Quién lo hubiera dicho de la Justicia Federal de Rosario: catorce condenas, más de cien bienes decomisados, dos millones de dólares incautados en efectivo y multas de hasta ciento treinta y seis millones de pesos en efectivo es el resultado de un juicio por lavado de activos contra una organización criminal que operó en Rosario y la región “con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional”, según los términos del Ministerio Público Fiscal que hizo suyos el Tribunal Oral Federal número 2.
La investigación comenzó en 2018 a partir de una denuncia anónima sobre venta de drogas en Villa Gobernador Gálvez. Pero varios de los principales integrantes de la organización pertenecían a una familia que registraba antecedentes en la materia desde la década anterior y pudieron expandirse hacia otros rubros, desde conceder préstamos de dinero con tasas usurarias hasta contrabandear mercadería desde Paraguay. La estructura criminal giró alrededor de Norberto Carlos Derminio y Matías José Ángel Matarochi, y por el movimiento que generó en torno al lavado de dinero también hizo negocios con otros actores connotados del ambiente, como Luis Alberto Paz —el padre de Martín “Fantasma” Paz—, Mario Segovia —“el rey de la efedrina”— y Valeria Messina —acusada en otra causa por lavado de dinero para la banda de Julio Rodríguez Granthon—, sin descartar la colaboración de policías que se prestaron para apalear y poner en fuga a un proveedor de droga que reclamó el pago de una deuda.
A partir de la denuncia de 2018 trabajaron en conjunto la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Unidad de Información Financiera y el Ministerio Público Fiscal. El 15 de septiembre de 2021 el Juzgado Federal 3 de Rosario ordenó allanamientos en domicilios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Álvarez y Funes y en las localidades salteñas de Las Lajitas y Salvador Mazza. En Avenida Pellegrini 3709 Torre 2, piso 11, departamento 6, registrado a nombre de Matarochi pero supuestamente propiedad de Norberto Derminio, se incautaron 1.659.835 dólares estadounidenses.
La mayoría de los integrantes de la organización aceptó condenas en acuerdos de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal, homologadas entre el 6 y el 11 de noviembre de 2024. Fue el caso de Norberto Derminio (5 años de prisión, multa de 136.034.251,02 pesos) y de su padre Juan Norberto Derminio (4 años y 6 meses de prisión, multa de 30.597.283,40 pesos, fallecido). Lourdes Derminio, Débora Gisel González, Joan Manuel Derminio, Claudia Alejandra Rattaro, Diego Antonio Ramón Noguera, David Gabriel Noguera, Brian Alexis Corbo, Marcos Luis Trueno, Santiago Damián Herrera, Aron Emanuel Fleitas y Cintia Vanesa Aguilera recibieron penas de prisión de ejecución condicional y pagarán multas.
El segundo acto fue el juicio oral y público en el que Matías Matarochi acaba de ser condenado a 8 años de prisión y al pago de una multa de 114.837.270,06 pesos como coautor de lavado de activos, agravado por haber sido cometido como miembro de una asociación constituida al efecto. En cambio, Micaela Belén Barbieri, María Cecilia Rodríguez y Fabiola Siuffi fueron absueltas por falta de certeza sobre los delitos que les endilgaron.
Quedó un hilo suelto: Erich Genis, un eslabón importante en la segunda línea de la organización y muy locuaz en las conversaciones telefónicas que le escucharon. Pese a que está prófugo se convirtió sin querer en una especie de testigo para la fiscalía: pasajes elegidos de sus conversaciones telefónicas fueron reproducidos y muy citados en el debate por la franqueza con que se refirió a la operatoria.
El tribunal integrado por Elena Dilario, Román Lanzón y Eduardo Rodrigues da Cruz ordenó el decomiso de los dos millones de dólares y de inmuebles, vehículos de alta gama y embarcaciones que habrían sido adquiridas con dinero ilícito. La resolución alcanzó a las mujeres que fueron absueltas. “El decomiso de los bienes de Barbieri es contradictorio con la absolución y fundamentalmente con el desarrollo del debate, donde quedó claro que fueron adquiridos legalmente y que ella no tuvo nada que ver con la organización”, objetó el abogado Carlos Varela, defensor de Barbieri. La cuestión será resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal.
Los negocios de la organización y sus procedimientos para lavar el dinero generado a través del delito contaron por otra parte con la colaboración involuntaria del Estado de Santa Fe. El Tribunal expuso en el fallo que entre noviembre de 2020 y abril de 2021 el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe adjudicó a empresas de Matarochi la provisión de productos para asistencia social aun cuando no tenían experiencia en la materia y competían contra firmas reconocidas, y permitió así legalizar ganancias provenientes del narcotráfico y el contrabando.
