Los 4.500 audios que la agencia Cellebrite rescató del iPhone 8 de Esteban Lindor Alvarado constituyen una pieza central en el juicio que se realiza contra el pretendido comerciante de sábanas y frazadas y otros seis acusados. El asesinato del prestamista Lucio Maldonado y las maniobras para desviar la investigación hacia Los Monos pueden seguirse en los mensajes de voz que se escuchan en las audiencias. Pero hay al menos una comunicación que todavía parece encriptada: el audio en que Alvarado habría instruido a su abogado Claudio Tavella para conseguir la ayuda de la actual vicegobernadora, Alejandra Rodenas, y zafar de la persecución judicial.
El célebre audio se escuchó en la audiencia del miércoles pasado, aunque pasó desapercibido en medio de la catarata de mensajes que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pusieron a consideración de los jueces: “Hay que ir buscándole, Claudio. Desmenuzá, desmenuzá, desmenuzá y buscá bien fino”, ordena Alvarado a Tavella en la primera parte del mensaje.
Como integrante de la organización, el abogado era un experto en maniobras de diverso tipo. Los testimonios de los hermanos Mariana y Rodrigo Ortigala señalaron el asesoramiento de Tavella para desviar la responsabilidad del crimen de Luis Medina hacia Daniela Ungaro, ex esposa del empresario narco, y para confeccionar boletos truchos a fin de encubrir el traspaso de propiedades obtenidas mediante amenazas de muerte. Pero no se sabe a qué se refería Alvarado cuando habló de hilar fino.
La segunda parte del mensaje contiene la misteriosa mención: “Porque si no le sirve a ella lo arruina igual, le tira a la Rodenas… Que me dé una mano la Rodenas”, agrega Alvarado. El contexto de la conversación se desconoce. ¿Por qué el jefe narco creyó que podía recibir favores? Más preguntas todavía sin respuesta.
Un lugar en el mundo
La lancha se internó en la isla Charigüé. A bordo iban agentes de Prefectura Naval, un fiscal del Ministerio Público de la Acusación y Rodrigo Ortigala, por entonces testigo de identidad reservada. Corría diciembre de 2018 y Esteban Lindor Alvarado tenía captura recomendada como sospechoso del crimen de Lucio Maldonado.
Después de conocerlo en un taller de Provincias Unidas y Juan José Paso, y de ponerse al tanto de sus actividades como ladrón y reducidor de autos, Ortigala se hizo amigo de Alvarado y compartió con él fines de semana en la isla. En aquel viaje por el río llevó a los agentes hasta un lugar donde según dijo había visto al prófugo: un rancho que alquilaba Alejandra Rodenas, entonces candidata a vicegobernadora de la provincia.
Rodrigo Ortigala volvió a señalar el lugar en su declaración registrada en video para el juicio que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal. “Alvarado tuvo dos casas en la isla: una en la entrada del Charigüé, frente al Paraná viejo, y otra un poco más adentro, cerca de una comisaría”, dijo.
“La dueña de la casa que alquilaba Rodenas dijo que conocía a Alvarado y que en realidad él iba a la casa de al lado, donde tenía un muelle. También dijo que en ese lugar Alvarado se reunía con (el empresario narco) Luis Medina”, recordó una fuente de la investigación.
El episodio trascendió porque el 5 de diciembre de 2018, Rodenas se hizo presente en el rancho en medio del allanamiento judicial ordenado a partir del testimonio de Ortigala. El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad lo recordó en su declaración como imputado colaborador en la causa por la protección policial, judicial y política al juego clandestino: “La vicegobernadora aun no electa, en plena campaña electoral, llamó en reiteradas veces (al ex fiscal regional Patricio Serjal) amenazándolo con que iban a rodar las cabezas de todos los fiscales y (llamó) más de media docena de veces a la jueza que había firmado las órdenes de allanamiento”.
Ponce Asahad agregó que Serjal “me llamó por las amenazas que había recibido de Rodenas y me pidió que hablara con el senador Traferri”, para ponerse a cubierto de eventuales represalias.
