Como no podía ser de otra manera, el año arrancó intenso para uno de los sectores más intensos de la vida económica argentina. En los primeros diez días hubo fracturas en entidades, recambios de gabinete, se realizaron las primeras concentraciones opositoras y se enfrenta una ola de calor inédita que pone en riesgo los cultivos de soja, girasol y maíz, y suma un factor de alerta para la economía argentina, dado que se instala un interrogante sobre el volumen de ingresos de divisas a partir del segundo trimestre. Otro año entre signos de interrogación.
En un sector que se caracteriza por las discusiones muy subidas de tono y las declaraciones apasionadas, parece necesario, por momentos, correrse unos centímetros del fervor del día a día y preguntarse sobre la manera en que “el campo” se pone en discusión en las agendas públicas. ¿Cómo se lo menciona? ¿Cuándo aparece? ¿De qué manera esas conversaciones se transforman en iniciativas concretas y qué pasa con éstas en su curso legislativo?
La Fundación Barbecheando publicó un informe que registra lo que podríamos llamar el “ciclo de vida de la agenda del agro”. Durante el 2021, en un Congreso nacional que sesionó poco, menos de la mitad que durante el 2020, el sector AgroBioIndustrial no alcanzó al 12 por ciento de sanción en los proyectos de ley de su incumbencia: hubo 14 leyes, de las cuales 9 esperan sanción definitiva, y 8 dictámenes de comisión que perdieron vigencia. Casi todas las propuestas, el 95 por ciento, provinieron del oficialismo. La oposición, a pesar de sus desgarradas defensas del “campo”, solo presentó un 5 por ciento de los proyectos que llegaron al Poder Legislativo.
Pero un punto interesante es observar cuáles fueron las características de los proyectos que tuvieron algún tratamiento en las cámaras, lo que da un indicador de las aristas del sector que adquieren relevancia frente a los legisladores. Bien lejos de los temas urgentes reclamados por las bases y las dirigencias, y bastante por fuera de las necesidades remarcadas por funcionarios al referirse al contexto de crisis y los grados de aporte que cada sector puede realizar, el 30 por ciento de la agenda legislativa del campo fue ocupada por proyectos como educación ambiental, reciclado de neumáticos o evaluación de impacto y principios ambientales. Un 13 por ciento se destinó a créditos para agricultores familiares y un porcentaje similar para economías regionales. Por último, un 10 por ciento estuvieron destinados a la modificación de impuestos como bienes personales, ganancias, la ley Ovina e infraestructura. Los temas estructurales que recibieron atención y tuvieron su respuesta fueron la bicameral de la Hidrovía y la ley de Biocombustibles, y en ambas el resultado fue un perjuicio para la provincia de Santa Fe.
De esta manera, los proyectos que ingresaron durante el 2022 se inspiran, en su mayoría, en una perspectiva que hace foco en su dimensión vinculada a las reservas naturales y áreas protegidas, los delitos penales ambientales y el desarrollo sostenible, el cambio climático, los recursos hídricos, bosques y las evaluaciones de impacto ambiental. Un 20 por ciento estuvieron relacionados a proyectos de economías regionales como la vid u olivas, y un 10 por ciento fueron proyectos de ganadería y agricultura. Entre la primera categoría, los referidos al maltrato animal se llevan un 70 por ciento de las preocupaciones legislativas.
Las temperaturas extraordinarias
La ola de calor que atravesará la pampa húmeda agrega un componente de preocupación inesperado. El riesgo para los cultivos es máximo y el horizonte de una sequía que reduzca los resultados finales como en el 2018 aparece como un factor a considerar. En ese caso, el ingreso del segundo trimestre del año, cuando comienza a liquidarse la cosecha gruesa, puede no ser lo que se contemplaba y, por lo tanto, los cálculos y estimaciones de todo el año verse severamente modificadas. No es la mejor noticia para recibir justo cuando se mantienen relaciones entorpecidas con el FMI y el reloj hace pesar cada minuto de demora.
Con las sesiones extraordinarias por delante, el campo tendrá sus ojos puestos en una serie de normativas a tratarse. Una de ellas es el Plan Plurianual que fijará las pautas macro elementales que todos los sectores requieren. Otra es la propuesta de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores para la innovación que busca realizar cambios en las compras que realiza el Estado, que representan 13 por ciento del PBI nacional y puede generar un efecto positivo en los eslabonamientos productivos. También está el potencial tratamiento de la ley de Humedales y el Consenso Fiscal. Pero, sin dudas, es la ley Agroindustrial el principal punto de atracción para el sector.
Aunque el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la entidad surgida hace un año y medio que promueve el proyecto, ya no será la misma. En esta primera quincena, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria, anunciaron su salida, disconformes con el manejo de la conducción. De esta manera, la franja vinculada a la producción remarcó sus tensiones con el segmento de la industria, que es el que pilotea el CAA y con quien el gobierno intentó estrechar lazos para devaluar el poder de las patronales rurales. El disparador fue la discusión sobre fideicomisos para el trigo y el maíz, pero las disputas forman parte de una puja eterna por la distribución de poder político hacia dentro de las cadenas agroindustriales.
Un equipo de técnicos en la tormenta política
Para revertir esa tendencia que degrada la importancia del “campo” en el conjunto de temas que componen la “problemática nacional” es que asumió Julián Domínguez la cartera de Agricultura y comenzó el 2022 introduciendo modificaciones que alteran de raíz la matriz de decisiones. La designación de Matías Lestani, ex responsable del Departamento Económico de CRA, una de las entidades más férreamente opositoras, al frente de la Secretaría de Agricultura, generó un revuelo que sirve como guía de la importancia del movimiento de piezas realizado.
Apenas conocida la noticia, desde CRA emitieron un comunicado desprendiéndose de la nominación y remarcando su compromiso opositor. Las repercusiones hacia adentro del oficialismo fueron menos estentóreas, pero igualmente sorprendidas. Junto a Lestani ingresarán al ministerio un grupo de funcionarios con un perfil diverso, pero con algunas características en común sobresalientes: algunos de ellos tienen una marcada cercanía, más no sea espiritual, con el Papa Francisco, como el propio Domínguez, y provienen de corrientes políticas que se alejan de lo que suele denominarse “núcleo duro kirchnerista”.
De esta manera, Domínguez intentará quitar el factor ideológico como una determinante anticipada para justificar las acciones de impugnación desde las entidades agropecuarias y procurará darle un perfil eminentemente técnico a un área que enfrenta desafíos en materia productiva, pero sobre todo en el plano político. Una de esas nuevas orientaciones se destaca, precisamente, en la designación del santafesino Luis Contigiani —que había quedado boyando tras su amarga incursión electoral junto a Jorge Boasso—, al frente de la secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, lo que implica un giro significativo no solo desde las palabras, sino como una marca de intención respecto a los objetivos que se perseguirán.
En otras oportunidades nos referimos a la bioeconomía y a cómo está funciona como una plataforma de vinculación productiva para el desarrollo regional. De esta forma, los nombramientos incluyen un reconocimiento: las actuales fragmentaciones dificultan las coaliciones de gobierno efectivas y debilitan las políticas públicas desde su nacimiento, obstaculizando la implementación eficiente de marcos de trabajo que puedan sostenerse en el mediano plazo. Son muchas y repetidas las ideas y recomendaciones, pero es necesario implementar los términos factibles para llevarlas a cabo. La convocatoria horizontal que realizó Domínguez parecería asumir la necesidad de enrollar las banderas, guardar las consignas y sentarse a planificar desde las condiciones técnicas. Una política de crisis para un tiempo de temperaturas demasiado altas.
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