Apoyar pero con reparos. Esa parece ser, a priori, la posición del gobierno de Santa Fe sobre la reforma laboral que anunció y presentó Javier Milei en el Congreso, que pretende arrancar de cuajo la institucionalidad que hasta hoy regía las relaciones laborales en Argentina y busca introducir cambios profundos con un ideario libertario: flexibilizar las condiciones de contratación y remuneraciones; modificar el esquema de las indemnizaciones, limitar el derecho a huelga y eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otros puntos.
Aunque serán los legisladores los que deberán decidir si acompañan o no este proyecto, el gobernador Maximiliano Pullaro y su gabinete ya vienen armando el anclaje discursivo para darle contenido al voto de los representantes santafesinos que responden a su espacio, o al menos a la mayoría.
El apoyo a la reforma laboral es uno de los puntos que el ministro del Interior, Diego Santilli, acerca a los gobernadores que participan de su ronda de reuniones. A cambio, en esa suerte de paritaria, escucha reclamos de asistencia sobre recursos monetarios, infraestructura y hasta ayuda para pagar sueldos y aguinaldos.
Pullaro no tuvo aún ningún encuentro con Santilli y, apoyado en la mayor autonomía que le da la situación fiscal de la provincia, juega con cierta ambigüedad en el tema de la flexibilización laboral.
Si bien se pronunció desde un primer momento a favor de abrir la discusión y de revisar la actual Ley de Contrato de Trabajo, en los últimos días tomó alguna distancia de una reforma sin cortapisas.
La semana pasada advirtió en Rosario que no está a favor de una “reforma laboral de derecha sino una modernización laboral”. Este posicionamiento incluyó una reunión, junto a varios de sus pares de Provincias Unidas, con la Confederación General del Trabajo (CGT).
Incluso confirmó algunas “coincidencias” con la posición de la central obrera. Entre ellas, mencionó la necesidad de “modificar algunas cuestiones que hacen que muchas personas estén fuera del mercado formal”.
El mandatario apuesta a un proceso de “modernización laboral que les permita a las pymes sostener el empleo”, en una provincia donde vienen cerrando más de tres empresas por día en promedio durante 20 meses consecutivos y desaparecieron 2.120 entre diciembre de 2023 y julio de este año, por efecto de la política macroeconómica del gobierno nacional.
Por eso, el gobernador aseguró que su mirada sobre la reforma “no es la de las grandes industrias” sino que “se orienta a promover a las pymes”. Esta visión incluiría la posibilidad de firmar contratos por regiones o por empresa, algo que promueve el proyecto de Milei cuando fija la eliminación del concepto de ultraactividad de los convenios colectivos, buscando que prevalezcan los acuerdos puntuales por encima de los pactados por el gremio principal de la actividad.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, reiteró esa idea esta semana cuando planteó que la reforma laboral “debe tener una mirada pyme, porque son éstas las principales tomadoras de mano de obra sobre todo en Santa Fe” y para eso, dijo, “entendemos que es necesaria una reforma en Argentina, ya que hace décadas que no crece el empleo formal”.
Para tallar en estas discusiones, Pullaro estuvo muy activo en el armado de la bancada de diputados de Provincias Unidas. Incluso se instaló en Buenos Aires para asegurar la elección de Gisela Scaglia como titular del bloque.
También oficializó con el correr de los días una posición que adelantó el ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, cuando presentó el proyecto de ley tributaria y planteó que debe estar atada a la reforma laboral. Un esquema que tiene como criterio mostrar un posicionamiento efectivo en torno de los debates por los que presiona el gobierno nacional y anticiparse con una voz propia.
“Las dos reformas son necesarias, en el caso del mercado de trabajo hay que hacer algo para combatir el 40 por ciento de informalidad y el estancamiento de 15 años en la creación de empleo”, dijo Báscolo en ese momento. Pero también advirtió que “la reforma laboral no soluciona por sí sola estos problemas”.
De esa manera, el enclave santafesino anticipa que es un juego en espejos. Y así lo dijo Scaglia, quien será una protagonista clave de este proceso. “Tiene que haber una reforma laboral al mismo tiempo que una reforma tributaria”, aseguró la legisladora al ser consultada sobre el tema y consideró que ante esta movida del gobierno nacional “ahora tenemos la oportunidad de dar estos debates en serio”.
