La Legislatura aceptó en pleno y sin votos en contra la salida que la Comisión de Acuerdos encontró para comenzar a definir la suerte del fiscal Matías Edery. Su nombre está en el epicentro de la crisis que desde mediados de 2023 atraviesa la Fiscalía Regional de Rosario, que debió ser intervenida por la fiscal general, María Cecilia Vranicich.
El jueves 18 de abril, a un mes de aquella medida tomada desde la cabeza del MPA, la sesión conjunta de ambas Cámaras le puso un plazo de inicio y de finalización a la suspensión que desde el 7 de marzo pesa sobre Edery.
Tras el pronunciamiento de los senadores por una parte y de los diputados por otra (en una misma sesión pero con la obligación de reunir el quórum en cada cuerpo) se fijó un límite a la sanción disciplinaria: 120 días, sin haberes.
Edery había sido provisoria y preventivamente suspendido con la mitad de su sueldo 30 días atrás, sin plazos. Sumado al mes que ya había pasado se completarán unos cinco meses fuera de su despacho en la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, un área que ya había quedado en observación desde que se produjeron denuncias de otros fiscales de Rosario contra Edery.
Desde entonces, esas acusaciones al fiscal se bifurcaron. Por una parte, dentro del MPA el auditor general Leandro Mai avanzó en la investigación y al notar que había elementos que podrían constituir faltas graves elevó —como le ordena la ley— toda la información a la Comisión de Acuerdos, que produjo su dictamen y ahora fue votado por unanimidad. Pero por otra parte, las denuncias penales que se iniciaron en Rosario cambiaron de escenario para que su investigación no quede contaminada con lo que se consideró una interna en la Fiscalía Regional. Las fiscales Bárbara Ilera y María Laura Urquiza tienen el caso.
Con las novedades de esta semana, para Edery parece haber una perspectiva cierta de finalización respecto del juicio o avocamiento a que lo sometió Acuerdos. Pero hay una letra chica en lo que votaron diputados y senadores, que queda muy atrás del título de los cuatro meses de suspensión sin sueldo, y deja una puerta abierta para reabrir el asunto: todo dependerá de qué suceda en la investigación judicial.
Cuando el fiscal de Rosario estuvo en la Legislatura y habló unas tres horas con senadores y diputados, en diálogo con los cronistas parlamentarios se mostró totalmente confiado en que también el proceso judicial se inclinará a su favor. En los pasillos de la Legislatura se dice que su defensa en persona, las declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro respaldándolo e insistentes llamados desde la Casa Gris a los legisladores colaboraron para que no hubiera una expulsión del MPA. Habrá que ver qué sucede en el ámbito judicial.
Lo convenido
El dictamen de Acuerdos que logró el consenso de todos los sectores políticos con representación parlamentaria dividió en dos los hechos que Mai le endilgó a Edery y que el diputado acusador Fabián Palo Oliver se limitó a trasladar a la bicameral.
Fue curioso: el ex intendente de Santo Tomé dijo luego de formular su acusación y pedir cuatro meses de suspensión que si antes hubiera podido oír al fiscal hubiera solicitado el archivo de los expedientes.
A la hora de votar, solo hubo una previsible abstención. La del senador justicialista Armando Traferri que tomó esa conducta “por motivos personales” en cada instancia de la que participó en la sesión conjunta y en Acuerdos. Edery contó a la prensa que quien fuera su acusado le hizo preguntas cuando el fiscal suspendido fue a defenderse.
El senador por San Lorenzo fue orgánico. Obedeció un acuerdo no escrito que se discutió en la comisión, en una reunión en la que estuvo ausente. Allí se convino que no haya discursos y no los hubo. Se guardó uno muy duro cuyos dardos no iban dirigidos a Edery sino a otro miembro de la Legislatura.
Lo juzgado y penado
El dictamen votado en la Legislatura dejó en claro qué hechos considera probados de las acusaciones contra Matias Edery, formuladas por el auditor del MPA, Leandro Mai. En primer lugar, el trato incorrecto y las amenazas a una ciudadana de Rosario, de manera pública en una red social, en la que al discutir el funcionario judicial le advierte: “Ahora pasaré todos los límites. Todo lo que escribís me chupa un huevo”. La denunciante se consideró amenazada y en su queja planteó que esas expresiones impropias le “causaban temor”.
Pero el hecho por el que se le imponen 4 meses sin salario a Edery que más ha llamado la atención es el de su especial vínculo con Mariana Ortigala, hoy presa y bajo proceso en la justicia federal por integrar la banda Los Monos. El fiscal de Rosario sostuvo en su defensa que para cuando se produjeron los hechos que se le achacan esa información no existía.
