El inicio de todas las sociedades anónimas, de las de responsabilidad limitada, y el comienzo de cualquier firma que pretenda actuar en Santa Fe debe superar hasta ahora una doble inscripción: en el plano administrativo, ante el Poder Ejecutivo Provincial, y en el plano judicial, ante el fuero Civil y Comercial, bajo dos conceptos similares pero no iguales: el de fiscalización y el de registro. En el primer caso es el equivalente a hacer lo necesario para ser debidamente fiscalizado (vigilado si se prefiere) por el Estado, y el de anotarse para esa tarea, en el segundo.
Las complejidades de esos trámites tienen una rica historia que remite a la mitad del siglo pasado y cuyo devenir llevaron a un doble registro, que pronto llegará a su fin, de acuerdo con la ley que el jueves 25 de julio sancionó la Legislatura santafesina.
El cambio llegó bajo el signo de un importante consenso que incluyó al oficialismo mayoritario en ambas Cámaras y también a casi toda la oposición. Sólo hubo tres votos negativos del Frente Amplio por la Soberanía, que tiene tres diputados que enarbolan posiciones progresistas y de izquierda: Carlos del Frade, Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué, que advirtieron sobre “la concentración de facultades en el Ejecutivo”, en el recinto de la Cámara baja, donde no hubo abstenciones. En el Senado, en cambio, todo se hizo por unanimidad.
Sendos resultados en la Legislatura permiten suponer que no hubo ninguna resistencia por parte de la cabeza del Poder Judicial a que se le quitan labores registrales y también alguna porción de poder e información, más que recursos. Se trata de cifras que no tienen peso en “la Caja” del presupuesto de los tribunales.
Si es cierto que hubo alguna “sorpresa” o algún tipo de “malestar inicial” entre miembros de la Corte santafesina por la decisión que tomó la Casa Gris con el proyecto no fue lo suficientemente grave como para que se levantara algún teléfono. Además, ya habían visto que por falta de acuerdo en la Legislatura había naufragado, un par de años atrás, una iniciativa bastante parecida del gobierno de Omar Perotti que la ex ministra de Gobierno Celia Arena lamentó no haber podido llevar a cabo. Ayer votó como el resto de su bloque a favor, en la votación en general.
No levantó la mano en contra del cambio ninguno de los legisladores del amplio abanico justicialista o del celeste forjado por la lista de Amalia Granata o que reivindica al gobierno nacional. Por el contrario, todos votaron a favor, con alguna salvedad sobre ciertos artículos que más adelante se describen.
El acompañamiento que más dice sobre cómo ha visto la Corte la unificación es el de los senadores del justicialismo que llevan ya varios mandatos y tienen contactos fluidos con el máximo tribunal santafesino. Nadie se mostró molesto, sólo se hicieron recomendaciones en reuniones previas a la aprobación que no llegaron al recinto y que luego parcialmente eclosionaron en la otra cámara, a la hora de hacer algunos cambios al texto venido del Poder Ejecutivo.
En Diputados hubo debate antes de la aprobación, incluso unos minutos antes hubo borradores que se cotejaron con funcionarios del gobierno provincial: Matías Figueroa, secretario de Gestión de Registros Provinciales, y Federico Cutrúneo, inspector general de Personas Jurídicas, acordaron el mismo jueves 25 modificaciones al texto que aceptó luego el Senado. Esos cambios, seguramente, agregaron un grado de consenso mayor que permiten hoy decir que se ha fijado una política de Estado respecto del tema.
Apuesta fuerte
El gobierno de Maximiliano Pullaro tiene en el plano provincial todas las ventajas institucionales que permite la Constitución de Santa Fe, acaso como una suerte de compensación de la historia ante todas las desventajas posibles que enfrenta hoy Santa Fe por la situación económica nacional y por las inéditas restricciones al gasto que ha impuesto la gestión libertaria en el país, bajo el lema electoral “obra pública cero”, que hoy bien podría ser “obra pública 1 %”, según exageró un legislador opositor sobre los fondos que finalmente podrían llegar desde la Nación.
Con cómodas mayorías en ambas Cámaras y un frente de frentes que logra sostener su funcionamiento pese a las evidentes diferencias entre sus integrantes respecto de cómo interpretar lo que le sucede a la Argentina, el Ejecutivo ha sabido aprovechar los meses de la luna de miel con la sociedad que suele acompañar a toda nueva gestión, así como la mayor paciencia de la opinión pública para el primero de los cuatro años de mandato.
En ese plano de cambios de fondo que tuvieron lugar durante el período extraordinario de sesiones, Pullaro ha obtenido todos los cambios que anunció en su discurso al jurar su cargo y que sabe que debe llevar a cabo durante 2024. Obviamente, la reforma del sistema previsional es el más importante en términos económicos, trascendente para el humor social y relevante para mostrar a nivel nacional ante los interlocutores nacionales. Mientras tanto, una vez más, se anuncia que está cada vez más cerca el inicio de un juicio por la deuda nacional con el organismo que paga jubilaciones y pensiones a los ex agentes del Estado santafesino y hoy debe recurrir por su déficit al Tesoro.
