Que no podés mojarte la cabeza ni hacer gimnasia. Que no podés quedar embarazada y que te ponés un poco loquita. Que es sucio y medio desagradable. Que vas a necesitar tomar ibuprofeno para calmar los dolores y que no podés estar un poco más relajada en la jornada laboral. Que no te impide nada y que no lo cuentes, porque nadie lo quiere saber. Casi todo se dice sobre la menstruación, ese momento cíclico que las personas gestantes (mujeres, varones trans, lesbianas, no binaries) viven una vez por mes y durante el que tienen que hacer como si nada, incluso diciendo nada. Pero lo que no se dice compete también a lo público: el costo económico sobre todo, pero también el impacto sobre la salud y la productividad de quienes menstrúan, e incluso el efecto que produce sobre el ambiente.
A fines de 2020, sin embargo, el gobierno nacional le abrió las puertas a la menstruación. No armó un Ministerio, como se eligió decir en las tendencias de las redes sociales, sino que invitó a un foro donde funcionarias, militantes, activistas, cooperativistas, diputadas, senadoras y concejalas de todo el país pusieron sobre la mesa números, demandas y proyectos que apunten al trazado de políticas públicas que busquen revertir una situación que afecta la economía, la salud, la educación y el trabajo de, al menos, 15.715.721 mujeres, niñas y adolescentes que viven en el país (datos del censo del Indec de 2010 que no incluye identidades de género como varones trans o personas no binarias). El objetivo: acercar productos de gestión menstrual (toallitas, tampones, copas menstruales) a los sectores más afectados por la pandemia, donde la compra de estos productos se volvió un problema.
Mientras el debate vuelve cada tanto a las reacciones mediáticas y las tendencias, la organización se va construyendo silenciosa pero sin parar. Está el impulso del propio gobierno: acercar productos de gestión menstrual a las trabajadoras de distintas áreas, por ejemplo, o apuntar a unidades productivas textiles para que se fabriquen más y mejores productos de gestión menstrual que puedan llegar a los sectores más vulnerables, que apuesten a la economía popular y la industria nacional. Y están también las redes que se tejen entre productoras y militantes que hace años impulsan el uso de las toallitas de tela y copas menstruales, apelando a una menstruación consciente y política.
El costo del ciclo
El informe “Justicia Menstrual. Igualdad de género y gestión menstrual sostenible”, presentado en mayo de este año por el Ministerio de Economía de la Nación, nació en parte del Foro mencionado y también de la mesa de trabajo interministerial que existe en Nación para abordar los problemas de la gestión menstrual, especialmente en barrios populares. Los números presentados indican que las personas menstruantes gastan entre 1.933 y 4.327 pesos anuales para gestionar su menstruación, dependiendo de qué productos usen o si acceden o no al programa de precios cuidados. Si el cálculo se multiplica por los 30 a 35 años de vida en que una persona menstrúa, aproximadamente, los gastos van entre los 65.655 y 151.445 pesos.
Según los datos relevados, el Programa de Precios Cuidados tiene un impacto sustancial a la hora de disminuir el costo de menstruar. En el caso de las toallitas, la diferencia con las alternativas más caras alcanza el 75 %, y en el de los tampones el 62 %. Pero aunque la diferencia entre los precios esté tan marcada, el costo de menstruar implica pagar anualmente desde 1.933 pesos (toallitas) hasta 2.158 pesos (tampones). El costo es significativamente alto en sectores de menores ingresos. El informe del Ministerio de Economía señala que, al cuarto trimestre de 2020, las mujeres tenían ingresos de 28.937 pesos mensuales, pero las mujeres del primer decil de ingresos recibían 4.021 pesos por mes. Para ellas, el costo de menstruar anual equivalía a la mitad de un ingreso mensual. Si las personas no tienen acceso a los productos de la canasta de Precios Cuidados, entonces el costo de menstruar pesa mucho más en proporción a sus ingresos. Quienes utilizan tampones, destinan más de una Asignación Universal por Hijo/a en el año a comprar estos productos.