Punto caramelo para lavar
Las operaciones de lavado consistieron en la compra y administración de bienes muebles e inmuebles en el país y en el extranjero, operaciones de cambio de moneda extranjera y puesta en circulación del dinero ilícito a través de la construcción de inmuebles y de un esquema de préstamos de dinero. La organización recurrió a testaferros y desarrolló una actividad comercial en parte lícita para diluir el origen ilegal de los fondos y dificultar su rastreo.
El dinero ilegal provenía del narcotráfico y del contrabando de mercaderías desde Paraguay. En el inicio de la pesquisa se halló mercadería transportada sin control aduanero en un camión Volvo de Matarochi, “circunstancia que puso al descubierto una de las fuentes generadoras de ganancias ilícitas de la organización investigada”, según el Tribunal. Entre 2017 y 2019 se constataron numerosos viajes de Norberto Derminio a Paraguay, algunos en compañía del transportista. La fiscalía enumeró ciento cuarenta y seis operaciones de lavado, donde se incluyeron las adquisiciones, ventas y administración de los bienes muebles.
El fiscal Federico Reynares Solari sostuvo que Norberto Derminio y Matías Matarochi “se encargaban de coordinar y controlar la logística de las operaciones, impartiendo órdenes, atribuyendo roles, distribuyendo tareas -administración de los medios humanos y materiales- y disponiendo condiciones que permitieron el desarrollo de los hechos”. La organización funcionó “al menos desde 2014 y hasta la fecha de los allanamientos llevados a cabo el día 24 de septiembre de 2021”. Mientras Derminio “aportó los fondos para la comisión de las conductas delictivas”, Matarochi “tuvo principalmente a su cargo liderar y dar las órdenes en lo relativo a la logística del transporte”, poniendo al servicio de la organización su empresa en el rubro y otras de su titularidad, como Logística MM SRL y Doning SAS.
Matarochi declaró haber conocido a Norberto Derminio entre 2017 y 2018, cuando le compró tres camiones. Afirmó que su empresa de transporte de carga era “un Uber pero de camiones” y que no podía hacerse responsable de los 60 mil atados de cigarrillos ingresados de contrabando en uno de esos camiones ni del cargamento de 5,2 toneladas de marihuana hallado en otra unidad e investigado por la Justicia Federal de Campana. Fue a juicio con la expectativa de evitar los decomisos que finalmente impuso el Tribunal.
Barbieri conoció a Norberto Derminio en enero de 2019, se casó con él en mayo del mismo año y seis meses después se divorció. Contó su trabajo como vendedora de ropa desde adolescente, primero con su padre y a partir de 2012 en forma independiente, dijo que no tuvo compras en común con Derminio y aclaró que no había declarado unos terrenos en la avenida Perón por consejo de su contadora, hasta regularizar la situación con el blanqueo durante la presidencia de Mauricio Macri. “Los bienes que se pretenden decomisar están fuera del tramo temporal que compartió con el condenado y fueron adquiridos con el dinero de su actividad comercial. La acusaron por conversaciones telefónicas donde quedó reflejada la ausencia de dolo y de conocimiento de lo que hacía el grupo criminal”, destacó el abogado Varela, quien además subrayó que Barbieri “pasó dos años y medio en arresto domiciliario y rechazó el acuerdo de juicio abreviado, donde le ofrecieron una condena de 3 años de eje condicional con el decomiso”.
La familia Derminio fue investigada desde 2012 en otros expedientes relacionados por venta de drogas en Villa Gobernador Gálvez. El 28 de septiembre de 2018 la Justicia Federal condenó a Juan Norberto Derminio a tres años de prisión de ejecución condicional por guardar elementos destinados a la producción y fabricación de estupefacientes y por producción y preparación de estupefacientes. El inspector de la PSA Ariel Ronsisvalle explicó en el juicio que en estas investigaciones se detectó un flujo notorio de dinero y que ese capital fue aportado en la sociedad donde Matarochi “puso la logística”. El oficial Matías Cañete Ramoa, a cargo de las tareas de investigación, acompañó la presentación de las escuchas a Erich Genis.
—Hombre no identificado: ¿Y él (Derminio) que hace con Matarochi? —se escuchó en la sala.
—Genis: Algunos negocios puntuales, por ahí […] El loco tiene los ingresos en negro […] trae todo, trae con contrabando, eh, de cigarrillos y esas cosas de, de Encarnación (Paraguay) y trae, y vende, y la esposa va tres veces por semana a La Salada […] le vende a paqueteros, le vende a todos los negros.
En otra conversación, Genis definió a la organización con una frase: “esa sociedad está para lavar […] punto caramelo”.