En cualquier caso, Ortigala era una informante que fue informada por el fiscal, según el auditor que también le endilga haber creado un “Registro de Informantes en el ámbito de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la ciudad de Rosario sin tener facultades legales para ello, siendo dicha facultad exclusiva del Fiscal General del MPA en un todo de acuerdo al artículo 16 de la Ley 13.013”. Y subraya que en el intercambio de mensajes entre sus teléfonos celulares Edery “le brindaba información sobre la marcha de ciertas investigaciones” a Ortigala, “siendo este flujo de intercambio de información improcedente con respecto a la figura del informante. Asimismo, haber erróneamente informado a su superior jerárquico sobre los medios de contacto utilizados para contactar a la referida informante para entorpecer la investigación disciplinaria y penal seguida en su contra”.
El tercer asunto, acaso el más escandaloso por sus connotaciones sexuales es el de “haber mantenido un trato impropio a su rol funcional, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, aproximadamente desde el mes de diciembre de 2021 en adelante con la Sr.a Lorena Córdoba, quien fuera testigo de causas a usted asignadas como fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario e imputada por otros órganos fiscales en el marco de otras investigaciones complejas de juego clandestino en las cuales usted asistió como fiscal del MPA a presenciar las mismas”. Se trata de la viuda de David Perona, muerto por Covid-19 en noviembre de 2020, quien se hacía llamar “el Rey del Juego” en la ciudad de Rafaela. Córdoba, para cuando Edery le enviaba un “material que ya no debería existir”, se había alojado en uno de los departamentos de Ortigala. A su nombre hay numerosos inmuebles que forman parte de la investigación por ser considerada testaferro de los capos de la banda, que están detenidos desde hace años, pero pudieron seguir operando tras las rejas hasta la adopción de medidas más firmes en las cárceles.
Del mismo modo, los legisladores entienden a Edery responsable de “no haber impulsado la investigación en curso en el Legajo Penal CUIJ Nº 21-06907420-8 derivada de la amenaza formulada por Lautaro “Lampa” Funes al doctor Adelmar Bianchini en el año 2018, la causa habría prescripto atento el transcurso del tiempo por lo cual la causa quedó impune”. Sobre los tres primeros no hubo dudas y estuvieron en todos los borradores que circularon hasta el mismo jueves en que se estamparon las firmas de once de los doce integrantes de Acuerdos (Traferri se abstuvo). El cuarto se agregó ese mismo día.
“Hasta ver las resultas”
La lectura del artículo 2 exige un esfuerzo mayor que el primero, más transparente. Aún así, está claro que el Poder Legislativo se ha reservado la posibilidad de volver al avocamiento contra el fiscal. En ese párrafo el dictamen dice que se aconseja lo que finalmente se votó sin ninguna disidencia: “Suspender el trámite del proceso disciplinario en razón de los hechos descriptos en los apartados” que se enumeran “hasta ver las resultas y el avance procesal de las investigaciones penales, evaluando oportunamente los elementos que a juicio de la Comisión ameriten reanudar la investigación por los hechos pendientes en la causa penal en trámite contra el fiscal adjunto”.
En la enumeración de esos “hechos pendientes”, sobre los que hubo una duda suficiente para no agregarlos al artículo anterior, figuran los siguientes:
El auditor acusa a Edery de “no haber avanzado en la investigación de las actividades ilícitas presumiblemente perpetradas por la Sr.a Mariana Ortigala, a sabiendas que la misma tenía estrechos vínculos con una organización criminal que opera en la ciudad de Rosario y su región conforme sus propios dichos a usted (el fiscal Edery) manifestados y habría ejecutado sendos actos con apariencia de delito, afectando de esa manera la regularidad del servicio y la persecución penal con motivo de no haber cumplido debidamente las actuaciones procesales a su cargo”, desde “aproximadamente el año 2021 hasta septiembre de 2023”. En pocas palabras, quien controla la conducta de los fiscales dentro del MPA entiende que el fiscal sí sabía que Ortigala era parte de la banda.
Se deja pendiente también el “haber mantenido una relación personal impropia con Natalia Nancy Salinas en las semanas previas a su asesinato acontecido en fecha 10/02/21, también conocida como ‘Nati Bum Bum’, en razón de encontrarse ésta vinculada a personas que integran o integraron bandas criminales que operan en Rosario y su región. Asimismo haber solicitado medidas y no haber solicitado su apartamiento del legajo fiscal CUIJ 21-08542676-3 caratulado ‘NN s/ Homicidio – víctima Natalia Nancy Salinas’ donde justamente se investiga la muerte de Salinas, a sabiendas que se encontraba afectada su objetividad en virtud de la citada relación de índole personal con la víctima del hecho investigado”.
Mai además señala a Edery por “haber otorgado una ‘protección’ permanente en el tiempo (desde el año 2020) en favor de: a) Mariana Ortigala; b) Rodrigo Ortigala; c) Sebastián Felipe; d) Lorena Córdoba. La ‘protección institucional’ consistiría en el encubrimiento y/o la omisión de persecución penal” en una serie de casos que describe en detalle. En uno de ellos, junto a otros cómplices por amenazas “cuyo objeto era obtener dinero mediante uso de violencias”, con usurpaciones de domicilios, abusos de armas y extorsiones.
