La provincia de Santa Fe aloja en sus cárceles el mayor número de presos desde que se tienen registros. Durante 2021 la población carcelaria se incrementó un 8,8 % interanual y la cantidad de detenidos se duplicó con relación a diez años atrás. Esto se refleja en la superpoblación que existe en los penales de la provincia, donde se albergan 1.294 personas más de lo que la capacidad permite. Los números fríos van en contra del discurso instalado sobre la existencia de una “puerta giratoria” en las cárceles, un sistema según el cual los delincuentes saldrían con facilidad por el mismo portal por el que ingresaron un tiempo antes. “Eso es una construcción que carece de todo sustento real”, sostuvo el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta.
Según el informe anual elaborado por el Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de la Provincia de Santa Fe, el número de personas privadas de la libertad durante 2021 ascendió a 8.270, lo que elevó la tasa de encarcelamiento a 232 personas cada 100 mil habitantes. El número de detenidos cobra mayor dimensión si se lo compara con los de 2008, cuando el organismo comenzó a elaborar los informes anuales: en ese entonces había 3.794 personas detenidas en cárceles y comisarías.
El crecimiento sostenido de la población carcelaria no abona la metáfora de “puerta giratoria”, fuertemente instalada en la sociedad. Por el contrario, un 44,7 % de los detenidos en establecimientos provinciales no tienen condenas —es decir que están presos preventivamente, a la espera del juicio— y, de los condenados, un 67 % tiene penas que van de los 3 a los 12 años.
En diálogo con Suma Política, Erbetta sostuvo que la idea de “puerta giratoria” es “una construcción idealizada” que no se respalda con los números que muestra la realidad. “Normalmente se habla de la puerta giratoria como una reacción espasmódica frente a un hecho puntual, concreto e individual en donde la sociedad percibe que puede haberse producido una situación de injusticia. Pero esta generalización a partir de un caso no tiene ninguna correlación con los datos de la realidad, ni tampoco permite sostener una construcción teórica que tenga un respaldo”, explicó.
En ese sentido, remarcó que las mediciones del OSP dan cuenta de un “crecimiento exponencial” de la población carcelaria en nuestra jurisdicción. Y volvió a fustigar el relato de la “puerta giratoria”. Para el juez de la Corte provincial, eso “es parte de un discurso que puede sonar bien, pero que verdaderamente encierra un desconocimiento absoluto del funcionamiento del sistema penal en Santa Fe y de la realidad carcelaria de nuestra provincia. Los datos son elocuentes y no hace falta demasiada profundización para poder comprenderlos y analizarlos”, remarcó.
Sistema invertido
El número de detenidos sin condena para 2021 —3.698 personas, un 44,7 % del total— decreció un 7 % respecto de 2020 e interrumpió una tendencia ascendente que se registraba desde 2015. De hecho, se trata de la proporción más baja en los últimos tres años: 52,3 % en 2020, 48,6 % en 2019 y 47,5 % en 2018. Esos datos se acompañan con un incremento del 26,3 % en 2021 en el número de presos con condenas, siendo el período de mayor crecimiento registrado.
Para Erbetta ese dato tiene dos lecturas. La positiva es que desde la instrumentación del nuevo sistema acusatorio de justicia penal en 2014 se logró bajar el porcentaje de prisiones preventivas e invertir la ecuación en relación a los condenados: “Estábamos entre un 55 y 60 por ciento de presos preventivos contra un 40 y 45 por ciento de condenados, aproximadamente. Lo cual demostraba que teníamos un sistema penal invertido, porque la regla es que la persona esté presa por condena, no por las dudas”.
La otra lectura es que, si bien ha habido mejoras, el número de detenidos sin condena sigue siendo muy elevado. “Un sistema que funcione bien debería no superar el 20 por ciento de encarcelamiento preventivo”, evaluó el magistrado, y agregó que la herramienta de la prisión preventiva tiene que seguir criterios claros, como el riesgo de fuga o la posibilidad de obstaculizar una investigación. “Hay hechos que por su escasa relevancia no justifican la prisión preventiva. Es preferible una respuesta rápida y que en última instancia el encarcelamiento se justifique porque existe una decisión de mérito que esté avalada por la prueba del caso”, reflexionó.
En esa línea consideró que una de las maneras de mejorar la situación es “evitar que el sistema penal se burocratice” e indicó que eso se logra trabajando en las demoras que se suelen dar entre las distintas instancias judiciales: “Necesitamos reducir los tiempos entre lo que es la investigación, la acusación, la audiencia preliminar que permite definir si el caso va a juicio y la audiencia de juicio propiamente dicha, como para que en los casos donde no hay un proceso abreviado, la respuesta sea mucho más corta que la que actualmente tenemos”.
Cárceles superpobladas
Otro dato preocupante que se desprende del informe es el nivel de superpoblación que existe en las cárceles de la provincia. En 2021 se registraron 1.294 personas por encima de la capacidad de alojamiento que posee el Servicio Penitenciario, es decir, un exceso del 21,9%. De las trece instituciones disponibles para albergar detenidos, ocho están sobrepobladas y con niveles preocupantes en tres: la Unidad Penal Nº 11 de Piñero con 645 personas más de lo que su capacidad permite (44,4%); la Unidad Penal Nº 1 de Coronda con un exceso de 393 presos (27%); y la Unidad Penal Nº 2 de Santa Fe donde se alojan 265 internos de más (24,7%).