Frente de tormenta
El martes pasado, un día antes de que los fiscales hicieran escuchar el audio en que Alvarado pretendía recibir ayuda de la vicegobernadora, el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro declaró como testigo en el juicio y recordó la irrupción de Rodenas en medio del allanamiento del 5 de diciembre de 2018. El actual diputado dijo que se enteró a través de Pablo Báncora, un policía que llevaba y traía información entre los delincuentes y los investigadores, que presumía de haber participado en las escuchas a Los Monos, que decía estar arrepentido de haber sido recaudador del comisario Néstor “Chucho” Arismendi y que terminó condenado como informante de Alvarado.
Pullaro se refirió además a la corrupción policial y a la protección judicial de los policías vinculados con Alvarado. “Teníamos información que había sido desestimada en un juzgado provincial”, dijo, en alusión a la resolución de la entonces jueza Rodenas que archivó la causa contra los subcomisarios Marcelo Rey y Cristian Di Franco, Puchero y Chamuyo, como se los conocía afectuosamente en el ambiente del hampa.
La declaración de Pullaro reavivó el enfrentamiento político en torno a la seguridad pública en la provincia y a la responsabilidad ante el fenómeno del narcotráfico. El cruce de acusaciones parecía apaciguado después de la convocatoria de la junta provincial de seguridad, pero un nuevo frente de tormenta asoma con el agregado de las definiciones inminentes en la causa por supuesto espionaje en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo Sain y con un nuevo intento de los fiscales Schiappa Pietra y Edery para alcanzar lo que parece una utopía: que un legislador santafesino pueda ser indagado e imputado ante la Justicia.
El 22 de febrero la Corte dictaminó la constitucionalidad de los fueros absolutos del senador Armando Traferri, sospechado de protección al juego clandestino. El legislador del departamento San Lorenzo fue involucrado por el capitalista Leonardo Peiti y por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.
Schiappa Pietra y Edery, junto con la fiscal regional María Eugenia Iribarren, presentaron un recurso extraordinario para poner a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el fallo que protege a Traferri. “La Corte provincial puede abrir el recurso y girarlo a la Nacional para que lo resuelva. Sería lo más saludable institucionalmente, porque se pone en juego la inteligencia de una cláusula de la constitución nacional y su aplicación en una provincia”, dice el fiscal Edery.
“El fallo determina que en Santa Fe no se puede investigar corrupción política cuando se trata de legisladores y la Corte necesariamente tiene que revisar esa resolución, porque hace al sistema democrático y a la forma republicana de gobierno”, agrega Edery. Pero “también puede ocurrir que no nos abran el recurso y tengamos que ir directamente a la Corte en queja”.
A buen entendedor
Mariana Ortigala, como su hermano Rodrigo, prendió el ventilador durante su declaración en video para el juicio contra Alvarado, en el que fue interrogada por el fiscal Edery:
—Fuimos con Carlos Argüelles al tribunal federal, él quería declarar, tenía intenciones de hasta autoincriminarse y decir que él era la persona que llevaba los pagos de las avionetas que bajaban con Esteban (Alvarado), con la mercadería, con la droga —dijo en un pasaje de su relato.
—¿A quién le llevaba los pagos?
—A dos personas… a una jueza y a un jefe de policía.
—¿Estamos hablando de una jueza federal?
—Sí, jueza federal.
—¿Te acordás del nombre del policía?
—No recuerdo. Lo tengo anotado en el cuaderno, era un jefe de policía importante que es muy nombrado, ustedes lo tienen que tener
—¿Te acordás quién es la jueza?
—Cocetti…, ya me voy a acordar en algún momento.
Ortigala hizo memoria en otra declaración y mencionó a la jueza Laura Cosidoy —ya sugerida como “Cocetti”— y al ex comisario Alejandro Franganillo. Amiga de Ariel “Guille” Cantero y vinculada con la gestora María del Carmen Rombolá, por su parte condenada por homicidio y por estafas con autos robados, Ortigala denunció también ofrecimientos irregulares del ex director de Análisis Criminal Horacio Lucchini y precipitó su renuncia.
Mientras el secretario de Seguridad de la provincia, Jorge Bortolozzi, intenta apuntalar su gestión con un discurso de mano dura y demagogia punitivista, su director de Análisis Criminal se ofrecía como mediador entre Cantero y Alvarado y al más rancio estilo de la policía corrupta se proponía hacer carrera política en base a pactos con el crimen organizado. Lucchini no contestó hasta el momento las acusaciones, y ningún funcionario de Seguridad desmintió a Ortigala. Dicen que quien calla otorga.
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