidad porque los oficiales superiores se benefician más que los subalternos, pero la pirámide de distribución de rentas ilegales está más segmentada, o no parece tan ordenada como lo era en la bonaerense.

—¿Cómo se explica la incapacidad policial para regular el problema?

—No hubo una política clara de seguridad para contener la violencia asociada a los mercados de drogas en la provincia. No me animaría a decir que en este momento no existe una política. Hubo problemas de coordinación, tanto en el interior de los gobiernos provinciales como con otros niveles de gobierno, particularmente el federal. Eso lo estamos viendo también ahora. Todos recordamos por otra parte la frase de Andrés Larroque, en 2012, sobre el “narcosocialismo”. Esas idas y vueltas en las políticas de seguridad, que no solamente implicaban a las autoridades políticas sino también a los jueces y fiscales federales y provinciales, generan un desincentivo en la policía que está en el territorio, más cercana de los actores del delito. Si no hay una política bien articulada, una coordinación para llevarla a cabo, muchos sectores de la policía —no son todos— deciden optar por el beneficio inmediato que representa recaudar de los mercados ilegales.

—En comparación con los casos de Brasil, ¿cómo aparece la situación en Rosario? Parece que se sobredimensionara el problema, por ejemplo cuando se la compara con Medellín, pero a la vez hay una situación de alarma creciente en la población.

—En el libro distingo la regulación coordinada del narcotráfico, que son los casos de San Pablo y Buenos Aires, y la regulación no coordinada, que serían los ejemplos de Río de Janeiro y Santa Fe. Río de Janeiro es la versión más extrema de lo que pasa en Santa Fe y en Rosario, porque existe un nivel de fragmentación y de desarticulación completa entre la policía y la política, que genera un mercado ilegal caótico, muy segmentado. En ese contexto la policía trata de intervenir por medio de una violencia altísima y una corrupción muy fragmentada que no sirve para generar un pacto de convivencia con los narcotraficantes sino para extorsionarlos e incrementar la violencia de los narcotraficantes hacia la propia policía o hacia otros delincuentes. San Pablo parte de una situación similar, pero se estabiliza para crear un mercado ilegal con un grupo hegemónico —el PCC, Primer Comando Capital— y un Estado que sostiene esa hegemonía, que participa en un pacto de coexistencia donde cada uno tolera la existencia del otro y aun si tienen instancias de confrontación tratan, como se dice, de no echar más leña al fuego. Es distinto al caso de Buenos Aires, donde el mecanismo que sostiene la regulación es fundamentalmente la corrupción policial. En San Pablo tiene que ver con la contención de la violencia de un lado y del otro. Ahora, obviamente es exagerado comparar a Rosario con Medellín. En su peor momento Medellín tuvo una tasa de 400 muertos por cada 100 mil personas, una barbaridad. Pero en Rosario se han registrado tasas más altas de las que ha tenido San Pablo en los últimos veinte años. En Rosario la tasa está en 16, 17 homicidios cada 100 mil habitantes y en San Pablo en los últimos años bajó a 7. Para lo que son los niveles en Argentina y en el cono sur es llamativo y preocupante.

—¿La idea de fragmentación política alude al desacuerdo en las formas de enfrentar al narcotráfico?

—Puede percibirse de distintas maneras. Analizo principalmente el interior del ejecutivo, donde se toman las decisiones de política pública. Hay posturas encontradas no solo sobre cómo abordar el narcotráfico sino también sobre cómo abordar la seguridad en general, y distintos intereses políticos. A veces se transmiten mensajes que se perciben como equívocos por parte de la policía o de otras agencias. Eso me resultó llamativo en el caso de Santa Fe: la lectura política de la propia policía sobre lo que pasaba durante los gobiernos socialistas era como si dijeran “estos tipos no saben lo que están haciendo, hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra”. Esas situaciones le otorgan una excusa a la policía para hacer sus negocios. Pero bajar una línea coherente tampoco garantiza necesariamente la subordinación de la policía. Otro aspecto son los obstáculos externos a la gestión de gobierno. Esto también tenía un impacto en Santa Fe, por la confrontación con la oposición política, de lo que también se aprovechó la policía.

—¿Aumentar la cantidad de efectivos de fuerzas federales en Rosario es una solución para la situación actual de la ciudad?

Las fuerzas federales son una solución temporaria. Es una política de aplicar paños fríos. Los criminales están obviamente enterados y entonces bajan un poco el volumen de sus actividades, se cuidan, tratan de no generar tanto revuelo mientras están las fuerzas. En algunas situaciones el recurso es necesario para bajar niveles de violencia y para tranquilizar a la población pero no contribuye a solucionar ninguno de los problemas de fondo. No soluciona la vulnerabilidad de la provincia al narcotráfico por distintos factores geográficos, políticos y sociales; no soluciona el estado de debilidad institucional que tiene la fuerza policial de la provincia; no es la respuesta que debe dar la política en general, en conjunto con la sociedad, sobre la seguridad relacionada con el narcotráfico. La solución es de largo plazo y debe pasar por la política no solo a nivel provincial sino también federal, de decir cuál es la estrategia para afrontar al narcotráfico. No sé si eso existe en este momento.

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