El proyecto de revalúo fiscal anunciado por la ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, que en pocas palabras pretende actualizar el valor de las propiedades a partir de una suerte de federalización de los parámetros a aplicar en los registros provinciales, provoca las primeras lecturas santafesinas, que hasta ahora son tan acotadas como lo poco que se ha dicho sobre el tema desde la Casa Rosada.
Son en buena medida coincidentes las principales advertencias que se formulan puertas adentro del gobierno provincial y también en los bloques de los partidos opositores con representación parlamentaria. Unos y otros recuerdan que el tema no es nuevo, que existen compromisos firmados por la provincia en esa dirección, por actuales y anteriores gobernantes, pero subrayan que siempre que se mencionó la posibilidad de obtener más recursos por gravar la propiedad privada fue a cambio de ya no hacerlo tanto con las actividades productivas.
En buen romance: dentro de la Casa Gris y entre los habituales interlocutores del hall de la Legislatura se menciona que los dos pactos fiscales que firmaron en 2017 Miguel Lifschitz (con Mauricio Macri) y en 2021 Omar Perotti (con Alberto Fernández) contemplaron una pronta actualización del valor ridículamente bajo que para los estados provinciales tienen las propiedades, respecto de los precios de compra y venta en el mercado inmobiliario, tanto urbano como rural, pero siempre a cambio de una fuerte baja en Ingresos Brutos.
No se ha hablado de ese impuesto desde el gobierno nacional en el proyecto de revalúo fiscal y ese es el motivo principal de las objeciones: la meta siempre fue subir cargas tributarias a la propiedad para bajarlas en ese gravamen, considerado el más distorsivo para la formación de precios y el sistema productivo.
Es cierto que el anuncio de Batakis fue en medio de su declaración de principios como ministra en favor de tener una “mirada productivista” en la que “el Estado no está para ahorrar”, como les gusta decir a los kirchneristas, pero que no podrá “gastar más de lo que le ingresa”, como quieren escuchar los mercados y en buena medida los que —en las peleas del oficialismo— respaldaron al ministro Martín Guzmán (y al presidente Fernández en desigual pulseada con la vicepresidenta Fernández).
Dos intentos
El tema se inició en los consensos fiscales que el gobierno nacional suscribió con las provincias en tiempos de Macri, comentó una fuente que tiene a diario los números de la provincia a la vista, y que lamentó que no se haya hecho antes cuando había otras condiciones económicas. Agregó que lo mismo ha sucedido ahora con Martín Guzmán con el ímpetu del arranque de la gestión del Frente de Todos, pero con idéntico resultado. “Es de esperar que haya alguna convocatoria en ese sentido para las provincias y allí los funcionarios involucrados en el tema podrán ver de qué se trata”, se expresó cuando la pregunta fue si Batakis tenía facultades suficientes como para continuar con el plan sin volver a consultar a los gobernadores.
Desde la vereda de enfrente, en la oposición, se hacen observaciones que seguramente en privado también harán los funcionarios provinciales consultados: “La Argentina no puede seguir discutiendo en forma permanente los cambios tributarios y, de hacerse, la discusión se debe dar de manera integral, sin plantear cambios permanentes de las reglas de juego: es lo que se pretendió hacer en el consenso fiscal 2017, que fue el último intento serio en ese sentido”, comenta uno de los respetados asesores en temas económicos que colabora con legisladores de la oposición.
Explica que la idea era reducir impuestos sobre las actividades económicas y sustituir (total o parcialmente) esa recaudación con impuestos sobre los activos (inmobiliarios provinciales específicamente). Y para eso, se buscaba que la Nación “dejara de gravar esos activos con el impuesto a los bienes personales, para evitar la doble imposición”, otro tema ausente en el efecto Batakis que se procuró dar tras su asunción.
El plan de 2017 fracasó, entre otros motivos, porque la Nación no tocó Bienes Personales y también quedó trunca la baja de Ingresos Brutos y Sellos. En diciembre de 2019 los gobernadores y Alberto Fernández se pusieron de acuerdo para suspender esa rebaja programada.
Se trata de las primeras lecturas santafesinas, tan prudentes como desconfiadas de que el tema pueda efectivamente avanzar, porque del anuncio no se tiene más que el título. Una vez que haya un desarrollo mayor, probablemente también aparezcan más críticas o prevenciones por las potestades provinciales que implicaría ceder espacio fiscal a la Nación.
Si la Casa Rosada dice cuánto debería valer el metro cuadrado en una ciudad santafesina (o la hectárea de sus campos más productivos) para las autoridades económicas provinciales no será una situación cómoda, si antes no se han acordado mecanismos para que las actualizaciones tengan impactos digeribles para propietarios urbanos y productores o arrendatarios rurales. Presentar una medida de ese tipo sin que caiga severamente Ingresos Brutos y Bienes Personales sería más que difícil. No solo en Santa Fe, también en el resto de las provincias que no estén extremadamente atadas al presupuesto nacional.
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