Las razones de los legisladores santafesinos que apoyaron el veto de Milei

En nueve meses de gobierno, el presidente Javier Milei demostró ser dogmático en lo ideológico y pragmático para la rosca política. Lo segundo fue condición sine qua non para lo primero: tuvo que aprender y ejercitar habilidades a las que estuvo poco habituado en sus años como diputado de la Nación para sostener el marco teórico de su programa económico. Aún después de haber vituperado fuerte contra los radicales, el primer mandatario tuvo que sentarlos a su mesa y sellar un pacto para salvaguardar los números de su tan preciado superávit fiscal. 

Con el Congreso vallado y la Gendarmería repartiendo palos y gases para los jubilados que se movilizaron, el oficialismo logró su cometido de sostener el veto a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el parlamento había aprobado una semana atrás y que llevaba el haber jubilatorio mínimo a 321.600 pesos, 15 mil más que el monto de junio y equivalente a 1.09 canastas básicas según el INDEC. El quiebre se dio gracias a la defección de cinco diputados radicales que en primera instancia habían acompañado el proyecto de su propio partido. 

En el caso de Santa Fe, la diputada de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, indicó que la tarea del bloque oficialista fue acompañar la decisión del presidente y sentenció, repitiendo el mantra libertario, que “el déficit fiscal no se negocia”. En diálogo con Suma Política, expresó que “es dolorosa la situación que están pasando los abuelos y lo comprendemos perfectamente, pero el sistema está quebrado”. En este sentido, manifestó que la solución “es esperar que se estabilice la macroeconomía del país para que alcance para el bolsillo de todos los argentinos”.

Los legisladores del PRO también apuntalaron el veto presidencial amparados en el compromiso de sostener el equilibrio fiscal. El diputado Gabriel Chumpitaz aseguró que “la reforma violaba el marco jurídico vigente al no especificar de dónde provendrían los fondos para financiar el aumento”. También recitó los números que suministró el propio gobierno para justificar la decisión: la suba implicaba una erogación de 6 billones para el 2024 y 15 billones para el 2025 lo que “podría comprometer las finanzas del país”. 

Consultado sobre un artículo de la ley que garantizaba la cancelación de las deudas que la Nación tiene con las cajas previsionales de las provincias, opinó que se está evitando “una sobrecarga en las cuentas públicas nacionales” para no tener que ejecutar “recortes más drásticos en otras áreas esenciales”. La posición del dirigente contrasta con la decisión del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se restablezcan los anticipos mensuales automáticos de ANSES a la caja de jubilaciones de la provincia. 

En la misma línea, la diputada Germana Figueroa Casas explicó el accionar del PRO apelando al dictamen de la Oficina de Presupuesto del Congreso que había avisado que no estaban los fondos para sostener el incremento. “Nadie duda que los jubilados tienen que ganar más, pero si después no hay cómo financiarlo estamos en un problema”. Además, fustigó las moratorias previsionales porque “se agregaron nuevos pasivos sin pensar cómo se les iba a pagar a ellos”, y señaló a la alta informalidad laboral como uno de los problemas del sistema previsional. 

Que se doble, pero que no se rompa 

El apotegma de Leandro Nicéforo Alem “que se rompa, pero que no se doble” sobre sobre el futuro del radicalismo, parece no haber calado en la totalidad de los dirigentes de la UCR tras la decisión de los diputados Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi de acompañar el veto del presidente al proyecto de movilidad jubilatoria que promovió su propio partido. Pese al repudio que generó en algunos sectores que pidieron la suspensión preventiva de los díscolos, persiste la idea de preservar la unidad del bloque. 

Por lo menos así lo manifestó el diputado santafesino Mario Barletta, quién consideró que la expulsión “sería una estupidez” y señaló que el camino es seguir dialogando “para recomponer los vínculos y seguir trabajando juntos”. En cuanto a las responsabilidades, el dirigente apuntó contra Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional: “Si se dedicara a hacer lo que tiene que hacer, esto no hubiera pasado. Creo que eso está generando un daño mayor que el voto de quienes no acompañaron”. 

Por otra parte, para el diputado Esteban Paulón –que se opuso al veto presidencial- el gobierno hizo de la debilidad en el congreso una fortaleza, aunque tuvieron que “mover muchas fichas para poder lograr ese número que es el que le permite sostener un veto y salvarse del juicio político”. Frente a este escenario, el legislador socialista vaticinó nuevos vetos del presidente a los proyectos de la oposición y remarcó que la contraofensiva de los parlamentarios será el rechazo a los decretos de necesidad y urgencia para los cuales se requiere de una mayoría simple. 

Además de Bonacci, Chumpitaz y Figueroa Casas, los legisladores santafesinos que apoyaron el veto de Milei fueron los libertarios Romina Diez y Nicolás Mayoraz y los representantes del PRO Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina, José Núñez y Verónica Razzini.