Una batalla final que está por la mitad y en la que no se piensa retroceder ni negociar. Una lucha entre toda la sociedad rosarina y los narcos. Así se describe desde el gobierno provincial lo que está pasando en Rosario tras los últimos hechos de violencia criminal en las calles. Y aunque prometen hacer todo lo que se puede, la advertencia es que habrá que pasar varios meses duros, y que sucesos como los ocurridos esta semana pueden seguir pasando.
Lejos de mostrar aturdimiento por los dos taxistas asesinados, el gobierno santafesino se encargó de activar de forma urgente al gobierno nacional para que ponga en marcha un comité de crisis que permita sacar todas las fuerzas de seguridad disponibles a la calle hasta lograr mejores niveles de tranquilidad.
Mientras con allanamientos y detenciones se procuran esclarecer los asesinatos que dejaron a la ciudad paralizada (los tres están filmados), llegarán a Rosario a sumarse a una fuerza coordinada más gendarmes, 150 camionetas móviles, camiones, helicópteros y drones para reforzar los patrullajes.
En principio la idea de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich era que participaran directamente de las acciones, como si fueran policías, efectivos del Ejército, pero porque lo prohíbe la ley, y su par de Defensa Luis Petri y los militares no estuvieron de acuerdo, la participación de esa fuerza armada se concentrará en tareas logísticas.
¿Intervención de la policía?
Antes, el gobernador Maximiliano Pullaro tuvo que sortear otro impulso del gobierno nacional, apenas fue advertido que Rosario estaba bajo fuego con una serie de graves atentados terroristas narcos. La idea inicial fue intervenir a la policía santafesina, pero se encontró con el problema de que la Nación no podía garantizar la cantidad de cuadros que se necesitan para hacer efectiva esa medida y la opinión contraria del propio gobernador que confía en las fuerzas provinciales.
En el gobierno santafesino aseguran no haberse sorprendido por los hechos de violencia que provocaron la muerte de dos taxistas y graves heridas a un chofer del transporte urbano, baleado a sangre fría. Le suman a la seguidilla de esta semana la balacera en Circunvalación contra un ómnibus que trasladaba a personal del Servicio Penitenciario y que no causó ninguna muerte por casualidad.
Afirman que eran esperables, según la lógica que vienen empleando los jefes narcos y sus seguidores. Interpretan que se trata de una reacción básica, de muy baja planificación, que fue escalando ante las duras medidas que el gobierno viene adoptando en el último mes y medio contra los 60 ó 70 presos de más alto perfil, que fueron aislados en pabellones separados y se quedaron sin acceso a teléfonos celulares, y a las restricciones a los beneficios que había dentro de las cárceles.
“En las cárceles fuimos muy duros con todo lo que nos permite la ley, no es que cruzamos ninguna línea. Pero de tener un libertinaje muy grande, pasamos a ser muy restrictivos. Y eso iba a tener un impacto directo. Por eso decimos que esto iba a pasar y, lo más grave, es que va a volver a suceder. Son episodios muy difíciles de prevenir. Es casi imposible adelantarse”, explican.
Cuando hablan de no retroceder, marcan los límites de esa disputa: aseguran que en la medida que los jefes presos no acaten, se irán regulando nuevas acciones, porque afirman que todavía hay margen para ir aumentando la rigurosidad con los detenidos.
Se refieren a las reglamentaciones formales, como las horas de patio, las condiciones de alojamiento, la frecuencia de las requisas, las visitas, cuánto tiempo duran. Y a las medidas que pertenecen a otra dimensión, a un trato implícito, a algunos “mensajes de suavidad” que desaparecieron de un plumazo. Explican que buena parte de la gestión carcelaria tiene que ver con hacer guiños para que haya o no márgenes de tolerancia. Y aclaran que no tratan a toda la población penal de la misma manera. “Hay 11 mil presos y 9 mil no se la buscaron”, grafican.
“Vamos a contener, pero por más que haya 500 móviles, nunca se va a lograr identificar a todas las motos que andan dando vueltas. Y el ataque ocurre en un instante”, advierten, por lo que pueda venir.
