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Política

Unidos contra Cantero: nuevos jefes, históricos resentidos con “el Guille” y policías, en el nuevo entramado narco

Desde la noche del 9 de noviembre, cuando Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Attardo fueron asesinados a quemarropa a tres cuadras del Gigante de Arroyito, la banda de los Menores ocupa el centro del escenario criminal en Rosario. La organización surgida del barrio 7 de Septiembre y extendida a otras zonas de la ciudad está sospechada de proporcionar los sicarios o bien de orquestar el doble homicidio y el apagón del alumbrado público para la emboscada en que cayeron los líderes de la barra brava. Su aparición expone causas históricas de la criminalidad, recicladas en una nueva configuración.

Matías Ignacio Gazzani tiene 29 años y no es visto en los lugares que solía frecuentar desde febrero de 2024, cuando se libró un pedido de captura a su nombre. El prófugo representa un caso de ascenso en el ambiente narcocriminal: de soldado raso a las órdenes de Gustavo Carlos Martinotti pasó a ser el principal referente de la banda de los Menores en el barrio 7 de Septiembre.

Bracamonte dejó una advertencia antes de morir: “Los Menores se quieren quedar con parte de la ciudad”, según le dijo al periodista Germán de los Santos. El diagnóstico se verificó ya en vida de Pillín con la expansión de la banda en los barrios Stella Maris y La Bombacha, las alianzas entre sus referentes y ex integrantes de Los Monos alzados contra Ariel “Guille” Cantero y la avanzada sobre la barra de Central. Los líderes de Los Menores no tienen arraigo barrial a diferencia de sus antecedentes, pero hace tiempo que el negocio criminal no requiere presencialidad y puede ser gestionado desde la cárcel o a distancia de Rosario en la medida en que se disponga de contactos y de recursos económicos.

El asesinato de Micaela Soledad Gómez, una joven vecina de Einstein al 7200 que intentó proteger a sus hijos de una balacera el 3 de mayo de 2023, expuso entre otros nombres el de Lisandro Damián Contreras. Mentado como Licha o Limón en conversaciones telefónicas, volvió a ser citado en el anónimo que rubricó una balacera contra la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, el 29 de julio de 2023: “…el Licha de Donado que está en Funes, igual que Matías Gasani, dejen de batirla con la AIC (Agencia de Investigación Criminal, actual Policía de Investigaciones) para confinar a los pibes…” (sic).

Contreras fue detenido a principios de diciembre en un country del barrio San Sebastián, de Pilar, e imputado a fines del mismo mes como jefe de una asociación ilícita ajena al narcomenudeo y operativa en otros rubros en una zona gris entre lo legal y lo ilegal. La organización se aggiornó con tales fines recurriendo a la aplicación de mensajería Zangi, que se precia de garantizar la imposibilidad de descifrar llamadas y mensajes por parte de extraños.

La nota arrojada con las balas en la subcomisaría de Villa Gobernador Gálvez reveló la conexión policial de Los Menores, una pata muy firme en otro referente de la banda: el policía Jonatan Garraza, ex agente de la Policía de Investigaciones y hoy prófugo de la Justicia.



Narcos, barras, policías


Matías Gazzani no solo pudo iniciarse en la violencia callejera como soldado narco. El ascendiente de Gustavo Martinotti es clave por otros dos aspectos: la relación con la barra brava de Rosario Central y la gestión de la complicidad policial, y en particular de la subcomisaría 21ª, teóricamente encargada de velar por la ley y el orden en el barrio.

En septiembre de 2023 la fiscal Viviana O’Connell imputó al oficial Fernando Abel Molina por cohecho, incumplimiento en los deberes de funcionario público y encubrimiento. Entre mayo y julio de ese año, según la acusación, el policía de la subcomisaría de Ayala Gauna al 7900 pasó puntualmente cada semana por un búnker de Juan B. Justo al 8300, administrado por la banda de los Menores, para cobrar una coima en concepto de protección. No se trataba de una novedad, ya que la cooperación entre narcos y policías en el barrio tiene casi una década.

