El diputado nacional Agustín Rossi, acompañado por Germán Martínez, Natalia Zaracho, Jorge Chica y Carlos Castagneto, presentó un proyecto de ley para crear un Régimen de Regularización Dominial para las sedes de los clubes de barrio y de pueblo, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a miles de instituciones que cumplen un rol fundamental en la vida comunitaria.
La propuesta complementa la Ley 27.098 de Clubes de Barrio y de Pueblo y establece un mecanismo para que las entidades que acrediten la posesión pública, pacífica y continua de los inmuebles donde funcionan puedan acceder a la titularidad de esos predios, garantizando además la gratuidad de todos los trámites previstos.
“Los clubes de barrio son mucho más que espacios deportivos. Son ámbitos de inclusión, educación, contención y construcción de comunidad. Fortalecerlos también significa garantizarles seguridad sobre el lugar donde desarrollan su tarea cotidiana”, sostiene Rossi en los fundamentos de la iniciativa.
El proyecto incorpora además mecanismos para preservar el destino social de esos inmuebles. Una vez regularizados, no podrán venderse ni transferirse durante veinte años y, vencido ese plazo, cualquier decisión deberá contar con el voto favorable de los dos tercios de los asociados y la autorización de la autoridad de aplicación.
En los fundamentos se advierte que casi cuatro de cada diez clubes del país no son propietarios de las sedes donde desarrollan sus actividades, una realidad que les impide acceder a créditos, realizar obras de infraestructura o planificar su crecimiento con seguridad jurídica. El relevamiento también destaca que Santa Fe es la segunda provincia con mayor cantidad de clubes de barrio y de pueblo de la Argentina, con 1.368 instituciones, por lo que la iniciativa tendría un impacto especialmente significativo en el territorio provincial.
Con este proyecto, Rossi y los diputados firmantes proponen convertir en un derecho una realidad que cientos de clubes sostienen desde hace décadas: instituciones que cumplen una función social irremplazable y que necesitan contar con la seguridad jurídica necesaria para seguir creciendo al servicio de sus comunidades.
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