De hecho, recientemente la Corte Suprema provincial volvió a instar al gobierno de la provincia para que revea la situación en la cárcel de Piñero y reajuste el número de internos que allí hay alojados. La advertencia tiene que ver con un pedido presentado por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) en 2017 y que la Justicia resolvió por medio de un habeas corpus en favor de las personas privadas de la libertad.
Pero la situación se agudiza cuando se observa lo que pasa en las sedes policiales. En total la provincia cuenta con capacidad para alojar de manera transitoria unas 716 personas; sin embargo el total de detenidos en comisarías para finales de diciembre de 2021 llegaba a 1.082, es decir unas 366 personas de más (51 %). Sólo en dos Unidades Regionales se registraron plazas disponibles: Rosario y Las Colonias. El resto de las regionales departamentales están sobrepobladas, con indicadores elevados en San Jerónimo (328,6 %), San Javier (157,1 %) y La Capital (142,7 %).
Ante ese contexto, Erbetta señaló que si se analiza la infraestructura disponible y el crecimiento que viene teniendo la población carcelaria es “escalofriante” la proyección hacia el futuro: “De mantenerse, vamos a poder estar en condiciones de anticipar que un gran porcentaje de la población santafesina va a tener que estar encerrada y obviamente no va a haber capacidad física para sostener esa ecuación”.
Entre las características de la población carcelaria que se encuentra en unidades penales, el parte da cuenta de que un 96,6% está alojado en cárceles de varones y apenas un 3,4 % en las penitenciarías de mujeres. Cerca de la mitad son jóvenes de entre 18 y 30 años (3.533 personas) y si se contempla la franja de entre 31 y 35 años la proporción se acerca a los dos tercios (4.757 personas).
Además, de las personas detenidas y condenadas en prisiones provinciales, un 65,5 % está cumpliendo su primera condena mientras que un 23,56 % es reincidente. Robo (38,3 %), homicidio doloso (21,6 %), delitos contra la integridad sexual (17 %) y portación de armas de fuego (14,9 %) aparecen como las calificaciones legales que más se repiten a la hora juzgar la situación de los detenidos.
En el caso de las comisarías la distribución por género es similar: de las 1.082 personas detenidas en sedes policiales sólo 32 (3 %) son mujeres. Y en estos lugares se registra que 89,3 % de los internos no posee condenas, contra un 10,7 % que sí. Es decir, casi nueve de cada diez personas detenidas en alguna sede policial no tienen condena firme.
Prevención
Erbetta valorizó los resultados de las reformas impulsadas hace ocho años y consideró que el sistema previo a 2014 era “una fábrica de producir impunidad a nivel industrial”, que no fue peor gracias al “compromiso y trabajo” de un gran número de jueces, fiscales y secretarios. “No cabe ninguna duda de que este sistema es una superación notable del anterior, no solamente en términos de que hemos constitucionalizado el proceso, sino también en publicidad y transparencia, que son esenciales para cualquier actividad pública y fundamentalmente para el ejercicio de un poder tan tremendo como el político”, evaluó.
No obstante, el ministro de la Corte también puso el foco en la extensión geográfica de la provincia de Santa Fe y las diversas particularidades que se presentan en cada una de sus regiones, lo que influye en que el sistema no funcione de la misma manera en todo el territorio: “Hay asimetrías muy pronunciadas que tienen que ver con muchísimos factores. En algunos casos por falta de recursos, por falta de capacitación en otros, o por criterios que deben fijarse desde las fiscalías regionales. Es una deuda que tenemos pendiente y que se debe corregir a través de una coordinación y gestión de este proceso de reforma permanente, contigua y una fuerte articulación entre los distintos actores”.
Aun con las mejoras del sistema penal, el magistrado indicó que sigue siendo limitada la capacidad de reducción del delito, algo que se presenta como uno de los reclamos sociales más fuertes. “Cuando la Justicia Penal interviene el delito ya ocurrió”, resumió Erbetta, aunque tampoco desligó al Poder Judicial del problema: “Claro que la Justicia Penal tiene una incidencia. Hay un actor central de política criminal que es el Ministerio Público con los fiscales, porque ellos son los que definen una política de persecución penal estratégica”.
En esa línea destacó que los fiscales tienen posibilidad de articular estrategias con el sector policial en el terreno para poder intervenir en diversas economías delictivas, desde las más livianas como puede ser el robo de celulares hasta circuitos más graves como el lavado de dinero. “Ahí hay una mayor responsabilidad de parte del Ministerio Público Fiscal, pero la responsabilidad del control del delito, para darle tranquilidad y paz a la gente, es preponderante del Poder Ejecutivo”, expresó, y agregó que, ante este contexto, el impulso de una reforma policial cobra mayor relevancia: “Lamentablemente la política provincial no se ha dado un tiempo en estos últimos años para discutirla seriamente, por fuera de una agenda electoral. Esto sigue siendo una deuda pendiente de la política”.
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