El simpático y el bizcachón
En otra conversación considerada “ilustrativa” por el Tribunal, Débora Gisel González increpó a Norberto Derminio después de encontrar en su negocio papeles con amenazas de muerte y proyectiles: “No te hagas el pelotudo, si vos sabés muy bien lo que vos hacés”, dijo la mujer cuando Derminio pretendió sorprenderse ante el episodio.
Las amenazas se repitieron en cuatro ocasiones con el mismo mensaje: “Norberto págame lo que me robaste o guerra”. El emisor era Lucas Manuel Bonilla, acusado ante la Justicia de Salta por ingresar drogas desde Bolivia hacia distintas ciudades de Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y Santa Fe, incluida Rosario. Bonilla reclamó un pago por el transporte de 53 kilos de cocaína que fueron enviados a Norberto Carlos Derminio —alias “El simpático” en las conversaciones encriptadas— y Juan Norberto Derminio —alias “El bizcachón”.
La discordia se sumó a otro incidente en junio de 2014. Bonilla había entregado por entonces 109 kilos de pasta base a sus contactos locales. El reclamo del pago terminó con los negocios en común: según recordó el Tribunal, integrantes de la familia Derminio “junto con personal de la policía de la ciudad de Rosario golpearon y amenazaron de muerte a Bonilla, señalándole que quedaba saldada la deuda”.
Poco antes, el 28 de mayo de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario dictó condenas contra cuatro acusados por transporte de estupefacientes. Este proceso estuvo referido a la incautación de un cargamento de marihuana en un domicilio de Caupolicán al 300, Rosario, donde por otra parte fue detenido Joan Manuel Derminio y se encontró un taxi cuyo titular era Luis Alberto Paz, el padre de Martín “Fantasma” Paz, cuyo asesinato el 8 de septiembre de 2012 marca un hito en la historia criminal de Rosario.
Los Derminio volvieron a recibir amenazas y una balacera el 13 de octubre de 2020. Ese día los vecinos de Levalle al 1400, de Villa Gobernador Gálvez, declararon a la comisaría 26ª que “es de conocimiento público que se dedican a la venta ilegal (de drogas) y la nota que le dejaron es porque tienen una deuda de dinero con algún narcotraficante”, según el parte policial.
También se incorporó el procesamiento dictado el 9 de septiembre de 2021 por el Juzgado Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora contra Natalia Lorena González, ex cuñada de Mario Roberto “el rey de la efedrina” Segovia. La mujer era cotitular de dos camiones con Matarochi, quien por otra parte canceló una hipoteca constituida por Mario Roberto Segovia en favor de Alejandro Carlos Pereyra. Según una escritura citada por el Tribunal, Pereyra vendió a Segovia “la parte proporcional pro indivisa del terreno y cosas comunes y la totalidad de la Unidad Funcional N° 20 (…) del Consorcio de Propietarios del ‘Edificio Victoria Mall’, situado en la calle San Martín 816/824/828 y calle Córdoba 1001/1007/1015 y 1021 de la ciudad de Rosario”.
Una del Estado bobo
Otro hallazgo de la investigación fueron las contrataciones directas realizadas en 2020 por el Ministerio de Desarrollo Social con empresas de Matarochi. Doning SAS resultó oferente de provisión de bienes en catorce expedientes iniciados por la Secretaría de Política de Inclusión y Desarrollo Territorial en el marco de la Ley 19.977 que dispuso el Estado de Necesidad Pública de la provincia de Santa Fe en el contexto de la pandemia por COVID.
La lavadora de dinero resultó adjudicataria en siete expedientes para proveer leche en polvo, puré de tomate, azúcar, arroz, aceite, fideos y productos navideños al Estado santafesino. Los jueces puntualizaron circunstancias sospechosas que rodearon a la operación: Doning SAS fue creada en mayo de 2019 y no se encontraba inscripta en el Registro Único de Proveedores de la provincia ni en el Sistema Informático Provincial de Administración Financiera; no fabricaba los productos; misteriosamente fue invitada a concursar como posible proveedora de alimentos en grandes cantidades para asistencia social y los funcionarios provinciales la prefirieron antes que otras que contaban con años de experiencia en la industria alimenticia.
La maniobra se repitió además con Participar SA, otra empresa de Matarochi. Tampoco estaba inscripta en el Registro Único de Proveedores de la provincia de Santa Fe ni en el Sistema Informático Provincial de Administración Financiera pero resultó adjudicataria de manera directa en tres expedientes para proveer bienes. El total de adjudicaciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe en favor de las lavadoras de dinero ascendió así a más de 115 millones de pesos. “Esta operatoria formaba parte de una maniobra destinada a legitimar activos de origen ilícito provenientes de los distintos delitos generadores de dinero”, señalaron los jueces. Hasta 2024, la Justicia Federal de Rosario apenas tenía antecedentes de condenas por lavado de activos, y las que había eran irrisorias; ahora acaba de producir la más importante en su historia.
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