La Convención Reformadora vivió esta semana la sesión más importante desde su conformación. Los cambios aprobados en el Poder Ejecutivo y Legislativo reconfiguran el esquema político de la provincia, con el aval para que Maximiliano Pullaro pueda competir por la reelección en 2027 como punta de lanza de ese nuevo sistema. El oficialismo logró darle robustez y legitimidad a las reformas, con el acompañamiento de distintos espacios políticos, incluidos sectores del justicialismo.
Pese a los cruces tensos y los discursos de alto voltaje en el recinto, por lo bajo primó un clima de diálogo. Por eso este jueves se conoció que la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible, como reclamaban los gremios estatales más críticos del gobierno. Claro que no todos están conformes con el proceso: desde Somos Vida y Libertad hablan de “decepción” y amagan con judicializar la reforma.
Fueron once horas de sesión que dejaron cambios sustanciales. El principal, la habilitación al gobernador y vice a una reelección inmediata de cuatro años, o sucederse recíprocamente por un período consecutivo. A la aprobación le continuó el debate por una cláusula transitoria que permite a la gestión actual poder presentarse por un nuevo mandato en 2027. Es uno de los puntos más cuestionados del proceso: desde la sanción de la ley de necesidad de reforma la oposición sostuvo que el verdadero objetivo del gobernador era lograr la reelección, por eso le reclamaban que se excluyera del proceso. No ocurrió.
Otra de las reformas trascendentes es la limitación de los fueros parlamentarios y los mandatos legislativos: solo se permitirá una reelección, aunque podrán volver a presentarse para el mismo cargo luego de un período de intervalo. Es un punto que, en líneas generales, reunía consensos. Sobre todo, por lo que sucede en el Senado provincial, donde algunos permanecen en sus bancas desde hace más de dos décadas. Entre ellos Joaquín Gramajo, desde 1991; Felipe Michlig, desde 1999; o Alcides Calvo, desde 2003. Los tres también forman parte de la Convención.
La nueva Constitución también modificará el sistema de distribución de bancas en diputados: se deja atrás la mayoría automática que otorgaba 28 diputados al ganador de la categoría para pasar a un esquema de reparto proporcional. Lo que generó algo de ruido es que no se especifique el sistema a adoptar, teniendo en cuenta el consenso que existe sobre la implementación del D’Hondt. A su vez, el nuevo texto baja la edad permitida para ser legislador y demanda la paridad de género en la conformación de las listas, lo que abrió una polémica con los sectores “celestes” y libertarios.
Balance positivo
En el oficialismo empiezan a delinear un balance positivo de la reforma, luego de los diversos intentos fallidos por modernizar la Constitución. Para Lisandro Enrico hay un buen trabajo de la Convención que se comienza a traducir en los primeros dictámenes que tienen la aprobación del cuerpo. “Estamos viendo un país donde algunos espacios no pueden ni hacer cien metros de campaña caminando porque les tiran piedras. Por el contrario, acá vemos un proceso ejemplar y creo que eso es importante”, dijo en diálogo con Suma Política.
En ese sentido, el dirigente se refirió a la reelección del gobernador y remarcó que, pese a ser el tema considerado como “más polémico”, se aprobó con el voto del 67 % de la Convención. “Eso demuestra la madurez del proceso”, sostuvo. Al mismo tiempo, se refirió a las críticas de la oposición, que giraban sobre un mismo eje: que Pullaro juró por una Constitución que no lo habilita a reelegir y que el propio gobernador —y convencional— se beneficiaría de la reforma impulsada por su gobierno.
“Lo primero que va a hacer Pullaro cuando termine este proceso es jurar por la nueva Constitución, con lo cual no me parece un argumento válido. ¿Por qué aplicaríamos una vieja Constitución si luego juró por una nueva?”, indicó. “Es como decir que Menem no podía ser candidato a presidente porque asumió con una Constitución que establecía mandatos de seis años sin reelección. En el medio se reformó y no se puede pasar eso por alto”, remarcó.
