El Estado tiene más fuerza que cualquier organización criminal, y también acusa puntos débiles. A una semana de la difusión de los “resultados espectaculares” según el análisis de la ministra Patricia Bullrich en base a registros de dos meses, el Plan Bandera enfrenta una crisis, expone el apresuramiento de los diagnósticos sobre el estado de la seguridad en Rosario y plantea la necesidad de revisar la estrategia.
El cuadro retrotrae la situación actual a otras crisis de la historia reciente que pusieron en zozobra a la ciudadanía y descubrieron la fragilidad del Estado. La conmoción trastornó la vida cotidiana, con el paro de taxis y colectivos, la suspensión de la apertura de sesiones en el Concejo, la postergación de la marcha por el 8M y la difusión del miedo ante una amenaza que no reconoce límites porque es capaz de desplegarse en cualquier momento y en cualquier lugar.
El problema consiste en que se repiten los emergentes de la inseguridad y también las respuestas políticas, con el anuncio del envío de un refuerzo de efectivos federales o la aplicación de la ley de Seguridad Interior. Es probable que en las próximas horas se repita también el resultado de los episodios de crisis anteriores y el pánico tienda a disminuir en el termómetro social. Mientras tanto persisten las causas profundas y el publicitado alivio de la inseguridad no parece tal.
La crisis del Plan Bandera no solo refiere a una evaluación más atenta al impacto mediático que a las operaciones en curso. Los asesinatos y los atentados se producen sobre un trasfondo de versiones sobre la disminución de las fuerzas federales destinadas a la provincia. La resistencia de Bullrich a revelar qué cantidad de efectivos fueron asignados a Rosario parece tener una razón: son menos de los cinco mil que prometió en la campaña.
Los hechos y las interpretaciones
El asesinato de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano, el atentado contra el chofer Marcos D. de la línea K, la balacera contra la Comisaría 15 y el incendio de un taxi consolidaron una sospecha después de horas atravesadas por el desconcierto y los rumores: los crímenes y los ataques que paralizan Rosario son una represalia por las condiciones de detención de los presos de alto perfil en la cárcel de Piñero.
Bullrich fue la primera en despejar las dudas, desde la Expoagro en San Nicolás: los asesinatos de taxistas son “una típica venganza” de grupos vinculados con el narcomenudeo y obedecen a las condiciones de detención en las cárceles provinciales y también al régimen de aislamiento aplicado en las federales. La ministra no desaprovechó la ocasión para promocionar otro presunto resultado de su gestión.
La secuencia comenzó en la mañana del sábado pasado, cuando personas no identificadas tirotearon a dos micros que transportaban agentes penitenciarios en la avenida de Circunvalación, a la altura de barrio Rucci. Después de una reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni anunció ese mismo día que las visitas para los presos de alto perfil serían suspendidas para “los reclusos sindicados por informes de inteligencia como posibles vinculados a este hecho” o pasadas a frecuencia quincenal o mensual para el resto. Por la noche hubo una requisa en los pabellones de alto perfil de Piñero.
El martes, a primera hora de la mañana, familiares de presos de Piñero se reunieron frente a la sede de la Gobernación en Rosario. Madres y allegados reclamaron por la interrupción de visitas desde mediados de febrero y denunciaron apremios ilegales: “los cagan a palos”. A la tarde, el gobernador y el ministro compartieron en redes fotos de los reclusos al estilo Bukele, a medio vestir, sentados, mirando al piso y rodeados de guardias. “Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”, dijo Pullaro. Esa noche fue asesinado el taxista Figueroa en Flammarion al 5100.
El gobierno provincial enfatiza en que el control de la cárcel es la condición del control de la calle. La sucesión de crímenes pone en cuestión justamente la administración de las prisiones y el acento en el castigo: las fisuras que se hacen visibles no tienen que ver necesariamente con los presos, y en ese plano aparece un punto débil del Estado.
La última requisa en los pabellones de alto perfil de Piñero arrojó una vez más como resultado el hallazgo de celulares y chips. Las medidas en vigencia —interrupción del contacto físico entre presos y visitas, suspensión de las entregas de comida— excluyen la posibilidad de que los celulares ingresen a la cárcel a través de familiares de los reclusos. El personal penitenciario parece estar al abrigo de cualquier sospecha al respecto, pero el procedimiento y los antecedentes demuestran que controlar la cárcel no es solo controlar a los presos.
El otro punto débil aparece en la escena de los crímenes. Los taxistas Figueroa y Celentano fueron asesinados con la misma arma y con balas de la policía. Por más que haya sido soslayado históricamente, y aunque se archiven investigaciones como la que detectó una situación de descontrol en la sección Balística de la policía de Rosario, el rol de sectores policiales como proveedores de armas y municiones de bandas narcocriminales persiste como factor clave de la violencia.
Pero el punto débil no concierne tanto a la participación policial en el delito como al hecho de que el problema, como es norma a través del tiempo, transcurra en segundo plano para la política de seguridad. Un síntoma típico de las crisis de inseguridad que azotan la ciudad es el reclamo por una intervención que produzca modificaciones sobre una fuerza a la que se percibe críticamente, como la policía provincial. Se trata de una demanda sostenida en la opinión pública que no toma forma política.
