El 2 de marzo el Observatorio de Víctimas del Delito, que integra la Junta Provincial de Seguridad, planteó en ese ámbito que bien podrían los santafesinos contar con tres leyes para avanzar contra la inseguridad. Y de paso se ocupó de resaltar que dos de ellas han estado en debate, sin novedades, en la Legislatura desde mediados del año pasado.
Su pedido —en el contexto de crisis conocido— desató una inmediata reacción del gobierno provincial que el martes 7 habilitó para su tratamiento en sesiones extraordinarias tres asuntos, y cada uno de ellos consiguió, el jueves 9, avances concretos en la Legislatura.
En solo una semana, la entidad que surgió del dolor logró sacar de ciertas lógicas menores a quienes tienen a su cargo la toma de decisiones.
Y no solo hubo una inmediata respuesta en los decretos de habilitación del Ejecutivo y en las Cámaras. En las sesiones de Diputados y el Senado de esta semana se completó la sanción de una ley que se demoró injustificadamente sin tocarle una coma en el Senado. También se anotaron discursos de la oposición mayoritaria en la Cámara baja que ya prometen la sanción de un pedido del gobierno provincial para contar con una nueva Ley de Emergencia en Seguridad; eso sí, se hará que supere los meses que quedan de la gestión actual y que cubra también parte de la próxima.
Elemental
El robo de los llamados “metales no ferrosos”, en especial bronce y cobre, puede ser morigerado si se frena la comercialización de objetos de dudosa procedencia: desde picaportes hasta cables, pasando por caudalímetros de agua y piezas de la infraestructura del gas natural por redes. Placas casi ya no quedan y el tema tiene tal gravedad que recientemente Aguas Santafesinas promocionó su compra de diez mil medidores de metros cúbicos de plástico para las acometidas domiciliarias, para no tentar a los ladrones.
Un proyecto del diputado justicialista Oscar Martínez (Frente Renovador 100 % Santafesino) que se adjuntó a otro de la diputada socialista Lionella Cattalini, con media sanción de Diputados, dormía en el Senado desde mediados de 2022, sólo porque aquella Cámara estuvo renuente a aprobar proyectos con media sanción de los senadores. Lógicas de ese tipo se quebraron en una semana.
Es básico que sea obligatorio para los acopiadores y comercializadores de esos metales inscribirse en un registro, llevar un inventario de lo adquirido y justificar su procedencia. También obligar a los estados municipales a su control. Ahora se completó la sanción de la ley que estará vigente en cuanto sea promulgada.
Perimetrales violadas
Otro proyecto pedido por la entidad que reúne a familiares de víctimas del delito avanzó en Diputados. Se trata de una reforma al Código Procesal Penal de la Provincia (CPP) que obligue a los jueces a dictar la prisión preventiva “cuando se viole la medida perimetral en el marco de hechos cometidos en situación de violencia familiar o de violencia de género”. El tema fue agregado a la agenda parlamentaria santafesina en extraordinarias por el gobernador y destrabó su tratamiento en la Cámara baja. Los autores son, otra vez, Oscar Martínez y su par del Movimiento Evita, Lucila De Ponti.
La prisión preventiva es extensiva a los integrantes de una fuerza de seguridad que “se valiere de esta circunstancia para amedrentar a las pretensas víctimas”, dice el texto que pasó al Senado.
El fuego y las armas
Uno de los tres expedientes apurados por las víctimas está llamado a pasar por más de una revisión, ya que son profundas las diferencias entre las Cámaras. El Senado y Diputados parecen volver a vivir una discusión donde unos y otros serán acusados de punitivistas o de garantistas. En otras oportunidades, ese debate ya fue capaz de demorar la sanción de leyes, incluso de impedirla.
El jueves, los senadores devolvieron en revisión a los diputados una profunda reforma al CPP que obliga a los magistrados a abstenerse de aceptar medidas alternativas a la prisión preventiva cuando en los hechos investigados haya un arma de fuego.
Según la letra de lo aprobado por unanimidad en la Cámara alta, tras la intervención del presidente de la bancada radical, Lisandro Enrico (General López), seguirá en prisión quien sea apresado en eventual ocasión de cometer un delito con un revólver o un arma similar.
