¿Quién mató a Eduardo Trasante?, preguntó el juez Pablo Pinto antes de la lectura del fallo. El enigma se planteó el 14 de julio de 2020, cuando dos jóvenes asesinaron al pastor y ex concejal en su casa de San Nicolás 3638, y sigue sin respuesta. La condena a prisión perpetua contra cuatro acusados agrega otros interrogantes: ¿por qué no se logró identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen?; cuatro años después, ¿es posible reponer las piezas que faltan en el rompecabezas?
La abogada Gabriela Durruty, a cargo de la querella, atribuye las incógnitas a la complejidad del crimen y recuerda sus críticas al enfoque inicial de la investigación sobre Trasante y su familia. “Si bien comprendíamos que debía ocurrir, fue demasiado exhaustivo. Es probable que eso haya redundado en que ahora falten algunos nombres”, dice. No obstante, valora el desarrollo posterior: “encontramos el camino para unificar esfuerzos y llegar al juicio”.
En los días siguientes al crimen hubo sospechas y acusaciones entre investigadores, dirigentes de Ciudad Futura y familiares de Trasante: el teléfono de la viuda Carolina Leones, secuestrado en la casa, fue extraviado por la policía; un verdulero de 22 años declaró como testigo y después se desdijo y denunció apremios; Juan Monteverde cuestionó a la fiscalía; la renuncia de Trasante a la banca de concejal, resuelta por Ciudad Futura después de una presentación por acoso, volvió al comentario público.
El hallazgo un día después del crimen del Peugeot 308 blanco que condujo a los asesinos hasta la casa de Trasante fue el punto de partida de la investigación. En la reconstrucción del recorrido del auto desde su robo en una entradera en la zona oeste de Rosario, cinco días antes, surgieron los cuatro condenados en el juicio: Julio Andrés Rodríguez Granthon, peruano, piloto civil de 30 años; Facundo Sebastián López, mecánico de 26 años; Brian Nahuel Álvarez, verdulero de 23 años, y Alejo Leiva, albañil de 25 años.
“Hicieron tareas de inteligencia y planearon coartadas. Sabían en qué auto se movía Trasante y marcaron la casa. Después hicieron todo lo posible para borrar los rastros del hecho, lo que complejizó el caso”, dice el fiscal Matías Edery, a cargo de la investigación junto con Gastón Ávila.
Rodríguez Granthon, entonces preso en la cárcel de Piñero, hizo gestiones para conseguir el auto a través del celular de un compañero de pabellón; Álvarez compró el Peugeot robado y siguiendo esas indicaciones se lo entregó a López, “el hombre de confianza de Rodríguez Granthon en la vida de extramuros”, según el Tribunal; Leiva recibió las llaves del auto el día anterior al crimen y en su teléfono se hallaron fotos de carteles destinados “a embarrar la cancha y desviar la investigación hacia una cuestión personal de Eduardo”, indica la abogada Durruty.
Los carteles hallados en el celular de Leiva –uno de ellos mencionaba a Maximiliano Pullaro– son uno de los indicios para la hipótesis del crimen como mensaje mafioso. Edery sostiene que el asesinato de Trasante “fue una demostración de poder” en la que “pudieron asociarse factores relacionados con las condiciones carcelarias, las restricciones por la pandemia y la venganza contra lo que representaba el pastor”. En ese contexto, “Trasante fue un símbolo de las luchas contra las organizaciones criminales y también una persona vulnerable, porque vivía de forma muy humilde”.
Alejo Leiva era vecino de los Trasante y había compartido reuniones con una de las hijas. Como parte de su defensa alegó que su familia había concurrido a marchas por el triple crimen de Villa Moreno y colaborado en un mural que todavía está en el barrio. “Su rol concreto fue aportar el conocimiento que tenía de la familia y de Eduardo. Es quien el día anterior al crimen envía la foto de la puerta de calle rodeada por un círculo. Como era un pasillo interno se prestaba a confusión”, afirma Gabriela Durruty.
Edery destaca el rol de Facundo López, que llegó al juicio con una condena a 18 años de prisión por el crimen de un soldadito rival en Villa Banana. “López no solo retira el Peugeot en la noche del 11 de julio de 2020 sino que se comunica con Leiva durante todo el día del hecho y después busca la llave del auto para descartarlo. Tuvo siempre el dominio del vehículo”, dice el fiscal.
