Overland designa en inglés las travesías por tierra y una modalidad de turismo aventura que valora el recorrido por rutas alternativas en largas distancias. Fue la palabra con la que Leandro David “Lelo” Pérez bautizó una empresa dedicada al transporte de cualquier clase de mercancías “por carreteras tanto nacionales como internacionales, con camiones propios o ajenos”, según su acta de constitución, y también a servicios inmobiliarios y a la construcción, en un arco tan ambicioso como para comprender desde autopistas hasta edificios. Esta experiencia todo terreno en los negocios hoy está en la mira de fiscales federales por presunto lavado de dinero del narcotráfico.
La investigación comenzó el 3 de octubre de 2024, cuando la Procuraduría de Crimen Económico y Lavado de Activos ordenó un informe patrimonial sobre Pérez, Marcelo Eduardo Malatesta (socio en Transportes Overland) y tres policías de la provincia. Los allanamientos autorizados por el juez Carlos Vera Barros coincidieron con la visita a Rosario de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien justamente planteó en una charla con empresarios la preocupación del gobierno nacional por el lavado de dinero narco en la ciudad.
El juez Vera Barros dispuso el secreto de sumario mientras se realizan otros procedimientos para asegurar la evidencia contra Pérez, Malatesta y el expolicía Maximiliano Esteban Novillo. También fue involucrado el subinspector de la policía provincial Esteban Ezequiel Haro, mientras Agustín Pérez, hijo de “Lelo”, quedó en libertad.
Leandro David Pérez constituyó Transportes Overland el 19 de agosto de 2016 y por entonces ya gestionaba Palabra Santa y Araca Corazón, empresas de venta minorista y mayorista de indumentaria hoy también sospechadas de inyectar dinero del narcotráfico. Los fiscales Matías Scilabra y Juan Argibay Molina atribuyeron a “Lelo” maniobras de lavado desde 2017: la compra de una camioneta Ford Ranger el 24 de septiembre de 2025, la administración con fines de venta de los departamentos de un edificio en Pellegrini al 3800 “con la cooperación de su hijo Agustín Leandro Pérez” y, junto con Malatesta, la compra de terrenos sobre Avellaneda y Rueda (septiembre de 2023 y enero de 2025) y de 44 vehículos de alta gama, entre ellos autos, camionetas, camiones, motocicletas y un tractor, habrían blanqueado dinero negro
Maximiliano Esteban Novillo está sospechado también por lavado a partir “de sus vínculos con personas dedicadas al tráfico de estupefacientes” que se remontan también a 2017. Por entonces y hasta su destitución en 2023, Novillo integraba la policía de Santa Fe. Ahora debe dar cuenta del origen de dólares que compró, de la adquisición de parte de un inmueble en Pérez y de su participación en la venta de un Mini Cooper, un Honda Civic y una moto Yamaha.
Pérez no deja de lamentarse por el fugaz romance que mantuvo con Vicky Xipolitakis, “la peor decisión que tomé”. Pero su visibilidad surgió de informes anteriores de la Unidad de Información Financiera que lo vincularon en sociedades con Luis Roberto Medina y Gustavo Spadoni y como proveedor de vehículos para Los Monos, aunque no lo alcanzaron las causas contra este grupo y contra aquellos empresarios narcos. Quedó detenido en cambio en 2016 por la llamada mega estafa inmobiliaria, y su situación al respecto todavía no ha concluido.
El episodio que vinculó a Pérez con la mega estafa fue la apropiación de un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia. Según la investigación de la fiscalía provincial, “Lelo” hizo de intermediario primero en la venta muy floja de papeles del campo concertada entre Maximiliano González de Gaetano y Marcelo Basilio Jaef y Pablo Abdala; y después entre Jaef y Abdala, como vendedores, y Jorge Oneto como comprador. En 2023 acordó en juicio abreviado con el Ministerio Público de la Acusación una condena de 3 años de prisión condicional y el pago de una multa por lavado de dinero simple.
