Este año la euforia de la ExpoAgro quedó matizada por la sequía. En el predio de San Nicolás se mezclaron los segmentos más fuertes que menos sintieron la crisis productiva y las franjas que recibieron el mayor impacto, al borde de la peor cosecha de soja en 15 años y la peor en maíz en 5 años.
A principios de marzo, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires un plan con 40 propuestas para el desarrollo de la economía, la generación de 100 mil millones de dólares anuales en exportaciones y creación de 878 mil empleos la próxima década. La línea de acción consiste en incentivos, reducción gradual de retenciones hasta eliminarlas en 2033 y medidas fiscales.
El Plan Agroindustrial tuvo su turno parlamentario con una ley durante el 2020. La parálisis legislativa en la que se hundió la Argentina engrietada la dejó caducar tras los fracasos en los intentos de tratamiento. El escenario crítico y el año electoral suponen una combinación que renueva las esperanzas de la cúpula agroindustrial.
Otros proyectos de ley que cobraron visibilidad durante estos días fueron los presentados por los diputados santafesinos Eduardo Toniolli y Roberto Mirabella. Ambos proponen mecanismos para la devolución a la provincia de un porcentual de las retenciones que percibe el gobierno central. Toniolli propone la creación de un Fondo Devolutivo que alcanza al 10 por ciento de lo recaudado por derechos de exportación. Mirabella plantea la devolución de hasta un 50 por ciento para inversiones provinciales.
La idea, con un fundamento razonable amparado en la experiencia de las provincias petroleras, llega con visos del internismo que carcomió al Frente de Todos. Las iniciativas tocan un nervio sensible en un año que asoma con tendencias recesivas y caída de las exportaciones.
La multiplicación de los tipos de cambio
Durante el 2022 la recaudación por retenciones a las exportaciones de los tres principales complejos agrícolas sumó 9.500 millones de dólares. La producción agrícola santafesina aportó más del 20 por ciento de esa recaudación. Pero este año es otra la historia.
La falta de dólares será un problema particularmente intenso durante el 2023. Las propuestas de los legisladores retoman un reclamo histórico de las provincias del corazón agroproductivo. Pero la pertinencia del concepto no tiene correlato con el criterio de oportunidad.
Las estimaciones indican que este año habrá alrededor de 20 mil millones de dólares menos provenientes de la cosecha. Es un monto semejante al volumen de dólares que se volcó al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) durante el primer semestre del 2022.
Esa es la inspiración para la multiplicación de tipos de cambios sectoriales, medidas de perfil devaluatorio sin conceder un salto discreto. El ministro de Economía anunció el dólar Malbec, en beneficio de los productores vitivinícolas de Cuyo y generó renovados reclamos por parte de los industriales. Un año con riesgo electoral y con menor abastecimiento de dólares instala un marco de incertidumbre mayúsculo.
La decisión de establecer un fondo devolutivo, de indudable base constitucional, sería más apropiada durante el alza del ciclo productivo. Recientemente se anunciaron créditos por 4.500 millones de pesos para asistir a pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial. La prioridad está puesta en que ningún productor deje de producir.
La marca Rosario
La idea de un equilibro general se escabulle detrás de los desafíos urgentes. El fortalecimiento de las economías regionales es clave para actividades que enfrentan restricciones amplificadas por factores geográficos. Es el argumento que sostiene el reclamo de los madereros y los demás sectores que quedaron transitoriamente por afuera.
La Secretaría de Agricultura se debate entre un dólar Soja III, con la resistencia del FMI, o un recorte temporal de las retenciones. La inestabilidad con alta inflación, los saltos devaluatorios periódicos y las crisis financieras que llegaron a provocar el default de la deuda pública en pesos durante el 2019, crearon una atmósfera económica basada en la desconfianza y la imprevisibilidad, teñida por las rispideces de las divisiones políticas.
La asignación de recursos entre sectores y empresas se ve fuertemente distorsionada. La desvalorización de las tenencias monetarias retroalimenta el ritmo inflacionario y la informalidad es el destino de los empleos que se pierden en el sector privado formal. Los efectos se manifiestan sobre los ingresos y el consumo, se interrumpen las trayectorias laborales y el tejido productivo pierde potencial en capital humano.
La crisis permanente genera la salida de empresas que en un contexto de estabilidad no solo resultarían viables, sino que podrían contar con una mayor escala. Y las economías ilegales le ganan terreno por competitividad a las actividades legales con consecuencias dramáticas para la población. Rosario, en el epicentro del sector productivo más potente, es un fiel retrato de esa secuencia.
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