“Es mucho lo que tengo para trabajar”, dice Matías Merlo. El interventor de la Fiscalía Regional de Rosario se muestra muy a gusto en sus funciones y sobre todo después que la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, prorrogó su designación hasta el 19 de marzo de 2025. Una parte de la misión parece cumplida: recuperar un ambiente de trabajo convulsionado por enfrentamientos solapados y denuncias cruzadas entre fiscales. Sigue en proceso la reestructuración interna y se activan causas de alto impacto, entre ellas la investigación de la protección judicial y política al juego clandestino.
Merlo inició su carrera en el MPA como fiscal de Melincué. En 2000 quedó a cargo de manera interina como fiscal regional de Venado Tuerto, y en 2023 obtuvo la titularidad por concurso. Entre otras causas investigó la red de casinos clandestinos de Leonardo Peiti en los departamentos General López y General Obligado, pidió y no consiguió el jury de enjuiciamiento del juez Gonzalo Basualdo; y también desentrañó la megaestafa inmobiliaria (no confundir con la causa homónima en Rosario) que llevó a la condena del abogado Antonio Di Benedetto y tendrá pronto una segunda etapa. De bajo perfil, Merlo parece imponerse como la figura adecuada para llevar calma a un mar que estaba muy embravecido.
—En marzo, cuando comenzó la intervención de la Fiscalía de Rosario, la fiscal Vranicich dijo que los objetivos eran “restaurar la cohesión interna” y “reordenar los procesos de trabajo”. ¿Cómo se desarrollaron esas instrucciones?
—En marzo tuvimos que tomar no solo la situación interna de la fiscalía sino también los graves hechos de violencia en la ciudad. La fiscal general dispone la intervención dentro de los sucesos trágicos por los crímenes de trabajadores. Se veía un conflicto interno por denuncias cruzadas entre fiscales, por diferentes circunstancias, y una de las primeras cuestiones era tener cierta armonía en el clima de trabajo y parar los enfrentamientos. En ese aspecto el funcionamiento de la Fiscalía se ha normalizado y eso se ve reflejado en el trabajo diario. Todos los días estamos en contacto con los fiscales para saber la problemática diaria, las principales investigaciones o hechos, es un acompañamiento que ayuda al trabajo y al respaldo del fiscal. Uno viene de una formación como fiscal de grado y eso también ayuda en las decisiones prácticas para resolver los casos.
—¿A qué apuntaba la idea de replantear la forma de trabajo?
—Habíamos visto la necesidad de reestructurar cuestiones específicas, reordenar causas que se demarcaron en la intervención. Eran las causas sobre la Agencia El Califa, las relacionadas con Mariana Ortigala y otras personas. Se creó un grupo de trabajo específico con los fiscales Juliana González, Federico Rébola y César Pierantoni y estamos prontos a presentar acusación. También se creó un grupo específico para una causa emblemática como la del juego clandestino, con los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina y el 8 y 9 de octubre se va a llevar a cabo una audiencia imputativa. Era una causa que venía un poco postergada por distintas circunstancias.
—Una de esas circunstancias fueron los problemas internos.
—Sí. Tratamos de poner fiscales que sean objetivos en base a la evidencia y que por eso resuelvan, y que un conflicto interno no perjudique la investigación. Estamos en un proceso de reestructuración de las áreas de balaceras y homicidios dolosos formando una nueva integración en camino a investigaciones focalizadas para tener una respuesta más eficiente en violencias altamente lesivas. Lo que habían visto el auditor de gestión y la fiscal general antes de la intervención era que teníamos mucha información vinculada entre sí pero dispersa y no sistematizada. Por ejemplo, los homicidios venían precedidos por amenazas, extorsiones, abusos de armas, tentativas, pero investigábamos los hechos en forma aislada más allá de que se cruzara información entre los fiscales. Queremos sistematizar ese proceso y trabajar sobre los territorios donde se concentra la violencia. En Ludueña, por ejemplo, vimos que teníamos 47 homicidios y 10 tentativas de homicidio entre 2021 y 2023 con autores desconocidos. Consolidamos entonces un equipo con tres analistas y después de dos meses en más del veinte por ciento de estas causas tuvimos avances significativos y en las primeras semanas habrá otros avances para determinar autores intelectuales y materiales. Muchas de las armas utilizadas en estos hechos se utilizaron también en otros homicidios donde tenemos autores individualizados. Nuestro trabajo siempre va a estar en crisis, porque la delincuencia cambia su forma de organización y su modus operandi y por eso necesitamos estructuras ágiles que nos permitan anticipar los problemas de violencia.
El camino de la violencia
—¿Cómo evalúan en el MPA la investigación de los crímenes de trabajadores que se sucedieron en marzo?
