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Política

La inseguridad, la destitución de Sain y las realidades paralelas de la calle y la Legislatura

Mientras las vecinales de Rosario convocan a un nuevo acto por el crimen de Joaquín Pérez, la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial elaboró un dictamen para destituir a Marcelo Sain de la dirección del Organismo de Investigaciones. Hay más que una coincidencia de sucesos en una coyuntura en la que el clamor público por justicia y seguridad interpela al Estado santafesino mientras los elegidos para responder a esas demandas tienen otra prioridad que atender.

La destitución es el resultado de un enfrentamiento que comenzó en 2019, cuando Sain fue designado ministro de Seguridad de la provincia. La oposición y un sector del peronismo persiguieron ese fin a través de diversos medios —juicio político, leyes expresamente pensadas en su contra, filtración y edición de un audio con el que ya había ganado la mitad de la batalla— y están a punto de obtenerlo a partir del simple recurso de leer los tuits del ahora ex director del Organismo de Investigaciones.

“Es llamativo que la persecución contra Sain se haya intensificado después de la investigación por el juego clandestino”, dice la diputada provincial Matilde Bruera, del Frente de Todos. La destitución sería entonces un nuevo mensaje para las instituciones de la provincia, en la misma línea del castigo aplicado a dos fiscales por la causa iniciada en 2017 para investigar desvíos de fondos en subsidios otorgados por legisladores, de los cuales dos reaparecieron implicados en los presuntos cobros de coimas detectados en la causa por juego.

“En un contexto donde la gente pide que se tomen medidas, seguir perdiendo tiempo con la persecución desatada contra Sain es una vergüenza. La Legislatura tiene dos manchas imborrables en materia de seguridad: no haber abordado el tratamiento de las leyes de seguridad y haberse dedicado exclusivamente a perseguir a Sain”, agrega la diputada Bruera.

En el revés de esa trama, la Red de Vecinales Rosarinas Unidas por la Seguridad Ciudadana asoma como un nuevo actor en la escena pública. Después del acto en el Monumento a la Bandera, al que asistieron el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, sus representantes fueron recibidos por el fiscal general Jorge Baclini y la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren. Su carta de presentación es un documento que contiene algo que siguen sin ofrecer los legisladores provinciales: propuestas sobre seguridad.

Así como el reclamo de las vecinales obtiene una repercusión mediática y allana las dependencias de gobierno y de la Justicia como ningún otro asesinato ocurrido en lo que va del año, el Estado provincial asignó recursos extraordinarios a la investigación del crimen de Joaquín Pérez. Pero el talón de Aquiles de la seguridad provincial es infalible: el arrebato de una mochila a la vista de un patrullero, en la misma cuadra de Arroyito donde fue asesinado el arquitecto, detonó la convocatoria para una nueva marcha el próximo viernes, en Alberdi y Juan B. Justo.

Tropezar con la misma piedra

El crimen de Joaquín Pérez elevó a 187 la cifra de muertos por asesinatos en Rosario en el año y no es el último. Ninguno tuvo la misma repercusión ni provocó movilizaciones, porque la víctima es muy distinta a las que conforman la mayoría: los muertos en episodios genéricamente atribuidos a las disputas por el narcomenudeo y sus negocios derivados. Se trata de un joven arquitecto de 34 años, con un hijo de 2 y una vida común y corriente, asesinado aparentemente después de resistirse al robo de su auto.

Ningún otro homicidio en el año, tampoco, detonó una interpelación tan fuerte hacia la política y la justicia. La indignación de los vecinos tuvo dos detonantes inmediatos: la policía no estaba en el barrio, como es habitual, y la ambulancia del Sies tardó en llegar porque tenía un problema mecánico. Los responsables del crimen parecen haberse perdido de vista, además, y no hay respuestas que puedan aplacar esa reacción. Pero el hartazgo remite a demandas y exigencias ya expresadas a través de piquetes, llamados a los medios y manifestaciones en otros barrios y se trasladó a los gritos e insultos que recibieron el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin cuando se presentaron en la plaza del monumento a la Bandera.

