Diez pisos por encima de la altura máxima permitida para la zona y 1.300 metros cuadrados construidos de más. Así comenzó en 2012 una historia que incluye denuncias en la Justicia, inadmisibles errores de la Municipalidad, un pastor evangélico millonario perseguido por compradores damnificados y un cambio sorpresivo en el destino final de la obra: lo que iba a ser un edificio de departamentos se reconfiguró en un hotel de lujo. Pero eso no es todo, ya que en el fideicomiso del nuevo emprendimiento aparece un nombre que fue protagonista de las crónicas policiales de los últimos años.
El jueves 17 de noviembre el Concejo municipal de Rosario trató y aprobó una excepción por apenas 168,46 metros cuadrados para Torre Shopping, una imponente estructura ubicada en la esquina de Rondeau y Juan B. Justo. Pasaron diez años desde que los vecinos comenzaron con sus movilizaciones porque la obra transgredía las normas urbanísticas del barrio.
La aprobación del Concejo le permitirá al municipio otorgar el final de obra; ya no es Torre Shopping ni tampoco Torre Shopping Condo Hotel, las sucesivas denominaciones que tuvo en estos años. Ahora se llama Hotel Mercure.
La excepción se aprobó por 16 votos a favor y 9 en contra. La edila Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), al fundamentar el rechazo del interbloque del Frente de Todos, fue a fondo: “Desafío a que algún concejal diga ahora y lo deje asentado en la versión taquigráfica, que lo que se hizo es legal”. Nadie defendió lo actuado por los funcionarios de aquel momento.
“Es obsceno. El caso más escandaloso que tuvo la ciudad. Es la torre de la impunidad”, sentenció Gigliani. Recordó además que presentó una denuncia contra los funcionarios actuantes en la Unidad de Delitos Económicos y Complejos y fue rechazada por el fiscal Sebastián Narvaja. También votó en contra Ciudad Futura.
El voto a favor fue defendido por Alejandro Roselló y Carlos Cardozo (Juntos por el Cambio). “Hoy vamos a votar que funcione un hotel, no vamos a votar en función de la historia. No hablamos del edificio sino del emprendimiento”, sostuvo Roselló. Cardozo, además, consideró que en este y otros emprendimientos “la Justicia debió ser más rigurosa” y recordó que “centenares de inversores quedaron en banda en Tierra de Sueños III”, lo mismo que “en Alvear y Arroyo Seco”.
Piso por piso
El 18 de abril de 2012 la Municipalidad de Rosario le otorgó al proyecto de Torre Shopping el permiso de edificación Nº 729/2012; en ese momento regía el viejo código urbano (posteriormente reemplazado por el actual). Ese código permitía para las calles de más de 18 metros de ancho, como es el caso de Rondeau, una altura máxima de 36 metros. En el lugar se construyó un edificio de 67,24 metros, es decir, diez pisos más que lo autorizado por la normativa.
Aldic SRL fue la empresa que presentó el proyecto; las siglas se corresponden con su titular, Alberto Di Carlo, pastor evangélico que llevó adelante los barrios residenciales Tierra de Sueños I, II y III. La irrupción de Di Carlo en Rosario, Funes y Roldán fue recibida por las autoridades como una bendición celestial por sus inversiones terrenales.
En aquellos años el Concejo se convirtió en caja de resonancia de los reclamos de los vecinos. La edila Fernanda Gigliani denunció en el recinto otra irregularidad, además de la altura: la construcción excedió en 1.300 metros cuadrados el máximo permitido.
Sin embargo, lo más llamativo es que en este caso los inversores privados no apostaron al viejo artilugio del hecho consumado: construyo lo que me conviene y después pido permiso. Esta vez contaban con un permiso otorgado por la Dirección de Obras Particulares y la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad. Con una salvedad: los certificados urbanísticos fueron emitidos sin respetar la normativa vigente.
Otros elementos alimentaron la sospecha de que hubo, como mínimo, mala praxis de parte del Estado. Además de Gigliani, varios funcionarios alertaron sobre el error; en el expediente figura que el director zona norte de Obras Particulares requirió la opinión de sus superiores ya que “la obra no se corresponde con la morfología de la zona en la que se encuadra”. La titular de Obras Particulares, María Cristina Funes, no se pronunció y le dio vista, mientras que el secretario de Planeamiento, Pablo Barese, propuso adoptar los certificados mal emitidos como criterio válido.