Pérez entregó como pago el edificio de Buenos Aires 1063. El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, anunció esta semana que el inmueble se encuentra bajo administración provincial y será subastado durante el primer semestre de 2027. La propiedad cuenta con 27 departamentos que estaban en alquiler.
Según el abogado Carlos Varela, defensor de Pérez, se presentan dos cuestiones sobre el edificio de Buenos Aires 1063. Una es otra cuestión de papeles: el inmueble no es propiedad de “Lelo” sino de un empresario textil de la ciudad. Y la otra es la sentencia del Tribunal que intervino en la mega estafa inmobiliaria, según la cual no se configuró el delito de lavado de activos. Pérez no quiso ir al juicio oral donde se debatió el caso y resultó entonces condenado por un delito que no existió a criterio de los jueces.
El fiscal Sebastián Narvaja recurrió sin éxito esa sentencia ante distintas instancias hasta llegar en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En caso de que la Corte confirme los fallos precedentes, Pérez podría pedir la revisión de la condena y exigir la devolución del bien que ofreció en pago de la multa.
La contradicción entre el juicio abreviado y el juicio oral se plantea también en otro caso resonante, el de la financiera Cofyrco. Mientras dos directivos de esta firma fueron condenados por lavado de activos en la Justicia provincial, otros cinco serán juzgados sólo por intermediación financiera no autorizada entre 2018 y 2021 en la Federal. “Comprar dólares en una cueva no es lavado de dinero”, afirma un investigador.
Debe y haber
“La Justicia Federal estuvo ausente durante años en la investigación del lavado de activos. Hubo un vacío y la provincia se hizo cargo de investigar, aunque a mi juicio no correspondía legalmente. No se trata solamente del lavado sino de la circulación de dinero narco, como mostró la causa contra Gustavo Shanahan”, dice el fiscal federal Federico Reynares Solari.
La agenda de la Justicia Federal incluye una causa contra Esteban Alvarado por lavado a través de la venta de autos; contra Mariana Ortigala en relación a dinero proveniente de Los Monos invertido en la compra de tres propiedades; contra la organización de Brian Walter Bilbao y sus operaciones en licencias de Vorterix, empresas de taxis y remises, bares, negocios inmobiliarios y compra y venta de vehículos, entre otras inversiones. Y también investigaciones que se mantienen en secreto y, como al parecer hizo notar la ministra Monteoliva, ampliarán el radio hacia otros actores que no suelen aparecer en las crónicas policiales.
“Lo sustancial para el Estado es el decomiso de bienes y el cobro de multas”, agrega Reynares Solari. El fiscal recuerda como antecedente ejemplar las condenas contra el empresario Matías Matarochi y otros trece acusados por lavado de activos, lo que incluyó la confiscación de 102 bienes: “Fue una causa donde el delito precedente era el contrabando y nos terminamos encontrando con una exteriorización patrimonial que no se correspondía con los perfiles fiscales”.
En la reunión con empresarios rosarinos, realizada en la Fundación Libertad, la ministra Monteoliva destacó los resultados del Plan Bandera en la disminución de la violencia y también la necesidad de profundizar en la persecución del lavado de activos. Habría sido un tema de conversación con el director y el subdirector del FBI, Kash Patel y Andrew Bailey, quienes estuvieron en Buenos Aires poco antes de la visita de la ministra a Rosario, y una preocupación compartida con Michael Nader, el nuevo enlace del FBI con la Argentina.
El 17 de julio la embajada de Estados Unidos informó que el Departamento de Estado eliminó a Rosario como “zona específica de mayor riesgo”, un anuncio que fue celebrado por el gobierno provincial y el municipal. La luz roja apunta ahora hacia el otro lado de la criminalidad organizada, el que transcurre lejos de los puntos de venta de drogas y de las periferias de Rosario.
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