La superpoblación en las cárceles santafesinas genera preocupación hacia dentro del gobierno y estiman que para fin de año habrá unas 1.300 plazas que permitirán descomprimir la situación. Así lo adelantó a Suma Política el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, luego de que el tema cobrara relevancia con la publicación de un informe del director general del Régimen Correccional de la provincia de Santa Fe, Darío Rossini, donde se califica la situación como “extremadamente crítica”. Para algunos actores de la Justicia que vienen manifestando su preocupación al respecto el panorama no es nuevo. “El informe no sorprende”, manifestó la defensora pública de la provincia, Jaquelina Balangione, y advirtió que si se suman los detenidos en comisarías la situación es todavía más grave. Mientras que Gálvez indicó que el informe se remite anualmente acompañado de un plan de obras: “Son números reales y dramáticos. Pero es así, frente a la realidad nadie se puede molestar”.
La semana pasada este medio publicó una nota donde se desglosan los números que dan cuenta de esa preocupante realidad: según el Observatorio de Seguridad Pública (OSP), a fines de diciembre de 2021 los penales de la provincia albergaban 1.294 personas por encima de su capacidad, arrojando un índice de superpoblación del 21,9 por ciento. Mientras que en las comisarías el número de detenidos llegaba a las 1.028 personas cuando la capacidad total es de 716 internos.
En declaraciones a Suma Política, Gálvez dio cuenta de que la situación se agudizó en lo que va del 2022 y ya son 7.544 las personas alojadas en unidades penales de la provincia, contra 7.188 a finales de 2021. Es decir que entre enero y abril de 2022 se sumaron 356 internos más que elevan el número de superpoblación en la provincia a 1.650 personas por encima de la capacidad edilicia.
Pero para Balangione la realidad es aún más grave porque los números difundidos no contemplan la situación de las comisarías. “En total hay unos 2.400 presos de más en la provincia”, aseguró la defensora a Suma Política y agregó: “El informe de Rossini habla del Servicio Penitenciario pero no se cuentan los ámbitos policiales, donde hay alrededor de 800 presos. Entonces a los 1.600 que hay de más en las cárceles hay que sumarle unos 800 que están en la policía porque en las cárceles no entran”.
En esa línea, la funcionaria recordó que por ley las comisarías no pueden alojar detenidos: “Partamos de la base que no debería haber ninguno porque las comisarías están para prestar un servicio a la ciudadanía, no para albergar presos. Las comisarías acá en Santa Fe están todas llenas de presos y cuando hay un delito en el barrio no pueden salir a neutralizarlo porque se les escapan los presos, que es lo que está pasando con las fugas”.
La situación en Piñero
La carta de Rossini va dirigida al Poder Judicial y remarca una serie de fallos que ordenaron al Servicio Penitenciario alojar a detenidos de diversas dependencias policiales en varios puntos de la provincia. Para el funcionario, esa situación es una de las causas que explica la superpoblación en los penales y apunta que esas órdenes se hacen difíciles de cumplir “más aún cuando surgen nuevas disposiciones que intiman a esta repartición a ingresar más detenidos”.
En ese punto el director del Régimen Correccional refiere al fallo de la Corte Suprema de Justicia provincial que ordena a adecuar el número de internos en la Unidad Penal Nº 11 de Piñero a partir de un reclamo efectuado por el Servicio Público de la Defensa Penal (SPPDP). “Nos preocupa seriamente cómo este tipo de resoluciones se contraponen con órdenes judiciales que pesan sobre el Servicio Penitenciario”. En el balance del 2021, la cárcel de Piñero cerró con 2.097 alojados cuando su capacidad es de 1.452 personas: unas 645 personas de más (44,4 por ciento).
Para Balangione, el informe de Rossini “no sorprende en los más mínimo” con los datos que aporta. “Parece que lo hubiera escrito yo, porque es lo que nosotros venimos diciendo. El tema es que ahora hace ruido porque viene del mismo poder Ejecutivo. A mí modo de ver es una forma de cubrirse en su responsabilidad como funcionario”, apuntó la doctora en relación a las acusaciones contra el Poder Judicial.
En tanto, Gálvez recalcó que el informe es una comunicación oficial que se hace anualmente, que va dirigido a distintos sectores de la Justicia, y que se encuadra dentro de la normativa vigente: “No es algo que se le ocurrió escribir a Rossini por su cuenta. Con eso se acompañó el plan de obras que elaboró la provincia de Santa Fe y que en esta etapa termina a fin de año. Pero todas esas manifestaciones, los números, la curva de aumento, el crecimiento exponencial de detenidos es así, son números concretos”.
Balangione se refirió a la situación en Piñero y recordó que con el habeas corpus fue la primera vez que se logró una audiencia de ese tipo en la Corte provincial. “No es que a la Corte se le ocurrió meterse. Fue todo un trabajo nuestro hasta que se nos dio la razón y se intimó a la provincia a que ejecute un plan en donde cada tres meses deben ir sacando presos hasta adecuar al número”, explicó la titular del SPPDP. Sin embargo el plan no se termina de ejecutar del todo por la falta de infraestructura para reacomodar a los internos, algo que fundamenta Rossini en su escrito.
