La hegemonía parlamentaria de la alianza libertaria con Juntos por el Cambio y los restos y fragmentos del frente amarillo que gobernó de manera fallida de 2015 a 2019, mostró en una de las últimas semanas del año parlamentario que está viva y dominante. Y que, si bien trastabilló en el invierno, el asombroso escenario de dolarización (sin dólares) que consiguió el gobierno en los últimos dos meses le abre una perspectiva política y aporta a la consolidación de un renovado clima de control legislativo.
El gobierno tuvo un claro triunfo al desbaratar el intento de la oposición ampliada por modificar la ley de los DNU el último martes, al dejarla sin quórum luego de presionar a los gobernadores presionables. La caída de esa sesión pareció políticamente vinculada a una promesa de sacar dictamen por la ley de presupuesto 2025, el último jueves. Pero en el plenario de Presupuesto del último jueves, el oficialismo no tuvo las firmas necesarias, no hubo dictamen, y pareció insinuar que el proyecto que quiere y tratará de imponer es el propio, que presentó el 15 de septiembre.
Sin embargo, parece poco probable que luego de tantas reuniones con gobernadores no surja alguna forma de aproximación para permitirles a un par de docenas de diputados votar “con disidencias” un presupuesto estructuralmente draconiano para el interior del país. Por caso, el diputado Roberto Mirabella calificó de “humillante” para Santa Fe el nuevo presupuesto que, a su vez, muy probablemente sea apoyado, con reservas, por el gobernador Maximiliano Pullaro.
El dictamen del presupuesto, con sus firmas de mayoría, en un nuevo plenario de comisión, debería estar puesto sobre la mesa el próximo martes 19, cuando se abra la semana legislativa luego del fin de semana largo.
Unión por la Patria (UxP) no se limitará a intentar rechazar la propuesta oficialista sino que presentará uno propio, que terminará juntando muy pocas firmas menos que el de mayoría que surja del oficialismo y aliados.
Con todo ya nadie tiene la certeza de si “el gobierno quiere o no quiere sacar un presupuesto”. Al cabo, salvo para cierto lucimiento del ordenamiento interno en el mundo financiero internacional, todos coinciden que para la Casa Rosada continuar “direccionando” el presupuesto del 2023 con la firma de su jefe de gabinete es más práctico y efectivo, y garantiza mejor el ajuste infinito con mayor discrecionalidad.
La paradoja es que los gobernadores, en general, prefieren tener al menos un presupuesto malo a no tener nada. Para luego no quedar peregrinando en eternos pedidos de fondos a la Casa Rosada, cosa que de todos modos terminan haciendo.
En paralelo, y pregnando con fuerza en el Congreso, la condena del Tribunal de Casación a Cristina Kirchner, el último miércoles, ratifica y desata la fase del modo cacería y proscripción a la líder del peronismo. Si bien se trata de una agenda más propia del ex presidente Mauricio Macri, este nuevo espaldarazo judicial por la causa Vialidad sumó con fuerza al gobierno libertario, que se lanzó con ansiedad a intentar demoler la herencia material y simbólica del kirchnerismo que perdura en la sociedad argentina.
La quita arbitraria de jubilación y pensión como ex presidenta a Cristina Kirchner, como resolución presidencial, como así también las escenas de retiro y desaparición de un busto de Néstor Kirchner en las oficinas centrales del Anses de Buenos Aires —que motivaron la reacción del bloque de Diputados del UxP— se inscriben en una asombrosa escena nunca vista desde la recuperación de la Democracia, en 1983. El gobierno votado hace un año por 14,5 millones de argentinos se deslizó hacia un modo autoritario, minando la convivencia social de actos violentos promovidos desde la cúpula del poder.
El próximo miércoles LLA y el PRO y muy posiblemente con aliados en bloques “dialoguistas” estén cerca de votar una media sanción al proyecto “Ficha limpia”, un proyecto diseñado para proscribir a la ex presidenta y que trae decisiones de un sector de la justicia (Comodoro Py) a interferir en el mundo legislativo. El proyecto, con la excusa de la transparencia, en una causa judicial falseada de principio a final, buscará aglutinar el movimiento político que fue alternativamente segunda o primera fuerza en la Argentina desde 1945 hasta hoy: el antiperonismo, y sus derivaciones de odio y violencia (bombardeos a la Playa de Mayo de junio de 1955, prohibición de la palabra “Perón”, proscripción durante 18 años, dictadura del 76 y aniquilamiento, mayoritariamente, a militantes y simpatizantes peronistas), en la fase libertaria actual busca acelerar una transformación estructural.
Sectores mayoritarios del Congreso, por ahora, por acción u omisión, acompañan.
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