“No estoy de acuerdo con que los funcionarios participen de las marchas, porque me parece que las marchas son un reclamo de la sociedad civil hacia los responsables políticos —señala la diputada Bruera—. Pero la familia de Joaquín Pérez le pidió al gobernador y al intendente que estuvieran presentes. Las reacciones de la gente eran esperables, porque esas manifestaciones son muy emotivas y están acompañadas por el dolor”.

Pero no solo hubo dolor y gritos destemplados. La ONG Vecinales Rosarinas Unidas por la Seguridad, convocante del acto, promueve un “pacto de paz” para enfrentar a la violencia con políticas de Estado. Un avance sobre lo que la política santafesina ni siquiera se puso a discutir: “En la Legislatura está la deuda de las leyes de seguridad que no se tratan —agrega Bruera—. Falta una comprensión cabal de la complejidad del tema. En la Comisión de Seguridad no hay estudios, no hay convocatoria a especialistas, no hay debates”.

En el río revuelto, vuelven a correr los reclamos por leyes más duras y un mayor encarcelamiento de los infractores con la ley. Sin embargo, como señaló el juez Daniel Erbetta, al Código Penal solo le quedaría incorporar la tortura y la pena de muerte, cuando contempla la posibilidad de prisión perpetua efectiva y penas de hasta 50 años de prisión.

“Aumentar las penas no tiene un impacto real en el delito y darle mayor poder a la policía es potenciar la corrupción y la violencia institucional —plantea Mariano Ciafardini, ex fiscal federal y director nacional de Política Criminal entre 1991 y 2011—. La policía no puede resolver una cuestión donde inciden variables sociales. Lo tiene que solucionar el gobierno, pero con una participación ciudadana. Es parte de la democracia”.

Según el Reporte sobre personas privadas de la libertad elaborado por el Ministerio de Seguridad, la tasa de encarcelamiento registrada en la provincia durante 2020 resulta un 82,9 % superior a la de 2008: los 6.658 detenidos del año pasado surgen de un incremento sostenido anualmente a partir de los 2.257 que había en 2008. La estadística desmiente así la tan pregonada idea de la puerta giratoria de la Justicia.

Por el contrario, quizá con cola de paja que no deja de ser selectiva, la Justicia provincial parece actuar con el criterio de promover el encarcelamiento: el 52,3 % de los presos en cárceles santafesinas no tenían condena en 2020, según el mismo Reporte. Lejos de resolver las cuestiones de seguridad, las prisiones agregan otros problemas por el hacinamiento y la sobrepoblación de reclusos, que “intensifica los niveles de violencia institucional, aumenta los conflictos entre internos y produce muertes”, señaló ya en 2018 el Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

La tasa de encarcelamiento registrada en la provincia durante 2020 resulta un 82,9 % superior a la de 2008. La estadística desmiente así la tan pregonada idea de la puerta giratoria de la Justicia

“Si seguimos apuntado exclusivamente a la persecución penal tenemos un límite. Como vemos en Rosario y en la provincia de Santa Fe, las prisiones pasaron a tener un rol central en el entramado delictivo y en la reconfiguración de la gestión de la violencia”, advierte Gustavo Javier González, criminólogo e integrante del Programa Delitos y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral.

El récord de Ariel “Guille” Cantero demuestra la ineficacia de la cárcel como solución del delito: el líder de Los Monos acumula 96 años de prisión a través de ocho condenas, de las cuales seis corresponden a delitos cometidos durante el período que lleva detenido. “Estoy harto de investigar y al poco tiempo darme cuenta que los delincuentes ya están presos”, confesó el fiscal rosarino Pablo Socca, en septiembre, cuando descubrió que de las dieciséis personas a las que imputaba por homicidios, balaceras, usurpaciones y narcomenudeo doce se encontraban detenidas.