Los éxitos del Plan Bandera quedan ahora en cuestión, aunque en los dos primeros meses del año se hayan registrado menos homicidios que en el mismo período de 2023. Lo revelador de los últimos hechos, por contraste, es la fragilidad del orden público y el efecto del miedo en su erosión. No se pueden establecer controles en cada esquina de la ciudad pero el asesinato de personas elegidas al azar, como habría sido el caso de los taxistas, muestra que la presencia del Estado en la calle tal como se plantea con los patrullajes en “zonas calientes” no promueve un efecto de disuasión sobre los criminales. La balacera contra la comisaría 15 reedita además la peor imagen de la policía local, como una fuerza contra la que es posible atentar sin temer demasiado a las consecuencias.
Mientras el Estado actúa a ciegas y castiga a los presos en forma colectiva —hasta ahora no se conocen resultados de la flamante Central de Inteligencia y Operaciones Especiales—, las bandas narcocriminales no necesitan mayores recursos para trastornar el espacio público. Así como un teléfono y un soldadito en la calle es lo que requiere un preso para una extorsión, estos grupos pueden tramar sus planes dentro de las situaciones más comunes: llamar a un servicio de radio taxi, parar un colectivo.
La difusión de imágenes al estilo Bukele, por otra parte, produce un efecto contrario al esperado. Se suponía que las fotos de presos humillados ante la autoridad comunicaban un régimen de severidad, pero más que tranquilizar a la población se convierten en un nuevo factor de inquietud ante el temor de represalias. Y basta leer los comentarios en las redes sociales para notar que las imágenes excitan la indignación punitiva y sentimientos de violencia antes que el reconocimiento del mandato popular para resolver el problema.
Cara y cruz del Estado
Desde el primer día de su asunción el gobierno de Pullaro puso en foco el problema de la seguridad. La cara visible de su política al respecto es la punitiva, a través de la intervención en las cárceles y del traslado de presos en comisarías a las prisiones. En medio de la crisis, el ministro Cococcioni afirma que se mantendrán los criterios con los presos de alto perfil.
En ese contexto convergen diversos factores que pueden ser desestabilizadores. Cárceles que ya estaban superpobladas recibieron 1.543 presos provenientes de comisarías en menos de tres meses. El hacinamiento posibilita situaciones de violencia, y también el orden interno en ese contexto: “Metieron internos de distintos pabellones en uno solo, sabiendo que hay internas entre ellos”, advirtieron familiares de presos frente a la sede de la Gobernación.
Las estadísticas de la última década indican por otra parte que el aumento del delito y de los crímenes en Santa Fe se registró en paralelo con el incremento de la población encarcelada. Como lo advierte el gobernador en forma reiterada, la prisión se convirtió en un factor principal de la violencia y la inseguridad. Pero las reformas al Código Procesal Penal en trámite proyectan que habrá más presos en la provincia, por ejemplo a través de la posibilidad de extender los plazos para que una persona permanezca detenida sin que se le informe la causa de la detención.
Mientras tanto, la gestión de la cárcel federal de Coronda no solo sigue en veremos por una decisión del gobierno nacional que en la provincia no se alcanza a comprender sino que las obras están paralizadas por falta de pago. “Si nos la dieran, como está nos sirve y en menos de una semana podríamos ponerla operativa”, dicen y repiten en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
La otra cara del Estado provincial en la seguridad es la que intenta proyectarse a través de la Intervención Barrial Focalizada, un programa que apunta a la prevención del delito y la disminución de la violencia y recién comienza a desplegarse en barrios de Rosario y Santa Fe.
Estas intervenciones dan cuenta de que los problemas de seguridad no son exclusivamente policiales y quizá por eso reciben mucha menos atención por parte de la prensa y de la opinión pública. En tanto programas a mediano plazo, parecen desconectados de la urgencia pero contienen la posibilidad de producir efecto más allá del corto plazo en el que rigen operativos de saturación y patrullajes.
La acción estatal a largo plazo está en riesgo por lo menos de parte de la Nación, como se observó esta semana: a un año del asesinato de Máximo Jerez, en Empalme Graneros, las obras prometidas para mejorar la situación del barrio fueron suspendidas por el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana que dispuso el gobierno de Javier Milei.
En un contexto de consenso en torno a las políticas represivas, la inesperada actualización de un episodio histórico puede activar enseñanzas oportunas. El miércoles pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó a la provincia de Buenos Aires a pagar más de 400 millones de pesos como indemnización a Flora Lavace, la viuda del gerente bancario acribillado por la policía en la Masacre de Villa Ramallo. Esa intervención desastrosa del Estado en septiembre de 1999 surgió después que el vicepresidente Carlos Ruckauf llamara a “meter bala contra los delincuentes”. Un cuarto de siglo después alecciona sobre las consecuencias de la mano dura y la falta de memoria de sus apologistas.
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