Los asesinos lograron que Carolina Leones les abriera la puerta de calle diciendo que iban “de parte de Caty”, una de las hijas del pastor. La información pudo provenir tanto de Leiva como de López, que por su parte tenía amigos en común con Caterina Trasante y estaba conectado con ella en Facebook.
La cadena se vuelve opaca antes y después del eslabonamiento entre los cuatro condenados. Leiva envió las fotos del frente de la casa de Trasante por mensaje de WhatsApp a una persona no identificada. Uno de los asesinos estaría entre los cuatro condenados aunque no se encontraron evidencias al respecto. Otra sospecha es que Rodríguez Granthon fue el enlace con los que encargaron el asesinato.
El crimen de Trasante se inscribe en la larga serie de delitos que en la última década fueron organizados desde las cárceles santafesinas. La abogada Mariana Barbitta argumentó que el Servicio Penitenciario de la provincia también debía formar parte del juicio, y no le faltó razón: Rodríguez Granthon, su defendido, pudo destruir no solo uno sino tres teléfonos celulares porque fue advertido previamente de que las Tropas de Operaciones Especiales iban a allanar su calabozo en Piñero. Sin embargo, como es habitual a través de distintos gobiernos en Santa Fe, el foco de la política penitenciaria se concentra en incrementar el castigo sobre los presos y dejar en la sombra a los custodios que proveen celulares e información o que, como acreditó la Fiscalía de Rosario en la investigación de la banda de Francisco Riquelme, tienen miedo de algunos reclusos.
El negocio del crimen
Rodríguez Granthon compartió el pabellón 9 de Piñero con integrantes notorios de Los Monos y con Daniel “Teletubi” Delgado, condenado como uno de los autores del triple crimen de Villa Moreno. Eduardo Trasante se convirtió en una figura pública a partir del reclamo de justicia por este hecho del 1° de enero de 2012, entre cuyas víctimas estuvo su hijo Jeremías.
Trasante tenía actividad pastoral en las cárceles. El 11 de noviembre de 2019, en su última visita a la Unidad 11 de Piñero, se reunió con Sergio “Quemado” Rodríguez, otro de los condenados por el triple crimen, y le otorgó su perdón. Delgado y su entorno fueron investigados exhaustivamente en la segunda mitad de 2020, sin novedades.
Nacido en Bellavista, Perú, el 23 de julio de 1993, Rodríguez Granthon se reconoce como narcotraficante y vendedor de autos robados pero a la vez dice que su reputación ha sido exagerada por la prensa. Actualmente se encuentra sometido al aislamiento que el gobierno nacional ordenó para los presos de alto perfil en cárceles federales, por lo que no ve la luz del sol y solo puede ser visitado por su esposa e hijos y hablar con ellos a través de un vidrio blindado.
En el caso en cuestión, Rodríguez Granthon admitió la gestión que llevó a la compra del Peugeot pero se declaró ajeno al uso que tuvo el vehículo. Su interés, insistió en el juicio, terminó con la reventa del vehículo. En el transcurso de las audiencias pidió declarar en tres ocasiones: “le habló a los gritos al Tribunal y fue muy intimidatorio y violento tanto contra la fiscalía como contra la querella”, según una fuente consultada, y en particular contra Edery.
Según coinciden la fiscalía, la querella y el Tribunal, el narco estuvo detrás de los 500 mil pesos con que Brian Nahuel Álvarez tentó al ladrón del Peugeot, Ariel Hernán S., y a su amigo Alexis, alias El Gordo, para “hacer un trabajo”. En un mensaje de WhatsApp previo al crimen, Granthon le dice al que tiene el auto robado, alias Archi: “Me están diciendo que lo quieren prender fuego ustedes. (Te hablo) para que no lo prendan fuego, querés que lo busque yo ahora, lo mando a buscar, porque los pibes que mando son bastante faloperitos, no les puedo pasar la plata y la plata la tenemos en otro lado (…) Mañana al mediodía te paso la plata, no sé si puede ser así, o si no aguantame un ratito que veo cómo hacer amigo, pero yo tengo los pibes en la calle a full”.