Para paliar los impactos en la economía de familias y personas que menstrúan, existen distintos proyectos sobre justicia menstrual con estado parlamentario en el Congreso Nacional. Son en total cuatro en el Senado de la Nación y diez en la Cámara de Diputados. Ningún proyecto de este tipo alcanzó jamás el tratamiento en comisiones en el Congreso Nacional. Los catorce mencionados tienen estado parlamentario hasta el 30 de noviembre de 2021.
De esos proyectos, hay dos presentados en el 2020 que tienen como objetivo modificar el artículo 7 de la ley 23.349, incorporando dentro de las exenciones del IVA a los productos de gestión menstrual. También hay siete con estado parlamentario que buscan la provisión gratuita de estos productos en determinadas poblaciones a través de los centros de salud, establecimientos educativos y otras instituciones (penitenciarias, de salud mental, para personas en situación de calle). También se propone incorporar estos productos al Plan Médico Obligatorio para que sean cubiertos por obras sociales y prepagas.
A fines del año pasado, el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto de la concejala Norma López que busca generar acciones de concientización sobre el ciclo menstrual, como así también abordar de manera integral las situaciones de inequidad que sufren mujeres y personas con capacidad de gestar. Además, incluye productos de gestión menstrual en el Programa Municipal de Precios Justos. También, el 28 de mayo de 2020, el Concejo Municipal de la capital provincial aprobó por unanimidad un proyecto de la concejala Laura Mondino, que crea el Plan Municipal de Gestión Menstrual y busca prever que la Municipalidad disponga de toallitas higiénicas a personas menstruantes en situación de vulnerabilidad.
La diputada provincial del Frente Progresista Cívico y Social Lionella Cattalini presentó a principios de 2020 un proyecto de ley para garantizar a las mujeres santafesinas el acceso gratuito a los productos de higiene menstrual tales como copas menstruales, toallas ecológicas de tela, esponjas marinas, ropa interior absorbente, toallas descartables industriales y tampones. El proyecto obtuvo media sanción en agosto de ese mismo año.
Prejuicios, condiciones y consecuencias
“Cuando hablamos de menstruación se visibilizan todos los prejuicios que se construyeron a lo largo de la historia y las desigualdades estructurales que persisten en nuestros territorios”, señala Majo Poncino, promotora territorial del Ministerio de Desarrollo Social y parte del Foro de la Justicia Menstrual. Según Poncino, el actual contexto sanitario y económico puso en relieve el crecimiento de la feminización de la pobreza y de ahí, las dificultades para adquirir productos que permitan transitar la menstruación. “Vemos que es una de las causas del ausentismo escolar y laboral. Pero también que es un riesgo para la salud de cada persona porque si no tienen con qué gestionar su menstruación deben ponerse papeles, toallas o artículos no indicados”, detalla la militante en diálogo con Suma Política. Y sostiene que el contexto también visibilizó las condiciones habitacionales que hacen a la posibilidad de garantizar la higiene y la sanidad en cada familia. No hay agua, no hay cloacas, no hay eliminación de basurales, tampoco privacidad. Las consecuencias contaminantes y de salubridad saltan a la vista y se profundizan en aquellas que atraviesan el ciclo menstrual.
“…hablar de la menstruación es un proceso, no sale de un día para el otro, pero a la vez se va dando. Es clave para que el acceso a los productos de gestión menstrual sean una demanda y también un derecho…”
Majo recorre los territorios. La pandemia no le permite compartir un mate con las vecinas, pero a lo mejor sí una torta frita. Entre charla y charla, reconoce que hablar de la menstruación es un proceso, no sale de un día para el otro, pero a la vez se va dando. Es clave para que el acceso a los productos de gestión menstrual sean una demanda y también un derecho humano. “Podemos ver cómo el derecho sobre nuestros cuerpos se construye fundamentalmente a partir del derecho a la información y es lo que falta en los barrios. Por eso resulta imprescindible incorporar a la educación sexual integral estos temas y generar espacios de educación popular que habiliten conocernos, compartir saberes, recuperar conocimientos ancestrales que nos acompañen a cuestionar los sentidos que hayan sido impuestos sobre nuestros cuerpos menstruantes. También por eso, la decisión de desarrollar políticas públicas que generen herramientas para transitar la menstruación de manera más digna”, subraya.
