Malas noticias para el jefe de la barra brava de Rosario Central. La Cámara Penal de Rosario confirmó que quedará preso por al menos un año. Es Lautaro Ghiselli, el “Laucha”, el referente que tomó el control de la hinchada después del brutal atentado homicida contra Andrés “Pillín” Bracamonte, ejecutado en noviembre de 2024 a la salida de un partido tras ser el jefe de la barra durante tres décadas.
La construcción acusatoria contra Ghiselli tiene problemas. La prueba directa contra él está lejos de ser contundente. Pero el fiscal del caso, el juez de primera instancia y ahora el camarista que revisó el caso indican que es el contexto criminal del líder barrabrava, sus conexiones evidentes con delincuentes y el hecho incontrastable de que allí lo ubicó el hombre que lidera el grupo que asesinó a Pillín, Los Menores, son decisivos para que en esta etapa preliminar de la investigación quede tras las rejas. Ese hombre es Matías Gazzani, es multimillonario, vivió en Puerto Madero y está en lo más alto de los prófugos con pedido de recompensa que difunde el gobierno provincial.
Y eso pasa, además, en un momento en que está expresamente planteado con el caso de Claudio Chiqui Tapia y la secuencia de allanamientos que descubrieron bienes formidables que el fútbol administra ingresos que no provienen solo del fútbol. También del juego clandestino y del campo del comercio de drogas. Y es muy elocuente que los actores que reemplazaron a los depuestos, los que barrieron a Pillín, están ligados al narcotráfico a mayor escala.
En el grupo que organizó el sangriento relevo de Pillín hay figuras ligadas con anterioridad a Los Monos como Sebastián Narigón Vázquez, proveedor de droga de Los Monos, prófugo y sindicado como autor intelectual y organizador del homicidio. Está Santino Alvarado, hijo del actor fundamental de la violencia con el comercio de droga en Rosario durante 15 años, Esteban Alvarado. Y personas ligadas a Fabián Calavera Pelozo que es un traficante condenado que gestionaba desde Rosario droga hacia el conurbano.
Ninguno de ellos estuvo en las audiencias. Pero son el marco, entre muchos otros, al que aludieron para avanzar contra Ghiselli, que es el referente de la hinchada que ahora quedará preso como mínimo hasta el 5 de diciembre de 2026.
Una foto de febrero pasado en la tribuna tomada por agentes del organismo de inteligencia santafesino expone a referentes fuertes de la nueva conducción. Están allí Laucha Ghiselli, Santino Alvarado, Alan Insaurralde y Ezequiel Riquelme. El quinto en la fotografía es un empresario de 50 años de posición acomodada. Se llama Pedro Alberto Kolonisky. Ex jugador de rugby en Gimnasia y Esgrima de Rosario, asistente frecuente del Jockey Club y del Rosario Golf. Residente en un departamento en las Torres Maui en Puerto Norte y veraneante regular en Miami. Fabricante de indumentaria informal que varias veces fue a la quiebra. Y sobrino político del financista y ex gerente de Puerto Rosario Gustavo Shanahan, quien está con condena firme por cambiar dólares a personas del campo narco.
El duelo que se dio en la audiencia ante el juez de Cámara Penal Gustavo Salvador fue muy caliente. El defensor de Ghiselli, Paul Krupnik, dijo que contra su cliente había una cacería. Y que sobre todo no había prueba. Y que no había nada como para decir que era peligroso que estuviera en libertad.
La fiscalía tuvo como viga argumental que existe una red de relaciones que une fútbol y crimen. Que la historia de Laucha Ghiselli como jefe de la hinchada auriazul empezó con un vacío de poder provocado con el crimen de Pillín. Que la historia de quienes se quedarían con el trono vacante se la cuenta el propio asesinado, como en una declaración póstuma, a un periodista un mes antes de que lo liquiden. Y les da los nombres. Dijo que los que querían hacerlo son Matías Gazzani y Lisandro Limón Contreras. Cuando el periodista le pregunta por qué motivo, Pillín es tajante. “Para quedarse con la barra”.
“Eso es lo que pasó”, dijo Schiappa Pietra.
La defensa de Laucha
“Ghiselli no tuvo ningún comportamiento que haya perturbado esta investigación. No tuvo que ser capturado ni se profugó. El día que lo detuvieron la fiscalía ordenó 17 allanamientos para distintas personas. Ninguna fue hallada. El que sí estaba en su casa y fue detenido fue Ghiselli”, marcó el defensor.
Krupnik le reprochó a la fiscalía “hacer una gran ensalada” para conectarlo a las actividades criminales de la barra. “No tiene ningún contacto ni llamada con Gazzani. El allanamiento a Ghiselli dio negativo. No le secuestraron droga ni armas de fuego. ¿Con qué lo implican? Luce desproporcionado haberle otorgado siquiera el rol de miembro de asociación ilícita. Ni digamos el de organizador”, sostuvo. “A Ghiselli lo hacen ingresar en enero de 2025 a la hinchada y lo que no vemos es cuál es desde entonces la pluralidad de hechos delictivos que le atribuyen. Pregunto para que digan cuáles son los hechos delictivos”, argumentó el defensor.