Aunque aún no está clara la radiografía del voto santafesino, Scaglia se alineó con quienes consideran que una reforma laboral permitirá darle impulso al empleo de calidad en el sector privado que no crece desde hace casi dos décadas, una tesis incomprobable en la Argentina donde ya se ensayaron medidas similares sin resultados.
“El trabajo informal es uno de los grandes problemas de la Argentina y con la reforma se apunta a hacer crecer el trabajo en blanco”, dijo la legisladora santafesina.
Aunque también marcó los límites. “Disminuir los costos laborales para el empleador no significa en absoluto desconocer los derechos de los trabajadores”, aclaró por las dudas.
En ese punto es donde eligió pararse para el debate su colega de bancada Esteban Paulón, quien señaló que se trata de un proyecto que Milei pretende dar a las apuradas. “Este gobierno planteó esta ley como la gran solución al problema del empleo en Argentina, cuando se eliminaron más de 220 mil puestos de trabajo”, dijo en un programa televisivo donde fue muy crítico sobre los objetivos que se buscan porque no están alineados con lo que necesitan los trabajadores.
“El banco de horas es la eliminación lisa y llana de las horas extras, lo que desordena la vida de aquellos que no llegan a fin de mes, tienen dos o tres laburos y no van a poder planificar su vida”, planteó y sumó: “El famoso fondo de cese que en la actual Ley Bases debe pagarlo la empresa, pasa a pagarse con contribuciones a la Seguridad Social, lo que representa un desfinanciamiento de entre 2.800 y 4.000 millones de dólares por año al sistema de jubilaciones de reparto”. A su juicio, esto “generará el regreso de los seguros de retiro porque el sistema no da”.
Y fue más allá. “Se baja la contribución de la obra social del 6 por ciento al 5 por ciento, y ese punto representa un 15 por ciento de los fondos que reciben, lo que significará más copagos y la necesidad de disponer de más ingresos para solventar los gastos de salud que se van a incrementar”, agregó.
Aunque se mostró partidario a dar el debate, Paulón cuestionó que la iniciativa ingrese por el Senado, algo que el gobierno ya anticipó será la vía de entrada.
El oficialismo nacional quiere dictaminar a fines de esta semana y llevar la reforma al recinto el próximo 19 de diciembre. Con el traje de YPF puesto y apenas llegado de Oslo, Milei firmó el proyecto e instruyó tanto a Martín Menem como a Patricia Bullrich para avanzar con la media sanción del presupuesto y de la reforma laboral antes de la Navidad. Los festejos de fin de año acortan los tiempos.
Con un proyecto que ya tiene duros cuestionamientos por parte del sindicalismo, los legisladores oficialistas y aliados reconocen que será difícil cerrar el año con la reforma aprobada, porque si bien puede pasar sin sobresaltos por el Senado, la contienda en Diputados se disputaría recién en enero o febrero en sesiones extraordinarias.
El apuro del gobierno genera desconcierto y al mismo tiempo se convirtió en una suerte de ordenador en el mundo del sindicalismo.
A nivel nacional, la CGT renovó su conducción y en Rosario, una mayoría de gremios de variadas ramas y espacios políticos acordaron normalizar la central luego de muchos años, y nombrar a Miguel Vivas, del sindicato de Alimentación, como secretario general, para dar una pelea unificada frente a lo que se viene.
En la región unos cien gremios confluyeron en este armado que venía demorado y que reunió a las distintas vertientes que militaron dispersos en los casi 15 años de inactividad cegetista. Vivas inaugurará su silla con una brasa caliente, pero por las dudas ya anticipó que la reunificación dará batalla: “Si quieren quilombo van a tener quilombo”, aseguró.
La sintonía que por momentos muestra el gobierno provincial con la CGT copia el derrotero de su relación con el gobierno nacional. Y quizás permita encontrar allí una guía sobre el futuro voto del bloque de 22 legisladores que responden a los gobernadores nucleados en Provincias Unidas.
La película recién empieza.
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