En septiembre de 2022 se conoció que el predio ubicado en bulevar Oroño y Dante Alighieri, en el corazón del Parque Independencia, había sido licitado por la Sociedad del Estado Municipal Hipódromo de Rosario. La empresa Arcos Dorados SA consiguió el espacio tras ser la única oferente. La instalación del McDonald’s en el principal pulmón verde de la ciudad se volvió un punto de tensión y conflicto, y la polémica fue sumando las voces de distintas organizaciones de la ciudad. En las últimas horas dio su mirada el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe con un comunicado de tono muy crítico y la advertencia de que “el patrimonio de la ciudad está complicado”.
“El mandato legítimo que los rosarinos otorgan a sus intendentes/as no los transforma en propietarios de la ciudad. Son bienes públicos, que pertenecen a la comunidad”, sostiene el documento, que con la firma de los arquitectos Rubén Palumbo, presidente del colegio en la provincia, y Ariel Giménez, titular del distrito Rosario, “comparte el reclamo ciudadano por la defensa del espacio público y propone la consulta popular como camino para disponer del mismo”.
A pesar de que muchos ven con buenos ojos la instalación del local gastronómico y que la Municipalidad de Rosario considera que el proyecto revitalizará la zona, creará puestos de trabajo y generará ingresos al municipio, el conflicto sobre la participación y los mecanismos democráticos resultan ineludibles.
La Ordenanza 8224, sancionada en el 2008, considera al Parque Independencia como un Área de Reserva para Plan Especial. En la elaboración del plan se debe especificar los indicadores urbanísticos propios para el sector urbano y este debe ser remitido para su aprobación al Concejo Municipal. En resumen, cualquier reforma debe ser precisada y aceptada por mayoría en el recinto. Esto, sin embargo, no sucedió.
Norma López, concejala de la ciudad de Rosario por el FPV-PJ, conversó con Suma Política sobre este punto en particular. “Se trata de que tengamos reglas claras, limpias, con una mirada de sustentabilidad en el ambiente y una mirada participativa del ciudadano. Si no, ¿van a ir sacando espacios verdes sin preguntar? Tendría que haber pasado por el concejo municipal y haberse definido por votos. Si hay un consenso que diga sí, le das para adelante. Si la respuesta es no, hay que reformularlo”, expresa López.
Para la concejala “el emprendimiento hace sus negocios: se abrió una licitación, se presentó, cumplió los pasos que le pidieron en la licitación y se lo adjudicaron. Yo por eso quiero remarcar que la responsabilidad es del Estado municipal, del gobierno de Pablo Javkin”.
La cuestión ambiental
Desde organizaciones ambientalistas el rechazo a la instalación del McDonald’s en el parque es total. La Multisectorial por los Humedales y Protegiendo Nuestros Árboles Rosario realizaron críticas y movilizaciones: la tala de árboles, la contaminación ineludible que representará la instalación de la multinacional, la nula consulta a la ciudadanía y el avance sobre los espacios verdes fueron algunos de los puntos importantes del descontento.
“No es un circo el parque. Es un paisaje de árboles centenarios que están en buen estado y hay que cuidarlos. Es un espacio para que la gente esté tranquila. Esta licitación implica una empresa multinacional por veinte años”. Así se expresa Silvia Molina, fundadora de Protegiendo Nuestros Árboles Rosario, una organización de vecinos autoconvocados que comenzaron a visibilizar la problemática del arbolado local desde hace ya quince años. Miembros de este espacio declaran que quisieron reunirse con el intendente Pablo Javkin y, sin embargo, no tuvieron respuesta. “Dicen que el Hipódromo es propiedad municipal, pero está ubicado dentro del Parque de la Independencia y está protegido por ley. El municipio debe dar una explicación”, declara la activista.
Molina considera que, si se buscaba revitalizar la zona, se podría haber pensado un proyecto teniendo en cuenta la crisis climática actual, priorizando el espacio verde y convocando emprendedores locales para favorecer la economía rosarina. Y también piensa que el Estado municipal es el principal responsable, ya que la empresa “no tiene la culpa”: fue la municipalidad la que “le abrió la puerta de la casa” y ellos sólo están haciendo su trabajo.
Si bien la concesión es prácticamente un hecho y es muy difícil volver sobre los pasos dados, las movilizaciones y los reclamos continúan: “Queremos que el poder político se replantee que la naturaleza no es un recurso para el privilegio de pocos. Necesitamos más verde y menos cemento”.
La acción judicial
Luciano Dangelo es abogado ambientalista que se acercó a los vecinos para proponerles lo que él considera “la única posibilidad”: que la justicia frene la obra. Además de apoyarse en la Ordenanza 8224, Dangelo se ampara en la ley 10.000 de la Provincia de Santa Fe que en su primer artículo determina: “Procederá el recurso contencioso-administrativo sumario contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal o de entidades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas (…) que lesionaran intereses simples o difusos de los habitantes de la Provincia en la (…) conservación de la fauna, de la flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (…)”.
Lo que se busca desde esta acción es que se suspenda la obra, se declare su ilegalidad y se vuelva para atrás, respetando los procedimientos institucionales y democráticos descriptos más arriba. Como expresa el abogado, la ley 10.000 es un proceso rápido y el fallo saldrá a la luz en los próximos días.
Más allá del resultado hay una coincidencia generalizada sobre dos problemas que deben resolverse a futuro ya que el temor a que esta acción siente un precedente se ve claramente en quienes están en contra. Por un lado, la participación ciudadana junto con la necesidad de escuchar a los vecinos y, por el otro, el uso correcto de las instituciones democráticas.
Autor
