Superada la etapa de los fuegos artificiales, el gobierno provincial y la Corte de Justicia de Santa Fe se disponen a encarar un tiempo nuevo, que los lleve finalmente al anunciado recambio de otros cuatro integrantes del máximo tribunal, los que están apuntados por superar la edad de 75 años.
Todos saben que ese argumento es discutible y que las dos partes pueden fundamentar para tener parte de razón, y el asunto terminar forzando una pelea doctrinaria y de jurisprudencia que desemboque en eternos amparos.
“No se puede pelear y negociar al mismo tiempo”, se escuchó decir cerca de quienes se ofrecen a oficiar de mediadores en la gestión de los retiros.
La senda del diálogo y el consenso que el gobierno reivindica en todas sus acciones es la que se había empezado a transitar como primer intento de renovación, y la que generó una primera vacante: la de Mario Netri, que anunció en junio que va a dejar su función antes de fin de año.
El problema fue que después el gobierno esperaba que siguieran el mismo camino los otros cuatro cortesanos señalados, o al menos alguno de ellos. Como pasaron varios meses sin novedades, interpretó en ese silencio una resistencia que intentó desactivar por otras vías.
En ese momento aparecieron los cuestionamientos públicos y la exhibición de detalles o los llamados “privilegios de ley” que parecieron cortar la relación: se habló de altos sueldos, elevados topes, jubilaciones ostentosas, falta de aportes a la obra social, fallas en la gestión, mal manejo, entre otros pases de factura de parte del Ejecutivo.
Después de una primera reunión que los ministros de la Corte interpretaron despojada de interés con el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni (había sido pedida para tratar temas de coyuntura y presupuestarios), saltaron a un pedido urgente directamente con el gobernador. “No queríamos seguir charlando con los ministros de a uno y que nos dijeran que no podían hacer nada y que había que hablar más arriba”, explicaron.
La atención del gobernador de recibirlos a las 7.30 de la mañana de un domingo en Santa Fe fue todo un mensaje del estado en el que estaba la relación institucional entre esos dos poderes del Estado. Aunque después se aclaró que el horario fue sugerido y nunca tuvo la intención de incomodar.
“No es el presupuesto, ni las vacantes ni los cargos que no se firman, el problema es el recambio de la Corte”, pareció quedar claro para los cortesanos en esa reunión matutina en la que iban con una agenda de defensa del sector judicial y se volvieron con pedidos de detalles de funcionamiento de juzgados que decían ya haber mandado.
Para que se tomen en serio el ajuste, desde el gobierno dejaron de enviar al Poder Judicial nuevas partidas para obras, con lo que tendrán que empezar a comunicar que se paralizan los trabajos iniciados en distintos lugares de la provincia.
¿Se van o le piden el cese?
La especulación de que alguno de los cuatro podría pedir el retiro antes de que rijan las reformas a la ley previsional fue una subestimación oficial. Ninguno salió corriendo a ponerle la firma a un trámite que en algunos casos fueron iniciados hace años.
Uno de ellos, Roberto Falistocco, ni siquiera abrió el expediente para su jubilación. Los otros tres sí. María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler ya habilitaron el trámite, aunque ahora deberán reiniciarlo con las nuevas condiciones.
Una usina de trascendidos periodísticos calentó los últimos días las expectativas de que podría haber novedades con la Corte. Ninguno de los cortesanos movió un dedo. Lo que sí hubo fue una avalancha de pedidos de retiro en el resto del Poder Judicial, que llegaron a 36 en una semana, la última de setiembre, incluyendo a personal que en muchos casos ocupaba cargos altos del escalafón.
Tampoco el gobierno parece ahora dispuesto a usar el último mecanismo que quisiera emplear: el de tener que mandar un decreto o una carta pidiendo o comunicando el cese de funciones para los cuatro cortesanos.
De parte del gobernador Pullaro, los ministros de la Corte recibieron una buena y otra mala. En la reunión del domingo pasado escucharon por primera vez de boca del primer mandatario que lo que les habían comunicado los integrantes de la comisión encargada de transmitir la idea de la renovación era exacto, y una decisión tomada por parte del gobierno. Al mismo tiempo el gobernador mantuvo un trato respetuoso con la institución judicial.
Incluso después de ese encuentro, en la semana, Pullaro siguió poniendo certidumbre: dijo en Rosario que hay ciclos que ya se cumplieron y habló claramente de lo que quiere que pase en la Justicia. En buenos términos ahora.
La buena fue que volvió a utilizar palabras como consenso, diálogo, y proceso, para referirse a las formas en la que desearía que ese cambio ocurra.
Ahora resta esperar que no se lo malinterprete y se quiera aprovechar el momento o creer que significa un ablandamiento en las decisiones ya tomadas. Y que aseguran tienen un aval más amplio que el del gobernador y su equipo.
En la Corte parecen aceptar que si “baja la espuma”, y se restablece un marco de respeto, se podría hablar de salidas individuales, progresivas, por la puerta grande, no tan inmediatas. Muy distinto que aparecer echados.
En la medición del tiempo para este objetivo existe un problema: si el gobierno pretende acelerar ese recambio antes de fin de año, puede haber diferencias de criterio. Si se estiran los plazos a los primeros meses e incluso hasta la primera mitad del 2025, se estima que ese podría ser un espacio razonable para arribar a un acuerdo.
“A los empujones no”, se plantaron dispuestos a esperar lo peor: un decretazo que tendría altos costos políticos para el gobierno. Ni hablar de la eventualidad de un juicio político múltiple, que parece estar descartado.
En esa certeza también descansan los cortesanos. Razonan que más allá de lo que digan fuentes oficiales, es impensable que un gobernador que viene haciendo del consenso una práctica de gobierno, incluso en la Legislatura donde podría abusar por tener una amplia mayoría, se arriesgue a cambiar casi toda la Corte de un saque.
Se ganaría comparaciones exageradas con otros gobernadores que intentaron cambios similares y que, cuando no fueron progresivos, terminaron mal.
“Armar un cronograma de salidas razonable, y no renunciar al respeto institucional”, reclaman desde la Corte. Y aseguran que “nadie se quiere quedar para siempre. No somos Fayt”, explican para volver a pedir que “bajen los decibeles y se calmen los ánimos”.
Parece que por ese camino se ve la única posibilidad cierta de acuerdo: unos no se van corridos y el gobierno concreta otro cambio anunciado.
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