Tampoco era un caso aislado: “El comisario arreglaba con los narcos”, dijo el denunciante de Molina, un joven sometido a trabajo esclavo en el búnker y sobreviviente por milagro a un pelotón de fusilamiento narco que lo llevó a la vera del arroyo Ludueña. Los antecedentes remiten por lo menos a 2016 y a otra denuncia de un testigo igualmente calificado: Marisa, la hermana de Martinotti.

Marisa Martinotti dijo entonces que su hermano vendía drogas en el barrio en sociedad con la subcomisaría 21ª. Las denuncias y el conflicto familiar se extendieron durante tres años pero recién tomaron estado público el 16 de abril de 2019. Ese día tres hombres pasaron en un auto frente a la casa de la mujer y descargaron una ráfaga de balazos contra el frente. Gustavo Martinotti fue acusado por la balacera y condenado en junio de 2021 a 3 años y 6 meses de prisión.

“Venden (droga) detrás de la comisaría, en el playón donde los chicos jugaban al básquet —dijo Marisa Martinotti, entrevistada por Canal 3—. Ahí están instalados los soldaditos de mi hermano. La comisaría está con ellos, por supuesto. No los dejan vender en ninguna de las cortadas porque cae Gendarmería, los revisan y los llevan. La policía los apaña, por supuesto. No podés hacer una denuncia porque te hacen una causa a vos”. 

Martinotti fue detenido un mes después, el 3 de mayo de 2019, justamente en ese patio trasero de la subcomisaría, con un kilo de cocaína y armas. En octubre de 2021 la Justicia Federal lo condenó a nueve años de prisión por venta de drogas bajo indicaciones de Gisela Vanesa Boccuti, quien a su vez seguía órdenes de su pareja, el preso Leandro Alberto Vilches, y toda la operatoria contaba “con autorización de (Ariel) Cantero, desde la cárcel”. Dentro del mismo esquema, pero como parte de otra rama, fue condenado también Nahuel León Rostro. Los nombres de Vilches y Rostro —cuya hermana menor, Tania Rostro, se hizo más visible como vendedora de drogas en barrio Rucci asistida por la madre— reaparecen en causas recientes vinculadas con los Menores.

Apodado “Toro” y preso en la cárcel de Coronda, Martinotti había integrado la barra de Central pero se enfrentó con Andrés Bracamonte y quedó al margen de Los Guerreros, el grupo hegemónico. El año 2016, cuando su hermana presentó la primera denuncia, estuvo signado por otro hito criminal en el barrio 7 de septiembre: el asesinato de Julio César “Cara de Goma” Navarro, mano derecha de “Pillín”, el 25 de mayo.

El crimen fue atribuido en principio a una discusión de Navarro con Leopoldo “Pitito” Martínez, donde los ofendidos habrían sido Los Monos, y después a una venganza de Mario Sebastián “El Gringo” Visconti, otro ex integrante de la barra al que Bracamonte le sacó tarjeta roja en la tribuna. La Justicia no llegó a nada, pero en el ambiente criminal se impuso la segunda versión y cinco días después Visconti apareció asesinado a balazos en un camino rural de Ibarlucea.

Navarro había trabajado como chofer de la línea 35/9, era delegado gremial y se reivindicaba como hincha y vecino del barrio sin relación con el narcomenudeo. Visconti manejaba “el búnker del medio”, como se conoce a un puesto de venta en Tarragona al 1100 bis que resistió operativos de saturación y “desembarcos” de fuerzas federales. La discordia entre ambos habría surgido por el funcionamiento de ese búnker y por la expulsión de Visconti de la barra.

El apellido Navarro volvió a resonar con el crimen de Bracamonte. Leila Navarro, hija de “Cara de Goma”, está imputada por encubrimiento y falso testimonio ya que según la fiscalía recibió una riñonera donde se encontraba el teléfono de Daniel Attardo. La riñonera fue rescatada, pero vacía, y la mujer no había dicho palabra al respecto cuando fue interrogada.



