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Política

La transición en Seguridad se dirime entre un plan de intervención fuerte y un conjunto de instituciones débiles

El plan de seguridad del gobierno de Maximiliano Pullaro está definido desde antes de las elecciones primarias en la provincia. Las líneas principales de acción consisten en poner a la policía en la calle, sobre todo en Rosario; reorganizar el Servicio Penitenciario y adherir a la ley de desfederalización en materia de estupefacientes. Hay objetivos para la coyuntura y proyectos para mediano y largo plazo. El problema que se plantea es cómo implementar esas medidas con una policía desmoralizada y atravesada por la corrupción, cárceles superpobladas y un Ministerio Público de la Acusación envuelto en la peor crisis de su historia.

Pablo Cococcioni está cada vez más firme como el próximo ministro de Seguridad y Justicia. Durante su gestión a cargo de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, durante el gobierno de Miguel Lifschitz, los presos de alto perfil fueron reunidos en un pabellón especial de la cárcel de Piñero. El gobierno de Omar Perotti desactivó esa política y con sus tropiezos los reclusos considerados de mayor peligrosidad fueron trasladados a cárceles federales. Ahora se promete “una mano fuerte en el Servicio Penitenciario” con la idea de retomar aquel programa y la obra pública carcelaria, incorporar tecnología y “empezar de cero”.

En la campaña electoral Pullaro y Perotti polemizaron por la cantidad de patrulleros de que dispone la policía en Rosario. “En algunos casos la inversión básica que se requiere es un auto con nafta”, dramatiza una fuente consultada, que describe unidades de la policía con movilidad reducida por falta de transporte y afirma que el Servicio Penitenciario no cuenta con un vehículo blindado para el traslado de presos. La propuesta inicial es por un lado volver al programa de estaciones policiales para desafectar a la policía de tareas administrativas y ponerla en la calle y por otro reordenar a las fuerzas federales con un comando delegado en el ministro de Seguridad de la provincia.

El programa para desarticular las redes de narcomenudeo prevé seleccionar territorios en distintos puntos de la provincia. Se trataría de recuperar las llamadas intervenciones integrales que se desarrollaron en zonas específicas entre 2015 y 2019, con participación de fiscales federales y provinciales y funcionarios de Salud y Desarrollo Social para regularizar viviendas, recuperar espacios públicos y realizar trabajo social. 

La desfederalización del narcomenudeo podría implicar a la vez la discusión de una ley de inteligencia provincial y la adhesión a la ley nacional que regula las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada. Los interrogantes se multiplican. En su libro Drogas, políticas y actores sociales en la Argentina democrática (2021), el politólogo Sebastián Cutrona cita estadísticas de la Procuraduría de Narcocriminalidad y afirma que esa ley profundizó la persecución contra los consumidores de drogas y resultó inocua para el narcotráfico. “Un punto clave es que la potestad de la aplicación de la ley no la tenga toda la policía de la provincia ni cualquier comisaría”, afirma una fuente que sigue de cerca la elaboración del programa del próximo gobierno provincial. Si no se diera esa situación, la vieja guardia de la santafesina vería cumplida su mayor aspiración: recuperar el poder que considera perdido ante la irrupción de fuerzas federales en la provincia y la reforma que no se terminó de hacer.

Según la fuente, “no habrá mayor impacto en la corrupción policial por la adhesión a la ley de narcomenudeo; en todo caso, esa es una trama que ya existe y está consolidada en comisarías y algunas áreas especiales, como se ve en distintas investigaciones”. El caso del sumariante de la subcomisaría 21 que pasaba sin falta cada semana para recibir la coima de un búnker en Juan B. Justo al 8300, imputado esta semana, es la punta de un iceberg que no por conocido sale a la superficie. Mayor gravedad supone la investigación que incrimina a jefes antinarcóticos de los departamentos San Jerónimo y Las Colonias en la protección de un vendedor de drogas de Esperanza, pero tampoco aparece en el debate político. Según se presume, las rutas de transporte de drogas evitan ahora la ciudad de Rosario y tienen terminales de recepción y distribución en el centro de la provincia.

Durante la gestión de Jorge Lagna como ministro de Seguridad entró en acción la Unidad Especial de Investigación de Crimen Organizado. Se la presentó como una fuerza de élite dedicada al delito económico y a las principales causas, en contacto con la DEA y la embajada de los Estados Unidos, pero hoy “no es más que una patrulla perdida dentro de la policía provincial, sin personal ni recursos”, según la fuente consultada. La captura de Claudio “Morocho” Mansilla, conocido por fugarse de la cárcel de Piñero, fue prácticamente su debut y despedida. Parece dudoso que sea la fuerza encargada de perseguir el narcomenudeo. Un modelo más consistente parece ser el de la Fuerza Policial Antinarcotráfico que funciona en Córdoba dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal y bajo la dirección del fiscal general de la provincia.

Otro antecedente de referencia es la estrategia de intervención en el mercado de drogas que desarrolla en barrios localizados el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta estrategia, según su enunciación oficial, “se aparta del enfoque tradicional, basado en la guerra total contra las drogas, que ha guiado infructuosamente la política criminal del mundo occidental desde principios de los años setenta del siglo pasado” y apunta como principal objetivo a desmantelar los mercados abiertos de drogas. El presupuesto es que la criminalidad se concentra en ciertas zonas del territorio y que una gran parte de los delitos son cometidos por un pequeño número de delincuentes consuetudinarios. “El programa asegura una persecución penal rápida e implacable de los vendedores más violentos y recalcitrantes y brinda una segunda oportunidad a los vendedores vulnerables y no violentos”; para el caso santafesino —o rosarino, más específicamente— estaría focalizado en jóvenes que trabajan en búnkers por cuestiones de supervivencia, problemas de adicciones o explotación bajo amenazas.