—Para nosotros fue muy importante. Los fiscales dieron una respuesta eficiente. Los autores materiales y los autores intelectuales están detenidos, y era una respuesta que la sociedad reclamaba. Si no cortábamos la situación, los hechos podían repetirse. El esclarecimiento rápido fue por el trabajo de los fiscales, que todavía continúa.
—Pero en el caso del chofer Marcos Daloia no están detenidos los instigadores.
—Están identificados.
—El conductor de la moto que llevó al autor del homicidio de Daloia tampoco fue detenido.
—Tiene pedido de captura. En el mes de agosto hicimos allanamientos en la provincia de Córdoba, buscándolo. Es una prioridad.
—Hubo un reclamo de familiares de víctimas en relación a prófugos notorios de distintas causas. ¿Cómo trabaja el MPA en ese sentido?
—Son investigaciones prioritarias. Queremos que el contacto de los fiscales con las víctimas sea directo. La investigación no queda paralizada. Por más que el autor no esté identificado se generan nuevas medidas.
—Con relación a los crímenes de marzo, las defensas argumentaron que toda la acusación se basó en el relato que un chico de 15 años hizo en circunstancias que habrían sido, por lo menos, controvertibles.
—No hubo ninguna situación controvertible. Esa declaración fue realizada ante un juez de menores con la asesora de menores y con su abogado defensor. No veo ninguna objeción. Además hay prueba objetiva. Cada dicho del menor está acreditado con prueba objetiva, desde impacto de líneas telefónicas a informes de los medios de transporte en que se movilizaban.
—Después de esos hechos se produjo una baja muy pronunciada en los homicidios dolosos. ¿Cómo interpretan el fenómeno?
—Hay una baja contundente tanto en homicidios como en heridos con armas de fuego y en abusos de armas. Tenemos que ser precavidos en el análisis, porque si bien parece que se va consolidando hay otras cuestiones en lo que llamo el camino de la violencia. Hubo varios factores: el mayor control de los lugares de detención impidió el contacto con el afuera; la mayor presencia policial en los territorios; se resolvieron los crímenes de marzo y los incendios de vehículos entre mayo y junio y otros casos como las balaceras y amenazas a Di María. La intervención focalizada en los barrios Stella Maris y La Bombacha, no solo con la presencia punitiva sino a través de áreas sociales permitió también bajar los niveles de violencia en una zona donde había altos índices delictivos. La coordinación con fuerzas federales también lleva a mantener esta situación que es, yo diría, de tensa calma.
—A propósito del caso Di María, y al margen del episodio puntual, ¿la barra brava de Newell´s plantea un problema de criminalidad organizada?
—Hace años que la barra está atravesada por la violencia. No solo por hechos dentro de la barra sino por otros que se producen en territorio, y esas cuestiones están ligadas a estructuras de organizaciones criminales. Ahí observamos un epicentro de violencia muy importante, en la barra y en cómo se derrama sobre el resto del territorio.
—Parece sin embargo que el MPA ya no se ocupa del crimen organizado o de grandes bandas. Por la ley de microtráfico están persiguiendo a pequeños vendedores de drogas.
—No. El microtráfico apunta a la violencia altamente lesiva. Si hacés un mapeo en la ciudad vas a ver que los hechos de criminalidad organizada y los hechos violentos donde hay microtráfico, balaceras y homicidios coinciden con los puntos de venta. Las cuestiones de microtráfico están vinculadas con las organizaciones criminales. Un puesto de venta nutre de dinero a las organizaciones y a su vez genera situaciones de violencia. Hicimos procedimientos en Cavia y Ghiraldo donde pudimos detener a autores de homicidios en puntos donde se daba el tema de microtráfico. No tomamos el microtráfico como un hecho aislado; priorizamos los lugares donde hubo hechos de violencia altamente lesiva y vinculados con organizaciones criminales. No queremos ir al último eslabón de la cadena sino a los que están a cargo de los puestos de venta, los que manejan el microtráfico y son los generadores de la violencia.
Haciendo juego
—Las audiencias previstas actualizan la causa por el juego clandestino. Usted conoce bien esa trama y sus protagonistas, por su propia investigación en General López.
