En la provincia de Santa Fe está prohibida por ley —y desde hace muchos años— la promoción personal de los nombres propios del gobernador, los intendentes, legisladores y demás funcionarios a través de la publicidad de actos de gobierno, anuncios de obras, servicios o cualquier campaña pública de gestión. El problema es que nadie controla el cumplimiento de esa disposición porque nunca se constituyó la comisión que iba a encargarse de hacer valer esa norma.
Esa ausencia de controles quedó en evidencia después de la publicación de una nota en Suma Política que dio cuenta de una promoción reciente de este tipo, por parte del actual gobernador Omar Perotti, en el cartel de obra ubicado sobre el frente del sitio donde ocurrió la tragedia de calle Salta 2141.
Ahora el tema llegó a la Legislatura provincial y será motivo de un debate entre los diputados, después que el legislador del Frente Social y Popular de Santa Fe Carlos del Frade ingresó esta semana un pedido de informes que pide sea aprobado por sus pares, durante las primeras sesiones después del receso legislativo de verano.
La Cámara de Diputados que preside el socialista Pablo Farías retomará la actividad la semana próxima cuando vuelvan a reunirse las comisiones. Este pedido de informes recalará en la de Asuntos Constitucionales antes de llegar al recinto de sesiones.
Previo a eso, del Frade reclama en su pedido de informes que haya una respuesta del gobierno provincial para que explique “cuál fue la razón por la que se violó la ley de Ética en la Función Pública, al propagandizar el nombre del gobernador en el sitio en el que explotara el edificio de calle Salta 2141, causando 22 muertes el 6 de agosto de 2013”.
Haciéndose eco de la nota de Suma Política, titulada “Shakira, Piqué y los carteles de Perotti”, el legislador provincial señala que se viola la ley provincial 13230, sancionada en 2011, que en su artículo 18 dice con claridad que “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”.
La nota, publicada el pasado 27 de enero, cuestiona la aparición de un cartel de vía pública anunciando el “Nuevo espacio cultural y educativo de la memoria y la música” el frente de Salta 2141, el lugar donde explotara un edificio y donde ahora se construirá un memorial. Al lado de esa leyenda, en el mismo cartel, aparecen dos inscripciones: “Santa Fe Provincia” y la firma del gobernador identificada en tipografía especial y más grande con el nombre “Omar”, y debajo, más pequeño el apellido Perotti y el cargo de Gobernador.
La misma prohibición que ya existe por una ley provincial, con idéntico ánimo y redacción, está prevista en una ley nacional, la 25188 y el decreto 41, ambos de 1999, pero ni a nivel nacional ni en la provincia se llegaron a constituir las comisiones que se previeron para el control de las disposiciones.
Debían ser organismos independientes de los poderes estatales y con cierta autonomía funcional. En el caso de Santa Fe se establecía que debía integrarse con cinco miembros, elegidos y designados por concurso por el Poder Ejecutivo, y con acuerdo de la Asamblea Legislativa.
Con menos exigencia, tanto a nivel nacional como en la provincia, se crearon oficinas dependientes del Ejecutivo para entender en el tema. A nivel nacional funciona una Oficina Anticorrupción, (que a fin de año se quedó sin responsable), y en la provincia existe desde 2008 una Dirección de Anticorrupción y Transparencia, que cuenta con un Departamento de Ética, y está en la órbita del ministerio de Gobierno.
Seguimiento y control de la Legislatura
Del Frade reveló que apenas leyó la nota publicada por este medio redactó un pedido de informes que presentó el primer día hábil de febrero en la Cámara de Diputados. Adelantó que espera que tenga “un tratamiento rápido”, que permita que en la segunda o tercera sesión de este año pueda ser llevado al recinto para habilitar una discusión sobre el tema. “Antes —estimó— el gobierno provincial debería dar algún tipo de explicación”.
Consideró el legislador que este de los carteles de calle Salta no debe ser el único caso. “Mirando retrospectivamente —dijo— probablemente nos vamos a encontrar con muchísimas violaciones a esa misma ley. Hay un músculo dormido en el seguimiento y control de este tipo de actividades, que cuando son destacadas uno se da cuenta cómo se mira para otro lado”, señaló.
De hecho no es el único caso, desde la aparición de la nota llegan a la redacción de Suma Política comentarios y fotos de carteles similares, en distintos lugares de la provincia y vinculados a obras públicas (como el que aparece arriba).
“La Comisión de la Ética Pública no está ni siquiera conformada en la Legislatura”, admitió del Frade, un tema que según adelantó tomará el sector político que trabaja en bloque en la Cámara de Diputados y que conforman también los legisladores Fabián Palo Oliver (radical), Claudia Balagué (socialista), y Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación).
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