En noviembre de 2021 lo había propuesto a la Legislatura el gobernador, que no tuvo suerte en Diputados, la Cámara de origen. Allí se votó otro proyecto, que para el gusto de los senadores era bastante más “liviano”. No lo trataron durante medio año y ahora, entre el fuego en un barrio de Rosario y el reproche en la Junta de Seguridad se sancionó, con una versión muy distinta.
Por unanimidad los representantes de los departamentos le hicieron profundas reformas al proyecto de Martínez (el diputado santafesino es iniciador de los tres expedientes). La media sanción del Senado le da más peso a la ley contra el uso de armas de fuego, aún sin cargar e incluso por su portación ilegal.
Tan solo un mes
El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, asumió hace un mes. Pero desde el 8 de febrero a hoy —al menos en Rosario— parece haber pasado un año. Ocurrió de todo, o acaso le hicieron ocurrir de todo.
Hoy cada gesto de la clase política se interpreta más como una reacción desesperada ante la grave crisis que como una medida estudiada. Aunque se trate de políticas de fondo, como las tres normas mencionadas.
Y falta una cuarta, que estaba en discusión antes del ataque a la familia política de Messi, y de lo ocurrido en el barrio Los Pumitas. Y de tantos hechos irreparables.
En ese contexto, la Legislatura perdió, hace 15 días, su oportunidad de no quedar del lado de las acciones reactivas y posteriores a la quema y saqueo de los bunkers de drogas o de cualquier vecino indeseable oportunamente señalado a una turba que perdió la paciencia. Dicho sea de paso, todo ocurrió sin que la policía molestara a nadie.
Para la opinión pública, la aprobación de la Ley de Emergencia en Seguridad, que sigue pendiente, se inscribirá en la misma lista de medidas tomadas ante el apuro de la mirada de las víctimas. Aunque no sea así y hubiera estado decidida (pero no votada) desde que arribó Brilloni al ministerio.
Utilería
La horrible escena de los chalecos antibalas de utilería, que igualaron a un showman de las noticias con una diputada provincial (acaso ya lo estaban), demuestra que no es un momento apto para especulaciones políticas ligeras. Que el oportunismo puede costar caro, aunque haya quienes sean expertos en estos terrenos. Oscar Martínez lo es. Pero tiene en su haber que siempre se ocupó del tema de la inseguridad, mucho antes de que todas las cámaras de TV porteñas le prestaran por fin atención a Rosario. Y lo hizo seriamente. Esta semana, los tres asuntos que trataron las dos Cámaras de la Legislatura, habilitados por el Poder Ejecutivo provincial, tienen su firma.
Rugidos
Los periodistas dan la primera versión de la historia. Sus títulos en los diarios y en los noticieros les ponen un nombre a lo que ocurre. Desde el “Watergate” hasta la “Mano de Dios”. Pero con lo ocurrido en Rosario hubo enormes dificultades para encontrar la palabra justa.
Se ensayó con términos como “rebelión popular” o “pueblada”. El problema es que hasta aquí solo se han usado contra la autoridad del Estado, precisamente lo que ha faltado. Pero vistos los narcos como personajes poderosos que controlan el negocio de las drogas y a la cuadra, o al barrio, ambas expresiones no están tan mal.
Otros fueron al conocido “justicia por mano propia”. Por ahora, las leyes en la Argentina, y Rosario es parte, ponen nombres a conductas como la intrusión y daños a la propiedad privada, al ataque en banda, al saqueo de electrodomésticos (¿por qué tantas heladeras y freezers en los bunkers?).
Aunque los pumas no rugen, son de temer. Y Los Pumitas también. ¿Alguien habrá estudiado que hayan sido los vecinos qom (tobas) los que rugieron primero? ¿No hay algo comunitario, incluso tribal, además de marginal en lo que ha ocurrido?
Sería tan fácil terminar con la rabia por matar al perro. Es ingenuo pensar en eliminar por medios mecánicos, meramente físicos, la masificación de las adicciones a sustancias prohibidas. Aunque por supuesto el Estado debe hacer todo para que no haya bunkers de ventas de drogas, no será suficiente.
Una cosa es segura. Por ahora, Los Pumitas obligaron al gobierno nacional y al provincial y al municipal y a toda la clase política a prestar atención al tema y dejar de jugar a la interna o a especular.
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