“Si les pedía un palo verde, me lo daban”, soltó con su voz nítida uno de los 33 senadores de Unión por la Patria (UxP) ante los oídos de quien escribe este texto. La frase, desde ya contrafáctica, incomprobable, expresa el clima de sorpresa, sospecha, y también de indignación con que se tiñó la noche del último miércoles en el Palacio del Congreso: con un plenario de comisiones que venía desmenuzando la infinita Ley Bases, y que no había logrado encontrar el punto de equilibrio para conseguir las firmas necesarias y llevarla al recinto, de pronto se hizo la luz con la llegada del jefe de Gabinete Guillermo Francos al despacho de Victoria Villarruel. Las firmas faltantes aparecieron; en un caso (José María Carambia, Santa Cruz) desistió de su dictamen propio y diferenciado del oficialismo. Y en otro (Edgardo Kueider, Entre Ríos), terminó prestando su firma a un dictamen que hasta las horas previas calificó de infirmable.
¿Qué “solución final” trajo el principal ministro de la Casa Rosada, al Senado, en la noche del miércoles, con el plenario de comisiones ya pospuesto en un cuarto intermedio, que consiguió revertir el rechazo de ese puñado de firmas, y al fin cantar victoria? “Tenemos dictamen, VLLC”, celebraron las espadas principales de Milei por la red X, minutos después de difundida la noticia, incluido Martín Menen, titular de Diputados.
La solución Francos a las demandas de los senadores dudosos, aunque no opositores (de ese elenco nadie se movió, hasta ahora, de su posición de rechazo a la Ley Bases) incluyó, reconocido por las partes, una cuota de toma y daca de la política tradicional (la “casta”), como, por caso, ceder ante el representante entrerriano el manejo de puestos clave en el Anses de Entre Ríos (para que coloque a gente de su confianza), y otro tanto con las agencias de la obra social más grande de Latinoamérica: el Pami.
El toma y daca, desde ya, se practica con cierta habitualidad en la política, con sigilo pero al cabo resulta visible (como poner amigos en organismos estatales); pero rompería todos los códigos de la política (y de las leyes penales) que el toma y daca incluyera lo que imaginó el senador peronista ante Suma Política, dinero contante y sonante. Ya hubo un pacto Roca-Runciman en el Senado (con el santafesino Enzo Bordabehere muerto en el recinto) y hubo una “ley Banelco” a fines del siglo pasado. Todo terminó mal para los gobiernos que los impulsaron.
El gobierno, con el dictamen en general de Ley Bases bajo el brazo, de todos modos, se tomará dos semanas hasta llegar el recinto y fijó fecha para el próximo miércoles 12 de junio. Los próximos días serán para emprolijar un escrito aún inconcluso, introducir los cambios prometidos y mostrar las firmas de todos los que están, los de siempre, y los de última hora. Y también al gobierno, necesitado de un éxito parlamentario, le queda pendiente defender argumentalmente las profundas reformas que trae la Ley Bases.
En el mes que lleva el “ómnibus” de Milei en la Cámara alta, se escucharon voces de rechazo o al menos de críticas parciales. Y el argumento alrededor del oficialismo no logra superar la metáfora del mecánico que aplica soluciones ligeras: “otorgarle al presidente la caja de herramientas que pide, el pueblo lo votó”. Las herramientas principales de Milei ya están en pleno uso; sin esperar a la Ley Bases, se aplican a partir del DNU 70/23 y son la motosierra y la licuadora. Con los impactantes resultados negativos relevados por todos los argentinos.
La semana que terminó con el mayor éxito político institucional de Casa Rosada —aunque aún falte su calibración final cuando efectivamente Ley Bases pase por el recinto del Senado y luego retorne a Diputados para su definitiva confirmación—, sin embargo también incluyó un escándalo que lo complica y que no pudo ya ser ocultado: la retención de alimentos para distribuir en comedores comunitarios que insólitamente el gobierno no envió por casi un semestre y que ahora se combina con una denuncia de corrupción a la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano).
Una denuncia penal contra Pettovello por contratos truchos que favorece a amigos de la política con plata del Estado (dólares ilegales) comenzó a madurar de manera contemporánea al presunto éxito legislativo, este último miércoles. El jueves a la noche fue despedido el secretario de Niñez y Familia (del ministerio de Pettovello), Pablo de La Torre, apuntado por presuntos actos de corrupción.
Federico Fernández (empleado del ministerio) denunció mediante acta labrada ante escribano público y testigos que manejaba 18 contratos fantasmas de supuestos empleados del ministerio, pagados a través de una organización intermediaria (OEI, Organización de Estados Iberoamericanos), pero el dinero no llegaba a las personas contratadas. Con ese dinero se pagaban sobresueldos y se compraban dólares que terminaban en las manos del ahora despedido de La Torre. “Yo no era el único, había más como yo”, declaró Fernández, y hundió al gobierno autoproclamado anti casta.
También vale recordar que en la misma semana hasta la Conferencia Episcopal Argentina (en la persona de su presidente, Oscar Ojea), se tomó el trabajo de difundir un spot televisivo y por redes sociales reclamándole al gobierno que “entregue con urgencia las toneladas de alimentos que guarda el Ministerio de Capital Humano”. Se sabe, semejante intervención directa de la Iglesia Católica no podría carecer del aval del jefe máximo, Francisco.
La moneda está en el aire para la Casa Rosada; no está claro si las firmas conseguidas de manera providencial y en un confuso cónclave post plenario de comisiones, el último miércoles, será al cabo una noticia para confirmar sus políticas y celebrar. O si, en contraste con el palazo en la nuca que les pegó el funcionario Federico Fernández al denunciar una práctica corrupta dentro del ministerio de Pettovello, podría desmoronar la celebración y convertirla en el principio del fin de un proceso político abismal —hasta ahora— para la gran mayoría de los argentinos.
La pregunta pertinente, en todo caso, es por qué un sector de legisladores (los opositores blandos, dialoguistas) no dan el paso al frente para frenar la Ley Bases (y el DNU 70 /23) que íntimamente rechazan pero al que no se animan a decirle no. “Saben que esta política no puede terminar bien, pero por ahora no se animan a frenarlo a Milei porque en el fondo, también saben, que si la política se organiza desde el lado opositor ellos no tienen ninguna chance de conducir nada en ese proceso”, explicó a este medio un legislador nacional del peronismo.
Ese puñado de manos y de votos en el Congreso hoy son la llave para el futuro inmediato. Restos y fragmentos del pasado, aunque hoy tengan una relevancia clave. “Más tarde o más temprano, ya nadie hablará del puñado de senadores que hoy tienen en vilo a toda la sociedad”, arriesgó un diputado y politólogo que prestó su análisis a Suma Política.
Autor