Aseguran que con la asunción de Maximiliano Pullaro se produjo un quiebre de la violencia estructural, una estabilización del delito, una disminución notoria en los hechos que se producían mes a mes, a raíz de un aumento de la presencia policial en la calle. Actualmente van 25 homicidios y el año anterior a la misma altura se contaban 80. Aunque no se sumaron a lo que consideran un “grave error” de la ministra Patricia Bullrich de anunciarlo como una victoria.
“Crecí en el Servicio Penitenciario. Y aprendí que cuando tenía un buen día, esa noche no podía dormir. En seguridad, festejar nunca es señal de comprender dónde uno está”, explica en su equipo el ministro Pablo Cococcioni.
¿Cuál es el otro camino?
Para el gobernador Pullaro se trata de una encrucijada: piensa que el objetivo de los últimos hechos es crear pánico y terror en la ciudad, para quebrar la decisión del Estado santafesino y hacerlo volver atrás. “Pelean por la calidad de vida que le queda a referentes de varias organizaciones por el resto de sus años de prisión, ya que varios de ellos tienen perpetua y van a vivir más de veinte años en la cárcel. Van a morir ahí. Les da todo lo mismo”.
En ese marco es que el gobierno asegura que “no hay nada que nos haga volver atrás, hasta que les caiga la ficha de que van a estar cada vez peor. No evaluamos aflojar ni pactar, como nos sugirieron muchos en estos últimos días. El otro camino sería el pacto, aflojar, que festejen los cumpleaños y entren alimentos de nuevo. El contacto físico y verbal, armar una ranchada, les permite que cada uno ordene su gente y que perdamos el control de la calle, que estamos logrando. Eso no lo pensamos. No hay forma de regular el potenciómetro. Una vez que abrís, los pasás donde quieren y reorganizan su grupo, sus rutinas y sus visitas, es imposible controlarlos”, fundamentan.
Saben en el gobierno que es un camino muy duro no retroceder, pero están convencidos de que la única manera de seguir es “ponerles límites hasta que lo comprendan. Y en el proceso ir desactivando. Pactar no se nos ocurre, ya hubo pactos en la provincia de Santa Fe y sabemos cómo terminaron”.
Aseguran que “con el otro camino, el de dialogar, hubo casi 300 muertos en el último año, y ni que hablar en los últimos cuatro años. La opción para balancear, la alternativa, ya vimos cómo funciona”, aseguran.
La foto a lo Bukele
No creen en el gobierno que en los últimos hechos haya influido la difusión de una foto con las requisas en las cárceles que mostraba una imagen al estilo Bukele. Argumentan que fotos parecidas ya se habían mostrado desde el primer día y ensayan otras hipótesis. En la semana anterior dispararon nueve balazos a los agentes que se trasladaban de la cárcel y podrían haberlos matado. Ese fue el hecho que decidió nuevos ajustes sobre la cárcel, y ocurrió varios días antes de la difusión de la foto.
Creen que esa es una interpretación tan válida como tantas otras, como por ejemplo que sea una reacción contra los dichos de Javier Milei por su discurso al Congreso, cuando valoró las medidas de seguridad en Rosario, o a raíz del anuncio de Bullrich de que bajaron los homicidios en Rosario.
En lo inmediato, en Rosario se aumentó a 140 la cantidad de móviles estables en la calle, que repusieron desde el inicio de la gestión cuando había apenas 20 unidades operativas disponibles para el 911. La expectativa anunciada es llegar a 200 móviles en los próximos días, sumando los efectivos de las fuerzas federales que van a venir y de otros departamentos de la propia provincia.
También desmintieron el cálculo de balas reportadas como robadas o perdidas de los últimos tres años. Precisan que son unas 5.000 balas con inscripción del Servicio Penitenciario, nada que ver con los otros números más altos que se mencionan, como 800 mil, según denunció en su momento el ex ministro Marcelo Sain y ahora retomó el diputado provincial Miguel Rabbia. “Eso nunca estuvo documentado”, responden desde el gobierno.
Si le preguntan, el gobierno no descarta que haya algún miembro de alguna fuerza de seguridad o de la policía de la provincia detrás de los hechos de violencia porque se corrompieron o “están del otro lado”. Pero aclaran que en ninguna investigación se vio que sea estructural el gerenciamiento policial del delito. “Sí puede haber algunos marginales que son amigos de cruzar la línea”, admiten.
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