En el peronismo
Más para Santa Fe acompañó los dictámenes de mayoría, pero se dividió en la cláusula transitoria que habilita la reelección de Pullaro. Siete de los doce convencionales acompañaron con su voto: Rubén Pirola, Alcides Calvo, Armando Traferri, Alejandra Rodenas, Osvaldo Sosa, Jaquelina Balangione y Patricia Boni. Dentro de la oposición se sumaron los tres del Frente de la Esperanza y dos de Activemos: María Eugenia Martínez y Victoria Capoccetti.
En el peronismo, la división no fue novedosa. Se sabía que el sector referenciado en los senadores justicialistas acompañaría la intención reeleccionista del gobernador. El resto de la bancada se diferenció con su voto y el tema no generó más repercusiones, quizás con la intención de no sumar diferencias al acuerdo peronista que en dos meses competirá como Fuerza Patria en las elecciones a diputados nacionales. Pero desde el perottismo no lo dejaron pasar: la diputada provincial Celia Arena se encargó de cuestionar la decisión en redes sociales.
En diálogo con Suma Política, Balangione se refirió al voto dividido del bloque y recordó que, a diferencia del oficialismo, Más para Santa Fe logró consensuar un único proyecto de reforma de la Constitución. No obstante, remarcó que parte del acuerdo como bloque implica respetar la diversidad, dentro de la unidad del espacio. “Los que votamos en afirmativo hemos ido madurando la idea. En particular, pienso que no somos quiénes para decirle que no se presente cuando ya hay una cláusula constitucional que lo habilita”, explicó.
En ese sentido, la convencional recordó que ese punto fue lo que llevó al fracaso de otros intentos de reforma. Pero una vez encaminado el proceso, no tenía mucho sentido limitar que el gobernador pueda presentarse. “Luego la contienda es en las urnas. Que tenga la posibilidad no quiere decir que vaya a ser reelecto. Alfonsín, cuando propuso la reforma, se autolimitó y dijo que no se iba a presentar. En el caso de Pullaro no ha dicho nada hasta ahora, pero quizás lo hace. Después es la gente la que juzga. Yo no hago ningún juicio de valor, trato de pensar la reforma fuera de las personas que ocupan los cargos en la actualidad”, detalló.
Por fuera del eje “reelección”, Balangione cuestionó la ampliación del indulto para el gobernador y consideró que el proyecto reformador de Más para Santa Fe tenía “algunas propuestas superadoras”. Por ejemplo, una limitación mayor a los mandatos legislativos, de la que se terminó implementando: “En nuestro proyecto los cargos eran solo ocho años en la vida de una persona, independientemente de que sean seguidos o interrumpidos por períodos intermedios. Cada persona podía ser legisladora solo dos mandatos. Eso permitía una mayor rotación y participación de la gente”.
Traje a medida
Desde el bloque Activemos, Rubén Giustiniani fue uno de los que se plantó contra la reelección del gobernador. Lo dijo en su intervención en el recinto y lo repitió en contacto con este medio: “Pullaro juró por una Constitución que no le permite la reelección y no es ética ni jurídicamente posible beneficiarse por una reforma de la misma Constitución. Además, siendo el mismo gobernador convencional constituyente”.
El dirigente también se mostró crítico de algunas atribuciones aprobadas al Poder Ejecutivo como el indulto, al que definió como una medida “anacrónica”. Por eso rechazó el dictamen y la cláusula transitoria, pero sí acompañó el dictamen sobre el Poder Legislativo, aunque con disidencias particulares. Entre ellas, la diferencia de edad mínima para ser diputado (21) y senador (25). Giustiniani —que es autor de la ley que redujo la mayoría de edad de 21 a 18 años en la Argentina— lo consideró un absurdo. “Las funciones que tienen son las mismas. ¿Por qué el piso de edad es distinto?”, cuestionó.