Gestión menstrual nacional
Fueron primero pantalones de caucho. Después los tampones, las toallitas de tela y los paños de algodón. Llegaron, finalmente, las toallitas descartables, las que están en las góndolas de todos los supermercados y en el estante del kiosco más perdido en la ruta. Los artículos de gestión menstrual comerciales fueron cambiando en los últimos años, siempre apostando a mayor comodidad y seguridad con relación a la salud. También en cuanto a la noción que se tenga de ese momento del ciclo. ¿Puede parar a descansar una persona cuando menstrúa? ¿O incluso en el peor momento —que incluye migrañas, náuseas y dolores fuertes— tiene que ser todo terreno? Cuando los productos son impulsados en el mercado por privados y con una lógica meramente mercantil no tienen eso en cuenta. Tampoco la realidad económica de la totalidad de las personas menstruantes. Pero de a poco el escenario va cambiando.
Según datos de la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial del Ministerio de Desarrollo Productivo, detallados en el informe del Ministerio de Economía previamente mencionado, en 2019 las importaciones de productos de gestión menstrual terminados ascendieron a 16 millones de dólares, de los cuales 4 millones corresponden a tampones y 12 millones a la denominación “las demás”, que tiene como principal componente a las toallitas. En el país existen firmas nacionales y extranjeras que producen y comercializan estos productos. Si bien las internacionales cuentan con plantas locales, algunas de ellas realizan una combinación entre producción local y productos terminados importados. Las que producen localmente (ya sea de capital nacional o extranjero), registran siempre importaciones de insumos para la fabricación de sus productos.
Que valga la redundancia: en los últimos años el escenario empezó a cambiar y fueron ganando espacio esos productos que buscan disminuir los desechos y llevan adelante procesos productivos que cuidan el ambiente. Son principalmente las copas menstruales y toallitas de tela reutilizables. En la Argentina, describe el informe Justicia Menstrual, la demanda de copas menstruales se abastecía desde principios de milenio con productos importados, en su mayoría comercializados por pequeñas emprendedoras. En 2013 se empezó a producir en el país. Por su parte, la producción y comercialización de alternativas de toallas de tela reutilizables está a cargo sobre todo de cooperativas, emprendimientos o iniciativas de baja escala y poco alcance geográfico.
“El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación busca incentivar a productoras y productores de la economía social en la elaboración de productos alternativos que no solo promuevan la comercialización comunitaria, sino que también fomenten una línea de acción orientada a la producción sustentable”, explica Majo Poncino en ese sentido. La también referente del Movimiento Evita forma parte de relevamientos de unidades productivas que fabriquen este tipo de productos, apuntando a motivar a los y las productoras a trabajar sobre esta temática, “ya que integra cuestiones culturales, económicas y sociales”.
Según especificó, en la Argentina existen unidades productivas textiles de la economía popular que actualmente elaboran toallitas y bombachas de tela para la gestión menstrual. Las toallitas están realizadas por telas 100 por ciento algodón, son biodegradables y pueden utilizarse entre seis y siete horas. También son reutilizables: se calcula que de una vida útil de más de cuatro años. De esa manera se trabaja sobre dos frentes: reducir gastos a largo plazo en la compra de productos y garantizar el cuidado del ambiente a través de la reducción de residuos y la producción ecosustentable.
“El relevamiento nos permite por un lado visibilizar los espacios productivos y cooperativas que han adoptado estos productos como alternativa de trabajo para generar ingresos para sus familias, sobre todo ahora en pandemia. Buscamos fortalecer esos espacios productivos en articulación con el Estado y también capacitar y formar para ir desarmando los mandatos sociales que se establecieron históricamente en torno a la menstruación”, explica Poncino. El relevamiento es una forma de generar demandas y necesidades en torno a seguir tramando estrategias y debates: respecto de los productos que existen en el mercado y que están monopolizados por pocas marcas; respecto de los productos realizados por la economía popular como parte de la cadena de comercialización, como forma de generar un acceso igualitario para todos y todas, y también de discutir los insumos para la producción que sean de industria nacional.
