El fuero laboral de Rosario, en un callejón sin salida a la vista

Por Diego Montejo

El Covid, como lo hizo en todo el mundo, agudizó los problemas de recursos humanos donde ya los había, con parte del personal cumpliendo tareas en casa o relevado hasta nuevo aviso por pertenecer a grupos de riesgo. En el caso del sistema judicial de la provincia de Santa Fe, esta situación llevó a una sobrecarga en todos los fueros. En el Laboral, ya resentido desde antes en su eficiencia y rapidez, profundizó una crisis que lleva más de diez años por el aumento incesante de la demanda, la escasez de personal y recursos, y la falta de decisión política para crear nuevos juzgados en la ciudad de Rosario.

Magistrados y abogados coinciden en que el Fuero Laboral en Rosario tiene una “estructura raquítica” y que si bien la pandemia complicó todavía más algunos procedimientos, más que nada puso en evidencia una muy difícil situación de arrastre. Históricamente, aseguran, las mejoras y recursos fueron para otras áreas y lo laboral quedó relegado a un lugar marginal.

La demanda de los juzgados del fuero creció exponencialmente en los últimos diez años pero sigue funcionando con los mismos recursos para cubrir todas las tareas. En este contexto de crisis el aumento más significativo de causas se dio fundamentalmente entre el año 2012 y 2013, cuando ingresaron un promedio de 2.800 causas por juzgado. Si bien luego bajaron un poco, en 2019 el número se mantuvo arriba de las 2.300. La secuela de todo ese ingreso fuerte hace que hoy haya en trámite más de 12.500 expedientes por juez repartidos en diez juzgados.  

“Hay que pensar que esos expedientes los tiene que procesar un juez, un redactor, un secretario y cinco empleados, y eso es todo para gestionar esa avalancha, a lo que se le agregan 2.300 por año”, sostiene la ex jueza Susana Victoria Perkins, quien estuvo a cargo del Juzgado Laboral 1 hasta 2019. Los jueces no pueden estar en todas las audiencias, explica, el trabajo es mucho, asisten a sus despachos por la mañana, dictan sentencia por la tarde y trabajan los fines de semana y los feriados y, aun así no es suficiente.

“Esto no empezó con la pandemia, sino que podemos decir que lleva más de una década la situación de desborde que se agrava año tras año. En mis años como jueza pude observar que el ingreso de volumen de expedientes por juzgados se incrementa y la dotación de recursos materiales y empleados no fue provista para absorber esta demanda de juicios”, agrega a la mirada de su colega la doctora Patricia Liliana Otegui, jueza a cargo del juzgado Laboral 6 de Rosario.

En el año 2004 un fallo de la Corte Suprema de la Nación estableció que las decisiones de las comisiones médicas que intervienen en las causas por accidentes laborales debían ser revisadas por la Justicia Laboral, y no por la Federal como venía ocurriendo. Según Otegui, tras esta decisión el flujo de causas por riesgo de trabajo comenzó a llegar “masivamente” a los tribunales ordinarios, tanto los casos reenviados por la Justicia Federal como los interpuestos por los abogados laboralistas.

Para la magistrada a esta situación se suma el hecho de que la Provincia todavía no haya adherido a la nueva ley sobre Riesgos del Trabajo (ART), votada en el Congreso nacional y con media sanción en el Senado provincial, a la espera de ser tratada en la Cámara de Diputados. “Existe la decisión de un bloque político de adherir a la ley, que en un principio descomprimiría sustancialmente el número de causas ya que nosotros estaríamos en una fase revisora de aquello que no tenga solución en la vía administrativa”, asegura Otegui sobre la norma, que por otra parte genera amplia resistencia entre los abogados del fuero.

La creación de juzgados laborales por parte de las gestiones provinciales fue a cuentagotas desde la llegada de la democracia. En 1983 se creó Laboral 8, en el año 2006 Laboral 9 y en 2014 Laboral 10. En todo ese tiempo la litigiosidad creció 1.000 por ciento y la población de Rosario aumentó.