Es este último asunto sobre el que probablemente la oposición justicialista busque diferenciarse, más allá de que en parte haya acompañado (en el Senado) la creación de la comisión de análisis que pronto terminará su tarea y entregará un informe al Ejecutivo que remitirá cuanto antes un proyecto de ley de reforma, según todo indica, en agosto o septiembre.
Historia reciente
“Seguramente vendrán a llevarse los sistemas computarizados, los biblioratos, los expedientes y todo el archivo, y habrá que ver cómo se hace con el secretario y los agentes que no son tantos. No es tan traumático, pero sí que ha sorprendido”, dijo un fino observador en los pasillos del Palacio de Justicia en la ciudad de Santa Fe. También deslizó que “en adelante” cuando la unificación se lleve a la práctica la labor de la lucha contra el lavado de activos tendrá “una mayor responsabilidad” del Ejecutivo. Solo ese poder contará con toda la información, que hoy se comparte. De todos modos, “acá queda solo el chiquitaje, los grandes van al registro del gobierno”, explicó.
La fuente brindó otra pista: en realidad el registro “vuelve” a las competencias del gobernador y de sus funcionarios. En efecto, los trámites eran hasta mediados de los 60 un asunto puramente administrativo, en oficinas gubernamentales del Ejecutivo.
La justicia no tenía nada que ver con la inscripción de las personas jurídicas hasta que las personas físicas, los particulares, encontraron en ella un atajo. Ejercer el comercio necesitaba de la mayoría de edad, lo que en esa época llegaba recién a los 21 años. Así, fueron los jueces los que con sentencias que declaran “emancipados” a los menores de esa edad comenzaron a formar de hecho un registro. Para mediados de los 70, con personas físicas, no jurídicas, se inició el registro que luego adquirió complejidades mayores y agregó la fiscalización desde el plano administrativo.
Tal como ha dicho en el Senado Francisco Garibaldi (PS-La Capital) se trata de un cambio que no logra “grandes titulares” pero que “al implementarse hacen más simple la vida de la sociedad, en concordancia con más cambios para hacer un estado más ágil y eficiente”.
Detalles
En la sesión de Diputados hubo 45 votos a favor, los tres negativos ya mendionados y ninguna abstención, con un par de ausentes. Antes, el interbloque justicialista anunció con la diputada Lucila De Ponti que ese sector no votaría el artículo 11 que habla del organigrama del personal. “Queríamos dejar establecido que el nuevo organismo unificado no exceda el número de empleados que da la suma de los dos organismos” a unir. Y que “se respeten los derechos laborales y las carreras de los empleados”. Como sus pedidos no tuvieron el consenso de la mayoría, el PJ en Diputados se abstuvo de votar ese punto.
En cambio, Silvia Malfesi del bloque Somos Vida, siempre cercana a las posiciones del gobierno nacional, pidió no votar el artículo sexto que obliga a quienes realicen los trámites ante el nuevo registro unificado a contratar un profesional (abogado o contador) para su realización.
Ese punto fue el que más controversias y presiones generó desde fuera de la Legislatura. En parte, porque con su labor profesional es más probable que el registro tenga menos trabajo, en otra, porque se trata de un coto que justamente la diputada criticó: “es un trámite administrativo que no necesita de un profesional competente, puede hacerlo cualquier ciudadano”, advirtió. Fue la única abstención en el sector celeste.
La defensa del asunto fue para una dirigente del PRO, la diputada Astrid Hummel, que destacó la adaptación del Estado para “que sea más eficaz y eficiente” con medidas para “desburocratizar” al sector público.
Más tarde cruzaron argumentos del Frade desde la izquierda con el oficialista Martín Rosúa, sobre las ventajas y las desventajas de la unificación. El ex periodista piensa que no es bueno dejar todo en un solo poder, el radical por el contrario, sostiene que así será más sencilla la persecución del delito. “Hay una preocupante tendencia a la concentración de poder” en el gobernador. “Este es un elemento más”, dijo del Frade. “Son cuestiones que no tienen nada que hacer en el Poder Judicial, es un acto de control de la legalidad, no hay ninguna concentración de poder sino poner las cosas en su lugar, es algo meramente administrativo”, respondió Rosúa.
Síntesis
1) Se funden en la Inspección General de Personas Jurídicas las funciones que hoy existen dentro del Poder Judicial en el Registro Público de Comercio.
2) Cuando se complete la fusión, quienes se inscriban deberán hacer solo un trámite, en lugar de los dos actuales.
3) Termina así la doble carga impositiva.
4) La ley aprobada dispone que en 6 meses luego de promulgada la norma se complete la unificación, con opción para el Ejecutivo de prorrogarlo por el mismo lapso.
5) El texto fue votado por unanimidad en el Senado y con solo tres diputados en contra en la Cámara baja.
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