“Vamos a mirar a cada uno de los postulantes y los vamos a rechazar si no estamos de acuerdo”, desafía la oposición que tiene mayoría en la asamblea legislativa.
“Quieren elegir a los mismos que ya están, como en una calesita”, reprochan desde el gobierno provincial.
No parece la mejor previa para el diálogo político que necesariamente deberá producirse de cara a la designación de las nuevas autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa Penal en la provincia. Nada menos que los encargados de diseñar los planes de persecución del delito en Santa Fe, una política con directa repercusión en el estado de la seguridad pública, la principal preocupación de la ciudadanía.
Con un agregado, la elección de los nuevos fiscales general y regionales y defensores es para los próximos seis años: empieza en el tramo final de la actual gestión (desde abril del 2023), atraviesa los cuatro años de la que viene y llega hasta la mitad del mandato del gobierno que esté en 2029.
Por ese dato y por las implicancias institucionales que tiene está clara la relevancia que adquiere este concurso de postulantes. La pregunta es por qué hay tanto ruido si se está respetando el manual de procedimientos: hay un jurado que parece legitimado en cuanto a sus nombres y un sistema de selección que no había tenido hasta esta semana objeciones serias por parte de los participantes.
Pero aun quienes salieron a criticar algunos de los pasos que se dieron en este nuevo concurso reconocen que estas designaciones son una atribución del gobierno de turno, que está autolimitado dos veces en esa facultad: el procedimiento determina que un jurado del Consejo de la Magistratura debe elevar ternas de candidatos para cada cargo, que el gobernador es quien debe elegir un nombre entre esos tres y enviar el pliego a la Legislatura, que es la que finalmente debe aprobar la nominación de ese postulante. Si no lo rechaza puede quedar elegido a los 30 días.
Lo que está en discusión en este tiempo es el límite de la rosca política. Quienes hacen un seguimiento del sistema de elección de fiscales lo dicen sin vueltas: “No negamos la discusión política, pero no puede ser lo único”. Defienden que los candidatos también deben ser valorados por sus condiciones técnicas, y no quieren que se vean obligados a buscar consensos fuera de su idoneidad. “No queremos postulantes que después tengan que devolver favores”, advierten.
El antecedente de concursos anteriores, con algunas designaciones que no fueron precisamente exitosas, justifica tales prevenciones.
“Es necesaria la discrecionalidad política, son cargos políticos y van a necesitar de ese consenso para cumplir la función. Pero una cosa es la discrecionalidad política en cierta instancia del concurso y otra muy distinta es prácticamente obligar a un postulante a que si no tiene un respaldo político no se puede presentar, porque no hay ninguna otra cosa que va a ser valorada”, argumentan en ámbitos de la justicia.
Las señales de alerta
El primer revuelo lo armó la filtración hace un par de meses de una lista de postulantes a fiscales, en la que muchos creyeron ver un orden de mérito que consideraron dudoso.
“Dejen que sea el jurado el que decida quién gana y arme las ternas”, fueron las primeras expresiones a favor de que haya mayor transparencia en el proceso de selección. Que la rosca no desnaturalice la función del jurado que tiene que evaluar, fue la consigna.
Sobre el jurado hay esta vez cierta conformidad. Se destaca la presencia de dos jueces de casación nacional, y de un representante de la fiscalía general de Córdoba, los tres de probada trayectoria, por sobre los otros dos miembros, que aparecen menos justificados: son una jueza de Santa Fe y un abogado de Venado Tuerto, que pueden ser idóneos en sus funciones, pero no están tan claras sus capacidades para este tipo de evaluaciones. Hay ciertamente dos niveles de trayectoria. Y después hay una lista de suplentes por si alguno se baja.
La integración del tribunal no es menor, ya que sus dictámenes son los que legitiman la elección de los candidatos entre todos los postulantes.
Una cuestión que despertó suspicacias es una exigencia del concurso que obliga a los aspirantes a presentar su plan de trabajo en forma anónima, en sobre cerrado y por anticipado. Entienden que es lo contrario de lo que debería ser y no le ven sentido ni razones en favor de la transparencia ni de la evaluación. Una suerte de transparencia mal entendida, sostienen. En cambio, advierten un riesgo innecesario de que alguna de esas propuestas se filtre, por el solo hecho de ser anticipada.
