Prisión preventiva hasta el 11 de noviembre para todos los imputados en el fraude con combustibles. La resolución del juez Gustavo Pérez Urrechu alcanza a trece jefes de la Unidad Regional II y a cuatro civiles y se produce al cabo de audiencias realizadas entre ayer y hoy en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en el que la fiscalía expuso los resultados de diez meses de investigación y los abogados defensores cuestionaron las calificaciones legales y plantearon sospechas sobre la denuncia original.
El fiscal José Luis Caterina atribuyó a los funcionarios policiales los delitos de peculado de caudales públicos en grado de partícipe primarios, cohecho pasivo, falsedad ideológica (en un caso) y defraudación agravada también como partícipes primarios (en dos casos). Se trata de los comisarios supervisores Rodrigo Sebastián Domínguez y Gerardo Fabián Ramírez; los comisarios Fabián Darío Fantín y Juan Pablo Pigozzi; los inspectores Mario Rodrigo Brest, Juan Alberto Villordo, Nancy Plomer y Franco Sebastián Cuesta y los subinspectores Javier Norberto Arce, Jorge Santiago Delgado, Fernando Miguel Ceballos, Gustavo Adrián Bazán y Sergio Darío López.
Caterina acusó además a cuatro civiles vinculados con la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos 3947, el centro neurálgico del desfalco a la provincia de Santa Fe, por delitos de peculado, defraudación agravada y cohecho activo. Los imputados son Mónica Bianconi, presidenta de la empresa Gas Auto Tiferno, que explota la estación de servicio; Oscar Artemio Coullery, copropietario; Daniel Alberto Reynoso, encargado, y María Fernanda de Franco, empleada administrativa, en este caso como partícipe secundaria y sin el cargo de cohecho.
El fiscal pidió la prisión preventiva para el conjunto de los imputados -con excepción de María Fernanda de Franco, empleada administrativa de la estación Puma- , ya que “las penas se presumen de cumplimiento efectivo”. También destacó “la magnitud del desfalco”, estimada provisoriamente en una caja mensual de 45 millones de pesos, el hecho de que la estructura corrupta sacó provecho de la ley de emergencia en seguridad sancionada el 14 de diciembre de 2023, y diversos indicios de peligrosidad procesal. Al respecto puntualizó que el comisario Juan Pablo Pigozzi, jefe de la Brigada de Orden Urbano, vació su teléfono celular en el momento en que Asuntos Internos llamaba a la puerta de su casa para realizar un allanamiento y que Antonio Oscar Coullery, padre de uno de los imputados, intentó visitar a Mónica Bianconi, presidenta de la la empresa Gas Auto Tiferno, cuando estaba incomunicada.
A continuación las defensas respondieron a la imputación y pidieron sin excepción que no se concedieran las prisiones solicitadas. También declararon algunos policías. El comisario Fabián Fantín, jefe del Escuadrón de Caballería y Perros fotografiado cuando se retiraba de la estación Puma presuntamente con dinero, afirmó que había ido al lugar porque los tickets de la carga de combustible tenían poca tinta y, con voz quebrada, pidió que se le permita cumplir la prisión preventiva en su casa, ya que tiene dos hijos con discapacidades. El inspector Juan Villordo, encargado del combustible en la Brigada Motorizada, dijo que se había llevado trabajo administrativo a su casa para explicar las trescientas tarjetas Visa Flota —medio de pago del combustible—, el posnet de la empresa Tiferno y los trece rollos de facturación de repuesto que le secuestraron.
Una figura repetida
Las defensas coincidieron en cuestionar las calificaciones penales de la fiscalía. Carlos Varela, en representación del subinspector Javier Norberto Arce, señaló “una interpretación forzada” de los hechos y “la falta de justificación de la peligrosidad procesal”. Juan Pablo Castagna, por el subinspector Fernando Miguel Castagna, derivó la responsabilidad del manejo de las tarjetas Visa Flota en la empresa Tiferno y se preguntó quién era el autor de los delitos en cuestión si los policías fueron acusados en grado de partícipes primarios.
La denuncia anónima que puso en marcha la investigación fue otro blanco de las críticas. Germán Mahieu, defensor del comisario supervisor Rodrigo Domínguez, preguntó al juez si la fiscalía había investigado a todos los jefes mencionados en la carta que el Correo Argentino entregó en el Centro de Justicia Penal el 18 de julio de 2024. Patricia Guzmán, en representación de Fantín, fue más explícita: “no vi ninguna investigación respecto al (comisario) mayor Daniel Acosta”, el jefe de la Unidad Regional II desplazado como efecto del escándalo que involucró como pieza central a Rogelio Domínguez, su secretario privado.