La fuerza del encono


Los Menores se hicieron visibles en la segunda mitad de 2023, con el asesinato de Ángel José Acuña, la denuncia por el servicio de protección de la Subcomisaría 21ª y la sucesión de balaceras que obligaron a un cierre temporario del Centro de Salud Ceferino Namuncurá, en José Ingenieros 8590. Entre octubre y noviembre de ese año las Tropas de Operaciones Especiales y la Agencia de Control Policial hicieron allanamientos en busca de sus líderes, pero no los encontraron: Gazzani, Contreras y Garraza disfrutaban de vacaciones en Pinamar, según acreditaron fotos encontradas en un teléfono del policía.

Acuña, de 20 años, fue asesinado en la casa frente a su familia. Su vecino Nahuel Rostro fue imputado por encubrimiento ya que borró los registros de la cámara de vigilancia instalada en su casa. No obstante, la fiscal Georgina Pairola avanzó con la investigación y acusó por el homicidio a Ezequiel Dilascio, Dylan Bartozzetti y, a fines de enero, a Diego Andrés Aguirre.

Si bien registra una condena por robo calificado de 2015, Contreras no aparece ahora relacionado con hechos de violencia. Los delitos imputados a la asociación ilícita son apuestas ilegales, administración y venta de propiedades flojas de papeles, operaciones con criptomonedas a nombre de personas de paja, y en las conversaciones telefónicas pasa por un inversor en busca de negocios. Sin embargo, entre los integrantes de la organización se encuentra Alexis Romero, involucrado en el asesinato del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano entre otros episodios criminales.

La presencia de Romero sería otro indicio del acuerdo de los Menores con Leandro Vilches y Pablo Nicolás Camino, ex integrantes de Los Monos enfrentados a Cantero desde noviembre de 2022. Y también de un reagrupamiento más amplio que implica a otros presos, entre ellos Andy Fabián Benítez, renombrado por instigar balaceras y amenazas contra el gobernador Maximiliano Pullaro.

Las llamadas bandas narcocriminales no serían entonces elencos estables sino grupos conformados aleatoriamente por acuerdos entre referentes, con mano de obra renovable y cuya duración es efímera porque está supeditada a los encarcelamientos. El pegamento de estos referentes es el encono contra “Guille” Cantero, expresado también en un crimen que todavía persiste en el misterio: el de su yerno, Samuel Medina. 

Garraza fue imputado como organizador de la asociación ilícita, al mismo nivel que Contreras. Es decir que ya no se trata de policías que participan eventualmente como informantes o espías, que negocian el poder conferido para aplicar la ley, que ofertan prácticas consolidadas como plantar armas y fraguar actas de procedimiento o que esconden a un prófugo, como hizo el suboficial Alan David Balbi con un sicario de Vilches según la acusación de la fiscalía regional, sino de efectivos que llevan adelante el crimen organizado.

La relación de los Menores con los crímenes de Bracamonte y Attardo parece estar en suspenso con las acusaciones contra los primos Leopoldo Martínez y Marcelo Martínez. Sin embargo, en un chat del 11 de noviembre, Garraza compartió una captura televisiva con un comentario que expresaría preocupación: “Salió todo en Crónica, con Limón como el jefe de todos”.



Los barrios Stella Maris y La Bombacha fueron objeto de la primera intervención barrial focalizada de la gestión de Pullaro. Según la información oficial “se redujo en un 81% la violencia altamente lesiva” y el Ministerio Público de la Acusación realizó 56 allanamientos “que arrojaron como resultado 14 personas puestas a disposición de la Justicia, de las cuales 9 quedaron en prisión preventiva”.

El 17 de enero, el gobierno provincial anunció obras en el barrio Stella Maris en el marco del Plan Abre, “beneficiando a más de 2.000 familias con el completamiento de obras” y a “más de 644 vecinos y vecinas que actualmente viven en zonas de pasillos dentro del barrio, serán beneficiados con red de agua potable, cloaca, alumbrado público, tendido de cables y tablero eléctrico, senderos peatonales e ingreso seguro con rejas”. Tal vez sean estrategias de intervención más eficaces y duraderas que las policiales, en territorios de los Menores.


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