El gobierno ganó la pelea parlamentaria del primer semestre, pero ahora hasta los mejores amigos desconfían. Con el parlamento en pausa luego de un semestre sin descanso, el gobierno nacional coronó en Tucumán el Pacto de Mayo que fue en julio, que se había anunciado el 1º de marzo en el Congreso, pero que, paradojas de la política, dejó a Milei tan cerca del éxito político soñado como del principio de un resquebrajamiento que ya nadie, ni los propios, se animan a pronosticar cómo revertirá.
La Ley Bases está, Federico Sturzenegger entró al gobierno para desregular y transformar el Estado, Luis Caputo se consagró como “prócer viviente” según la calificación presidencial de las últimas horas, pero al poder financiero no le cierran los números, mete presión con el dólar y le pega de lleno a la estrategia central de la Casa Rosada: bajar la inflación.
La etapa “talibán” del ajuste que implica la llegada de Sturzenegger oficialmente al gobierno (ya era parte, incluso con oficina en la Casa Rosada, aunque luego de la Ley Bases su ingreso se formalizó) no modificó la escenificación de la firma de los 10 puntos de Tucumán; los 18 gobernadores se sacaron la foto, los bloques amigables del Congreso mantuvieron su apoyo, mientras la ciudadanía navega entre el agobio y una silenciosa paciencia, pero sin rasgos de rebeldía contra la revolución conservadora que experimenta la Argentina.
Curiosamente, y por sorpresa, el plan de Milei no resultaría sustentable para el FMI y los grupos económicos y financieros dominantes. Y por eso hay nerviosismo con la cuerda más sensible, el billete de color verde, que subió en su cotización paralela cerca de 45 puntos en dos meses.
Se trata de un sobresalto transitorio dentro de un proceso que tenderá a consolidarse, piensa un núcleo político no despreciable, mientras que otro sector –aun sin arriesgar un pronóstico certero- está convencido de que con las vacaciones de invierno se inauguró el principio del fin del cuento mileísta, cargado de disparates teóricos, de datos brutalmente malos de la economía real y sólo sustentado en la presunta catástrofe que habrían generado los gobiernos de signo populista de las últimas décadas.
Un dirigente gremial y diputado nacional, pródigo en el rescate de frases legendarias de la historia política contemporánea, recordó: “Durante la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, en muchas grandes industrias en pleno ajuste y persecución hubo sin embargo sectores minoritarios que acompañaron ese achique brutal, con una frase, ‘los que quedemos, vamos a quedar bien’”. Era la expresión del triunfo cultural de la dictadura, que creó con éxito slogans como “por algo será” o “el silencio es salud”, pero que luego de algunos años se derrumbó sobre sus propios pies, crisis económica y, en aquel caso, una guerra mediante.
“Los que quedemos vamos a quedar bien” (presuntamente por contar con destrezas y capacidades superiores a las de sus pares, y que el capital finalmente ‘premia’) resulta, con todo, una afirmación compleja. Y aplicable no sólo a los trabajadores en relación de dependencia –que vienen cayendo en picada, tanto en número como en ingresos reales-, sino también al mundo del comercio y a toda la actividad económica en general. La supervivencia del más apto no se compadece con un enfriamiento en la actividad económica nunca mejor acompañada por un invierno gélido que además entorpece el normal funcionamiento del país, al menos de la zona central hacia el sur.
Recién en agosto se retomará la actividad del Congreso. La primera fecha que tiene Diputados para volver a abrir el recinto es el 7 de agosto, día en que se solicitó una sesión para tratar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional; la declaración como “Brigada Heroica” en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas; acuerdos internacionales y dos proyectos del llamado “paquete Bullrich”: la regularización de la tenencia de armas y prórroga del Programa de Entrega Voluntaria y la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, para que abarque a todos los delitos. De los proyectos impulsados desde la cartera de Seguridad también se encuentra la ley antimafias contra el crimen organizado; una ley sobre resguardo del orden público (protesta social), y otro proyecto en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
Todavía sin resolución, como el presupuesto universitario y el FONID (la UCR pospuso una sesión que había pedido en julio para agosto), tomarán relevancia a la hora de debatir el plan de gastos y recursos, al igual que los subsidios al transporte del interior, entre otros varios aspectos, con implicancia de las provincias y los gobernadores.
Tampoco ingresó al Parlamento el ya anunciado nuevo régimen penal juvenil, con la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años, y juicio en ausencia.
El flamante ministro de Desregulación y Transformación el Estado, Sturzenegger, ya avanzó con la llamada “ley de hojarascas”, que pretenderá derogar un centenar de leyes que “representan riesgos a la libertad económica, trabas, o son simplemente obsoletas (como las que regulan las carreras de palomas, obligan a trámites imposibles, o promueven la contaminación)”, expresó en su cuenta de X. El funcionario ya mantuvo contactos con diputados de la oposición dialoguista sobre esta iniciativa. Además, en entrevistas periodísticas aseguró que buscará avanzar con capítulos de la Ley de Bases original que quedaron afuera, como los referidos a justicia o educación. Sobre este último ítem destacó que la Cámara baja ya haya dictaminado declarar a la educación como servicio esencial, algo que contenía la ley ómnibus.
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