Del emprendimiento al activismo
Noelia Sánchez tiene 36. Nació en Tostado, provincia de Santa Fe, y hace años que vive en la provincia de Córdoba, entre Sierras Chicas y la capital. En 2010, Noelia compró toallitas de tela por primera vez. Las consiguió en una feria “re cheta” de la Capital Federal y dice que el cambio fue “un viaje de ida”, tanto que las empezó a fabricar ella misma, primero con su pareja, después con una amiga, para convencer a sus amigas de que dejen de comprar descartables y se pasen a un modo de gestionar la menstruación más sustentable y cómodo. Eso fue en 2011, en Córdoba capital, donde estudiaba Trabajo Social, y así nació la marca Flor de Luna, que no cuenta con local propio ni venta al público: se difundió por redes sociales y con vendedoras que fueron apareciendo en todos los rincones del país.
“De a poco, con los años, mucha gente fue conociendo la marca. Sumamos personas a la costura, al taller de tintes, al de serigrafía. Es mucho tiempo de trabajar, remar y difundir”, resume Sánchez. Flor de Luna se hace entre Tostado y Córdoba y da trabajo a 50 productoras, que incluye desde costureras a diseñadoras y comunicadoras, y más de 200 vendedoras de sus productos en todo el país. Con el paso de los años, destaca, comenzó a ser más accesible comunicar qué es lo que producen y venden, es decir, superar ciertos prejuicios. La mayoría de las personas que compran en Flor de Luna tienen entre 25 y 35 años.
Una señal de alerta se encendió en espacios productivos como éste cuando el Gobierno levantó las banderas por la Justicia Menstrual. Noelia primero lo celebra. Después apunta: “El gobierno va generando sus talleres y eso está dejando a un montón de familias afuera. Está bueno que lleguen los productos a todas las personas que se pueda, pero es importante que el modo sea teniendo en cuenta que hace muchos años un montón de personas ya lo vienen haciendo y es un factor importante para muchas economías familiares. Y no sólo producimos, sino que militamos estos productos como un cambio cultural”.
La primera competencia que apareció para las productoras de la gestión menstrual fue la copa, a la que no pueden acceder directamente, sino sólo como distribuidoras. “Si encima el Estado nos compite de esa manera, en vez de integrarnos a participar, termina siendo un bajón”, resume Sánchez. “De todas maneras está bueno. Pero nosotras no solo tenemos la capacidad de producir sino también la capacidad de compartir la experiencia de usar estos productos, de producirlos, porque por lo general son producciones familiares”.
La apuesta del gobierno a debatir la menstruación en el ámbito de lo público derivó en la organización de todas aquellas personas que producen y militan apuntando a la justicia menstrual. Así nació la Red Federal de Activismos Menstruales, que tiene como objetivo nuclear a las organizaciones territoriales que trabajan para revertir las desigualdades producidas por la falta de acceso a productos de gestión menstrual en el país. “No nos habíamos encontrado nunca. Nos conocíamos entre nosotras, pero la excusa, la primera razón que encontramos real, fuerte, para organizarnos, fue que se estaba generando toda esta movida y nosotras estábamos dispersas. Y muchas no íbamos a poder acceder a estas discusiones del Estado”, explica Noelia.
Además de buscar incidir en las decisiones gubernamentales, la organización implicó también compartir y aprender sobre cuestiones de políticas comerciales, de copas menstruales, de las condiciones de laburo de cada espacio. “Conseguimos, por ejemplo, una charla en el Ministerio de Desarrollo para que las compañeras que aún no son monotributistas puedan hacer el monotributo o el monotributo social. Son cosas que a veces nos excedían y de a poco van mejorando. Estamos organizándonos para estar presentes en la discusión”, ejemplifica la productora.
Si viaja a 2011, cuando con su pareja empezó a fabricar y vender toallitas de tela, Noelia no ve una Red de Activismo en el horizonte. Probablemente tampoco un trabajo. “La verdad es que es imposible imaginar y me alegro un montonazo, porque además de todo, es honesta mi convicción por la ecología. Y también pienso en eso: en el lugar de las mujeres como cuidadoras y nuestra sensibilidad de cuidar que nos mueve a hacer cosas que sean realmente un impacto también para el ambiente. Cuidar en sí no tiene nada de malo, es lo que falta en general, sea entre las personas, sea al planeta. Y es hermoso ese rol”.