En ese sentido, el convencional hace un balance ambiguo de la reforma: entiende que del debate saldrá una Constitución que se actualiza en derechos, pero que va a concentrar mucho más el poder. “Se está confeccionando un traje a medida del oficialismo. Es un proceso al que le faltó tiempo y donde las internas dentro de la coalición oficialista hicieron que la oposición fuera la variable de ajuste”, expresó y agregó: “Sí destaco la participación de distintos sectores de la sociedad en audiencias, pero no alcanza. Nosotros habíamos planteado que hacer una Constitución entre dos elecciones y con tan poco tiempo no era lo adecuado. Hoy la sociedad está preocupada por otros temas y no tiene como prioridad este debate”.
Poca apertura
Junto a La Libertad Avanza, el espacio Somos Vida y Libertad se posicionó como uno de los sectores más críticos del proceso. Lucila Lehmann lo definió como “una gran decepción” en donde el oficialismo impuso sus mayorías y no se abrió a las propuestas de la oposición. “Es una reforma que buscó dos objetivos muy claros: la reelección del gobernador y el control de la Justicia. Uno ya lo consiguieron junto a sectores del peronismo y el otro lo van a lograr los próximos días”, evaluó ante la consulta de Suma Política.
La convencional fue a la sesión del miércoles con algunas propuestas que no prosperaron. Una de ellas fue que el Senado deje de manejar el Fondo de Fortalecimiento Institucional que le da a los senadores una caja importante para ayudar a instituciones de sus departamentos. Un reclamo histórico que, además, acumula algunos expedientes en la Justicia. El pedido de Lehmann también apuntaba a que se trasparente el destino de esos fondos.
“El Senado tiene que legislar y controlar al Ejecutivo, no manejar plata. Pero no se dio lugar a mi pedido”, dijo y agregó: “Vemos que hablan de transparencia y en realidad es una reforma en la cual los privilegios se mantienen, las cajas espurias no se tocan, se consolida la reelección del gobernador y se pone una pata encima de la Justicia”, sostuvo y anticipó un debate fuerte en ese sentido: “El dictamen de mayoría sobre la Justicia es inconstitucional y viola los principios republicanos. Nos parece un escándalo y lo vamos a plantear en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Caja de Jubilaciones
Mientras el escenario político terminaba de asimilar la reelección aprobada en la sesión del miércoles, durante la mañana del jueves los convencionales avanzaron en un acuerdo que generó sorpresa: en rueda de prensa, el convencional de Unidos Fabián Bastia adelantó que incorporarían la palabra “instransferible” dentro de la Comisión Redactora. Lo llamativo es que fue el mismo Bastia quien días atrás había dado el tema por cerrado.
El dictamen de la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana había generado el malestar de los gremios estatales. En el texto se definía a la caja como “indelegable” en lugar de “intransferible”. Los reclamos derivaron en una reunión que tuvo como protagonista a dirigentes de Amsafé, ATE y UPCN, entre otros sindicatos, con los convencionales del peronismo y Activemos. Los dirigentes se comprometieron con el pedido y, diálogo y negociaciones de por medio, lograron su objetivo.
Lo cierto es que en Unidos los posicionamientos sobre el tema eran variados. El radicalismo no incorporaba la intransferibilidad en su proyecto, pero tampoco se inmolaba en su defensa. Más bien buscaba terciar entre los dos polos opuestos de la coalición: el socialismo y el PRO. En el partido de la rosa buscaban “blindar” el organismo a futuro, mientras que en el PRO entendían que “atar” constitucionalmente la Caja a la provincia no era lo adecuado, en un país donde las variables económicas suelen ser una incógnita.
Finalmente, el PRO perdió esa disputa. El viernes por la mañana, Germana Figueroa Casas, convencional del espacio, explicó la posición del partido en una entrevista con LT8. “No es que uno plantee transferir la Caja. De ninguna manera está en los planes de Unidos hacerlo. Lo que nosotros planteábamos era no definirlo en una Constitución, porque en el futuro no sabemos qué va a pasar con los regímenes previsionales”, expresó y agregó: “Uno no quiere dejar grabado en piedra algo que puede ser cambiado”.
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