La vulnerabilidad de la Argentina se debe a factores estructurales agravados con el enorme endeudamiento tomado por el gobierno de Mauricio Macri y el legado de recesión, inflación y consumo desplomado. A ese combo se sumó la peor crisis mundial en 70 años. Sin embargo, la Argentina sigue siendo un oasis de estabilidad institucional en un continente con sistemas políticos en llamas.
Para afrontar el segundo semestre, el gobierno tendió dos puentes de tiempo. Uno, anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, implica un alivio financiero de dos mil millones de dólares hasta marzo de 2022 para la deuda con el Club de París. El otro, busca asegurar el consumo interno de los cortes tradicionales de carne vacuna y restringe a la mitad las exportaciones. El anuncio lo realizó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto al ministro de Agricultura, Luis Basterra.
Tras la noticia, los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino, la Mesa de Enlace y hasta el Sindicato de la Carne, alineado con el gobierno, manifestaron su disconformidad. El argumento refiere a que, con esta medida, tal vez baje el precio de la vaca en pie, mejorando el margen de los exportadores en detrimento de la producción, pero no se conseguirá un impacto en los mostradores.
Además, la limitación de las exportaciones puede provocar el cierre de plantas frigoríficas y la reestructuración de los planteles de trabajadores, con despidos o suspensiones. El sueldo mínimo medido en asado se encuentra en apenas 34 kilos, el nivel más bajo desde 2003. Después del máximo de 109 kilos de 2008, el promedio osciló entre los 60 y los 70 kilos hasta 2019, cuando comenzó el derrumbe. Es un nuevo capítulo en un conflicto que se agrandó bastante más de lo esperado.
El puente financiero
En los últimos quince días, las convulsiones internacionales llegaron de forma particularmente notoria a la Argentina. El precio de la soja y sus subproductos registró retrocesos diarios de los más profundos en la historia reciente. Las rebajas en el corte de biocombustibles que anunció la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, un fallo de la Corte Suprema y las declaraciones en la reunión de la Reserva Federal (FED), provocaron una migración de capitales que a la Argentina puede afectar en más de dos mil millones de dólares.
La FED declaró que las tasas de interés no se tocarán hasta finales de 2023. Sin embargo, integrantes del Comité de Política Monetaria plantearon la posibilidad de anticipar la medida. Los índices de acciones Dow Jones y S&P500, el petróleo, el cacao, el algodón, el café, los metales, las harinas, los aceites, la soja, el maíz, el trigo, la avena y el arroz, hasta las criptomonedas, sufrieron la huida hacia los bonos del Tesoro norteamericano de largo plazo y el dólar. La relación suele ser directa: si baja el dólar, suben las materias primas, y a la inversa.
El cimbronazo más fuerte lo vivieron los subproductos del complejo sojero, que son la base de la producción nacional. En las últimas semanas el aceite llegó a perder 235 dólares, lo que implica una reducción de alrededor del 19 por ciento en los ingresos por exportación. La harina podría implicar pérdidas por 403 millones de dólares. Por su parte, la caída del maíz podría mejorar la situación de los feedlots y tener algún efecto sobre el precio final de la carne.
El tamaño de la burbuja pandémica puede medirse con la variación del aceite de soja. En un año triplicó su valor, pasando de 551 dólares la tonelada a 1586 dólares. Esa aceleración fue provocada por la recuperación del precio del petróleo, que había alcanzado valores negativos el 20 de abril de 2020; el repunte de la demanda asiática, y una mala campaña del aceite de palma, el principal competidor mundial. Además, coadyuvó la instalación de la “agenda verde” del nuevo gobierno norteamericano.