También dijo Krupnik haber recibido diez testimonios en la audiencia de primera instancia de socios del club que conocen a Ghiselli de muy chico. Refirió que hasta presentaron como testigo al jefe de seguridad del Caribe Canalla, quien declaró. “Es un chico que estuvo siempre en el club. Desde que lo eligieron para que conduzca la hinchada se respira otro clima para bien”.
Uno de los socios, sobre la elección de Ghiselli para liderar la barra, dijo: “Esta elección se produjo por todos los referentes de los barrios luego de que lo detuvieran a Pitito Martínez que era el candidato natural porque era el dos de Pillín. Solo por esta detención se pensó en una persona que surgiera del acuerdo de los barrios”. Eso lo afirmó según la defensa el socio que dijo ser encargado de la batucada canalla. “Soy músico, lo conozco hace diez años, es un pibe que genera empatía en los demás, es un buen referente”. El aludido Leopoldo “Pitito” Martínez, de 46 años, estuvo recientemente detenido por narcotráfico. Es quien en 2001 tras un clásico en cancha de Newell’s disparó cinco veces contra el policía César Juárez, al que hirió de gravedad. Tenía 22 años.
Krupnik también refutó la idea de que Ghiselli si quedara libre pueda poner trabas el proceso judicial. “¿Dónde está el entorpecimiento probatorio? El juez de primera instancia arguyó que podía interferir en el testimonio de testigos del homicidio de Bracamonte. No entendemos cómo sería posible porque todos los testigos de esa causa son de identidad reservada. Es materialmente imposible que lo haga”, sostuvo el abogado.
La red del Laucha
El fiscal Luis Schiappa Pietra replicó que es público en decenas de ejemplos sangrientos que las barras en Rosario muestran vínculos con organizaciones criminales y sectores violentos. “Explicamos que esto es importante para pensar la participación criminal de Ghiselli. Si Ghiselli ocupa el liderazgo en razón de que Gazzani y gente vinculada a él así lo querían, y por eso fue colocado en ese rol, no podría estar ahí sin Gazzani. Si Gazzani definía eso entonces no es arbitrario, más allá de la prueba, concluir que Ghiselli tiene un rol en esta organización criminal. No analizaré ahora el rol”, dijo el fiscal.
Este sábado en Rosario fue detenido Luis Palavecino, alias El Gordo, de 40 años, que estaba prófugo por integrar la Banda de Los Menores, que surgió y tiene su cabecera en el barrio 7 de Septiembre. En la pesquisa aparece como ligado a Santino Alvarado. En febrero pasado a Palavecino le secuestraron el celular. En el contenido él refería en una conversación que Gazzani había puesto a Ghiselli como jefe de la barra de Central.
“La prueba objetiva que pudimos recolectar indica así. Se leyeron los mensajes secuestrados a Palavecino haciendo clara mención de que Ghiselli está ahí por Gazzani. Los mensajes de Palavecino coinciden con el inicio de un nuevo año deportivo donde se recomponía la barra tras el crimen de Bracamonte y él dice que era importante que pudiera desembarcar toda la gente de Los Menores. Palavecino dice que Ghiselli los hace entrar y dice van a ir armados”, indica Schiappa Pietra, que a continuación se refirió a un mensaje de Palavecino.
Es cuando Palavecino le dice a su interlocutor que Ghiselli les posibilitará el acceso a la tribuna. “Vos tenés que estar ahí y cuando me digan les mando 30 pibes. Nosotros un montón de pistolas vamos a llevar”.
El fiscal levantó el tono entones. “¿Que estamos diciendo? Era el primer partido de local. Tenía que desembarcar esta nueva estructura. Ghiselli no es un elemento decorativo en esto. Era la persona que tenía como encargo asegurar que pudiera ingresar este grupo armado a apartar a aquellos que podían generar algún disenso con la nueva conducción”, enfatizó.
Schiappa Pietra sostuvo que no se podía partir del hecho desnudo de la situación imputada. Alegó que hay mucha evidencia sacada de teléfonos secuestrados a varias personas, algunos presos y otros con captura, vinculadas a la organización de la cancha.
