El 17 de marzo pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación dio por desarticulada a la banda de Los Menores. La buena nueva aún puede leerse en la página web del gobierno, pero se trata de una increíble confusión. No solo porque el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe afirma que Los Menores preparaban un atentado contra el gobernador Maximiliano Pullaro, que fue desbaratado con el hallazgo de armas en un terreno sin otra edificación que un vistoso portón en Roldán, sino porque dos de los principales organizadores siguen prófugos y porque la investigación del Ministerio Público de la Acusación todavía adeuda materias importantes: la explotación del juego virtual por parte de la banda, el lavado de activos a través de la venta y alquiler de propiedades y la integración del componente policial, que según las fuentes consultadas no se restringe al detenido e imputado Jonatan “Jony Gavia” Garraza.
El anuncio del Ministerio de Seguridad de la Nación refiere a un operativo conjunto de fuerzas federales y provinciales que comprendió 17 allanamientos en San Francisquito. La magnitud del despliegue quedó desfasada del secuestro obtenido: dosis de cocaína en una cantidad no especificada y “una planta de marihuana”. Entre el 8 y el 9 de enero otros catorce allanamientos en barrio Plata y Las Flores parecieron no menos desproporcionados: el total de droga incautado alcanzó los 10 gramos de cocaína. Lo más relevante en estos procedimientos fue que dos niñas de 6 años, mellizas, eran utilizadas para llevar y traer drogas como parte de una familia dedicada al narcomenudeo.
La CIOPE (Central de Inteligencia y Operaciones Especiales) y en menor medida otras fuerzas de la policía provincial capturaron a numerosos integrantes de Los Menores, entre ellos Luis Palavecino, Carlos “Polli” Tévez, Roque “Roco” Romero y Lautaro Nicolás Brest. La detención de Alexis Emanuel Mendoza, el 8 de marzo, llevó al subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz, a afirmar que la banda “está bastante debilitada”.
Sin embargo, ninguna de las últimas detenciones afecta al núcleo central de Los Menores ni a su dominio de la barra brava de Rosario Central. Una de las características de la banda consiste en que sus organizadores no se encuentran presentes en los territorios y reclutan jóvenes que pueden ser reemplazados cuando caen en prisión. En ese sentido, las bajas más importantes siguen siendo la de Lisandro Damián Contreras, detenido el 8 de diciembre de 2024 en el barrio San Sebastián de la ciudad bonaerense de Pilar, y la de Fernando Andrés Cappelletti, apresado en barrio Martin. Jonatan Garraza se entregó por su cuenta en la base de las Tropas de Operaciones Especiales, una decisión en la que habría incidido un cuidadoso cálculo de costos y beneficios.
Matías Ignacio Gazzani, considerado el líder de la facción más violenta, es el prófugo notable. Ramiro “Pomelo” Escalante tiene un perfil menos ruidoso, pero es otra pieza clave, ya que según las investigaciones era el cerebro económico de la banda y un prolijo administrador contable. Otro actor principal, Enzo Benítez, considerado el propietario del terreno de Roldán donde aparecieron armas, salió del país según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones y sus familiares afirmaron que viajó con rumbo a Portugal. A diferencia de los sicarios y gatilleros detenidos, estas tres personas cuentan con medios económicos para mantenerse prófugos.
Fernando Sebastián Vázquez, de 44 años, tiene captura requerida por el homicidio de Andrés Bracamonte y pudo escapar después de ser detectado en Entre Ríos. Un escalón más abajo se encuentran otros evadidos: Alan “Pollo” Insaurralde, amigo de Gazzani en el barrio 7 de Septiembre y enviado como mensajero para parlamentar con Andrés “Pillín” Bracamonte antes de su asesinato; y Andrés “Plin” Acosta, vinculado con la barra de Central y la banda de Francisco Riquelme, en cuyo departamento de Rodríguez al 1000 la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró tres fusiles de asalto M4 el 10 de junio de 2025. También se busca a Kevin Alba, José Luis Ortiz y M., un menor no punible.
Clinc, caja
La calle Mario Antonio Cisnero recuerda a un sargento primero, paracaidista e instructor catamarqueño caído en la guerra de Malvinas, pero en el tramo que recorre barrio Alvear es más conocida como el lugar donde se crió un vecino notable: Lisandro Damián Contreras, Limón como le dicen. Y a la vuelta, por calle Garibaldi al 5800, transcurrieron las infancias de Fernando Andrés Cappelletti y de Jonatan Garraza.
Una de las ramas principales de Los Menores surge entonces de ese grupo de amigos que compartió el barrio de origen entre fines de los 90 y principios de los 2000. Cappelletti fue quien presentó a Ramiro Escalante. El encuentro de Contreras con Matías Gazzani sería más reciente, o más difícil de rastrear, y se remontaría a la época en que Limón estaba en prisión domiciliaria en una casa de Funes. Este primer round con la Justicia siguió a su condena por el robo a mano armada de un celular en 2013.