El nombre de Acosta surge en conversaciones telefónicas entre López y Plomer. El subinspector del Comando Radioeléctrico se refiere como “Daniel” al jefe de la Unidad Regional, con quien tiene conversaciones aparentemente referidas al tema del combustible. “La voy hacer corta con todo el mundo. Lo voy agarrar a Daniel (…) porque este problema es para él, no mío”, dice López el 19 de noviembre de 2024, cuando los policías se vieron en peligro de quedar al descubierto.
Acosta asumió como jefe de la policía de Rosario el 30 de mayo de 2023. En su primer contacto con la prensa se mostró entonces preocupado por reforzar la presencia policial en la calle y por incrementar la cantidad de patrulleros. “Podemos poner 100 ó 200 móviles y nunca van a ser suficientes. Necesitamos cada vez más”, dijo.
El pedido fue sobre todo recogido por el actual gobierno provincial. El primer punto contemplado dentro de las facultades de la ley de emergencia en seguridad pública fue “implementar un plan de equipamiento de las distintas áreas relacionadas a la seguridad pública”, rubro donde los móviles eran prioritarios. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, Acosta recibió así 370 patrulleros cero kilómetro.
Para la fiscalía, los policías actuaron en connivencia con los titulares, encargados e incluso personal administrativo de la empresa Tiferno. Hubo un pacto, “un acuerdo secreto” por el cual fueron acusados Bianconi, Oscar Artemio Coullery y el encargado Daniel Alberto Reynoso.
El fraude se practicó a través de la sobrefacturación de cargas reales y la facturación de cargas ficticias jamás realizadas y los pagos se realizaban puntualmente alrededor del 1° y del 15 de cada mes. Esta regularidad facilitó la recopilación de evidencia, ya que las conversaciones telefónicas de esas fechas entre Bianconi y Reynoso ofrecieron detalles sobre los pagos a los policías, que incluso se presentaban cuando estaban de vacaciones, como habría sido el caso del subinspector Cuesta. Al mismo tiempo los jefes policiales fueron fotografiados en esas fechas cuando cumplían la rutina de presentarse en la oficina de la estación Puma.
Las secuencias fotográficas registradas por Asuntos Internos captaron a los jefes policiales antes y después de ingresar a la administración de la empresa. La diferencia entre las imágenes consiste en que al salir llevaban sobres, pequeñas cajas de madera o exhibían bolsillos abultados.
“Surge como actor de suma relevancia el comisario supervisor Gerardo Fabián Ramírez”, planteó Caterina. Como titular de la sección Garage Oficial recibía las partidas que asignaba mensualmente la provincia para la compra de combustible y repartía el dinero entre treinta y dos secciones de la Unidad Regional, cada una de las cuales tiene a su vez un operador. En marzo la partida en manos de Ramírez fue de trescientos setenta y nueve millones de pesos.
Garage Oficial dependía del comisario mayor Daniel Alejandro Acosta. El secretario privado Domínguez “seguía permanentemente el devenir de Garage, entrevistándose por lo general con una periodicidad quincenal con Ramírez y efectuando gestiones para la obtención de partidas excepcionales”, expuso Caterina. Parte de esos manejos sería la incorporación al Garage del subinspector Gustavo Bazán, con experiencia en Logística, quien aparece como un amigo de la casa en la estación Puma.
Domínguez habría ordenado el esquema recaudatorio ya que “exigió pagos con frecuencia quincenal”. En el allanamiento de su casa se encontró dinero en un placar, en el interior de una máquina de coser, en una caja que contenía medias y ropa interior, en un tupper, en una agenda, en un bolso: en total 25 millones de pesos, 9 mil dólares y algunos reales. Los investigadores secuestraron además cuatro neumáticos embalados de fábrica, idénticos a los que usan los patrulleros Fiat Cronos, y se investiga si provienen de una compra del Ministerio de Seguridad.
El 14 de noviembre de 2024 se movió el avispero. La Secretaría de Coordinación Técnica y Planificación Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Georgina Orciani, pidió en esa fecha a la Policía de Santa Fe rendiciones mensuales y consecutivas desde enero de 2024 respecto del consumo de combustible de las 19 Unidades Regionales de la provincia. El requerimiento apuntaba en realidad a la situación en Rosario y la estructura corrupta acusó recibo, ya que se generaron tensiones y roces entre sus participantes.