Cuando el tema se instaló en los medios, la directora de Obras Particulares defendió el accionar del área a su cargo con un argumento sin sustento legal: adujo que se debía tomar el doble ancho de calle como indicador (de Rondeau), con lo cual la altura permitida podía superar los cien metros.
Pero como quedó dicho, ese código de 2012 en el apartado 7 fija para la zona una altura máxima de 36 metros. Y se habían construido 67,24 metros.
“La directora de Obras Particulares tiene un llamativo desconocimiento de la normativa o está faltando a la verdad”, sostuvo Gigliani en reiteradas ocasiones, y en el Concejo habló de un “manto de protección” del Ejecutivo hacia los funcionarios involucrados. También pidió que “los responsables políticos” se hicieran cargo de una irregularidad manifiesta.
Al poco tiempo, la directora de Obras Particulares presentó la renuncia. Pablo Barese, secretario de Planeamiento, siguió en el cargo; sin embargo, fue uno de los pocos funcionarios políticos que la intendenta Mónica Fein no convocó para su segunda gestión en el Palacio de los Leones.
Paso a paso
En medio de las denuncias, Aldic adquirió un terreno lindero para “subsanar” el exceso de metros construidos y presentó un expediente en el Concejo solicitando un permiso de ampliación para reconvertir la torre de departamentos en un hotel cinco estrellas con 90 cocheras. Allí estalló otro conflicto. Torre Shopping se vendió originalmente como departamentos de viviendas individualizadas o alquiler temporario, pero la cadena hotelera francesa Accor comenzó a ofrecerles a esos mismos inversores participar de la sociedad de un hotel de lujo. Compraron una vivienda y de pronto les ofrecían ser socios de un emprendimiento.
No fue lo único que cambió. Los damnificados ya no pudieron tratar con Aldic porque la compañía traspasó su capital a Admife SRL. Los reclamos que se hicieron al nuevo destinatario tenían una causa excluyente: se había creado un fideicomiso hotelero sin que fuesen notificados los inversores que ya tenían boleto de compraventa por los departamentos de la torre.
“Admife SRL se fundó en 2016 a nombre de Verónica Ruth Becker y de su marido Julio César Borghesi, quien es cuñado del pastor Di Carlo. Esta sociedad tiene domicilio declarado en bulevard Rondeau 101, que es la dirección del edificio Torre Shopping”, revela Gigliani en base a la documentación que reunió. “El cambio de administración sucedió luego de que el religioso abandonara Rosario acorralado por las demandas de los damnificados”, agrega la edila al describir el contexto.
A fines de 2021, cuando se inició la promoción del hotel Mercure con cartelería en vía pública, se conocieron nuevas denuncias por estafas. En ese momento, el municipio anunció que no daría el final de obra hasta que no estuviesen resueltos los litigios judiciales.
En busca de llegar a un acuerdo, el pastor Di Carlo ofreció a los demandantes canjear su inversión en Torre Shopping por lotes en Tierra de Sueños; la mayoría aceptó la propuesta, aún en casos de que ello significase resignar dinero. “Prefirieron un mal arreglo a arriesgarse a perder todo”, dijo Gigliani. Los que no lo hicieron dependen del fideicomiso o de los resultados de los juicios para recuperar su inversión.
¿Por qué se destraba en este momento? El fideicomiso consiguió el aval político tras instrumentar un fondo de garantía para subsanar futuros juicios de quienes insisten con el reclamo de sus viviendas individualizadas. Unas siete demandas aún se sostienen en la Justicia.
Esta historia, que se fue construyendo sobre irregularidades, tenía reservado un capítulo final acorde a la trama. Uno de los inversores que aparece en el fideicomiso es Roberto Peiti, imputado junto a su hermano Leonardo de liderar la banda que administraba una red de casinos clandestinos en toda la provincia de Santa Fe. Peiti es uno de los que está en juicio con la desarrolladora.
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