La Marcha Federal Universitaria cumplió las expectativas: una verdadera multitud —se habla de 800 mil personas— copó la Plaza de Mayo en Buenos Aires y se hizo notar en varias provincias reclamando mayor presupuesto para todas las universidades del país. A diferencia del paro general convocado en enero por la CGT, la consigna sobre la defensa de la educación pública parece haber permeado en un sector de la sociedad ajeno a las marchas tradicionales, lo que le dio transversalidad a la convocatoria. Y pese a que el gobierno buscó mantenerse firme con mensajes en redes sociales, acusó recibo de la masiva movilización. Ya en la previa, la marcha generaba inquietud en el oficialismo, que adelantó un refuerzo presupuestario para el sector y confirmó la convocatoria a un encuentro para el próximo 30 de abril. ¿Primera bala que le entra a la gestión Milei?
La jornada fue motorizada desde la comunidad universitaria, pero contó con el respaldo de innumerables organizaciones sociales, políticas y gremiales, así como también de gran parte de la sociedad que se manifestó de forma independiente. Desde Rosario partieron una quincena de colectivos con alumnos, docentes y autoridades de la UNR. Pero también hubo actividades para los que se quedaron en la ciudad, tanto por la mañana como por la tarde.
El reclamo planteado es concreto: las universidades deben hacer frente al sostenimiento de las actividades con un presupuesto congelado a valores de septiembre de 2022 y una inflación que roza el 300 % en el último año. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron recortar el suministro eléctrico de los espacios comunes y limitar el uso de los ascensores a personas con movilidad reducida. En la UNR aún no se vieron resentidas las actividades, pero el impacto se siente en el pago de los servicios: durante el primer trimestre del año se pagaron 250 millones de pesos de luz, cuando las primeras tres boletas del año pasado no sumaban 80 millones.
Hasta el momento, buena parte de las decisiones de gobierno estuvieron enmarcadas en la lógica de la “batalla cultural” que busca deslegitimar, o al menos generar un debate, sobre determinadas políticas. Pasó con la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), donde se sembró un manto de sospecha respecto al uso de los fondos, para terminar desfinanciando un área que mostró buenos resultados. Pasó también con la marcha del 24 de marzo y las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, donde el gobierno fue incluso más a fondo con la publicación de un video oficial que buscaba reinstalar la teoría de los dos demonios.
Con la educación pública el recorrido fue similar. Funcionarios del gobierno —y del propio presidente— buscaron instalar la idea de “adoctrinamiento” en redes sociales y de un mal uso de los fondos destinados al ámbito universitario. Pero el consenso social sobre la importancia del acceso a la educación pública sigue estando firme, incluso en sectores que pudieron haber acompañado electoralmente a La Libertad Avanza (LLA). En el gobierno terminaron tomando nota de eso, pese a la táctica discursiva de seguir mostrándose firme “contra la casta”. Luego de la marcha, Milei publicó en su cuenta de Instagram la imagen de un león bebiendo “lágrimas de zurdos” de una taza.
Por eso la masiva convocatoria que se pronosticaba en todo el país generaba incomodidad en el gobierno, que ya en la previa acusaba recibo del reclamo y anunció un refuerzo presupuestario para el sector. En concreto, la semana pasada informó un aumento del 70 % en mayo, que se sumaría a otro 70 % anunciado previamente para marzo. Números, claro está, que siguen por debajo de la mitad de lo que las universidades reclaman para empatarle a la inflación. Pero también se confirmó el llamado a un nuevo encuentro con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el próximo 30 de abril, con el objetivo de atender las demandas de los rectores y evaluar la posibilidad de nuevos desembolsos para las universidades.
Que el gobierno deje entrever una intención de ceder en su postura no es un dato menor. Es que, a cuatro de meses de asumir y en medio de un proceso inflacionario, de ajuste y con salarios deprimidos, la imagen positiva de Javier Milei ronda el 47 % según la consultora Zuban Córdoba. Un porcentaje más que importante. No obstante, la misma encuesta da cuenta del descontento de la población con la política educativa del gobierno: el 58,5 % de los encuestados desaprobó el congelamiento presupuestario a las universidades, al mismo tiempo que un 87,4 % de los consultados se mostró a favor de la frase “La educación pública es un derecho de todos y debemos defenderla”. Ir contra la educación pública es ir también contra un sector de la población que hoy todavía respalda al gobierno.
Ante ese escenario, la masividad de la marcha hizo pasar desapercibido un dato no menor: este martes se oficializó la salida de dos funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Uno es Maximiliano Keczeli, mano derecha de la titular de la cartera, Sandra Pettovello, y el otro es Gerardo Hita, director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. No son las primeras renuncias de un área que debe dar respuestas a las consecuencias que tienen muchas de las políticas adoptadas por el propio gobierno.
Repercusiones en Rosario
En Rosario las actividades comenzaron a la mañana, con una concentración en la Plaza San Martín convocada por distintos gremios. Por la tarde, la plaza se vio desbordada de gente, en una radio abierta convocada por COAD, el gremio que nuclea a los docentes e investigadores de la UNR. Por el escenario, montado de espaldas a la sede de gobierno santafesino, desfilaron todos los sectores que participaron del reclamo. Cerca de las seis, los movimientos estudiantiles de la ciudad marcharon hacia el Monumento Nacional a la Bandera.
Para Claudia Ferrer Varela, referente de COAD, el gobierno “se metió con lo que no debía” y provocó una respuesta de la sociedad en diversos puntos del país. “La educación del pueblo argentino es sagrada. Nuestro pueblo lo sabe y no pueden venir a decirnos que la va a sacar”, evaluó. “Acá hay una confluencia de los distintos sectores de trabajo que están en Rosario, expresando su solidaridad con la defensa de la educación pública. Y si el gobierno no da respuesta seguiremos peleando hasta que nos escuchen”, advirtió.
Desde el movimiento estudiantil, la lectura de la jornada va por el mismo carril. “Es una lucha muy importante la que tenemos que dar, en defensa de la universidad pública, porque es el presente y futuro del país. Es un pilar importante para el desarrollo de la Argentina. Y es importante destacar que hoy estamos peleando unidos sectores que tenemos distintas ideologías”, remarcó Bruno Pozzetti, Consejero Directivo del Movimiento Universitario Evita (MUE).
En tanto, para el concejal Fabrizio Fiatti (Arriba Rosario) la convocatoria estuvo marcada por la cantidad de vecinos y vecinas de la ciudad que se sumaron a marchar en un momento en que se busca deslegitimar a la educación pública. “Es una causa que evidentemente atraviesa a distintos sectores y, sobre todo, al ciudadano, al vecino y la vecina que por ahí no se moviliza ante otras causas, pero que hoy están presentes porque todos nos vinculamos, de una forma u otra, con la educación”, expresó el edil oficialista. Y agregó: “En la Argentina la educación ha tenido un enorme valor igualador y eso hoy está presente”.
Mientras que para el diputado provincial, Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) la respuesta social ante el desfinanciamiento de las universidades generará repercusiones en el gobierno nacional: “Creo que el gobierno se va a encontrar con una resistencia cada vez mayor de distintos sectores sociales, no solamente de trabajadores que están explotados laboralmente, generalmente vinculados a los sectores sociales. Si no de los sectores de clase media, porque esto toca a una de las fibras más íntimas de la Argentina, que es el acceso a educación gratuita de calidad, también para la clase media”.
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