—Esa investigación comienza por una denuncia del presidente comunal de Hughes, Tito Leguina. A partir del celular del responsable del garito en Hughes, intervenimos distintas líneas telefónicas. Así llegamos a Peiti y vimos cómo él extendía una organización delictiva dentro de la provincia con presencia fuerte en el sur —Venado Tuerto, Wheelwright— y también en el norte de la provincia. Vimos que tenía vinculaciones y protección judicial. Había contactos con el juez Basualdo y pedimos el jury de enjuiciamiento ante la Corte Suprema de la provincia para imputarlo por encubrimiento, violación de deberes de funcionario público y cohecho, delitos que nosotros acreditábamos no solo con los dichos de Peiti sino con cruces de llamadas telefónicas, impacto de antenas y geolocalizaciones. Peiti firmó un abreviado con nosotros, dentro del abreviado que firmó por la causa que tuvo en Rosario y donde fue condenado el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, y con la causa de Reconquista. Teníamos evidencia y llamadas telefónicas específicas y encuentros con el juez Basualdo de los que daba fecha y hora. Eso lo acreditamos con evidencia objetiva a los fines de centralizar la información, pero la Corte rechazó el jury.
—También están acusados Patricio Serjal y Nelson Ugolini. ¿Cuándo serán llevados a juicio?
—El juicio contra Serjal y Ugolini no tiene fecha. La fecha la tiene que fijar la Oficina de Gestión Judicial.
—¿Cómo fue la intervención de Serjal en la causa que usted investigó?
—Cuando íbamos a hacer los allanamientos, con el que entonces era mi jefe, el fiscal regional Alejandro Sinopoli, teníamos que hacer ocho allanamientos en Rosario. El fiscal Sinopoli habla entonces con Serjal, que nos pone en contacto con Ponce Asahad. Mágicamente los allanamientos resultaron rechazados, supuestamente por falta de fundamentación. Pero habíamos presentado dieciocho páginas donde se detallaba la actividad de Peiti en Rosario y en Reconquista. Fuerzan el rechazo de una jueza omitiendo toda esa información a disposición del tribunal que actuaba. Ponce estaba a cargo por entonces de una oficina donde se gestionaban los allanamientos.
—El senador Armando Traferri ha dicho desde el principio que la acusación en su contra por proteger a Peiti fue parte de una persecución política. ¿Qué opina?
—En los próximos días el grupo de fiscales constituido por Granato, Fabbro y Caterina van a hacer la imputación en base a la evidencia objetiva. Sobre esa evidencia imputamos ilícitos. Lo otro pueden ser lecturas.
—Por otra parte continúa la investigación por la megaestafa inmobiliaria. ¿Cómo será la segunda etapa?
—Terminamos con las condenas después de tres, cuatro meses de juicio oral y público y ahora presentamos la segunda parte de la acusación por otros 28 hechos. Ahora la causa está a cargo de la fiscal Mayra Vuletic. En un primer momento propusimos un acuerdo de juicio abreviado para el cual teníamos el consentimiento de las víctimas y con el que se solucionaban las cuestiones patrimoniales. Bajábamos el monto punitivo pero la casi totalidad de las víctimas estaban resarcidas en sus intereses patrimoniales, que era recuperar las propiedades. Ese acuerdo fue rechazado por la Cámara. Hoy las víctimas tienen una buena sentencia pero no están reparadas en la parte civil hasta que la sentencia no quede firme. Tenemos una respuesta punitiva alta y nos falta la respuesta sobre lo patrimonial. En la resolución del juicio oral pedimos una caducidad de la inscripción registral, pero los bienes no van a volver a los dueños anteriores hasta que la sentencia quede firme.
—¿Qué se investiga en esta segunda etapa?
—Son delitos de estafa sobre inmuebles en Venado Tuerto que estaban abandonados y tenían propietarios que habían fallecido. Los acusados se hacían de esos inmuebles y luego mediante boletos los vendían a compradores de buena fe.
—Volviendo al principio: hay críticas que señalan un debilitamiento institucional del MPA en relación al control del Poder Ejecutivo y los legisladores, y por otra parte, al presentar su renuncia la exfiscal María Eugenia Iribarren dijo que vaciaron de contenido su propuesta de gestión. ¿Cómo analiza esa declaración y la situación del MPA en relación a otros poderes?
—Sobre el tema de la doctora Iribarren, son cuestiones personales. Mucho no puedo decir porque presentó su renuncia para jubilarse y no sé si corresponde dar mi opinión. Estamos en un proceso de intervención con una directiva impuesta por la fiscal general para un abordaje diferente no solo de las investigaciones sino la reestructuración de la forma de trabajo. En cuanto a los controles, tenemos una política clara al decir que se debe cambiar el sistema disciplinario; el control exclusivo por el poder legislativo no corresponde, debe tener su contrapeso como en el sistema anterior o en uno nuevo a los fines de que en el proceso disciplinario puedan intervenir todos los poderes del Estado, los colegios de abogados, las fiscalías regionales. Un control a cargo de un único actor no funciona. Los legisladores pueden tener una visión política, pero también hay que dar la visión técnica, jurídica, sobre la actuación de los fiscales y eso hace a la calidad del control. Nos interesa que controlen nuestro trabajo, y que sean los controles adecuados.
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