Un claro ejemplo de las dificultades del Estado para encuadrar estas demandas queda en evidencia en el Juzgado Laboral de Quinta Nominación de Rosario donde su titular, Gustavo Sgoifo, se jubiló a mediados de 2019 y recién a principios de este año se cubrió la vacante. Fue mediante el Decreto Nº 0691 que lleva la firma del ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo. La nueva titular, Rina Graciela Brisighelli, ganó el concurso que impulsó la reforma del Código de Procedimiento Laboral durante el gobierno socialista, que promulgó la ley 13.840, aprobada por la Legislatura provincial y desechada por el actual Ejecutivo.

Brisighelli inició su actividad este mes, con un año de atraso, en su flamante cargo en el juzgado. Como no existe más la subrogancia, mientras estuvo acéfalo, para alivianar el trabajo, se repartieron sentencias en otros juzgados también abarrotados. Otra jueza se hizo cargo del despacho ya que eran tantos los expedientes que no se pudieron repartir una semana cada juez.

En casa de herrero

Otro tema es el personal, que trabaja de manera precaria, lo cual funciona como una paradoja: la Justicia Laboral Santafesina tiene empleados precarizados o contratados como monotributistas. Gran parte del trabajo lo sostienen las mesas de entradas que están atendidas por pasantes que, en algunos casos, ni siquiera cobran un sueldo o, en todo caso, se les paga un mínimo para sostener sus gastos mensuales. “Es alarmante que la Justicia Laboral esté infringiendo las leyes laborales. Esto tiene que ver con la Corte que permite y promueve esta forma de trabajo”, advierte Diego Boglioli desde la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario.

La Justicia de Santa Fe no le ha dado la importancia que realmente merece al fuero donde se tienen que dirimir los conflictos laborales. Allí no sólo se solucionan conflictos entre sindicatos, empleadores y trabajadores, sino que una Justicia laboral eficiente y que da respuestas rápidas, contundentes y justas, también es un buen disuasivo para el incumplimiento de las leyes laborales. “Un empleador en las condiciones de ahora prefiere que le hagan juicio, es paradójico que el deudor aliente al acreedor laboral porque saben que esta espera está dentro de las reglas del juego. El sistema se volvió perverso y no vemos voluntad política para que esto se resuelva”, advierte Boglioli.

En ese contexto señala el letrado lo difícil que le resulta a un trabajador esperar siete años para resolver su situación: “Es una locura que a nosotros nos genera contratiempos con los clientes. La gente no entiende y asocia la lentitud con corrupción o con arreglos por detrás de las partes o que el juez está con la patronal. Repito, genera grandes dudas ya que el sistema no da respuestas rápidas, es muy complicado y vemos que está empeorando”.

En un juicio primero se entabla la demanda, luego el empleador tiene un tiempo para responder, teóricamente eso se debería resolver en menos de tres de meses, y prontamente se debe fijar la audiencia que, según el Código Laboral, debe ser dentro de los 40 días hábiles posteriores a cuando se registró la demanda. Sin embargo las audiencias solicitadas hoy son pactadas para mayo y junio de 2021.

“Ese problema sigue después, porque cuando los abogados vamos en mayo de 2021 a la audiencia, presentamos testigos que lógicamente deberían presentarse en el lapso de 40 días hábiles, pero les toman declaración recién en octubre o noviembre con suerte. En ese período ya nos comimos más de dos años de espera. Este problema que era crónico ahora es peor. Además, las salas de audiencia no son muy confortables, hay muchas personas a la vez”, suma su postura al debate Jorge Elías, abogado de extensa trayectoria en el fuero local.

En un día de actividad normal circulan entre cuatro y cinco mil personas (público y profesionales) por el edificio de Tribunales, y trabajan casi un millar de empleados. El riesgo de contagio del coronavirus es alto, por eso se cumplen estrictos protocolos de distanciamiento, uso de tapabocas y toma de temperatura. Desde el 16 abril, a menos de un mes que se declarara la pandemia y por ello el aislamiento social preventivo y obligatorio, los juzgados laborales rosarinos volvieron a la actividad y funcionan la mitad a la tarde y la otra mitad a la mañana. Esto es un criterio acertado para no evitar aglomeraciones. Lo que sí, lleva a que los abogados tengan que ir muchas veces en el día, porque les dan turnos discontinuos para diferentes actividades, lo que genera mayores costos de traslados y el problema del normal funcionamiento de los estudios jurídicos.