Fernando “Colo” Cappelletti fue imputado como organizador de casinos virtuales y apuestas ilegales; también Ornella Dipietri, expareja de Contreras, afrontó esos cargos y acordó una pena de 3 años de prisión condicional en un juicio abreviado. Rodrigo Cappelletti, hermano de Fernando, fue detenido junto con Lautaro Noriega y ambos imputados como custodios del arsenal atribuido a Los Menores en Roldán. Otro hermano de Cappelletti, de 18 años, salió herido de una balacera contra la casa de la familia, aparentemente una respuesta de Los Monos ante la ofensiva en su contra, el 17 de noviembre de 2025.
Cappelletti dijo ser un simple aficionado al póker que se reunía con Jorge Fleitas y otros amigos cada miércoles en el club Triángulo (Amenábar al 5300), pero conoce el paño del juego clandestino ya que registra una condena por ese delito. No solo eso sino que según la fiscalía organizaba apuestas ilegales a través de lo que se conoce como casinitos, una modalidad delictiva en alza desde la legalización del juego virtual en 2020.
El casinito funciona a través de plataformas (Zeus y Rojo23.vip en los casos atribuidos a Cappelletti y Dipietri) a las cuales el jugador ingresa mediante un link, un nombre de usuario y una contraseña. No se requiere documento de identidad, los nombres de usuario suelen ser de fantasía y no existen controles. La red se organiza como una pirámide con tres niveles: el administrador, los cajeros y los jugadores.
Cada cajero compra un número de fichas al administrador; la frecuencia puede ser semanal o quincenal, depende de la demanda. Cada jugador, a su vez, compra fichas a un cajero y apuesta no bien el cajero habilita el acceso. La ganancia surge de la diferencia entre una transacción y otra y los pagos se realizan por transferencia o en efectivo solo cuando se trata de personas conocidas. Distintos testimonios y datos de teléfonos intervenidos calculan entre 800 y 5 mil la cantidad de cajeros en actividad, lo que supone un volumen diario de dinero incalculable y con destino incierto, pero que podría alimentar otro circuito delictivo: los préstamos informales de dinero.
Inmobiliaria Los Menores
Pero el negocio más lucrativo de la banda —un aspecto ahora bajo investigación de la Justicia Federal— no serían los casinitos sino en primer lugar la venta de drogas y a renglón seguido la venta de terrenos y el alquiler de departamentos temporarios. En este punto cobra relieve la figura de Ramiro Escalante, considerado el tesorero de la organización. Como sucedió con otros procedimientos realizados contra Los Menores, Escalante fue puesto sobre aviso del allanamiento del departamento que ocupaba en el condominio de Vélez Sarsfield al 500 y alcanzó a vaciar su caja fuerte y escapar apenas media hora antes de que la policía tirara la puerta abajo.
Sin embargo, los investigadores rescataron anotaciones sobre transacciones con monedas virtuales y al cruzarlos con otros datos armaron parte del rompecabezas. Un hilo del que ahora se trata de tirar son notas sobre inversiones en Bahía Blanca y contactos con Juan Ignacio Suris, condenado por asociación ilícita en esa ciudad, detenido en Esperanza en 2023 y vuelto a condenar por sobornar a dos jefes de la Policía Federal de Santa Fe, el 25 de febrero pasado, para disfrutar de comodidades en su lugar de detención y mejorar el pasar económico de sus custodios. Suris estuvo vinculado con Contreras y con Garraza, según acreditan fotografías recuperadas de celulares y documentación de vehículos que compartieron.
Escalante sería el deus ex machina en otro aspecto llamativo de los organizadores de la banda: no residían en domicilios fijos sino en casas supuestamente prestadas o departamentos de alquiler temporario o bajo contratos de comodato que impresionan como ficticios, entre ellos el del departamento donde “Pomelo” vivió en Vélez Sarsfield y el de Contreras en el country San Sebastián. “Pomelo” proveyó los enseres de esos domicilios y también teléfonos celulares; la fiscalía allanó también la casa de sus padres, en Tierra de Sueños 3, Roldán. Una duda lateral es si los apodos con cítricos son reales o funcionaban como guiños en las conversaciones telefónicas, del mismo modo que Primo y Pariente.