La mirada ambiental no es casual. El impacto de los productos de gestión menstrual descartables en el ambiente es, lisa y llanamente, negativo. Según se detalla en el informe ya mencionado, las toallitas y tampones están compuestos en un 60 % por pasta fluff (celulosa en copos), un material que no es biodegradable ni se puede reciclar. La composición de estos productos, su producción y utilización a gran escala tienen un impacto ambiental directo, tanto por la contaminación como por la deforestación para la fabricación de pasta fluff. Además, estos productos poseen fibras sintéticas superabsorbentes (polipropileno y polietileno) derivadas del petróleo. Se estima que las más de 12 millones de personas en edad menstrual en la Argentina producirían por año más de 132 mil toneladas de basura no reciclable ni biodegradable. Una toallita normal puede tardar entre 500 y 800 años en descomponerse y, dado el alto porcentaje de plástico que contiene, nunca se biodegrada. Los tampones, en cambio, se biodegradan significativamente más rápido (alrededor de los seis meses), ya que en su mayoría están hechos de materiales naturales como el algodón. Sin embargo, muchas marcas de tampones utilizan plástico.
Cabe recordar, además, que en el 3er Congreso Nacional de Pueblos Fumigados, llevado adelante en 2015 en Buenos Aires, se reveló un estudio científico de la Universidad Nacional de La Plata que sostiene que el 100 % de algodones y gasas contiene glifosato, herbicida potencialmente cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud (OMS), o su derivado denominado AMPA.
“El resultado de esta investigación es muy grave. Cuando uno utiliza algodón o gasas para curar heridas o para uso personal higiénico, lo hace pensando que son productos esterilizados, y resulta que están contaminados con una sustancia cancerígena”, afirmó en su momento el pediatra Medardo Ávila Vázquez, referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. El estudio en cuestión encontró glifosato en algodón, gasas, hisopos, toallitas y tampones. El porcentaje de presencia de la sustancia, se indica, depende del grado de procesamiento del producto.
Personal y político
Noelia se sorprende y repite: “Esto es mes a mes, ¡es muy seguido!”. Lo sabe pero es como si cayera en la cuenta poniéndolo en palabras: menstruar no pasa una vez al año, es todo el tiempo. “Y tenés que empastillarte, ocultarte o hacerte la que tenés ganas de salir como siempre. Es un bajón menstruar, que te duela y tener que forzarte a estar como siempre, que no se note, o lo que sea”, dice por teléfono. Y sostiene: cuando cambiás un poco, sea usando otros productos o quedándote en casa (sin trabajar), los síntomas mejoran.
Lo cierto es que pese a la militancia y esa puesta en lo público, menstruar sigue siendo un tabú y ese tabú sigue poniendo a las personas que pasan por el ciclo en una situación de opresión. “El mandato es que si menstruás, que no se note. Pero nosotras menstruamos y eso tiene implicancias, tienen que reconocerle a las personas que menstrúan que hay un gasto extra por eso, por ejemplo. Son cuestiones que salen de lo privado”. Para Noelia, vivirlo y decirlo ya pone a la menstruación en la disputa política: porque va a impactar en los lugares de trabajo, en quién produce y cómo, en las escuelas y en toda la cotidianidad.
“Queremos que menstruar deje de ser un privilegio”, resume Majo Poncino. La militante recoge las dificultades de los barrios para acceder a toallitas y tampones, que no vienen en ningún tipo de módulo alimentario, y las dificultades de hablar del tema. Es una batalla del bolsillo y cultural. Y concluye: “Es fundamental avanzar, visibilizar estos problemas sociales, formarnos para delinear y planificar cómo instalarlo en la agenda pública y que el Estado lo tome para dar respuestas al tema. Y al mismo tiempo tenemos que derrumbar todos los mitos que se han construido a lo largo de la historia sobre menstruar, muchos levantados en base a supersticiones, a un sistema social, político, cultural y económico organizado en base a la desigualdad de género y su causa está directamente ligada a la falta de acceso a la Educación Sexual Integral, indispensable para poder conocer nuestro cuerpo y para desnaturalizar creencias que no tienen nada que ver con nuestro ciclo menstrual”.
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