“Si fuera que el turno lo pido hoy, para ir a consultar un expediente, ver un escrito o hacer una presentación determinada, o hablar con algún funcionario, nos están dando turnos para 30 días. Tenemos que vivir sacando turnos por las dudas porque si lo sacas a último momento se corre el riesgo de no poder cumplir con la urgencia que estos casos demandan. “Después hay diferentes criterios de cómo se aplican las nuevas normas y cada juzgado aplica la suya, lo que genera contratiempos. Hay situaciones que venían de antes, pero el Covid las complicó”, cuenta Boglioli sobre su rutina diaria como profesional en tiempos de pandemia.

Sobre esta suma de inconvenientes, Jorge Elías aclara que las medidas tomadas para prevenir el Covid 19 en el ámbito tribunalicio no forman parte de una reforma, sino que es “una respuesta apurada por algo imprevisto como es la pandemia”. Si bien había un plan de digitalizar documentación y los expedientes, el letrado sostiene que “iba muy lento”. Otra dificultad, añaden ambos letrados, es la imposibilidad de hacer consultas en mesa de entrada ya que todo se establece por turnos. “Eso también genera demoras”, dicen. E insinúan que con esta modalidad quien no tiene la estructura suficiente, que generalmente atendía a los clientes por la tarde, debe cerrar el estudio si es que le pautaron un turno en ese horario.

“No queremos la perfección, pero por lo menos nos gustaría estar cerca de otras jurisdicciones. Además con la gimnasia que tenemos para remar con la adversidad, entre abogados, jueces y el personal de los juzgados sacamos esto a flote enseguida. Hasta que los juzgados se saturaron la justicia funcionaba bien, hace quince años atrás no había estos problemas, con este código y este procedimiento”, insiste Elías.

La reforma que no fue

En el año 2019 el gobierno de Miguel Lifschitz envió un proyecto a la Legislatura para que reformar el Código Procesal Laboral. Logró su aprobación y promulgó la Ley 13.840, que establece la creación de un nuevo juzgado laboral en la ciudad de Santa Fe, para sumar a los cinco ya existentes, y la creación de una oficina de conciliación a cargo de cinco magistrados en la ciudad de Rosario. La reforma fue cuestionada y resistida por amplios sectores del fuero, lo que derivó en que la gestión del actual gobernador Omar Perotti no la tuviese en cuenta.

Para Susana Perkins cinco juzgados laborales salen mucho menos que lo que se planteaba en esta reforma que de prosperar no habría resuelto el problema. “Creo que había un poco de ingenuidad o improvisación. Pensaron que si había más conciliaciones se iban a arreglar más juicios, cuando habitualmente se acuerdan un 30 por ciento, siempre y cuando haya voluntad de las partes, el resto no se arregla y tiene que esperar sentencia. Quizá el trabajador hubiese ganado un poco de tiempo con la primera audiencia del Artículo 51 pero además que si ahí no prosperaba tenía que ir a la cola de los 12.000” juicios atrasados, asegura.

Como representante de los abogados laboralistas rosarinos, Diego Boglioli comenta que estuvieron a favor de algunos puntos de la reforma, pero que en general se soslaya la necesidad de crear juzgados laborales. “El socialismo lo que hizo fue modificar el Código Procesal Laboral, pero hizo poco y nada con respecto al funcionamiento de la infraestructura y a los recursos humanos, mejor dicho a la cantidad de juzgados que debería haber en Rosario. Un juez no puede atender quince mil juicios y que le ingresen dos mil más cada año”.

Para el actual secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, la reforma no iba a resolver el problema sino que lo iba a agravar. En definitiva, asevera, los juzgados de conciliación iban a determinar en la práctica sobre dos procedimientos dentro de una misma instancia, con el agravante de que toda la entrada se iba a dar por un mismo canal, lo que iba a generar un embudo. “Una de las posibilidades que tenemos en estudio es la transformación de estos juzgados de mediación en juzgados convencionales. Esos cargos están creados en la Legislatura y es la posibilidad que se entiende como la más adecuada para darle una solución al conflicto”, adelanta el funcionario.