Hubo enojos y hasta amenazas de dar un sonoro portazo. Pero las cosas no pasaron a mayores. Después de todo, lo que había sucedido no era más que lo presagiado, incluso mucho antes de iniciado el avocamiento sobre el fiscal Matías Edery. La Comisión de Acuerdos se había quedado sin quórum, justo cuando parte de sus integrantes en minoría —senadores peronistas— quisieron poner en discusión un dictamen que recomendaba suspenderlo temporalmente de sus funciones, mientras se revisa cómo era su vínculo con una informante que hoy está presa por pertenecer a la banda de Los Monos, entre otros elementos.
Era la última oportunidad de votarlo antes de la renovacíón de la Legislatura. Los miembros del oficialismo entrante se fueron antes y con ello evitaron mayores explicaciones. Ya se había firmado otro dictamen, por unanimidad después de unas largas discusiones, para que durante seis meses el fiscal de Reconquista Aldo Gerosa siga apartado del cargo (como en los cuatro anteriores) y se le quiten sus haberes. En total, diez meses de castigo por una falta grave: haber revictimizado a una joven que sufrió violaciones reiteradas cuando niña y por haber aceptado un juicio abreviado para el victimario en el que se negociaron apenas siete años de prisión. El pedido de pena inicial era de más de 30 años. Marcelo Galaz, el condenado, fue detenido en su despacho de secretario del entonces intendente de Avellaneda, el radical Dionisio Scarpín, hoy senador nacional y electo diputado provincial. Además, por haberse reunido con Gerosa antes del polémico juicio abreviado debió dar explicaciones el senador provincial por General Obligado, Orfilio Marcón.
La escena narrada al comienzo, ese enojo y posterior resignación de los senadores justicialistas (que pronto serán minoría y en esa condición deberán gestionar beneficios para los territorios que representan) tuvo su colofón en la reunión que trató el desempeño de Gerosa. Luego de la encendida exposición de la diputada socialista acusadora, Erica Hynes, que pidió la abstención porque había propuesto que el fiscal sea apartado del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se anunció que lo mismo iba a hacer el PJ en el Senado. Lo dijo el jefe de bloque Rubén Pirola (Las Colonias) y después de un largo cuarto intermedio debió desdecirse ya que cuatro de los integrantes de esa bancada, Joaquín Gramajo (9 de Julio) entre ellos, le explicaron que si no votaban a favor de la suspensión temporal de medio año no habría castigo. Y que había firmado también el dictamen en Acuerdos para la suspensión. El senador norteño ha presidido la bicameral cada vez que fue el turno de la Cámara alta. Será clave verificar si el electo por Unite (que se sumará al interbloque del oficialismo pullarista en Senadores) estará otra vez en la comisión más poderosa para saber cómo seguirá la revisión de la actuación de Edery.
La regla y la excepción
Esta semana juran los nuevos senadores y diputados provinciales. Y con la renovación de la Legislatura otro tanto ocurrirá con la poderosa bicameral de Acuerdos. Entre la elección de sus miembros a votar en sendas Cámaras y puesta en funcionamiento pasarán meses. A esa instancia eleva el MPA los expedientes en los que, al revisar en su oficina de Auditoría General la conducta de los fiscales, encuentra presumibles faltas graves cuya sanción no le corresponde sino a los legisladores.
Es conveniente repasar qué ha ocurrido desde 2017, luego de que la Legislatura se hizo del derecho al control directo de los fiscales y defensores del sistema penal. También se podría decir que recuperó esa facultad, porque en rigor la ley siempre lo previó para el fiscal y el defensor general y los regionales (no así para fiscales y defensores en general).
En 2016, antes de esa reforma, se suspendieron en sus cargos hasta la finalización de sus mandatos al fiscal regional de la 4ta nominación Eladio García y al defensor general Gabriel Ganón.