Los movimientos especulativos no amenazan con una precipitación total. El stock de granos norteamericano es bajo de cara a una gran incertidumbre climática en algunas regiones productoras y la demanda de alimentos a nivel mundial se sostiene. Las reservas argentinas sumaron 6.179 millones de dólares el primer semestre. Las dudas crecen mientras el Paraná baja al máximo en 50 años y los buques salen de Rosario hasta con menos que el 25 por ciento de la carga total. El aumento de costos logístico alcanza un 20 por ciento. Es la cara local de una crisis portuaria mundial.
El puente de la producción
Desde hace una semana, grupos de productores convocan a manifestarse para el 9 de julio. El conflicto de la carne emergió como una síntesis de las tensiones políticas que configuran la campaña electoral. El gobierno provincial optó por la discreción para evitar una escalada en el enfrentamiento con la conducción nacional del Frente de Todos y busca recomponer los términos de la unidad territorial para el armado de listas.
El Plan Ganadero que anunció el gobierno nacional se basará en financiamiento a tasas subsidiadas, beneficios fiscales, tecnológicos y asistencia técnica. El objetivo es llegar a los 5 millones de toneladas de producción, casi el doble que el volumen actual. De esa forma, quedarían tres millones de toneladas para el mercado interno, que elevaría el consumo a 70 kilos al año por habitante, y dos millones irían para exportación, que exigiría replantear los acuerdos con los compradores.
¿Es posible ese horizonte de desarrollo? De acuerdo al Rosgan, en las últimas tres décadas, la Argentina produjo en promedio 2,8 millones de toneladas anuales de carne. El año de mayor producción fue 2009, con 3,3 millones de toneladas, logradas con una fuerte liquidación de stock. En solo un solo un año se perdieron 5 millones de cabezas y se inició un ciclo de escasez cuyos efectos llegan hasta hoy.
Luego de siete años con faenas de menos de 12 millones de cabezas, en 2017 comenzó a repuntar la producción con el motor de la demanda china. La reactivación se basó en apertura comercial e incremento desordenado, sin un plan de reconstrucción productiva, por lo cual se incrementó el nivel de extracción, es decir, la faena total sobre el stock inicial. A diciembre de 2019, el rodeo estaba en 23 millones de vacas. Con una tasa de destete del 63 por ciento, se obtienen 14,5 millones de terneros al año. Restando la mortandad y las pérdidas, se reponen 14 millones al año. A un promedio de 226 kilos por res, son aproximadamente 3,1 millones de toneladas de carne vacuna.
Para aumentar la eficiencia productiva habría que impulsar la tasa de destete. Manteniendo el nivel de stock y llevando la tasa a 70 por ciento, de 23 millones de vacas se obtendría una reposición de 16 millones de terneros al año. Si la extracción es igual a la producción, para alcanzar los 5 millones de toneladas el peso medio de la res tendría que pasar de 226 kilos, como en la actualidad, a unos 317 kilos por animal faenado. Esto implica superar el peso de Uruguay, con 250 kilos; Brasil, con 260 kilos, o Australia, con 290 kilos.
La otra opción que señalan desde el Rosgan para no forzar al extremo la productividad, sería iniciar un proceso de retención y recomposición del stock nacional. Si el stock de vacas alcanzara los 30 millones, con tasas de destete del 65 por ciento y un incremento del peso de la faena a niveles de Uruguay o Brasil, se llegaría a los 5 millones de toneladas del Plan Ganadero. Que ese puente no supere los 5 años, implicaría disponer de 1,5 millón menos de hembras para la faena anual. Aunque menos oferta significa un mayor precio.
En un escenario conflictivo al frustrarse la primera reunión con las entidades agropecuarias, los puentes son para asegurar el mercado interno. La volatilidad internacional amenaza con más presión al dólar blue, pero el gobierno cuenta con resto para contener los dólares financieros, que son los que tienen efectos directos. El poder adquisitivo queda arrinconado entre los tiempos productivos y electorales de una economía extremadamente frágil en un contexto donde la imprevisión es la regla. Lo más difícil es adivinar qué habrá más allá de noviembre.
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