El control de las armas en circulación es otro desafío. “La ciudad de Rosario ya superó las 200 muertes en lo que va de 2023 —destacó esta semana Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal—. Teniendo en cuenta que el año pasado cerró su marca histórica con 237 homicidios, dando lugar al triste índice de 24 muertes cada cien mil habitantes, este año puede superar ese registro y batir un nuevo récord. Casi la totalidad de los homicidios dolosos en la ciudad se producen por la utilización de armas de fuego. Por eso, a días de las elecciones, resulta intolerable que candidatos a cargos electivos apoyen la libre portación de armas y municiones”.

La pericia realizada en la Sección Balística de la Agencia de Investigación Criminal halló 4.500 armas de fuego y 50 mil municiones. Hasta entonces no había registro formal y al momento de la intervención, en abril del año pasado, los responsables calculaban la cantidad de armamento simplemente a ojo de buen cubero. La participación policial en el tráfico de armas es un fenómeno por analizar, que hasta el momento no pasa de investigaciones acotadas a casos puntuales y encuentra condiciones favorables en la ausencia de una base de datos de las armas en circulación en la provincia que permita seguir el itinerario entre el mercado legal y su explotación ilegal.


Cuando pase el temblor


Pero la policía no es el único punto débil para la ejecución de una política de seguridad en Santa Fe. La designación de Carla Cerliani como directora provincial del Organismo de Investigaciones no disimula las carencias múltiples y las vacantes en el organigrama. El fortalecimiento del organismo a través de la incorporación de tecnología y de personal fue una promesa de la campaña electoral.

La aplicación de la ley del narcomenudeo se ve difícil con la situación actual del MPA. A la presencia de un policía de consigna para que supuestamente no se roben entre fiscales, el cambio de cerraduras en las oficinas y la veda de informantes para las investigaciones, se suma el monitoreo durante noventa días de la Agencia de Criminalidad Organizada y las unidades de Homicidios y Balaceras, dispuesto por la fiscal general María Cecilia Vranicich.

La denuncia de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra Matías Edery por supuesta protección a Mariana Ortigala se configura sobre un trasfondo que escapa al MPA. Leonel Iesari, abogado de Ortigala, destacó “una actitud llamativamente direccionada” por personal de la Agencia de Control Policial para poner en escena a Edery durante el allanamiento de la casa de Ortigala y Sebastián Felipe y afirmó que la causa se lleva adelante en “un contexto político”.

El temblor que sacude al MPA hace presente un problema institucional a casi diez años de su implementación. Concebido en la teoría como una agencia que debía innovar en la gestión judicial a un gobierno colegiado y democrático, en la práctica el MPA se estructuró en base a centros de decisión que terminaron por desgranar la dirección política. “Esos huecos han sido ocupados en buena medida por actores que reprodujeron dinámicas del poder judicial tradicional, con sus lógicas corporativas. Sin un punto de referencia, esos sectores tienden a responder a objetivos e intereses por fuera de las fronteras institucionales, cuyos enfrentamientos producen coyunturas como las actuales”, analiza un observador.

El fiscal Miguel Moreno, quien concursó para la fiscalía regional de Rosario y llegó a estar en la terna final de candidatos, volvió a la carga en la semana y envió al auditor Leandro Mai otras denuncias contra Matías Edery que le hicieron llegar los abogados Leopoldo Monteil y Evelyn Andriozzi.

Monteil es menos conocido por su desempeño profesional que por un tuit del 25 de septiembre de 2022: “El mundo será un lugar vivible cuando todos los días se ejecute un periodista; son el cáncer de la humanidad”. El fiscal Darío Cimino desestimó investigar un posible delito, como había reclamado el Sindicato de Prensa, pero la fiscal regional María Eugenia Iribarren le ordenó continuar las actuaciones. En el mes de marzo, Monteil quedó excluido de la lista de conjueces que aprueba la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Andriozzi es hija del ex comisario Ernesto Andriozzi, quien se desempeñó como jefe de policía de San Lorenzo. Edery imputó al ex policía por peculado en una causa donde se reveló la vigilancia de jefes policiales de San Lorenzo sobre carteles de la propaganda electoral de Armando Traferri en septiembre de 2017. A su vez, Andriozzi padre presentó en noviembre de 2022 una impugnación contra el ascenso de Edery a fiscal.

“Las distintas gestiones gubernamentales han dejado sus capas geológicas en estos años —afirma la fuente consultada—. Es más que evidente que las designaciones de fiscales y funcionarios han sido el resultado del clearing legislativo. Ante la debilidad de la dirección política del MPA para lograr una cohesión a partir de objetivos transversales surgen grietas que se manifiestan como conflictos internos pero cuya explicación se encuentra en factores externos”.

La situación vuelve a plantear el último proceso de selección de autoridades del MPA. “La baja calidad institucional, el nivel de berretismo y el intento de manipular todas las etapas de los concurso por parte del actual gobierno fue evidente. Como resultado quedaron tribus dolidas y enojadas, que no solo desconocen la legitimidad de las autoridades actuales sino que están dispuestos a continuar la contienda mediante otras estrategias”, agrega la fuente. El epicentro del sismo está delimitado, lo que no se sabe es hasta dónde llegará su onda expansiva.


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