La venta de terrenos surge como actividad a partir de conversaciones telefónicas. Otro ítem del aspecto económico de Los Menores es la creación de sociedades fantasma para el lavado de activos y los vínculos con otras empresas dudosas. Una de ellas habría sido Odontotécnica, en principio dedicada a proveer insumos odontológicos en la ciudad de Buenos Aires, donde Contreras aparecía como empleado ante los ojos de la Justicia, y que pasó a tener un parque automotor con vehículos de alta gama. Otra, una compañía que ofrecía paseos en Nordelta y levantó sus redes sociales y página web al día siguiente de la captura de Contreras. Una más, una sociedad dedicada a la importación de sanitarios desde China adquirida en 2020 y donde Contreras también apareció como empleado.
Otro negocio ilegal salió a la luz con el asesinato a balazos de Julio César Reybet, el 15 de octubre de 2025, en un lavadero de Rueda 2930. La fiscalía secuestró en ese lugar un Orb, aparato que se utiliza para el escaneo de iris. Florencia Reybet declaró que su hermano Julio César trabajaba para una empresa dedicada a la lectura de iris, llevando a personas con tal fin de Santa Fe a Rosario y de Rosario a Buenos Aires, y que el lavadero —investigado dentro de la banda de Leandro Vilches, por otra parte— iba a ser una sede de esa empresa. El negocio quedó frustrado pero la sospecha es que ya se utilizaba la identidad de personas que se escaneaban el iris para operar con criptomonedas.
La nueva hegemonía
El conjunto de la operatoria da cuenta de que Los Menores no son simplemente una banda que desplazó a Los Monos de la hegemonía en el ambiente del delito sino que representan una especie de estrato superior, mejor organizado, más inteligente y atento a las posibilidades que ofrecen la tecnología y la economía actual.
Una de las diferencias con Los Monos es que los organizadores no están presentes en el territorio sino que lo controlan a través de sicarios o encargados de turno: Gazzani dirigió así el enfrentamiento contra la banda de Brian Emanuel Villalba en 7 de Septiembre a través de las órdenes impartidas telefónicamente a Alejandro Leguizamón, más tarde reemplazado por Ezequiel Dilascio, según la investigación. Leguizamón llegó a quejarse de que Gazzani no hiciera acto de presencia.
Los encargados, a su vez, utilizan domicilios que “alquilan” a los fines de la banda. El Búnker del Medio, en barrio 7 de Septiembre, designa así un playón abierto “donde se vende todo el tiempo”, según expuso el fiscal Franco Carbone en la audiencia de imputación contra Lautaro Ghiselli, y los vecinos “están amenazados y son obligados a guardar droga y armas”. Los casos suelen hacerse visibles cuando hay conflictos, por ejemplo el de la mujer que prestó su casa de Pedro Lino Funes al 3000 para esconder cuatro pistolas, una ametralladora y cartuchos y denunció que se la habían expropiado.
Otra característica que distingue a los organizadores de Los Menores son las medidas de seguridad que incluyen el uso de teléfonos difíciles de peritar —uno secuestrado a Escalante no se pudo abrir— y las comunicaciones a través de la aplicación Zangi, que no deja huella de los mensajes. También es novedosa la forma en que la banda utiliza contactos en la policía de la provincia.
En la imputación contra la facción liderada por Contreras, la fiscal Georgina Pairola señaló a Jonatan Garraza como parte de “una importante connivencia policial con la estructura criminal”. Los restantes integrantes del componente policial de Los Menores no están todavía identificados, pero la banda se distingue también en este punto de Los Monos: antes que tener policías estables en la nómina, provee datos para que la propia fuerza ataque a sus rivales. Fue el caso del arsenal secuestrado en enero de 2022 en poder de Luciano Cantero, al que la policía llegó gracias a información proporcionada por Garraza.
Los contactos también funcionan, como demostró Mauricio Javier Ayala con Marcos Martín Molina, un policía asignado al Centro de Justicia Penal que organizó el plantado de armas a la banda rival Los Tripi en 2024. Este episodio surgió después que el MPA procedió al derribo en Riobamba al 5000 del primero de los 109 puestos de venta que lleva “desactivados”; Ayala, que manejaba ese búnker, creyó que la policía buscaba beneficiar a los Tripi y planeó una venganza a la que se prestaron agentes del Comando Radioeléctrico.
Jonatan Garraza, el nombre clave en “la connivencia policial”, se desempeñó en la comisaría de Acebal y previamente en la actual Policía de Investigaciones, a la que quería volver y a la que abastecía de información. Pasar datos parecía su forma de hacer mérito; ahora se entiende que respondía a una estrategia de Los Menores para complementar lo que los sicarios de la banda hicieron en otro plano con los homicidios de Samuel Medina y Andrés Bracamonte. La captura de Lautaro Ghiselli, por otra parte, no dejó huérfana a la barra de Central; su referente es Marcos Dilascio, el padre de Ezequiel, el joven de 21 años detenido por el homicidio de Ángel Acuña, perpetrado en el barrio Stella Maris.
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