El círculo parece cerrado aunque hay preguntas abiertas y personas sin identificar. Fernando Sebastián Vázquez es considerado un actor clave en el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Attardo y su detención por parte de las Tropas de Operaciones Especiales reabre la trama de una conspiración rodeada todavía por el misterio.
“No queda nadie con pedido de captura por esta causa. Faltaría identificar a los autores materiales; uno de ellos podría ser Fernando Vázquez, pero faltan medidas antropométricas objetivas para confirmar la hipótesis. Y también falta identificar al segundo tirador”, afirma un investigador.
Vázquez fue detenido el martes 16 de junio en una casa de pasillo de Libertad al 200, en Villa Gobernador Gálvez. El 13 de octubre de 2025 había escapado de otro operativo de las TOE cerca del complejo termal de Victoria, en Entre Ríos. En la fuga abandonó un teléfono encriptado con una clave alfanumérica que hasta ahora no pudo ser develada.
La fiscalía confía en tener más suerte con el otro teléfono secuestrado a Vázquez en Villa Gobernador Gálvez y confirmar con su contenido lo que hasta ahora circula como una versión insistente pero sin pruebas: que “el Narigón”, como le dicen a este hombre de 45 años, fue el sicario que ejecutó a Bracamonte y Attardo en la noche del 9 de noviembre de 2024, a unas cuadras del Gigante de Arroyito.
“No está acreditado que Vázquez haya sido el que efectuó los disparos”, aclara el investigador al respecto. “Está acreditado que estuvo presente en la escena del crimen y que formó parte de la logística para el doble homicidio. Estamos trabajando para determinar objetivamente si fue o no fue uno de los dos tiradores”.
De casualidad en casualidad
La conspiración fue expuesta ya por la fiscalía en marzo de 2025 e involucra además a Alejandro Zamudio, Alejandro Roberto Vázquez —hermano de Fernando—, Martín Leopoldo Martínez, Marcelo Martínez y Leila Estefanía Navarro, con distintos roles. Hubo más participantes y los instigadores tampoco están identificados, al margen de que el doble crimen se cargue en la cuenta de la banda Los Menores.
La casa de Zamudio, en Sánchez de Loria al 600 bis, barrio 7 de Septiembre, fue el punto de encuentro. Alejandro Vázquez salió del lugar en la noche del 9 de noviembre de 2024 al volante de una camioneta Citroen Air Cross y con dos acompañantes. Una de esas personas habría sido su hermano Fernando Sebastián; se desconoce quién fue la otra.
Los sicarios no quisieron llegar tarde. La fiscalía los ubicó en la escena del crimen cuarenta minutos antes del ataque contra Bracamonte y Attardo. Hubo tiempo para repasar un plan que fue pensado en detalle, y resultó como estaba previsto.
Rosario Central jugaba con San Lorenzo. El partido terminó poco después de las 21.30. Pillín no estuvo en la cancha porque tenía prohibido el ingreso; había dejado su auto en la estación de servicio de Carballo y Avellaneda y se retiró con Attardo, quien manejaba una camioneta Chevrolet S 10. Alguien le dijo entonces a “Rana” por mensajes de texto al celular que fuera hacia la calle Reconquista, donde esperaban los complotados.
En Reconquista y Avellaneda estaba cortada la luz del alumbrado público. No se sabe si el corte fue provocado o se produjo por casualidad, pero resultó funcional. Attardo y Bracamonte eran escoltados además por otro vehículo cuyos ocupantes también formaron parte del plan. La identidad de estas personas suma otro misterio al debe de la investigación.
La salida del estadio de la hinchada de Central se demoró por el operativo policial de seguridad. La jefa a cargo era hermana de un integrante de la barra brava y después del doble crimen fue desplazada de la comisaría 9ª, de la que era titular, por razones que no se informaron. Los fiscales que intervinieron en el tramo inicial de la investigación descubrieron además “la presencia de no menos de diez policías que estaban muy cerca del lugar del hecho” y no intervinieron. Otra casualidad.
Attardo conducía a baja velocidad. Martín Leopoldo Martínez se acercó al vehículo. Bracamonte bajó la ventanilla y se puso a charlar con quien era un hombre de confianza en la barra mientras las dos personas que acompañaban a Alejandro Vázquez apuraban el paso en dirección a la camioneta. “Pitito” se hizo a un lado y uno de los sicarios abrió fuego a quemarropa.
El traslado siguiente de Bracamonte y Attardo al Hospital Centenario estuvo en manos de personas sospechadas de participar en la conspiración. Marcelo Martínez tomó el volante de la camioneta Chevrolet, con Bracamonte en agonía, y al llegar al Hospital se puso a buscar afanosamente en el interior del vehículo hasta apoderarse de la riñonera negra donde Attardo guardaba su celular. Primo de “Pitito”, Martínez quedó registrado en cámaras de vigilancia y acordó un juicio abreviado por el que recibió una pena de un año y medio de prisión; se reconoció autor de hurto agravado, a cambio de que el MPA dejara caer la imputación por encubrimiento agravado.
Marcelo Martínez entregó la riñonera minutos después a Leila Estefanía Navarro, quien llevó a Attardo en su auto hasta el Centenario. “Rana” ya había fallecido. La riñonera fue hallada en la casa de Navarro, sin rastros del celular. Según la fiscalía, el teléfono debió ser descartado porque allí se encontraban los mensajes que condujeron a las víctimas hasta la emboscada.