Rodríguez Granthon se presenta como un pacífico emprendedor que en el transcurso de poco tiempo pasó de vender por gramo en la calle a “bajar” 400 kilos de cocaína mensuales que eran despachados desde Perú y llegaban en avionetas por un sistema de postas nunca detectado. Oportunidades que solo tuvo en Rosario y sin protección de la policía, a la que considera un socio poco confiable porque si un día hace la vista gorda otro día exige la entrega de mercadería o de cómplices para acreditar la persecución del narcotráfico.
Sin embargo, según la acusación de la fiscalía, “dentro de la investigación llevada adelante en el CUIJ 21-083214578-6 hay constancias de que una persona de nacionalidad peruana detenida en el penal de Piñero manda a cometer un homicidio ofreciendo doscientos cincuenta mil pesos y los impactos de antena de ese teléfono impactan en la celda (que ocupaba Rodríguez Granthon)”.
Pragmático, Rodríguez Granthon no vendía marihuana porque en este mercado los beneficios económicos son menores y los riesgos más altos; podía entenderse con bandas enfrentadas entre sí y en particular admitió haber sido proveedor de cocaína de Los Monos. En el furgón que lo trasladó desde Piñero a la cárcel federal de Marcos Paz, después del resonante asalto que liberó a ocho presos el 27 de junio de 2021, conoció a Esteban Alvarado y encontró otro cliente interesado en hacer negocios.
El ciudadano peruano que quería ser piloto de aviones cuando llegó al país asegura haberse manejado en el ambiente narco de Rosario sin necesidad de recurrir a la violencia, por el simple juego de la oferta y la demanda: su estrategia habría sido vender más barato que la competencia y conseguir droga de máxima pureza. El que le compraba a Rodríguez Granthon llevaba calidad y llevaba precio.
Condenado a doce años de prisión en la causa “Coronas Blancas” y con otra causa como jefe de una asociación ilícita en la justicia provincial, Rodríguez Granthon expuso su credo en el mercado y la economía liberal en el proceso en el que terminó condenado a 21 años de prisión por la Justicia Federal. Cuando le preguntaron por los dólares que compraba en las cuevas de Gustavo Shanahan –pagando un arancel del 2 por ciento que el ex administrador de Terminal Puerto Rosario imponía como una especie de gravamen personal a la plata sucia–, citó al presidente Javier Milei: “el peso argentino vale menos que excremento”.
En busca del contexto
El Tribunal que intervino en el juicio por el crimen de Trasante estuvo integrado por Pablo Pinto, Ismael Mamfrin y Paola Aguirre. Como sus pares en el caso de la mega estafa inmobiliaria, los jueces hicieron una introducción antes de revelar el fallo. “No explicaron el veredicto pero le dieron un contexto a su decisión, y ese contexto tiene que ver con la realidad de Rosario y con la complejidad del crimen”, interpreta Durruty.
La actitud de los jueces fue una precaución ante la expectativa pública y también una respuesta a las críticas que recibieron de las defensas. En particular las objeciones provinieron de Mariana Barbitta, la abogada de Rodríguez Granthon y presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas, para quien el fallo estuvo resuelto desde el principio y fue influido por la “demonización” de su cliente, la demagogia punitivista y la xenofobia que trasuntarían ciertas referencias. Esas expresiones, dijo la jueza Paola Aguirre, “no contribuyen a la pacificación social”, “operan al descreimiento en las instituciones democráticas” y constituyen “un discurso deslegitimante de la magistratura”.
Los jueces describieron la trama criminal como “un rompecabezas” y a sus piezas como “una red que interactúa, se anuda y se teje recíprocamente”. En ese plano “cada acusado efectuó aportes que han producido efectos en la ejecución del plan desarrollado, no en forma simultánea sino de manera sucesiva y concatenada”. Último pero nada menor, “aún queda la misión de completar parte de la respuesta (a la pregunta por quién mató a Trasante) hallando a las personas que aún hoy gozan de impunidad”.
El fiscal Edery afirma que hay indicios para identificar a los asesinos –uno de ellos habría sido menor de edad al momento del hecho– ya que “se abrieron nuevas líneas que deben ser investigadas”. Mientras tanto, las palabras de Trasante con la fotografía de una ametralladora FMK-3 en el debate electoral de octubre de 2017 siguen tan vigentes como los interrogantes de la causa: “Esta es la ametralladora con la que asesinaron a mi hijo Jeremías. Este es el principal problema que tiene Rosario. No puede ser que una persona saque un arma así y asesine con total impunidad”.
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