Por ahora sin demasiadas estridencias, porque los temas candentes van por otra parte, la oposición legislativa en la provincia ha comenzado a mostrar su preocupación por la ausencia de información oficial sobre la ejecución de la inversión pública y el gasto.
En la Cámara de Diputados, legisladores del socialismo y del radicalismo hablan genéricamente de la subejecución de los montos previstos para este año, pero lo hacen con información vieja, con los últimos datos disponibles que se publicaron en junio y que refieren a mayo, a la primera mitad del año en la Argentina que todavía tenía previsiones inflacionarias un 50 por ciento más bajas que las actuales.
Tras las dos primeras semanas de octubre, con la perspectiva de haber comenzado el último trimestre (que viene con las semanas del Mundial) y el aceleramiento de lo que pueda deparar diciembre en el país, se avecina el debate en la Cámara baja del proyecto de Presupuesto 2023. Y para los legisladores que tienen la mayoría en ese cuerpo legislativo pronto será urgente reclamar el cumplimiento de lo que dispone la legislación santafesina respecto de la divulgación de los actos de gobierno, en materia de gasto público, de inversiones y erogaciones corrientes.
Hoy están básicamente ocupados en señalar todo lo que de escandaloso tiene para las instituciones santafesinas la causa del espionaje ilegal y las derivaciones judiciales de las escuchas a Sain y sus colaboradores, que en cada semana suma capítulos y platos fuertes.
La facultad de control
Algunos diputados ya advierten que falta información oficial sobre el gasto del presupuesto en curso, entre ellos la socialista Clara García que —en medio de otra discusión sobre la seguridad— dejó constancia en una intervención desde su banca que el gobierno santafesino no cumple la ley.
La legisladora había reclamado que por fin se informe a la comisión bicameral de seguimiento de la Emergencia en Seguridad cómo, en qué y cuánto se ha gastado en esa cartera, bajo las condiciones excepcionales que da facilidades para licitar y comprar desde drones y patrulleros hasta sistemas informáticos operativos para por ejemplo el sistema 911. Hasta hace cinco meses sólo se habían usado 600 de 15.000 millones asignados. Inexplicable.
García reiteró que ya hubo varios pedidos de informes, una reunión con el ministro Rubén Rimoldi y sus asesores (que derivó en un episodio de tensiones palaciegas con su secretaria logística Ana Morel) pero los datos no aparecen… Como los demás integrantes de la oposición en Diputados, la viuda de Lifschitz ha calificado de “papelón”, por incompleta, la información presentada en un resumen de dos carillas del Ministerio de Seguridad. Y también se ha quejado de la subejecución pero con los datos de mayo.
“¡¿Pueden creerlo?!, han dejado de publicar la ejecución presupuestaria en la web oficial, donde veíamos por finalidad y función dónde estaban invirtiendo. Desde mayo no hay más dónde informarse”, dijo a sus pares sin que nadie defiendiera al gobierno.
En su cuenta de Twitter, el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione se quejó de lo que la actual gestión debería publicar y no lo hace, “como hacíamos nosotros todos los meses”, en virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La inseguridad es una de las preocupaciones más importantes de los santafesinos, lo que obliga a discutir las mejores políticas públicas para enfrentarla.
— Gonzalo Saglione (@GonzaloSaglione) October 11, 2022
Por estos días, en lugar de dar ese debate, el Ministro del área focaliza la discusión sobre la “ejecución presupuestaria”
Es curioso, Santa Fe adhirió a esa norma nacional en marzo de 2005, justamente al hoy ministro de Economía Walter Agosto (que según la oposición la incumple) le tocó promulgarla al ocupar por entonces el mismo cargo, durante el segundo gobierno de Jorge Obeid.
Es que son de los gobiernos del peronismo (anteriores a los tres del Frente Progresista), las dos normas santafesinas más importantes en materia económica para asegurarles a los legisladores un efectivo ejercicio de su facultad de control de los actos de gobierno. Tanto esa norma que lleva el número 12.402, como la 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado con la que mucho tuvo que ver Juan Carlos Mercier, ya no como ministro de Hacienda y Obras Públicas (lo fue del primer gobierno Carlos Reutemann) sino como legislador.
Contextos
En ocasiones, sobre todo bajo procesos inflacionarios complejos como el actual, ocurre que el Ejecutivo por algún tiempo busque que no esté a la vista algún superávit o la existencia de fondos en el sector público mientras se discuten paritarias con los gremios.
Es cierto que acaba de cerrarse una pulseada con los sindicatos estatales (que cedieron en 2020 la cláusula gatillo) y que involucró medidas de fuerza anteriores a setiembre, el mes acordado al comenzar el año para una revisión. Pero también que la falta de datos ya lleva demasiado tiempo.
No hay información de julio, de agosto y de setiembre sobre el uso de los recursos, por finalidad y función, de todo el gobierno. Si el propósito es simplemente disimular la subejecución del Presupuesto 2022 el daño a la transparencia es desmedido.
El proyecto de Presupuesto 2023 está en el Senado y la mayoría del PJ tiene el objetivo declarado de tratarlo durante octubre. Aprobó una preferencia para la próxima sesión que seguramente se hará el 20 de octubre. Si su media sanción no sufre dificultades, en noviembre y diciembre será el turno de los diputados y para entonces, si persiste la falta de información oficial sobre el presupuesto actual (además de una notable falta de diálogo con el Ejecutivo), el tratamiento del próximo será muy difícil.
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