La calle, la cárcel y ahora las urnas. La proximidad de las elecciones en la provincia proyecta otro factor de incidencia sobre la seguridad pública, como indican el temor a un rebrote narco que aprovecharía la coyuntura y la disputa emergente entre Unidos y La Libertad Avanza acerca de a quién le corresponden los méritos por la disminución de los homicidios dolosos y otros indicadores positivos sobre el delito. El escenario se completa con la aprobación de la ley antimafias y otras normas que endurecen la persecución penal contra los eslabones menores del narcomenudeo y anticipan un incremento inminente de la población encarcelada.
El debate que asoma por parte de La Libertad Avanza no refiere a la política de seguridad sino al responsable de una implementación considerada exitosa: el gobierno nacional o el provincial. La diputada nacional Romina Diez y otros voceros de La Libertad Avanza plantean que Maximiliano Pullaro se atribuye los resultados del Plan Bandera y tratan de identificar al gobernador como expresión de la casta que vendrían a combatir.
Pullaro no le llevó el apunte hasta ahora a esas observaciones, como hizo durante la interna de Unidos cuando Carolina Losada lo asociaba con los narcos. El gobernador se propone atravesar las elecciones sin romper la concordia con el presidente Javier Milei y con la ministra Patricia Bullrich: “No hay chispazos en las políticas de seguridad. Estamos todos preocupados y se trabaja codo a codo todos los días”, dijo en febrero, en el acto de licitación para la construcción de la cárcel para presos de alto perfil en Piñero.
Al margen de las contribuciones de cada gobierno, Pullaro cultiva una imagen que está asociada a la mano dura contra las bandas criminales y a la disminución de homicidios y de delitos contra la propiedad. Su protagonismo se robustece en contraste con la gestión desastrosa de Omar Perotti, que ni siquiera debe mencionar porque está presente en la memoria de la población, y con la inexistencia de una alternativa por parte de la oposición peronista, que además votó las leyes enviadas por el gobernador a la legislatura provincial y las de antimafia y reiterancia en la legislatura nacional.
La provincia en general y Rosario en particular vienen de soportar años de inseguridad, zonas liberadas y altos índices de violencia. El discurso punitivista en el que coinciden la Nación, la provincia y el municipio tiene consenso en ese marco y su política aparece como una respuesta concreta a los problemas de seguridad. Nada puede estar consolidado, porque en marzo de 2024 la ministra Bullrich ya propagandizaba el éxito del Plan Bandera cuando los crímenes de trabajadores abrieron una crisis, pero al cabo de un año los indicadores del delito dejan en segundo o tercer plano en la consideración pública denuncias por torturas en la cárcel de Piñero, abusos en las identificaciones de personas en la calle —salvo cuando afectaron a estudiantes secundarios del Complejo Gurruchaga— y evidencias de complicidad de la policía provincial con bandas criminales.
La ley de la calle
Entre enero y febrero hubo 31 homicidios en la provincia, siete más que el año pasado, y 24 se produjeron en Rosario. En el Ministerio de Seguridad de la provincia explican que la prioridad del patrullaje está dada en tres áreas, que comprenden Vía Honda y Villa Banana, Los Pumitas y Empalme Graneros y Villa Gobernador Gálvez, donde en los dos primeros meses de 2025 se registraron seis homicidios: “En esas áreas trabaja sólo la policía provincial con estrategia focalizada guiada por concentración de hechos de violencia, a través de la Policía de Acción Táctica, Grupo Multipropósito, Comando Radioeléctrico y Policía Motorizada”. Las fuerzas federales “complementan” ese despliegue en Villa Banana, Los Pumitas y Empalme Graneros, donde interviene Gendarmería.
El miércoles aparecieron pasacalles en Villa Gobernador Gálvez y en la avenida de Circunvalación a la altura de barrio Rucci que mencionaban a Matías Gazzani, el líder de la banda de Los Menores que se mantiene prófugo. Los mensajes parecieron calcados de los que escracharon a Brian Walter Bilbao, otro narco evadido de la Justicia: la acusación contra Gazzani de colaborar con la policía y la mención del gobernador “parecen lucecitas de colores puestas para llamar la atención y ganar atención mediática”, afirma un investigador.
Otro contenido de los mensajes, la mención a “la nueva alianza”, parece dirigido a remover el miedo al fantasma narcocriminal. “Gazzani no es un actor cualquiera. Hay hipótesis sobre sus vínculos con Los Menores, con el homicidio de Andrés Bracamonte, con la barra de Central, con la banda de Esteban Alvarado. La hipótesis sobre un reagrupamiento criminal nos preocupa pero no parece tener un correlato con lo que vemos día a día. No tenemos información al respecto”, dicen en el Ministerio de Seguridad de la provincia.