Por eso, para la defensora la solución tiene que venir no solo de la mano de lo edilicio, sino también de un “consenso intersectorial” entre las distintas partes involucradas para ver de qué manera se direcciona la política criminal. “No se le puede dar la misma respuesta a todo el mundo. Hoy se está encerrando al jefe de una banda criminal en el mismo pabellón en que entra un pibito que le arrebató la cartera a una señora. Yo no digo que haya que felicitarlo, sino abordar ese problema con un sistema de justicia restaurativa con control estatal y acompañando a esa persona para resocializarlo por fuera del encierro. En estas condiciones de encierro lo único que hacés es fortalecer el camino delictivo que ese chico recién acaba de comenzar”, evaluó.
Causas
Otra de las preguntas que se desprenden ante ese contexto es cómo se llegó a esta situación. Para Balangione es un interrogante que se puede analizar desde varias aristas, pero puso el foco en el cambio del sistema acusatorio de justicia penal en 2014. Para la funcionaria se logró “un salto de calidad enorme” respecto al anterior, pero también trajo aparejadas “prácticas que son malas” y que tienen sus consecuencias. “Su implementación generó una respuesta punitiva más rápida, especialmente con el uso extralimitado del procedimiento abreviado que se está utilizando entre un 85 y 95 por ciento de los casos según las jurisdicciones”, explicó.
Algo similar ocurre con las prisiones preventivas donde casi la mitad de los detenidos (44,7 por ciento) en establecimientos provinciales no tienen condenas. En declaraciones anteriores a este medio, el ministro de la Corte, Daniel Erbetta, destacó el avance que significó la implementación del nuevo sistema en ese punto, aunque reconoció que el porcentaje sigue siendo alto. “Un sistema que funcione bien no debería superar el 20 por ciento de encarcelamiento preventivo”, evaluó el magistrado.
La misma mirada sostiene Balangione, quien consideró que el nuevo sistema está apoyado en más garantías que el anterior pero sigue lejos de cumplir el efecto que se esperaba: “Sigue habiendo muchísimas prisiones preventivas y eso sumado a la respuesta rápida que se da por el uso extremo de la herramienta del procedimiento abreviado generó que se duplicara en ocho años la población penitenciaria”.
Pero otra de las causas que señala la defensora es la falta de alternativas que brinda el Estado ante las situaciones de conflicto. “La respuesta es el encarcelamiento y no se acude a otros mecanismos mucho más pacificadores que dan una solución con mucha más participación de la sociedad civil”, explicó. En concreto lo que plantea es la necesidad de comenzar a trabajar en un esquema de “justicia restaurativa” que supone un trabajo articulado entre los tres poderes del Estado para encontrar salidas a conflictos sin esperar una resolución judicial, algo que además podría contribuir a disminuir los índices de violencia e inseguridad actuales.
“Significaría, por ejemplo, dar otro tipo de respuesta a aquellos jóvenes de entre 18 y 24 años, que recién empiezan una vida relacionada con el delito y que no han cometido faltas graves, sino delitos contra la propiedad sin afectar la salud, la vida o la integridad sexual de las personas. A esta población hoy se le da la misma respuesta que a los autores de delitos graves, que es el encierro. Y además en condiciones de superpoblación que hacen que se esté cada vez más lejos de la finalidad que tiene la cárcel que es la resocialización de las personas”, detalló.
Obras en marcha
Ante este contexto, Gálvez intentó llevar tranquilidad repasando las obras de infraestructura que se están haciendo en la provincia, algunas de ellas prontas a finalizar y que generarían un alivio al sistema penitenciario. Una es la cárcel federal camino a la localidad de Larrachea que se encuentra bastante avanzada. La importancia del proyecto cobra dimensión si se tiene en cuenta que en la provincia hay 464 presos federales, cuando el convenio que tiene la provincia con el gobierno nacional es para alojar a 50.
Según relató Gálvez, la obra se paralizó durante el gobierno de Mauricio Macri y se retomó a principios de la gestión de Alberto Fernández por pedido explícito del gobernador Omar Perotti: “Nosotros la fuimos a visitar en febrero de 2020, a dos meses de asumir, y hoy está en un 80 por ciento según el plan de avance de obra. Estimamos que en diciembre se estaría entregando esa unidad penitenciaria y sería muy bueno porque ya la provincia de Santa Fe no alojaría a presos federales y nos descomprimiría gran parte de la sobrepoblación que tenemos”.
El titular de Asuntos Penitenciarios también ponderó la construcción de la Alcaidía Regional que se está levantando frente a la cárcel de Las Flores, con una capacidad para alojar 200 internos que permitiría trasladar presos que hoy están en comisarías. Además adelantó que esta semana se firmó el contrato para la construcción de seis pabellones para ofensores sexuales, dos en Las Flores, dos en Santa Felicia y dos en Piñero. En total permitirán alojar a unos 480 internos.
Y por último se refirió a la construcción de la Unidad Nº 3 y la Unidad Nº 12 en el complejo penitenciario de Rosario. “En total estamos hablando de 1.300 plazas que van a ser inauguradas de aquí hacia fin de año”, afirmó.
Nota relacionada
Autor
