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Opiniones

Hijos del rigor, los incentivos para el buen comportamiento social

[Coordinador del gabinete de la Municipalidad de Rosario]

Existe en la bibliografía un gran número de autores que vinculan el bienestar de las sociedades con la existencia de instituciones fuertes y eficientes. En diversos análisis históricos que buscan explicar las diferencias de prosperidad entre los países desarrollados y los del tercer mundo, se coincide en señalar que la presencia de un marco institucional que asegure el estado de derecho es el componente más necesario para la prosperidad. En su libro “Why nations fail”, Acemoglu y Robinson intentan explicar por qué hay países que fracasan y otros que prosperan. Su tesis es que la razón de las desigualdades entre naciones radica en sus diferentes procesos políticos, que determinan qué tipo de instituciones prevalecen, y qué incentivos se generan para influir en el comportamiento de los individuos. Todo análisis que intente explicar el desarrollo de una sociedad debe llevar incorporado el siguiente postulado: la gente responde a incentivos y son las instituciones existentes las que definen los incentivos. Las instituciones pueden ser definidas como “limitaciones ideadas por el hombre que le dan forma a la interacción humana”.

En esta línea, el individuo racional encuentra limitado su comportamiento por instituciones, que pueden derivar tanto de la ley, como de la costumbre o de la moral. Así, las normas legales funcionan como fuentes de incentivos para el buen comportamiento social, pero, sin embargo, las normas no pueden funcionar de manera completa si no son internalizadas por los ciudadanos en su análisis costo-beneficio a la hora de tomar decisiones.

Vamos a aterrizar este razonamiento básico con un ejemplo muy simple. Pensemos en una ciudad cualquiera, llamémosla Eudoxia, con problemas de seguridad vial que, entre otras razones, devienen del incumplimiento de normas de tránsito. En el análisis costo-beneficio que un conductor hace al momento de desplazarse con su vehículo particular, debe sopesar el beneficio de llegar al sitio al que se dirige, con el costo de hacerlo, en principio, derivado del gasto en combustible y mantenimiento del coche. Para modelizar este análisis podríamos suponer que el beneficio del individuo depende de llegar puntual a una importante reunión de trabajo que le reportará una ganancia de 10.000 y que el costo operativo del vehículo es de 500. Pero en el momento en que hace el trayecto hay congestión en el tráfico y, cumpliendo cabalmente las normas de velocidad, el viaje le tomará más tiempo y llegará tarde a la cita, por lo que no obtendrá el beneficio. Hasta aquí el análisis costo-beneficio arroja un saldo negativo de 500 (0 – 500). La única forma de llegar a tiempo y obtener el beneficio será exceder el límite de velocidad en el único tramo en que no hay tanto tráfico.

Supongamos que la multa por esta infracción es de 15.000, pero, el conductor sabe que la probabilidad de que haya un agente de control que constate la infracción a esa hora y en ese lugar es baja, por lo que la multa ponderada (P x p), llamando P al precio de la multa y p a la probabilidad de que se le aplique, digamos un 35%, es de 5.250. En esta segunda hipótesis el análisis costo-beneficio ya da un resultado neto positivo (10.000 – 500 – 5.250 = 4.250) por lo que el agente tendrá un fuerte incentivo a cometer la infracción. Pensemos que, en el marco de su estrategia para minimizar los siniestros viales, el gobierno de Eudoxia decide implementar un sistema electrónico de detección de infracciones.

Ahora la probabilidad de que se le aplique la multa al sujeto crece al 80% ya que hay más de 70 puntos de control con videocámaras y radares en la ciudad. Con este cambio, la multa esperada crece hasta 12.000 (15.000 x 0,8), por lo que el análisis arroja una pérdida probable de 2.500 (10.000 – 500 – 12.000). En este caso la decisión más racional del conductor será no cometer la infracción (y la próxima vez salir antes, previendo complicaciones).

El hombre racional se adapta al mundo que le rodea. El hombre irracional se obstina en intentar que sea el mundo quien se adapte a él. George Bernard Shaw

Este simple ejemplo numérico ilustra la importancia que tiene incrementar la eficiencia de las políticas públicas incorporando mecanismos que generen incentivos correctos para que los individuos se comporten de una forma socialmente deseable. El resultado, en este ejemplo serán menos infracciones y consecuentemente menos siniestros viales. Además, el gobierno de la ciudad de Eudoxia decide que lo recaudado por el nuevo sistema de control electrónico de infracciones se destinará en su totalidad a mejorar el transporte público, a campañas de seguridad vial y a mantener los hospitales públicos que asisten a las víctimas de accidentes, con lo que el bienestar de la sociedad crece al mismo tiempo que los individuos toman decisiones basadas en su propia utilidad y se cierra un círculo virtuoso. Pensemos pues, en las instituciones -y concretamente en las leyes- más como un mecanismo de disuasión que como una herramienta de castigo, con un criterio puramente consecuencialista que analice los efectos que las normas tienen sobre el comportamiento de los individuos.

Llegados a este punto cabría preguntarse por qué es necesaria la mirada omnipresente que nos vigile para que hagamos siempre lo correcto y no caer en el problema del riesgo moral. Dicho de otro modo, por qué somos hijos del rigor y no somos capaces de internalizar en nuestra función de utilidad la honestidad y el altruismo, y así llegar a nuevas hipótesis que expliquen por qué los individuos puedan llegar a valorar más un estado óptimo de bienestar social por medio de la maximización de los intereses colectivos, que por la maximización de los intereses individuales. Mientras tanto, seguimos bajo el paradigma del homo economicus que privilegia el egoísmo en la búsqueda del bienestar personal y no queda mejor opción que recurrir al paternalismo liberal que, aunque suene a oxímoron, consiste en utilizar mecanismos de palo y zanahoria para que los individuos, aun teniendo capacidad de elección de cometer o no un acto ilícito, tengan incentivos que alteren su análisis coste-beneficio, orientándolos a hacer lo correcto. O, como reza la frase atribuida a Eisenhower: “La motivación es el arte de conseguir que las personas hagan lo que tú quieres, porque ellas mismas quieran hacerlo”.


Rogelio Biazzi es profesor e investigador académico. Sus áreas de conocimiento son: Análisis Económico del Derecho, Economía Institucional, Economía del Comportamiento, entre otras. Ha publicado artículos en revistas académicas y libros sobre diferentes temas relacionados con sus áreas de especialización. Trabaja actualmente en el gobierno de la ciudad de Rosario y ha trabajado en el gobierno de Madrid. Tiene un PgD in Law & Economics (HARVARD LAW SCHOOL), un MBA en Gestión Pública (ESADE), un Máster en Derecho y Economía (UCM) y un Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas (Instituto Universitario Ortega y Gasset).

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