Mientras tanto, los sicarios se fueron de la escena en una moto Honda Twister que los esperaba al efecto con un conductor. En medio de versiones contrapuestas, testigos del doble crimen afirmaron que un patrullero pasó por el lugar sin detenerse. La moto fue abandonada en Almafuerte al 1100 y el misterio sobre sus ocupantes se extendió hasta el pasado 16 de junio, cuando Fernando Sebastián Vázquez atendió el llamado a la puerta en su escondite de Villa Gobernador Gálvez.
De la tragedia a la comedia
El interés y la expectativa de Los Menores en el crimen parecen registrados en diversos indicios. Uno es la captura de pantalla de Crónica TV que el ex policía Jonatan “Jony Gavia” Garraza compartió con su novia C. L., preocupado porque se mencionaba a Lisandro Damián Contreras. Otro una exposición de Bracamonte ante la fiscalía en la que nombró también a Limón, como el organizador de la banda se identificaba en el teléfono. Pillín había desafiado a sus rivales a una pelea creyendo que podía ser a las trompadas, como en los viejos tiempos, y comenzó a desengañarse en agosto de 2024, cuando sobrevivió a un primer intento de homicidio por parte de un sicario que lo abordó a los tiros en el Parque Alem.
Bracamonte era investigado por la justicia provincial y en la federal por los negocios tradicionales de la barra alrededor del estadio de Central y por extorsiones en el gremio de la construcción. Fue detenido en 2020 y 2023. Un testigo de identidad reservada había declarado que Pillín controlaba un delivery de cocaína a través de taxis en la zona norte de Rosario. Esta versión no fue corroborada con una investigación.
El negocio de la droga constituye un trasfondo todavía difuso en el crimen. Hay distintas piezas, pero no arman un relato: Carlos “Bichi” Suárez, habitué de la tribuna, fue detenido el 19 de julio de 2025 en Sánchez de Thompson y Grandoli, involucrado en la recepción de 464 kilos de cocaína en una pista clandestina del departamento San Justo; las TOE secuestraron 67,7 kilos de marihuana que atribuyen a los hermanos Vázquez, en Aguzzi al 4400; los antecedentes de Fernando Sebastián Vázquez en la materia se remontan a 2017 en la Justicia Federal.
Los hechos encuadran además en un plan más amplio cuyo objetivo fue destronar a la vieja guardia de la barra de Central. El doble crimen de Arroyito fue precedido por el asesinato de Samuel Medina, el 1° de octubre de 2024, y el de Juan Domingo Maximiliano Ferreyra, en abril de 2025, continuó con ese designio. No hay novedades en la investigación de ambas muertes. En la imputación de Lautaro Ghiselli como delegado de Los Menores en la barra brava, los fiscales leyeron un mensaje alusivo a la recomposición en curso: “Laucha (Ghiselli), Cani (Alejandro Zamudio), el Narigón (Fernando Vázquez), son los jefes”.
La conspiración para el doble crimen pudo nutrirse de heridas que no cerraron en el barrio 7 de Setiembre. Matías Ignacio Gazzani, otro organizador de Los Menores, creció allí como parte del entorno de Gustavo “Toro” Martinotti, un referente marginado de la conducción de la barra. Julio César Navarro, “Cara de goma” para quienes lo conocían en la tribuna, seguía trabajando como chofer en la línea 35/9 cuando lo asesinaron en 2016 y tampoco había cambiado de estatus en el mismo barrio; a diferencia de Bracamonte, cuya condición de monotributista categoría F era considerada una pantalla para ocultar su enriquecimiento, aunque el MPA no llegó a probar ninguna de las sospechas en su contra por lavado de activos.
El último movimiento de Gazzani todavía desconcierta a los investigadores. En mayo, el abogado Daniel Giordano presentó un hábeas corpus en su nombre para saber si contaba con un pedido de detención. Como si no estuviera enterado del ofrecimiento de 70 millones de pesos del gobierno provincial para cualquier persona que aporte datos sobre su paradero.
El pedido se trató de una audiencia a la que acudieron el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni y el fiscal regional Matías Merlo, pero no Gazzani.
“No terminamos de entender si esa presentación fue un paso de comedia o algo serio —comenta el investigador consultado para esta nota—. Habitualmente, si un abogado tiene interés en presentar un prófugo, no es raro que se acerque a la Fiscalía y pregunte en qué causas interesa, con más claridad y sin tanto revuelo. El abogado dijo en algunos fragmentos de su alocución que jamás vio a Gazzani, y en otros, que se reunió con él”.
Giordano negó cualquier relación de Gazzani con el crimen de Bracamonte y Attardo y denunció en la audiencia “la persecución constante” sobre sus familiares en Rosario. El habeas corpus recuerda a otro hecho que llamó la atención. En mayo de 2025, mientras todavía estaba prófugo, Mauricio Javier Ayala hizo que un menor se identificara con su nombre ante la policía para averiguar por qué lo buscaban. Ayala fue detenido poco después en Roldán.
El investigador deja una puerta abierta: “Era cuestión de acercarse a la Fiscalía y preguntarle a los fiscales en qué causas interesa la captura. Si la intención es ofrecer algún tipo de acuerdo abreviado, lo charlaremos una vez que se ponga a derecho. Pero eso no sucedió”.
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