“El delito no solo se enfrenta con la policía y la justicia —dice Ciafardini—. Es cierto que existen otras circunstancias que también inciden pero está claro que la base, si un gobierno quiere hacer una política de prevención de los delitos y sobre todo de los delitos contra la propiedad, son políticas sociales fuertes. Se puede analizar si en un área la policía es más corrupta o si en otra hay una banda de narcotraficantes que complica la situación, y hay que hacer esos análisis, pero en un país como Argentina es importante la cuestión social, y no la pobreza ni la desocupación aisladas, sino la exclusión del sistema y la desocupación en momentos en que hay un auge económico en otros sectores”.

Coautor con el sociólogo Daniel Fernández del libro Delito y prevención del delito en la Argentina, Ciafardini subraya que “la tensión se profundiza cuando hay sectores que se están enriqueciendo o se mantienen bien y sectores que bajan bruscamente en su nivel de vida: esas situaciones tienen un impacto mayor entre los varones de entre 16 y 25 años, como está recontraprobado por las encuestas de victimización, y es un proceso que venimos atravesando desde el menemismo”.

La voz del pueblo

Las protestas se suceden en los barrios de Rosario. Antes de las Paso vecinos de barrio Rucci llamaron la atención al utilizar pasacalles electorales para exteriorizar su indefensión ante los episodios de inseguridad que padecen y posteriormente se movilizaron. En octubre hubo otra demostración en la zona norte, en jurisdicción de la seccional 10a, la comisaría intervenida después de que se comprobara que funcionaba en sociedad con un grupo narco.

La denuncia de la inoperancia policial es un punto en común en esas protestas. Otra coincidencia significativa es que, más allá de que puedan escucharse también esas voces y de que los medios acostumbren a reproducirlas de modo negligente, los vecinos no repiten los argumentos típicos de la mano dura sino que están más preocupados por plantear sus necesidades y por exigir la presencia del Estado, que a veces es lo mínimo: un móvil policial.

Los vecinos de Rucci aclararon que no se movilizaban por problemas de narcomenudeo sino por el delito predatorio de cada día. El pasacalles más difundido fue el que contenía amenazas contra los ladrones, pero también se colgaron otros que decían “Narcos son los policías”, “Policía corrupta” y “Crónica vende humo”.

“Lo que está en crisis es la policía como institución —dice Matilde Bruera—. Es necesaria otra policía. Lo que ya se ha dicho tantas veces: organizar policía de prevención, de investigación. Y una policía que maneje inteligencia y recursos. La saturación policial no tiene sentido si no hay una estrategia. La policía no puede salir en excursión de pesca, a ver qué encuentra. Tiene que ir en busca de algo concreto: quiénes organizan la balacera, contra quién, tiene que intervenir sobre eso, no pararse en las avenidas a ver qué encuentra en los autos que para”.

Los vecinos de Rucci denunciaron arrebatos de carteras, robo de celulares, pillaje de lo que se encuentre a mano. Contaron que se organizan y se cuidan entre sí para salir a la calle, tomar el colectivo, ir y volver de la escuela o del trabajo. Esta degradación de la vida comunitaria dejó de transcurrir exclusivamente durante la noche para extenderse a la luz del día y tampoco está restringida a la periferia de la ciudad: la balacera contra la Asociación Empleados de Comercio, el hurto del portero eléctrico en un edificio notable de Mitre al 700, la sustracción de la placa que enunciaba una frase célebre de Ovidio Lagos en el frente del diario La Capital y la vandalización de una estatua de Roberto Fontanarrosa, en la plaza Montenegro, dan cuenta del mismo fenómeno en el microcentro.

Tres variables

Las cifras de homicidios en Rosario provocan alarma, pero no parece haber demasiada reflexión al margen de la estadística. “Es importante que los partidos políticos acuerden una plataforma mínima de intervención en seguridad y que asuman una responsabilidad conjunta —propone Bruera—. Esto es la consecuencia de muchos años y no tiene sentido hacer la cuenta de quién tuvo más muertos; ya se sabe que si no se toman medidas aumentará la violencia”.