“En esta investigación decimos que entre otros objetivos esta organización buscó copar la barra de Central”, arrancó el fiscal. “Partimos de hechos vinculados con esta investigación que explican mucho qué ha sucedido en esta barra entre mediados de 2024 y 2025. Y es el atentado en primer lugar al jefe histórico de la barra de Central, primero en el parque Alem, y después el homicidio. No se puede perder de vista eso porque era el propio Bracamonte el que decía en entrevistas en medios nacionales que quienes lo querían apartar de la barra eran Lisandro Limón Contreras y Gazzani de Los Menores. Esto lo está diciendo el jefe de la barra de Central al periodista Germán de los Santos después de que le pegaron nueve balazos. Dijo Bracamonte: «Me quieren matar Los Menores». Y da cuenta de peleas o internas previas antes de que lo maten. Lo que vemos después es que la banda de Los Menores –con el liderazgo de Gazzani– comete hechos delictivos y busca desplazar de la tribuna a un grupo que pensamos eran Los Monos”. Bracamonte estuvo siempre ligado a la familia Cantero, que son los fundadores de esa organización.
Recordó el fiscal que a un detenido Lisandro Cabrera se le extrajo un teléfono celular en un bunker de calle Solís 3700. También que la fiscal Juliana González explicó en una causa que ella lleva donde investiga a Pedro Koloninsky que ese bunker es un punto de reunión de personas vinculadas a la banda de Los Menores”. En el teléfono de Cabrera en febrero de 2025, siguió el fiscal, este dice a otro interlocutor: “Quienes quedaron como jefe de la barra es el Laucha, Cani (Alejandro Zamudio) y el Narigón (Sebastián Vázquez), por lo que está también aludiendo a dos de las personas sospechadas por el homicidio de Bracamonte”. Zamudio y Alejandro Vázquez (hermano del prófugo Sebastián Vázquez) están imputados por el crimen de Pillín y de tener vínculos claros con Los Menores. Ambos están presos.
También citó Schiappa Pietra una investigación federal de 2021 por drogas donde hubo una petición de un allanamiento en un domicilio de Almafuerte 1183, en inmediaciones del Gigante de Arroyito, que apuntaba a Ghiselli por su vínculo con otra persona llamada Tomás Abasto. Esa requisa no se llevó finalmente a cabo pero Ghiselli fue registrado ingresando a ese domicilio. Que es el mismo, dijo el fiscal, donde el 9 de noviembre de 2024 fue dejada la moto que se usó para matar a Pillín Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo”, que era uno de sus hombres de confianza.
“Los autores materiales del homicidio de Bracamonte cometieron el atentado y se subieron a una motocicleta en Almafuerte y Avenida Alberdi. Los seguimos con cámaras hasta que los perdemos. A los dos días nos llama un anónimo y dice que dejaron tirada una moto en Almafuerte 1183. Es la misma. Y justo donde años antes allanaron por drogas en una investigación donde estuvo incluido Ghiselli”, sostuvo Schiappa Pietra. “Y a Ghiselli lo ponen Los Menores que son los que tenemos acreditado matan a Pillín”, redondeó el fiscal.
Barras, negocios criminales, sangre
El camarista Gustavo Salvador ponderó repetidamente al resolver el tumultuoso contexto histórico que conecta barras bravas, negocios ilícitos que tienen centro en la droga y acciones de violencia en Rosario. Defendió la competencia provincial ya que el grupo investigado aparece implicado en delitos ordinarios como amenazas, amenazas calificadas, intimidación, intimidación pública, tentativa de homicidio. “Vaya si no estamos en presencia de personas que tienen capacidad para interferir en la eventual producción de la prueba en un juicio oral y público”, dijo el magistrado. Que rebajó el plazo de prisión preventiva a Ghiselli de dos años a uno pero lo mantuvo en una cárcel.
Dijo que con su medida no estaba dejando en prisión a alguien por pararse en el paravalanchas o por una camiseta de fútbol. “Aquí lo que se está involucrando es a una persona en el radio de acción de otras que están prófugas de la acción de la justicia y con las cuales tiene una vinculación que no se limita solamente a estar al lado de una tribuna. Son personas vinculadas con el microtráfico de estupefacientes o con hechos de atentados contra la vida”. Resaltó la vinculación de Ghiseli con personas que tienen pedido de captura y que están prófugas. Y también con otras que forman parte de la imputación y que no han apelado como Palavecino, Alejandro Leguizamón, Alejandro Zamudio, Alejandro Vázquez, Lisando Cabrera.
Destacó que todo ello define la pertenencia de Ghiselli “en esta conformación de este nuevo fenómeno social que lamentablemente ya nos tiene acostumbrado del 2012-2013 a esta parte. Y que es la conformación de bandas, de organizaciones, en donde entran en juego disputas territoriales. Estas relaciones ubican a Ghiselli en un grado de relevancia y de posicionamiento dentro de esta estructura imputada de asociación ilícita que me lleva a convalidar la imputación que se le formulara”.
Pero el camarista le dejó claro a la fiscalía que para avanzar en el proceso hacia una condena deberá recabar más prueba. Que la construcción aportada sirve en esta etapa inicial del trámite. Pero que requerirá más evidencia si busca una condena.
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