Claudia Balagué, ex ministra de Educación de Santa Fe y actual diputada provincial por el Frente Amplio Progresista, dijo a Suma Política que la ley de Educación Sexual Integral es sistemáticamente “frenada en el Senado” santafesino por las presiones de sectores religiosos y otros de la sociedad civil, frente a las cuales, resaltó, es permeable ese órgano legislativo. A la vez, sostuvo que la ausencia de una ley provincial permite, entre otras cosas, que muchas escuelas religiosas de la provincia continúen “con la mirada biologicista de la educación sexual integral, sin tener en cuenta la perspectiva de género y todo lo que se viene desarrollando” actualmente en esa dirección.
Las declaraciones de Balagué ocurren en un momento complicado para la sanción de una ley provincial de Educación Sexual Integral (ESI). El 30 de noviembre del año pasado perdió estado parlamentario ese proyecto; el Senado santafesino no lo trató y, de acuerdo a la normativa que rige la actividad de la Legislatura, todo volvió a foja cero: Santa Fe seguirá sin tener una ley provincial ESI. Un dato a subrayar —no por original, sino por repetido— es que fue el Senado santafesino, otra vez, la instancia legislativa que ni siquiera trató en comisión el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados; lo mismo había ocurrido en 2018.
Hacia fines de 2021 hubo otra noticia decepcionante para vastos sectores de la comunidad que sostienen la necesidad de una ley provincial: el proyecto en cuestión tampoco fue incluido por el gobernador Omar Perotti para su tratamiento en las sesiones extraordinarias de la Legislatura, lo cual hubiese salvado su estado parlamentario.
La Ley 26.150, de Educación Sexual Integral, fue sancionada por el Congreso Nacional en 2006. Santa Fe adhirió a esa normativa; empero, en los quince años que siguieron a esa fecha fue tan profuso como extraordinario el debate y la sanción de normas específicas relacionadas con la educación sexual: interrupción voluntaria del embarazo, identidad auto percibida, más toda la normativa con perspectiva de género, por citar algunos tópicos.
Así las cosas, apareció como impostergable la sanción de una ley provincial que acompañara estos cambios culturales —muchos de ellos no contemplados en la Ley 26.150— y estableciera a la vez responsabilidades específicas del Ministerio de Educación de Santa Fe para hacer cumplir los postulados de la norma. Desde entonces, dos proyectos de ley corrieron la misma suerte en la Legislatura santafesina (la de los diputados Julio Garibaldi, en 2018, y de Gisele Mahmud, en 2021): fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y virtualmente silenciados en la de Senadores.
“La educación sexual integral es un derecho humano importantísimo y hay que garantizarlo”, destacó Balagué en este reportaje con Suma Política.
—Las presiones de sectores sobre el Senado están claras, ¿no sucede lo mismo en Diputados?
—Desde luego que sí, pero los diputados y diputadas resistimos esto y podemos llevar adelante nuestra postura y nuestra visión sobre el tema, evidentemente el Senado de Santa Fe es un órgano mucho más conservador, con senadores que están allí desde hace tantos años; ese es el ámbito donde esto no se quiere aprobar…
—¿De dónde provienen estas presiones?
—Sin dudas hay muchas y diversas. Algunos sectores de las iglesias, no todos por supuesto, lo hacen y mucho. Lo vemos permanentemente en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando hay algunas posiciones con perspectiva de género. Ahí están los bloques de los grupos evangélicos, sobre todo, que ingresaron en la última elección, y se oponen absolutamente a todo; estos bloques, más sectores de la sociedad que los acompañan en esa postura, se encargan de hacer una presión muy fuerte.
—¿Por qué se necesita una ley provincial ESI?
—No basta con la adhesión a la ley a nivel nacional, porque la verdad es que se ha avanzado mucho desde su aprobación en 2006. De hecho, hay nuevas leyes como la de interrupción voluntaria del embarazo, como la de cambio de identidad de género; muchas que, obviamente, no estaban presentes dentro de aquella ley nacional. Por otro lado, una ley provincial garantiza la territorialidad: es decir, que vos tengas dentro del marco de la ley provincial un Ministerio de Educación (que ahora no está haciendo mucho) con la responsabilidad de seguir con la formación docente y apoyo a las escuelas. De desarrollo permanente en las escuelas, algo que es indispensable y lo fue durante la pandemia. Precisamente, durante la pandemia se interrumpió esta política socioeducativa tan importante.
—Se habló en algún momento de particularidades específicas, territoriales, de Santa Fe…
—No hay particularidades específicas en cuanto a la territorialidad que no sean las mismas que para todo el país, pero sí una ley provincial hace que el Ministerio de Educación tenga un imperativo mayor, una responsabilidad de garantizar que esto funcione en cada una de las escuelas, porque no nos olvidemos que también hay mucha reticencia en algunos docentes.
—Cuando fuiste ministra de Educación, ¿cómo se posicionó tu gestión frente a esa reticencia de los docentes?
—Cuando hubo resistencia en los docentes, trabajamos con los centros de estudiantes, que fue otro acierto, mirado a la distancia, e importantísimo. Porque a veces el docente no estaba en condiciones de llevar adelante la educación sexual integral, o no quería, y entonces lo hacíamos desde el centro de estudiantes. La educación sexual integral es un derecho humano importantísimo y hay que garantizarlo. Garantizar ese derecho implica también evitar situaciones de violencia, violencias intrafamiliares gravísimas, embarazos no deseados… En fin, podríamos hacer una enorme lista de todo lo que contribuye a evitar. Nosotros habíamos avanzado mucho desde el Ministerio de Educación cuando fue su titular Élida Rasino, que conformó los primeros equipos del país que abordaban la ley ESI. Eran personas muy preparadas en el tema, que provenían de algunas organizaciones feministas, docentes formados que se encargaban a su vez de formar a otros y acompañarlos. Esto fue importantísimo, porque si bien había resistencia, también había mucho desconocimiento respecto de cómo abordar el tema, de cómo llevarlo a cada nivel educativo, ya que cada nivel educativo tiene sus particularidades.
—La ley provincial obligaría también a los colegios religiosos que son reticentes…
—La ley nacional, en su momento, contempló que las escuelas religiosas u otras privadas pudiesen aplicar su normativa de acuerdo a sus idearios y no necesariamente por el contenido establecido por el Consejo Federal de Educación. Esto no existe en la ley provincial que proponemos, porque de acuerdo a la experiencia acumulada durante todos estos años, vimos que muchas escuelas tomaron esto de “hacerlo con su ideario” como un argumento para seguir con la mirada biologicista de la educación sexual integral, sin tener en cuenta la perspectiva de género y todo lo que se viene desarrollando con la mirada actual. Esta es una diferencia importante que la ley provincial tendría respecto de la nacional en cuanto al abordaje de la ESI en todas las escuelas, no ya solamente en las públicas: en todas de la misma manera y con los mismos contenidos. Esto es clave.
—Está clara la posición del Senado, ¿cómo ves la del Ejecutivo?
—El Poder Ejecutivo provincial no tuvo ninguna acción positiva respecto de esto, porque podría haber incluido el proyecto de la ley provincial ESI en el listado de tratamiento en sesiones extraordinarias. Con eso salvaba que cayera el proyecto. Y no lo hizo: puso en el listado otros proyectos y la ley ESI no figura. Es decir, no hay decisión política del Ejecutivo. Ni de llevar adelante el proyecto, aún sin ley, en las escuelas —como lo hemos hecho nosotros durante doce años de gobierno del Frente Progresista— ni de sancionar la ley. Es una actitud sumamente reprochable.
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