Gustavo Javier González señala por su parte tres variables en “el proceso de naturalización de la violencia” que afecta a las ciudades de Rosario y Santa Fe. “En primer lugar, desde finales del siglo pasado asistimos a un aumento sostenido de la cantidad de delitos asociado con el aumento de la desigualdad social, el aumento de la oportunidad de cometer delitos y la reducción de la eficacia de las agencias de justicia penal, entre otros factores —dice—. El delito pasó a constituir un presente rutinario en la vida social, por el cual llega a ser percibido como un riesgo que debe ser gestionado, y los homicidios no están ajenos a ese proceso de normalización”.

Matilde Bruera: “Es importante que los partidos políticos acuerden una plataforma mínima de intervención en seguridad y que asuman una responsabilidad conjunta”

A la vez, “si superponemos un mapa con indicadores estadísticos de homicidios dolosos, heridos de armas de fuego y balaceras, con un mapa que registre indicadores sociales como índice de pobreza, indigencia y acceso a servicios públicos básicos, la imagen es una coincidencia casi perfecta”, agrega el especialista. “Es decir, la violencia describe patrones de concentración social y territorial más allá de que lo pensemos y lo representemos como un fenómeno general, y se concentra en los territorios donde históricamente se han acumulado las desventajas sociales para sus habitantes”, agrega González.

Según el informe presentado a fines de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 39,4 % de la población del Gran Rosario era pobre al final del primer semestre de 2021 mientras que la indigencia alcanzó al 10,6 % de la población. Los porcentajes implican que 522.992 personas no logran cubrir la canasta básica en el aglomerado Rosario, entre las cuales 140.774 no pueden comprar los alimentos básicos. “Sin establecer una relación monocausal entre pobreza y violencia —dice el coordinador del Programa Delitos y Sociedad—, la desigualdad social es una condición de posibilidad para el desarrollo de la violencia”.

“Los delitos son una economía de sustitución, porque para muchos sectores no hay forma de subsistir —interviene Bruera—. Hasta el sicariato se ha convertido en una economía delictiva. En ese contexto, existen sectores de la sociedad civil que también son responsables porque se están enriqueciendo con la situación. Hay quienes lavan dinero y quienes invierten el dinero lavado, por ejemplo”.

Gustavo González: “Sin establecer una relación monocausal entre pobreza y violencia, la desigualdad social es una condición de posibilidad para el desarrollo de la violencia”

La tercera variable es “la vinculación lineal” entre violencia y narcomenudeo. “Se piensa que existe un cierto cúmulo de muertes y heridos que son previsibles y normales, y en el límite serían incluso justificables porque se los asocia como un problema que afecta y se concentra en el mundo de la narcocriminalidad. Cuando los eventos violentos desbordan esos márgenes territoriales y no se ajustan a las muertes esperables, se afectan las ansiedades y las sensibilidades culturales y se desarrollan estos procesos sociales empáticos con las víctimas que rompen las reglas de la normalidad de la violencia. Policías, fiscales, jueces, tienen una construcción sedimentada de cómo interpretar la violencia y todo el tiempo aparece ese paraguas amplio de las muertes del narcotráfico que tranquiliza a ciertos sectores y al mismo tiempo simplifican esas situaciones”.

Pero la tranquilidad es parte de lo que se ha perdido. “Desde el punto de vista político es necesario que los partidos se sienten a consensuar un abordaje —enfatiza Bruera—. El tratamiento de las leyes sería una forma de consensuar. No se pretende que se acepten las leyes como están, sino dialogar y ver qué otras propuestas existen”.

González observa que “hay un interés de los actores políticos por problematizar, por plantear la seguridad como un tema de la agenda y avanzar con reformas estructurales, pero al mismo tiempo aparecen discursos y posicionamientos que van en sentido totalmente inverso”. Parece que llegó la hora de tomar una decisión.

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