También piden que las audiencias en que los candidatos deberán defender sus programas de trabajo —en una suerte de examen— se realicen en forma pública, por algún canal de YouTube tal vez, para que los interesados puedan seguir esas exposiciones orales. Es una especie de control también. Se trata de la presentación de los planes de acción de cada candidato para combatir el delito. De la misma manera reclaman que la sociedad pueda tener su mirada sobre las eventuales impugnaciones que se produzcan.
Los requisitos del plan de trabajo
Otro señalamiento crítico a los concursos en marcha, probablemente el más fuerte, es que no resulta claro cómo se va a valorar, con qué criterios se va a calificar, qué se va a tener en cuenta cuando cada uno presente su plan de trabajo. Cuánto incide la experiencia laboral, la formación de cada uno, los antecedentes. “Es importante saber de antemano qué se espera de la evaluación”, reclaman. De lo contrario temen que quede a merced de la discrecionalidad política o sea arbitrario determinar qué se espera de la persona a seleccionar, o cuánto se ajusta un plan de gestión a los objetivos generales.
Para muchos en este concurso no hay un parámetro claro para evaluar si alguien estará más cerca o más lejos del objetivo que se plantea.
“Es demasiado simple el apto y el no apto. Debe ser más detallado y específico”, proponen. “Hay fiscales que están desde el comienzo del sistema penal, que han cambiado la jurisprudencia, que han llevado adelante investigaciones importantísimas y muy complejas, que tienen una gran trayectoria, pero en otros concursos distritales no hubo forma de valorar esa formación y esa trayectoria. Simplemente se les ha dado un examen y quienes han aprobado quedaron todos en igualdad de condiciones de ser merituados, a través de una entrevista personal. Eso atenta contra la transparencia del concurso”, repiten.
Los diputados de la oposición denunciaron esta semana que entre los requisitos que debe contener un plan de trabajo para ser fiscal no hay nada sobre políticas de persecución penal ni estrategias de gestión. Los aspirantes deben tener en cuenta cuatro puntos: rol de la víctima, relación con la prensa, perspectiva de género, y vinculación con la policía y el Organismo de Investigaciones.
Los cambios en el jurado
Si bien se reconoce que el jurado está integrado por personas reconocidas y con trayectoria y no se han objetado los nombres, ocurrió algo que se podría denominar un mal comienzo, sobre el modo en que se eligieron los cinco miembros.
El viernes 26 de agosto el gobierno publicó un decreto cambiando la composición del jurado y dándole mayor competencia y discrecionalidad al presidente del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la primera selección de postulantes. La ampliación en el número de miembros respondió a un reclamo de mayor participación que se venía realizando.
Al lunes siguiente se hizo una convocatoria a los interesados en participar de los tribunales evaluadores y el martes, a dos días del decreto, se realizó el sorteo del jurado, según la oposición “a las 7 de la mañana, en absoluto secreto y en pleno paro de trabajadores de UPCN y Ate, sin la presencia ni control de ningún otro poder del Estado o parte interesada”.
“No sabemos con qué antelación se publicó el llamado a participar, a las instituciones no les pidieron ningún listado de interesados y tuvimos que reclamar el resultado del sorteo porque no nos lo decían”, aseguraron desde la Asociación de Fiscales de Rosario.
“Transparencia es transparencia”, sostiene la presidenta de esa entidad, Gisella Paolicelli, cuando repasa esos pasos del concurso público.
La discusión por la transparencia
En un acto público en Santa Fe, treinta diputados de la oposición reafirmaron que el proceso de selección de autoridades del MPA “debe ser amplio, participativo, transparente, ejemplar y acorde a los desafíos institucionales que impone la compleja realidad”.
Y adelantaron que no van a aceptar el resultado de un proceso que esté “viciado por sospechas, rumores y falta de transparencia”. Sin diálogo político, parece un callejón sin salida.
Desde el sector judicial reafirmaron en tanto su intención de que no queden en manto turbio los candidatos capaces que puedan ser elegidos, para que nadie pueda decir que lo pusieron en un cargo, sino que fue elegido.
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