A partir de 2020 la Comisión de Acuerdos se avocó a revisar la actuación o la conducta de doce miembros del MPA. Solo uno de ellos no contó con una recomendación de la auditoría general por haber detectado una falta grave: el de Sain que fue apartado del Organismo de Investigaciones por proselitismo. En todos los demás casos hubo suspensiones temporales de sus funciones y en solo tres se llegó a la remoción. Pero en todos —sí, en todos— a poco del avocamiento se procedió a la suspensión de sus labores, en general con una reducción salarial del 50 por ciento. Edery es la excepción, pese a las conocidas y graves acusaciones en su contra.
Vale la pena repasar nombres y sanciones votadas por la Sesión Conjunta de Ambas Cámaras a propuesta de Acuerdos: Gustavo Ponce Asahad, removido de su cargo; Alejandro Spelta, suspendido; Mauro Blanco, removido; Rodrigo Germán González, removido; Alejandro Spelta, suspendido; Juan Carlos Ledesma, suspendido; Melisa Serena, suspendida; Santiago Tosco, suspendido; Cristina Ferraro, suspendida temporalmente, sigue el proceso; Gabriela Lescano, suspendida, y Aldo Gerosa, suspendido.
Está claro que hay un interés especial del peronismo en el Senado para actuar con dureza sobre el fiscal Edery, porque junto a Luis Schiappa Pietra acusaron de recibir coimas del juego ilegal al ex jefe del otrora mayoritario bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri (San Lorenzo). Por su caso y con el auspicio del gobernador saliente Omar Perotti la bancada se rompió, pero la perspectiva para las apenas cinco bancas que le quedan al PJ en la próxima Cámara alta es la de la unidad, con Pirola a la cabeza.
Dicho sea de paso, como se ha informado aquí, la fiscal regional María Eugenia Iribarren ya le quitó el caso Traferri a Edery, confirmó a Schiappa Pietra y sumó al ex fiscal general que tuvo a su cargo el MPA cuando se inició esa causa (y se producía una corriente de información ilegal desde el Organismo de Investigaciones al Ministerio de Seguridad, es decir del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, con Marcelo Sain en ambos extremos). La defensa del senador que renunció a los fueros, en los que se refugió por dos años para no ser imputado, ya avisó que piensa citar como testigo a Jorge Baclini y sostiene que todo lo actuado por Edery fue refrendado por su superior, Schiappa Pietra.
Vientos fríos del sur
Sólo un vector muy fuerte pudo provocar que no haya avances sobre el tema Edery. Que en un caso con acusaciones que provienen de audios y mensajes de textos que pertenecen a causas judiciales, que no requieren de más confirmación que su sola lectura, que fueron presentados por el auditor general Leandro Mai, que se nutrieron del contexto de la pelea entre fiscales de Rosario con explicaciones de la fiscal regional Iribarren y con una exposición de la fiscal general María Cecilia Vranicich, y que contó con una pormenorizada exposición de los hechos que investigan los fiscales de la ciudad de Santa Fe y el fiscal regional Jorge Nessier, ya que Vranicich mudó la causa para alejarla de las internas rosarinas, a lo largo de más de dos meses no se haya llegado a nada. Un viento muy frío, contrario al clima caliente en el MPA de Rosario, proveniente del sur-sur congeló el asunto.
Hubo señales: la primera fue que en la misma reunión de la comisión formada por cuatro senadores y ocho diputados encabezados por la presidenta Lionella Cattalini (PS) se designara como acusadora a una diputada saliente, Lorena Ulieldín (PS) que ya está vaciando los cajones de su escritorio.
Para la próxima Legislatura, con números más cómodos en ambas cámaras, el próximo oficialismo podrá no recurrir a sutilezas para manejar los tiempos en la Comisión de Acuerdos como hasta ahora. Con ellas mucho tuvo que ver el diputado provincial radical Fabián Bastía, que renuncia a su banca para ser el ministro de Gobierno del gobernador Pullaro. Seguramente las cosas serán a partir de diciembre más frontales.
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