Ante el homicidio de Rodrigo Sánchez, se lo acusa de “haber omitido perseguir penalmente a la Sr.a Mariana Ortigala como instigadora” cometido “por los Sr.es Brezik, Benítez y Nicolás”. Y “previo a ello, facilitar a Ortigala un video que habría sido utilizado como insumo por ‘Los Monos’ para vengar el atentado en perjuicio de Mariana Ortigala y que, dicho video, se lo habría remitido el fiscal Edery a Mariana Ortigala. El desenlace de dicha remisión fue la muerte de Rodrigo Sánchez en manos de sicarios por orden de Los Monos”. El miembro del MPA sostiene al respecto que sencillamente entregó el video a quien fue víctima de una gravísima balacera.
Aquel testimonio de Leonardo Peiti
El caso que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra llevaron adelante contra Armando Traferri (quien se escudó en sus fueros como senador para no ser imputado ni declarar) tiene como elemento de prueba principal una declaración de Leonardo Peiti, un capitalista del juego ilegal que admitió haber pagado coimas a los ahora ex fiscales (ya apartados, enjuiciados y luego liberados por acuerdos judiciales) Gustavo Ponce Asahad y el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal.
Mai le endilga a Edery “haber omitido perseguir penalmente a Mariana Ortigala y a Rodrigo Ortigala y Sebastián Felipe como autores y/o partícipes en las extorsiones de las cuales fuera víctima Leonardo Andrés Peiti, quién es de público y notorio ha sido condenado (…) por encontrarse vinculado al negocio del juego clandestino, entre otros. En su carácter de fiscal habría estado en conocimiento con anterioridad a la detención del Sr. Leonardo Peiti, que el nombrado habría sido extorsionado, a través de una balacera a un edificio de su propiedad, por orden del Sr. Ariel ‘Guille’ Cantero y que, para que dicha situación cese, Leonardo Andrés Peiti había entregado supuestamente una suma de dinero al Sr. Sebastián Felipe como asimismo habría concretado pagos mensuales al Sr. Rodrigo Ortigala, todo en beneficio y por orden del Sr. Cantero.
En el caso del crimen en el Casino City Center, se le reprocha “en su condición de Fiscal, haber omitido perseguir penalmente al Sr. Rodrigo Ortigala como autor y/o partícipe de los hechos investigados” respecto de las “extorsiones a comerciantes y empresarios bajo el mismo modus operandi”.
Lo mismo para lo ocurrido en una agencia de loterías por “haber presuntamente participado y/o colaborado en los hechos investigados dentro de la causa ‘Ortigala, Mariana y otros s/ Extorsión’”. Para el auditor hubo una “probable comisión del delito de encubrimiento agravado (…) ocultando deliberadamente evidencia incriminante en contra de Mariana Ortigala, Lorena Córdoba, Rodrigo Ortigala y Sebastián Felipe”.
De igual modo, por “haber omitido en debida forma y alcance la persecución penal” del hermano de Ortigala en la causa de extorsión a Pablo Fortuny, que fue acumulada a la causa del Casino y “a sabiendas de la presunta existencia de pruebas de su participación en el hecho investigado y del vínculo con la asociación ilícita de Maximiliano ‘Cachete’ Díaz con el ‘Guille’ Cantero, todo motivado en un acuerdo previo con Mariana Ortigala”.
Se lo señala por “haber actuado con presunta negligencia e incorrecto desempeño en el resguardo y tutela del rol de informante que ostentaba la Sr.a Natalia ‘Bum Bum’ Salinas, habiendo sido probablemente su condición de informante el móvil de su homicidio”. Y por “no haber promovido de manera adecuada la investigación a partir de la denuncia” que formulara Salinas por “disparos en contra de su domicilio y supuestas amenazas de muerte, sospechando la misma que quien habría efectuado los mismos fue el Sr. Lautaro ‘Lampa’ Funes”.
“Siendo Ud. Fiscal de la 2º Circunscripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación, haber asesorado al mismo tiempo que formulaba una acusación al Sr. Rodrigo Ortigala a la través de la Sr.a Mariana Ortigala en el marco del Legajo Penal CUIJ Nº 21-08310746-1 (causa extorsión al Sr. Pablo Fortuny) lo que eventualmente constituiría un delito de prevaricato”, es otro de los asuntos pendientes.
También, “haber alterado pruebas mediante la inclusión en el Legajo Penal CUIJ Nº 21-08180889-6 de letreros falsos que aludían a Rodrigo Ortigala como víctima. La adulteración habría tenido por objeto brindar la justificación suficiente para la asignación de la causa a la Acodeco”, es decir, la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, a la que pertenece el fiscal.
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