En el Ministerio reciben la ley Antimafia y la ley de reiterancia como “un nuevo instrumento”. La sanción estuvo precedida de una deliberación en el Congreso Nacional en la que funcionarios y expertos opinaron a favor y en contra. Las objeciones: el concepto difuso de organización criminal, que comprende a cualquier reunión de tres personas; la posibilidad de que cada miembro de una organización sea acusado y condenado del peor delito cometido por cualquiera de sus integrantes, lo que poblaría las cárceles de “perejiles” y no distinguiría entre delitos graves y roles menores; la posibilidad de hacer “allanamientos encadenados” con órdenes que podrían enviarse (y ser borradas, eventualmente) por WhatsApp; la creación de zonas sujetas a investigación especial.
Pero la ley de abordaje integral del crimen organizado —como se llama— es menos completa de lo que sugiere su título. Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, cuestionó que la ley no contemple medidas específicas para investigar y frenar el lavado de dinero y otros mecanismos de financiamiento del delito. “Sin atacar el entramado económico que sostiene a las organizaciones, la norma pierde efectividad y sólo refuerza una estrategia de represión que no resuelve el problema de fondo” advirtió durante el debate. “La prioridad son los delitos de tráfico, las extorsiones, la actividad violenta de pandillas y el lavado de dinero de esos delitos, dejando de lado los fraudes financieros, ciberataques, corrupción de alto impacto, evasión tributaria agravada, delitos ambientales, contrabando y el lavado de dinero procedente de estos últimos supuestos”, agregó Pedro Biscay, integrante del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
La idea de reiterancia, también incorporada al Código Procesal Penal con los votos de senadores libertarios, radicales, del PRO y del peronismo, amplía los criterios para aplicar la prisión preventiva. Hasta ahora la legislación contemplaba esa posibilidad ante el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación; ahora se incorpora la reiterancia, cuando la persona esté imputada en otro proceso penal en curso. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que esta norma será utilizada para criminalizar protestas sociales.
Los riesgos de las mayores atribuciones y los menores controles sobre fuerzas de seguridad parecen anticipados por las investigaciones que implican a efectivos de la Policía de Acción Táctica y la Policía Motorizada en el narcomenudeo. En el primer caso se trata de seis agentes acusados de robar entre 12 y 15 kilos de cocaína a un matrimonio boliviano y de reintroducir parte de ese cargamento en el mercado de las drogas, a través de una línea de vendedores en la ciudad de Santa Fe con la que al menos uno de los policías acusados tenía vinculación estrecha; en el otro aparece un oficial que explota económicamente la disputa entre dos bandas por el narcomenudeo en el noroeste de Rosario —imponiendo exacciones a unos y otros e interviniendo como un regulador del negocio—, con la complicidad de otros cinco agentes y de autoridades de la comisaría 10ª, una seccional cuyo dilatado prontuario de cogestión con el delito se remonta al atentado contra el gobernador Antonio Bonfatti en 2013.
“Está muy clara la participación del grupo de la Policía de Acción Táctica —dice una fuente de la Justicia Federal, donde está la causa—. Estamos tratando de ver si estos policías aprovecharon la ocasión para robar la cocaína o bien si hubo algo más estructural al ponerla nuevamente en circulación”. Más allá de las circunstancias del caso, la fuente destaca el significado último del episodio, su gravedad para la seguridad pública: “La lógica de control del territorio implica confiar en la fuerza de seguridad que los fiscales tienen a disposición. En este caso, y cuando se dice que no hay competencia federal en el narcomenudeo, la única es la policía de la provincia de Santa Fe”. Pero parece difícil que la cuestión sea objeto de debate en la coyuntura electoral.
La discusión, por lo tanto, se concentra en las modalidades del castigo. La cárcel para presos de alto perfil se llamará El Infierno, según el anuncio de la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, y el nombre condensa la decisión de incrementar la punitividad porque la supresión de la libertad ya no parece suficiente. La arquitectura de la cárcel y su funcionamiento realizarán ese ideal: visitas de media hora y sin contacto físico, vida interna bajo vigilancia permanente.
El infierno es una imagen recurrente en el discurso de funcionarios a propósito de las políticas de seguridad en Santa Fe. El intendente Pablo Javkin actualizó su discurso sobre el bien y el mal al inaugurar las sesiones del Concejo Municipal y agregó una cuota de dramatismo al afirmar que Rosario vivió en el infierno hasta diciembre de 2023 y “había que salvarla”; para el subsecretario de Intervención Federal Federico Angelini, “el Plan Bandera apunta a romper todos los eslabones de la cadena delictiva: queremos hacer de Rosario un infierno para la delincuencia”.
De Ariel “Guille” Cantero a Pablo Nicolás Camino, los principales referentes de bandas criminales desarrollaron su trayectoria delictiva desde cárceles provinciales y federales. El proyecto de la nueva cárcel apunta a cortar ese circuito aunque queda por saber cómo se contemplará el funcionamiento del Servicio Penitenciario para evitar situaciones como la fuga de Mauricio Laferrara, el asesinato de Agustín De la Encina Cappelletti que habilitaron guardias en la cárcel de Piñero o el tráfico de marihuana y celulares en la cárcel de Las Flores, investigado por la Justicia Federal. Controlar la cárcel sigue siendo la condición para controlar la calle, y ambos factores son ahora la posibilidad de prever sin sobresaltos una tercera instancia, la de las urnas.
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