Las conversaciones de López y Plomer en los días siguientes revelarían que el subinspector del Comando recibió presiones para ordenar el desfalco. “Me llamaron de todo el país. Hoy lo agarro a Daniel [Acosta, según la fiscalía], se terminó el chiste. Ahora hablo con mi jefe [Diego Santamaría] también, le voy a decir se terminó”, se desahoga López con Plomer.
El protocolo y la trampa
El 5 de septiembre de 2018 el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro firmó una resolución que puso en vigencia el Protocolo de Provisión de Combustible y Sistema Visa Flota. La reglamentación especifica que las tarjetas de débito deben quedar en cada móvil o vehículo y a disposición del chofer para facturar al momento de la carga y no en otra ocasión; el conductor del vehículo es el único responsable de las cargas de combustible; la tarjeta Visa Flota se presentará siempre al momento de la carga de combustible; la toma del kilometraje que se realiza al momento de la carga debe coincidir con el kilometraje rendido en las facturas. Ninguna de esas disposiciones era cumplida en la Unidad Regional II bajo la jefatura de Acosta.
El protocolo recomienda también cargar combustible en establecimientos de YPF. Sin embargo, según la fiscalía solo durante abril habrían ingresado a la estación Puma un total de 150.000.000 de pesos en concepto de combustible pagado por la provincia de Santa Fe, solo con relación a móviles que dependen del Comando Radioeléctrico de Rosario, y en consecuencia faltaría computar las comisarías y otras secciones o divisiones de la URII.
La fiscalía sugirió además que el fraude podría remontarse al año en que entró en vigencia el protocolo. Los hilos entre los imputados comenzaron a tramarse entonces según surge de conversaciones telefónicas. El subinspector Bazán ya estaba en contacto en 2018 con Daniel Reynoso y en la estación Puma lo llamaban por su nombre de pila; a su vez el encargado de la estación tenía autorización de ingreso en la Unidad Regional II. Nancy Plomer tenía sellos de Reynoso en su casa y estaba en contacto con Mónica Bianconi desde 2019.
Otra pieza clave es la ubicación de Garage Oficial dentro de la Unidad Regional II. En 2022 la directora de policía Margarita Romero —actual jefa de la Unidad Regional I y reconocida en marzo por el Ministerio de Justicia y Seguridad con el sable corvo del Brigadier López— firmó una resolución interna por la cual la sección pasó de la órbita de la División Logística a depender directamente de la Jefatura de la Unidad Regional. La medida habría servido para aceitar la recaudación clandestina y controlar el flujo de dinero negro, y de hecho una de las primeras medidas del interventor Claudio Romano fue anular la resolución.
El allanamiento de la estación Puma ordenado por la fiscalía produjo resultados diversos. El subinspector Cuesta fue encontrado en un puesto de carga de combustible con veintitrés comprobantes fiscales en mano y otros en su vehículo. En las oficinas los investigadores secuestraron más de veintiséis millones de pesos, 147.726 dólares y 12 mil euros. Reynoso dijo que estaba sin su teléfono pero el personal de Asuntos Internos le hizo una llamada y pudo escuchar que sonaba en la parte superior de una caja de electricidad, por lo que el aparato también quedó incautado.
El cuestionamiento de las defensas a la denuncia original no pareció muy efectivo. La fiscalía ya había precisado que la carta anónima y la transmisión en un vivo de Facebook de Norma Estela Acosta no contenían las precisiones obtenidas al cabo de diez meses de investigación y que avanzó “de menos a más” después de comprobar prima facie en julio de 2024 que 85 móviles que figuraban fuera de servicio habían realizado cargas de combustible. El despegue se produjo con las escuchas de las conversaciones telefónicas de Reynoso, Ramírez y López.
No obstante, la investigación habría tenido cierto límite según comentarios que resonaron en los pasillos del Centro de Justicia Penal y las sospechas de las defensas respecto de que la fiscalía hizo una investigación selectiva sobre los contenidos de la denuncia original. “Al momento de esta audiencia imputativa, a pocos días de los allanamientos, se han podido ver parcialmente solamente una serie de teléfonos priorizados, quedando aún muchos por peritar y efectuar el análisis correspondiente”, dijo el fiscal Caterina al cerrar su intervención. Habrá que ver si la investigación conserva el impulso y sigue yendo a más, como hasta el momento.
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